Sangre sin impuestos: Una aproximación desde los derechos humanos a las políticas fiscales de productos menstruales
28 de Mayo de 2025
El artículo analiza cómo los impuestos sobre productos menstruales en América Latina vulneran derechos humanos, perpetúan la pobreza menstrual y la desigualdad de género, y exige reformas fiscales con enfoque de justicia social
Antes de la pandemia del COVID-19, 500 millones de mujeres, niñas y personas que menstruaban en todo el mundo no tenían acceso a salud menstrual. En América Latina, el 12% de las mujeres no pueden permitirse productos de higiene menstrual. En el Día Internacional de la Higiene Menstrual es fundamental resaltar que la falta de acceso a compresas y tampones es una cuestión crucial en términos de derechos humanos, en particular, el derecho a la salud reproductiva, la dignidad y el desarrollo.
Millones de mujeres, adolescentes, niñas, personas trans, no-binarias y queers de América Latina sufren pobreza menstrual, definida como la falta de acceso limitado a productos para el periodo, educación menstrual o instalaciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene. La preocupación por la gestión de la higiene menstrual mantiene a las niñas alejadas de la escuela o afectar negativamente su experiencia de aprendizaje: el 30% de las niñas de América Latina y el Caribe se ausentan de la escuela durante su periodo lo que limita sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo y refuerza la desigualdad de género, desde el empoderamiento económica hasta la exposición a la violencia, pasando por el poder de decisión y la representación política.
A pesar de que menstruar es parte esencial de la vida gran parte de la población, menstruar no es gratis ni barato: en América Central, los impuestos oscilan entre el 1,0% en Costa Rica y el 15,0% en Honduras y Nicaragua, con una tasa media del 10,8%; en el Caribe, el promedio es del 10,0%, siendo República Dominicana el país con los impuestos más altos, del 18,0%. Por su parte, en Sudamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela (64,3% de todos los países) tienen impuestos sobre los productos menstruales, con una media en la subregión del 15,1%. Los tipos impositivos en esta subregión oscilan entre el 10,0% de Paraguay y Surinam y el 21% de Argentina y el 22,0% de Uruguay.
La imposición de impuestos a los productos menstruales contribuye significativamente a la privación de su acceso por razones económicas, un elemento clave de la pobreza menstrual, y refleja la subordinación sistemática de género y la segregación de las necesidades de las mujeres, feminidades y personas que menstruan. Gravar estos productos implica, en esencia, que el hecho imponible es la condición biológica de menstruar, y es injusto y un impuesto explícitamente sexista, un elemento de prejuicio económico contra las mujeres.
Desde un enfoque de derechos humanos y para cumplir con los Objetivos de Desarollo Sostenible (ODS), los Estados deben garantizar que todas las mujeres y niñas puedan desarrollarse y disfrutar de su derecho a vivir saludablemente, educarse, empoderarse. Por tanto, las políticas fiscales deben orientarse a abordar problemas acuciantes de derechos humanos, como la desigualdad de género.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) ha hecho hincapié en que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de la atención sanitaria. A este respecto, en la Observación General nº 24, el Comité de la CEDAW impone a los Estados Partes una doble obligación: deben incluir la salud de la mujer en la legislación y las políticas nacionales y, al mismo tiempo, eliminar las barreras que impiden a las mujeres y las niñas alcanzar el nivel más alto posible de salud y bienestar.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que la fiscalidad desempeña un papel en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y ha instado a los Estados a adaptar sus políticas fiscales para cumplir con la legislación internacional sobre derechos humanos.
En 2019, la Corte Constitucional de Colombia decidió que gravar las compresas y tampones constituía una forma de discriminación indirecta contra las mujeres y era, por tanto, inconstitucional. Esta decisión puso fin a un largo debate entre el gobierno y la sociedad civil. En 2016, el gobierno aprobó una reforma fiscal que redujo la tributación de estos productos del 16% al 5%, pero la sociedad civil siguió presionando para su eliminación total.
La sentencia anuló el impuesto sobre tampones, destacando que, aunque el poder legislativo tiene cierto margen de discrecionalidad, este no puede vulnerar los principios de razonabilidad y no discriminación. El Tribunal explicó que el acceso a los productos menstruales es un bien esencial estrechamente vinculado a la capacidad de las mujeres para participar en la vida pública, el diferente impacto que los impuestos tienen en las mujeres debido a las barreras estructurales que dificultan su potencial económico y el limitado acceso a productos alternativos al que se enfrentan las mujeres rurales.
En este marco, los impuestos constituyen una discriminación indirecta e interseccional contra las mujeres, con un énfasis específico en la desproporcionada carga económica que supone para las mujeres de bajo nivel socioeconómico.
El acceso a productos de higiene menstrual asequibles y eficaces es fundamental para la salud menstrual de niñas, adolescentes, mujeres y personas que menstrúan. Gravar estos productos no es sólo una cuestión fiscal, sino un obstáculo importante que contribuye a la pobreza menstrual, perpetuando la desigualdad de género y obstaculizando la capacidad de muchas personas para gestionar su salud menstrual con eficacia y dignidad.
Para promover la salud menstrual se necesitan políticas públicas integrales que aborden y eliminen los impuestos sobre los productos menstruales. Tales medidas no sólo mejorarían el acceso a la salud menstrual, sino que también reflejarían un compromiso de los Estados con la justicia social, igualdad de género y el bienestar de todas las personas que menstrúan.
Los gobiernos deben reconocer que la igualdad de género es esencial para consolidar una agenda de derechos humanos sólida, mediante reformas fiscales con perspectiva de derechos humanos. Los impuestos pueden ser una poderosa herramienta para impulsar el desarrollo y promover los derechos humanos, pero para cumplir estos propósitos es importante tener siempre presente quién se beneficia y quién se queda atrás.
Citación académica sugerida: Cerra, Berenice. Sangre sin impuestos: Una aproximación desde los derechos humanos a las políticas fiscales de productos menstruales. Agenda Estado de Derecho. 2024/05/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/politicas-fiscales-de-productos-menstruales/
Palabras clave: América Latina, menstruación, justicia social, reforma fiscal
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Master en Derechos Humanos y LLM en National and Global Health Law, Consultora Internacional
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
