Es así como, el criterio emitido por el INAI y el Poder Judicial en relación con que la información de salud del Ejecutivo Federal no puede revelarse por ser confidencial, debe replantearse. En las resoluciones de dichos órganos se pone en evidencia la debilidad de los razonamientos para determinar la confidencialidad de los datos.

No consideraron que excepcionalmente la divulgación de datos personales puede justificarse a causa del interés público; se olvidaron de recurrir a criterios jurisprudenciales para fundamentarlas; no aplicaron lo  señalado en  el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que justifica el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes; y, no realizaron un examen de ponderación de derechos para demostrar que en este caso el interés público está por encima del derecho a la privacidad e intimidad del Presidente de una Nación.

De tal forma, que es momento de debatir en los tres órdenes de gobierno acerca de la apertura del expediente clínico del primer mandatario para lograr subsanar la tendencia de interpretación del INAI y el Poder Judicial. Se puede empezar por retomar la discusión de las iniciativas presentadas en 2008 y 2011, y la presentada en julio de 2019, para conocer el estado de salud no sólo de los gobernantes y funcionarios públicos, sino también de los candidatos a un puesto de elección popular.

De igual manera, se pueden tomar como ejemplo algunos países representativos como Colombia y Estados Unidos, donde sus mandatarios voluntariamente han publicado su información de salud, y en el caso de Estados Unidos, si se llegara a demostrar que la salud de un primer mandatario afectará el desempeño de sus funciones éste podría ser destituido por el Senado.

Está claro, que quien decide dedicar su vida al servicio de la Nación, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispone de un menor ámbito de privacidad, por lo que la invasión a su intimidad resulta legitima por causas de interés público.  

El acceso al expediente clínico de los jefes de Estado o de gobierno se justifica entonces por el mencionado interés público de conformidad con el artículo 120 de la citada ley de transparencia. Sin embargo, se considera que no es necesario conocer todo el expediente clínico de un mandatario, sino sólo las enfermedades que afecten o pongan en riesgo su desempeño o la gobernabilidad del Estado. Porque el derecho a saber de las enfermedades que los aquejan no siempre puede permanecer en la esfera íntima y privada de los mismos.

Un Presidente de la República debe tener un umbral de protección menor a su privacidad para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y evitar las especulaciones acerca de su capacidad para gobernar. Las enfermedades crónicas degenerativas, terminales o mentales, son las que ponen en riesgo la gobernabilidad del Estado, por lo que todos deberíamos conocer la información contenida en el expediente clínico que haga referencia a las mismas, a fin de salvaguardar los intereses de todo un país.

La intimidad debe ser la regla, pero la intromisión se justifica por excepción como parte del interés público, porque a lo largo de la historia se ha visto que ocultar la salud de mandatarios como Boris Yeltsin, Françoise Mitterrand, Woodrow Wilson, Georges Pompidou, John F. Kennedy o Hugo Chávez, por citar algunos ejemplos, ha generado un daño mayor al Estado toda vez que como bien se indica, la salud de los que nos gobiernan la padecemos todos y es la salud de nuestros mandatarios una cuestión de Estado.