El uso de los tribunales para garantizar la justiciabilidad de los derechos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos, cobró impulso en toda América Latina en la década de 1980. Durante este período, los sistemas legales e instituciones emergieron como herramientas clave para el cambio social, y tanto individuos como movimientos sociales comenzaron a ver a los tribunales como espacios fundamentales para promover y ampliar la lucha por sus derechos.

Este cambio estuvo estrechamente vinculado a los procesos hacia democracias liberales que fortalecieron el poder judicial como un espacio de contrapeso y crearon más oportunidades para la rendición de cuentas. Tales cambios también dieron lugar a la creación de nuevas instituciones públicas y el florecimiento de organizaciones no gubernamentales contribuyó a mejorar la transparencia y exigir el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado.

En este contexto, la lucha por los derechos de las mujeres, iniciada mucho tiempo antes desde diversas trincheras, cobró impulso con las alianzas de movimientos locales con el movimiento internacional de mujeres y diversos logros fueron alcanzados en colaboración con alianzas trasnacionales y organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas. Estas plataformas sirvieron en muchos casos para alcanzar victorias institucionales en distintos países de la región, que resultaron más receptivos a las demandas que por largo tiempo las organizaciones locales habían impulsado.

Los avances en salud sexual y reproductiva no solo abarcaron áreas tradicionalmente entendidas dentro de esta materia, como el acceso a anticonceptivos, la educación en salud sexual y la reducción de la mortalidad materna, sino también cuestiones más amplias para promover la comprensión de la interdependencia entre los derechos humanos, incluyendo la autonomía corporal y el rechazo a prácticas como la esterilización forzada. Estos avances incluyeron el paso de una visión de control de natalidad a una de derecho a decidir, y permitieron mejorar las respuestas a la violencia doméstica y sexual, promover la igualdad familiar y fomentar el reconocimiento de que estos factores son esenciales para la salud y autonomía reproductiva.

En este sentido, el poder judicial fue una importante arena de debate, mediante casos que de forma individual o estructural cuestionaron la actuación de los Estados en el respeto y garantía de estos derechos. Un ejemplo claro de su impacto es la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. A través de la mediatización de casos emblemáticos —como LC vs. Perú o Paulina vs. México— se expuso el rostro más cruel de la prohibición y los obstáculos para acceder al aborto. Estos casos no solo visibilizaron las consecuencias de las restricciones, sino que también permitieron cuestionar las normas y políticas públicas vigentes, impulsando transformaciones significativas en varios países de la región.

Este impacto puede observarse en que hoy en Colombia el aborto es legal hasta las 24 semanas de gestación; en Argentina, hasta las 14 semanas y hasta las 12 semanas en Cuba, México y Uruguay. En otros casos, el aborto ha sido despenalizado en circunstancias como el riesgo para la vida de la madre, la inviabilidad del feto y la violación. En muchos de estos países, el litigio desempeñó un papel clave en la obtención de estas victorias, como lo demuestran los esfuerzos legales en México.

El Congreso de la Ciudad de México fue el primero en despenalizar el aborto terapéutico y electivo. No obstante, funcionarios públicos federales impugnaron la reforma alegando que era inconstitucional, por ser contraria a diversas disposiciones constitucionales de las que podía interpretarse un derecho a la protección de la vida. Tras complejos procesos de deliberación con la participación de organizaciones feministas y personas expertas del campo médico, la Suprema Corte dictaminó que la modificación a la ley local era constitucional.

Por una parte, la Corte determinó que la Constitución Federal no reconocía una protección absoluta a la vida y, por otro, determinó que la regulación del aborto era una materia que correspondía a los Estados. Posteriormente, casos como el amparo en revisión 601/2017 visibilizaron los efectos negativos extremos que la penalización del aborto genera en comunidades marginadas y personas en situaciones de interseccionalidad, que impulsaron cambios en las legislaturas locales sobre el tema, hasta llegar al momento actual en que el derecho a decidir está reconocido en todo el país.

Los movimientos sociales y las organizaciones feministas también desempeñaron un papel crucial en el caso de Colombia, donde en 2006. la Corte Constitucional dictaminó en la sentencia C-355/06 que la criminalización del aborto en todas las circunstancias era contraria a los derechos de las mujeres. Women’s Link Worldwide y otras organizaciones de la sociedad civil llevaron este caso ante la Corte Constitucional y, desde entonces, los desarrollos legales han ampliado progresivamente las protecciones para los derechos de las mujeres para ampliar el reconocimiento al derecho de la autonomía corporal.

El litigio para promover la legalización del derecho a decidir ha adoptado múltiples caras y estrategias en la región, sin centrarse exclusivamente en impugnar las prohibiciones legales al aborto. Por ejemplo, Women’s Link Worldwide (WLW), en un litigio estratégico en el que acompañó con asesoría legal a un grupo de mujeres colombianas, impugnó la actuación del fiscal general en Colombia. Este funcionario, un abierto opositor a los derechos sexuales y reproductivos, emprendió una serie de acciones como servidor público contra la legalización del aborto terapéutico en el país desde el inicio de su mandato, que incluyeron la difusión de información falsa sobre el misoprostol y los métodos anticonceptivos, así como manifestaciones públicas que condenaban la toma de decisiones de mujeres que optaban por interrumpir su embarazo.

En respuesta a sus ataques, WLW, en colaboración con grupos aliados de diferentes regiones de Colombia, asesoró a 1,280 mujeres en edad reproductiva que accedieron a presentar una denuncia contra las acciones del funcionario. En su demanda, el grupo argumentó que la conducta del funcionario obstaculizaba su derecho fundamental a la información sobre derechos reproductivos. El caso llegó a la Corte Suprema, que determinó que el fiscal general había incumplido sus deberes como servidor público, por lo que le ordenó la corrección de la información falsa, lo condenó a diversas medidas de reparación del daño y reconoció el derecho de las mujeres a recibir información veraz, confiable y oportuna sobre sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Esta estrategia destaca las múltiples vías legales disponibles para hacer justiciables los derechos mediante el litigio y cómo las cortes han sido un espacio útil para la rendición de cuentas de los propios funcionarios estatales.

En la siguiente publicación relativa a este tema, abordaremos el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las lecciones aprendidas y las perspectivas a futuro sobre el tema.