Deportistas Trans, Intersex y con hiperandrogenismo ¿Discriminación o diferenciación justificada?
4 de Agosto de 2022
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Las regulaciones antidopaje se han convertido en un obstáculo para deportistas trans, intersex o con hiperandrogenismo ¿Son necesarias y proporcionales?
Caster Semenya, deportista cisgénero e intersex, fue despojada de su reconocimiento tras ganar los 800 metros en velocidad en el mundial de Atletismo en 2009 por un debate generado alrededor de su sexo, siendo en consecuencia sometida a un test de “comprobación sexual”. De manera similar, en 2014 se le prohibió a Dutee Chand competir en la categoría femenina del “sprint” debido a los altos niveles de testosterona en su cuerpo, producto de una condición clínica llamada “hiperandrogenismo“. Ambas atletas fueron cuestionadas, porque fisiológicamente no encajaban con el estándar predispuesto para atletas femeninas en sus respectivas categorías.
La sociedad patriarcal tuvo desde sus cimientos, como premisa, un mundo regulado por y para hombres, y los grupos marginados se vieron forzados a tener que ganarse su lugar y el reconocimiento de sus derechos a través de luchas sociales. En ese sentido, el campo de las disciplinas deportivas es un fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad en términos de búsqueda de igualdad. Hoy existen nuevas problemáticas que perjudican a deportistas que no calzan con los estándares que las grandes autoridades del deporte han impuesto, las cuales serán abordadas a continuación.
En relación con aquellos rendimientos considerados ilícitos, la Federación Deportiva Internacional de Atletismo (en adelante “IAAF”, por sus siglas en inglés) fue la primera en imponer controles de “Dopaje” en 1928. Y bajo este marco, mujeres -cisgénero y trans- han sido sometidas a la realización de pruebas y exploraciones médicas, por presumirse una “ventaja” sobre sus competidoras, como ocurrió con el caso de Caster Semenya. ¿Acaso podemos comparar a mujeres con características innatas con los “tramposos” que utilizan el dopaje para destacar en el deporte?
Si bien existen sustancias prohibidas para la competición, -indicadas en la “Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos” de la Agencia Mundial de Antidopaje (en adelante, “AMA”)-, hay excepciones habilitadas por el Therapeutic Use (“uso terapéutico de excepción”, en adelante “TUE” por sus siglas en inglés) que permite usar fármacos prohibidos en casos específicos (ej. medicamentos para personas con ASMA). Esto también resultaría aplicable para los deportistas que atraviesan una transición de sexo, en particular, para que tengan una exposición fisiológica a andrógenos dentro del rango que consideran que las personas cisgénero de sus respectivas categorías tienen.
En 2015, Dutee Chand fue suspendida por un diagnóstico de hiperandrogenismo -por advertirse en ella un “desbalance hormonal”-. Cuando decidió apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, fue sometida a una “prueba de verificación de sexo” -por ella descrita como “horrible y humillante”- sobre la cual la Federación Deportiva Internacional de Atletismo (en adelante “IAAF”, por sus siglas en inglés) decidiría. La atleta obtuvo un laudo favorable pues no había evidencia suficiente sobre la ventaja que pudiera otorgar una mayor tasa de testosterona en atletas femeninas. Con ello, la regulación de la IAAF sobre hiperandrogenismo se derogó de manera provisoria. Hasta ese momento se establecieron dos regulaciones difrentes para evitar las “entendidas trampas” en la clasificación sexual: una para personas con reasignación de sexo y otra para atletas con hiperandrogenismo.
Luego, la IAAF financió un estudio que determinó que la testosterona sí genera ventajas deportivas, y pasó a ser el principal eje de medición para la aceptación de participantes en competencias. Hoy en día, el límite de testosterona para competir en la categoría de mujeres está fijado en 5 nanomoles por litro de sangre (o 1442,1 nanogramos por litro), teniendo que mantenerse de tal manera durante seis meses.
Desde entonces se impidió a mujeres como Chand y Semenya a participar en ciertos eventos deportivos (carreras de 400 mts. en adelante), salvo que consumiesen medicación para bajar sus niveles de testosterona para acatar los estándares, pues como personas intersex y con hiperandrogenismo (respectivamente), sus niveles de testosterona excedían los permitidos. Con ello, se excluyó del deporte a personas hiperandrogénicas e intersex.
Ahora bien, por otro lado, Michael Phelps, el famoso nadador estadounidense fue alabado en diferentes medios por haber ganado la “lotería genética” al poseer una envergadura desproporcionadamente amplia, tobillos de doble articulación que le permiten dar una patada a un rango inusual, lo que lo hace destacar en su disciplina. Si personas como Phelps pueden participar a pesar de sus “ventajas físicas”, ¿por qué no lo puede hacer Semenya y Chand?
Timothy Roberts, Pediatra y director del programa de capacitación en medicina para adolescentes del Children’s Mercy Hospital en Kansas City, plantea la siguiente hipótesis: no hay manera de eliminar todas las ventajas que posee un atleta, independientemente de su identidad de género. Por ejemplo, si uno es más alto y tiene caderas más estrechas, eso le da una ventaja que probablemente no cambiará con el uso de los bloqueadores de testosterona o el estrógeno, ni tampoco serán prohibidas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2019), expresó preocupación por los reglamentos, normas y prácticas discriminatorias que pueden exigir que -específicamente- las mujeres y las niñas atletas que presentan diferencias en su desarrollo sexual, que presentan sensibilidad a los andrógenos y a los niveles de testosterona se vean obligadas a reducir sus niveles de testosterona en su sangre para poder competir.
En sus palabras, dichas exigencias “contravienen las normas y los principios internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a trabajar y a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser sometidas a torturas ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a otras prácticas nocivas, y el pleno respeto de la dignidad, la integridad física y la autonomía corporal de la persona.”
Siendo que los Estados aplican las regulaciones internacionales en las competencias internas (en donde compiten la mayoría de deportistas), es primordial que estos impulsen medidas para la debida inclusión de mujeres deportistas Trans, Intersex e hiperandrogénicas, en aras de proteger sus derechos como norma suprema. Los Estados no pueden seguir siendo ajenos a esta situación.
Citación académica sugerida: London, Tamara & St. Laurent, Jacqueline. Deportistas Trans, Intersex, con hiperandrogenismo y no binarios ¿Discriminación o diferenciación justificada? Agenda Estado de Derecho. 2022/08/04. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/deportistas-trans-intersex-y-con-hiperandrogenismo-discriminacion-o-diferenciacion-justificada/
Palabras clave: Deporte, trans, intersex, discriminación, dopaje.
Estudiante de abogacía (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Paralegal litigante en “Estudio K & L Abogados”. Colaboradora en la Subcomisión de Género, Inclusión y Diversidad del Club Arquitectura. Capacitada en Género y Defensoría de DDHH.
Bachiller en Derecho (Universidad del Pacífico, Perú). Secretaría Técnica del Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana. Columnista en PerúLegal del Diario la República. Asociada de la Revista Forseti (DERUP Editores). Colaboradora de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.