¿Trabajo o estigma? La lucha por el reconocimiento legal y la protección social en el trabajo sexual ecuatoriano
20 de Noviembre de 2025
¿Cómo afecta la falta de seguridad social y acceso a salud a las trabajadoras sexuales en Ecuador? El artículo analiza los vacíos legales y la urgencia de reformas
El trabajo sexual existe, se ejerce, sostiene vidas y forma parte de la economía, pero continúa siendo ignorado por la normativa laboral ecuatoriana. Aunque el país no adopta una postura prohibicionista, existe una fuerte carga moral que impide su reconocimiento formal. Esta omisión tiene consecuencias concretas: miles de personas que se dedican a esta actividad no pueden acceder al sistema de seguridad social ni a servicios de salud adecuados. Esta ausencia estatal no sólo deja sin garantías a un sector históricamente estigmatizado, sino que perpetúa la idea de que ciertos trabajos no merecen derechos.
La Comisionada de la OEA, Gloria Careaga-Pérez, en su informe sobre la situación de las personas trabajadoras sexuales en las Américas de este año (2025), reconoció que la falta de reconocimiento legal del trabajo sexual ocasiona una situación de vulnerabilidad en las personas que lo ejercen en todos los ámbitos de su vida. En el caso ecuatoriano, la regulación de esta actividad ha estado centrada principalmente en los terceros involucrados – como los clientes o, en algunos casos, la población en general en relación con el uso del espacio público-, dejando de lado la protección de las propias personas que ejercen el trabajo sexual (PTS).
Durante décadas, el marco normativo ecuatoriano respecto del trabajo sexual ha considerado a esta actividad como un asunto de salud pública relacionado a la prevención de infecciones de transmisión sexual, como el VIH y SIDA. Ejemplo de ello son el Reglamento para el Control y Funcionamiento de los Establecimientos donde se ejerce trabajo sexual y la Guía Nacional de Normas y Procedimientos para la Atención Integral a las Trabajadoras Sexuales, que, si bien establecen lineamientos de control y atención, no reconocen ningún derecho a esta población.
En ese contexto, la situación de informalidad en el trabajo sexual limita el acceso de quienes lo practican a mecanismos básicos de protección social. Esta situación resulta aún más injustificada si se considera que el artículo 33 de la Constitución reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, lo que implica que toda forma de trabajo consentida y que no contravenga el marco legal debe ser protegida y valorada por el Estado.
En la actualidad, el reconocimiento legal del trabajo sexual no es algo utópico. En 2024, Bélgica aprobó una ley pionera que garantiza el acceso de las PTS a la contratación bajo relación de dependencia en condiciones dignas, lo que conlleva el acceso a la seguridad social y todas sus prestaciones. Asimismo, en América Latina, un referente significativo es Colombia con la sentencia T-629/10 de la Corte Constitucional, en la cual también se reconocieron los derechos laborales de este colectivo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), en su Observación General Nº 19, afirmó que la seguridad social constituye un derecho fundamental para reducir y mitigar la pobreza, así como para prevenir la exclusión social. En este documento, el Comité también identifica los elementos esenciales de este derecho, entre ellos la accesibilidad, entendida como la obligación de los Estados de garantizar condiciones de afiliaciones razonables y proporcionales para todas las personas, sin discriminación.
En Ecuador, no se han implementado esquemas de afiliación al sistema de seguridad social que respondan a las particularidades del trabajo sexual, lo que genera importantes barreras de accesibilidad. Esta situación presenta, al menos, dos dimensiones.
En primer lugar, se encuentra la realidad de las personas trabajadoras sexuales que ejercen su trabajo de forma autónoma. Según el informe sobre la situación de las mujeres y PTS de la Fundación CARE Ecuador del año 2023, más de la mitad de la población de este sector percibe ingresos por debajo del salario básico mínimo, lo que obliga a destinar la mayoría de sus recursos a necesidades urgentes como alimentación, vivienda o medicamentos.
Por otro lado, se encuentra el caso de las PTS que ejercen bajo algún tipo de relación de dependencia. La ausencia de un marco normativo específico conlleva que dichas relaciones laborales se desarrollen sin contratos formales, promoviendo así la naturaleza informal de este oficio. En ambos casos, se impide el acceso de este sector a las prestaciones esenciales y dignas como la atención médica, las licencias por enfermedad o maternidad, las pensiones y coberturas por accidentes laborales.
En particular, la atención médica es una prestación que tiene especial importancia para este sector. En el año 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través del documento de orientación elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, titulado “Eliminación de la discriminación contra las trabajadoras sexuales y salvaguardia de sus derechos humanos”, enfatizó la necesidad de proteger los derechos de las PTS en materia de salud y seguridad ocupacional, con el objetivo de asegurar entornos de trabajo seguros, libres de explotación y discriminación.
En Ecuador, existe una situación continua de estigma y discriminación hacia quienes lo ejercen, especialmente en el sistema de sistema de salud pública, donde el personal médico suele incurrir en malos tratos o actitudes discriminatorias, lo que afecta directamente la calidad de la atención recibida por este colectivo. Esto resulta aún más grave si se considera que más del 90% de las PTS acuden a centros de salud públicos debido a su situación socioeconómica.
Aunado a lo anterior, esta atención médica suele ser insuficiente, al limitarse a la salud física y no contemplar la salud mental, a pesar de que muchas trabajadoras sexuales enfrentan situaciones constantes de violencia, amenazas y extorsión en su vida diaria. Frente a esta realidad, la inclusión efectiva de las PTS a la seguridad social permitiría aumentar la calidad de los servicios de salud que recibe esta población, así como aumentar la cobertura de los mismos para garantizar una atención integral.
Como se puede evidenciar, la falta de reconocimiento legal del trabajo sexual en Ecuador ha generado la exclusión de este sector del sistema de seguridad social y el acceso a sus prestaciones. Por ello, es indispensable que el Estado ecuatoriano tome medidas para garantizar los derechos de las personas que ejercen esta actividad. Una de estas acciones es la aprobación del proyecto de Ley Orgánica que Dignifica el Trabajo Sexual, el cual contempla, entre otros aspectos, el acceso efectivo a la seguridad social. Por otro lado, también se podría continuar la línea del caso colombiano con el impulso de acciones constitucionales por parte las organizaciones de trabajadoras sexuales para exigir la garantía de sus derechos laborales.
En todo caso, resulta imperativo subrayar que el reconocimiento del trabajo sexual no equivale a su promoción, sino a la afirmación categórica de que los derechos de quienes lo ejercen son irrenunciables y no pueden seguir siendo condicionados por el prejuicio social ni por la indiferencia del Estado.
Citación académica sugerida: España, Daniel. ¿Trabajo o estigma? La lucha por el reconocimiento legal y la protección social en el trabajo sexual ecuatoriano. Agenda Estado de Derecho. 2025/11/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/lucha-por-el-reconocimiento-legal-y-la-proteccion-social-en-el-trabajo-sexual/
Palabras clave: trabajo sexual, DESCA, seguridad social, derecho a la salud.
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado pasantías en la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional del Ecuador. Formación académica enfocada en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como asistente de investigación y ayudante de cátedra de Derecho Constitucional.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
