México vive una crisis en materia de desapariciones. Según las cifras oficiales al 23 de septiembre de 2020, más de 74064 personas se encuentran desaparecidas. Estas cifras ya hablan de por sí de una tragedia de proporciones inmensas para estas personas, sus familias y la sociedad mexicana en general. De acuerdo con los estándares de derechos humanos asumidos por el país, el Estado tiene la responsabilidad de buscar a quiénes desaparecieron, de reparar el daño de las víctimas y también de generar verdad y justicia sobre los hechos. Entre las múltiples dependencias involucradas con el tema, el sistema de justicia, específicamente el de justicia penal, tiene un rol central en el cumplimiento de estos deberes. ¿Qué tanto ha respondido y está respondiendo el sistema de justicia penal ante este desafío mayúsculo? Esta es la pregunta que articula este escrito, y como podrá deducirse del análisis que sigue, las respuestas ofrecidas son prácticamente inexistentes. Por esto es necesario idear alternativas para cambiar la situación.

¿A qué me refiero cuando hablo del sistema de justicia penal? Al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas. También a las instancias de procuración de justicia federal y estatales. Es decir, se trata de un sistema que incluye a 33 poderes judiciales (1 federal y 32 locales) y 33 instancias de procuración de justicia (1 federal y 32 locales). Son 66 instancias en el país, con diferentes jurisdicciones territoriales, las encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

En la medida en que cuando nos referimos al sistema de justicia penal y sus respuestas ante las desapariciones estamos señalando a esta diversidad de instancias es de esperarse que las respuestas frente al problema sean variadas. No obstante, existe un común denominador: éstas son proporcionalmente muy escasas.

Algunas cifras para ilustrar el panorama. Como ya se señaló existen más de 74,000 casos de desaparición y contamos con 31 sentencias penales (15 estatales y 16 federales) por el delito de desaparición forzada entre 2006 y 2020 según la información recopilada por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México a través de solicitudes de acceso a la información. Si bien no todas las desapariciones registradas son desapariciones forzadas muchas de ellas lo son. En términos de justicia hay una gran laguna.

Sin embargo, los poderes judiciales no son las únicas instancias involucradas en el proceso. Las fiscalías son centrales. Reciben las denuncias por los casos, realizan investigaciones y formulan acusaciones cuanto tienen indicios de la comisión del delito.  Son las instancias que abren (o cierran) la puerta del sistema a los familiares de las personas desaparecidas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos penales son procesados a nivel local, entender qué tanto cumplen las fiscalías estatales con esta función de abrir las puertas es central.

Por tanto es esencial determinar qué sabemos sobre las fiscalías estatales en casos de desaparición forzada. Bastante poco, aunque los Censos Nacionales de Procuración de justicia estatal realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrecen algunas pinceladas muy generales.  Sabemos que entre 2015 y 2018 se abrieron 1316 causas por este delito. Los Estados que destacan por la cantidad de causas iniciadas son Hidalgo, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas con 20 investigaciones o más en cada uno. En pocas palabras, en comparación con la magnitud del problema, estas instancias en los hechos prácticamente no abren las puertas.

Por otra parte ¿Qué proporción de causas se judicializan? Para aproximarnos a ello tomamos en cuenta los juicios abiertos por este delito en los poderes judiciales locales. De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal del INEGI son 157 los juicios abiertos entre 2015 y 2018. La información recopilada para el período señala que aproximadamente 1 de cada 10 investigaciones abiertas llegaron a juicio, lo que se circunscribe en el contexto de impunidad que vive México. Los Estados con mayor cantidad de casos judicializados fueron: Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Michoacán.

Si bien la información consultada en los censos no está construida para rastrear las etapas de los procesos por este delito, el panorama presentado pone en evidencia un sistema de justicia que en la práctica no está respondiendo con la diligencia necesaria ante la tragedia de las víctimas.

¿Qué conclusiones podemos sacar de esta dinámica? En primer lugar, que la respuesta del sistema de justicia ante la crisis de desapariciones es altamente deficiente. Si bien la experiencia internacional indica que en casos de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos no todos los casos tienen justicia, es deseable un comportamiento creativo y proactivo por parte de estas instancias. Esta deficiencia llama la atención acerca de la actuación de las fiscalías y los poderes judiciales de los Estados.

En segundo lugar, expresa los límites de los mecanismos de justicia ordinaria para generar verdad, justicia, y reparación del daño ante la crisis de derechos humanos que vive el país. Frente a la magnitud del problema las estrategias de investigación caso por caso no parecen ser la respuesta más diligente. Pensar de manera creativa, orientada por las experiencias de otros países, pero sobre todo a partir de un diagnóstico local serio, es fundamental

En tercer lugar, pone en evidencia los serios obstáculos al acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de desaparición forzada que están buscando a sus seres queridos y quieren verdad y justicia sobre sus casos. Los encargados de abrir las puertas del sistema no lo están haciendo.

Mientras estos obstáculos al acceso a la justicia de las víctimas no comiencen a removerse, la facticidad del Estado de derecho en México está comprometida.  La protección y garantía de los derechos de las personas, son obligaciones que constituyen uno de los pilares de un proyecto sustantivo de Estado de Derecho. Si las cosas continúan de esta manera, parece que la distancia respecto de este ideal es tan larga que se ve como intransitable, por ello es urgente cambiar la manera de encararlas.

El problema del acceso a la justicia de las víctimas de desaparición es de tal magnitud que requiere estrategias específicas. Estas estrategias no sólo deben ser integrales, sino que deben realizarse en los diferentes niveles del Estado. Si bien, una política nacional respecto del tema es fundamental, las iniciativas locales de verdad, justicia y reparación son impostergables. El federalismo del país, que muchas veces se considera un problema, puede convertirse en una oportunidad. Los actores locales y municipales, estatales y no estatales están en condiciones de cambiar la historia.