¿Antes que anochezca? La expansión de los derechos LGBT+ en la Suprema Corte mexicana al final de una época
29 de agosto de 2025
El artículo analiza la expansión jurisprudencial LGTBIQ+ de la Suprema Corte de Justicia de México y su legado, ante la reforma judicial que reemplazará totalmente al tribunal por una corte de elección popular, generando incertidumbre.
En los últimos dos años, y con especial intensidad en los últimos meses, la Suprema Corte de México ha emitido una serie de sentencias que amplían su línea de precedentes sobre derechos LGTBIQ+. Estas resoluciones no son aisladas, sino que reflejan una apertura hacia temas antes no abordados, justo cuando el país se aproxima a un momento de cambio institucional derivado de la reforma constitucional de 2024.
Desde el año 2014, la Corte ha venido construyéndo una doctrina que reafirma que diversos actos y normas discriminatorias contra personas LGTBIQ+ son incompatibles con la Constitución. Lo hizo sobre todo en casos relacionados con uniones igualitarias y los derechos que de ello derivan; con relaciones familiares; con el derecho al cambio de documentos de personas trans adultas; con asuntos de discriminación por parte de autoridades, sin que sus pronunciamientos alcanzaran a tocar, por ejemplo, temas penales.
Recientemente, la Corte declaró inconstitucional exigir la mayoría de edad (18 años) para modificar actas de nacimiento conforme a la identidad de género; reconoció el derecho de personas trans imputadas a ser nombradas en los procesos penales conforme a su identidad de género; afirmó la responsabilidad civil de un médico en una cirugía estética asociada a un proceso de adecuación de género y ordenó la reparación correspondiente; reconoció que las mujeres trans pueden acceder al marco normativo de protección frente al feminicidio en un estado de la República; y resolvió sobre la responsabilidad civil de empresas privadas por discriminación en casos como la expulsión personas trans de baños. También declaró inconstitucional una norma que excluía de responsabilidad penal a quienes, en nombre de la patria potestad, sometieran a niñas, niños y adolescentes a prácticas para “corregir” su orientación sexual o identidad de género.
Es importante destacar que este texto se centra en los precedentes sobre derechos LGBT+, aunque no fueron los únicos relevantes del periodo. En los últimos meses, la Corte también resolvió otros asuntos que habían quedado pendientes. El cierre institucional coincidió con una aceleración de casos trascendentes. Asimismo, varias sentencias aquí analizadas se dictaron antes de formalizarse la reforma judicial. Reunirlas permite reflexionar sobre el legado que deja la Corte al final de esta etapa.
Aunque hay razones para no idealizar a los tribunales como los mejores garantes de los derechos constitucionales, lo cierto es que la Suprema Corte mexicana ha sido, en los últimos quince años, un actor crucial para el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género. Gracias a sus precedentes, activistas y organizaciones han impulsado litigios estratégicos en todo el país, particularmente ante tribunales federales. Sus argumentos han permeado también los congresos locales, generando reformas legislativas incluso en contextos adversos.
Curiosamente, este proceso no generó un gran rechazo político. Por ejemplo, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en México las decisiones de la Corte sobre matrimonio igualitario no provocaron un efecto de backlash. En un capítulo de este libro, Sofía Treviño sugiere que esto se debe a que el poder presidencial en la región sigue siendo percibido como el actor central del cambio social, y las resoluciones de la Corte no fueron vistas como una amenaza directa al poder político. Así, aunque muchas veces fueron -paradójicamente- criticadas por la academia jurídica y el activismo por sus efectos limitados para transformar el marco normativo en su conjunto, en los hechos estas sentencias terminaron impulsando un sigiloso, discreto y constante avance en favor de las libertades de las personas.
Con la reforma constitucional de 2024, se abre un nuevo capítulo. No solo se renovará por completo la integración de la Corte, también podrían cambiar los incentivos de sus integrantes, ahora elegidos por voto popular. Esto abre un abanico de preguntas inevitables: ¿seguirá la Corte defendiendo los derechos LGTBIQ+? ¿Podrán los nuevos jueces mantener el compromiso con la igualdad? ¿Qué pasará si el criterio popular premia otros discursos?
Estas preguntas anticipan un escenario incierto. Algunas voces alertan sobre posibles retrocesos. Otras, quizás más sutiles, advierten que incluso los avances pueden ser instrumentalizados: ¿y si el reconocimiento de derechos se usa como cortina de humo para legitimar algunos proyectos políticos autoritarios?
Aunque el sistema de precedentes y el principio de progresividad deberían brindar cierta estabilidad, la experiencia comparada muestra que los derechos LGBIQT+ suelen erosionarse cuando también lo hacen las instituciones que los sostienen. En su más reciente libro, el profesor Rehan Abeyratne, exploró cómo, en contextos de erosión democrática, algunos tribunales —en India, Hong Kong y Estados Unidos— han dictado fallos progresistas en materia LGTBIQ+ mientras sus decisiones en otros temas profundizan el autoritarismo o debilitan los contrapesos. ¿Podría pasar algo similar en México? Nadie lo sabe. Pero la incertidumbre está ahí y merece ser discutida.
En su momento, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados advirtió a México mediante una comunicación sobre los posibles efectos negativos de la reforma judicial. En este marco, pensar críticamente en los logros alcanzados y en su fragilidad estructural, es una forma responsable de enfrentar el presente.
Tampoco puede pensarse que, hasta ahora, la defensa de estos derechos haya dependido exclusivamente de la Corte. La movilización social y la acción legislativa, especialmente en congresos locales, han sido fundamentales para abrir camino. Sin embargo, ante el nuevo contexto institucional, es posible que estos espacios cobren aún más relevancia. La agenda de derechos LGTBIQ+ quizá deba sostenerse con mayor fuerza, diálogo y alianzas en otros frentes, sin perder de vista lo que se ha logrado desde el litigio y la justicia constitucional.
Ante este panorama, vale la pena volver la mirada a lo que la Corte ha representado hasta ahora. Fue un actor fundamental en la historia reciente de los derechos LGTBIQ+ en México. Lo que venga dependerá no solo de sus nuevas decisiones, sino también de la capacidad de la sociedad para exigir, articular y sostener lo conquistado. Hoy, más que certezas, tenemos preguntas. Pero tal vez ahí radique el valor de este momento, en no dar nada por sentado, en no perder de vista lo ganado, y en seguir atentos a cualquier forma de regresión o uso político de los derechos.
Citación académica sugerida: García Martínez, Luis Alfredo. ¿Antes que anochezca? La expansión de los derechos LGTBIQ+ en la Suprema Corte mexicana al final de una época. Agenda Estado de Derecho. 2025/08/29, Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/suprema-corte-mexicana/
Palabras clave: SCJN; México; derechos LGTBIQ+; jurisprudencia; reforma judicial.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
