“Leveling Up Democracy”: La lucha por el cambio de régimen en los videojuegos y el aprendizaje político
25 de Marzo de 2026
¿Qué enseñan los videojuegos sobre democracia?
Durante los últimos cuatro años, un videojuego ha influido en la manera en que los jóvenes imaginan la democratización. En Far Cry 6, los jugadores se convierten en guerrilleros que luchan por la democracia en una isla caribeña ficticia. El juego se apoya en estereotipos de la política latinoamericana del siglo XX, al tiempo que aborda un fenómeno ampliamente estudiado en la investigación sobre la democracia: el cambio (violento) de la autocracia a democracia. El director narrativo del juego, Navid Khavari, afirma: “En Far Cry 6 hay discusiones duros y relevantes sobre las condiciones que conducen al auge del fascismo en una nación [y] la necesidad de elecciones libres y justas”.
Los videojuegos a menudo tratan temas políticos, por ejemplo, permitiendo que los jugadores construyan estratégicamente una nación. En general, esto puede considerarse positivo, ya que la exposición personal a la política es crucial para una sociedad democrática, mientras que la desafección política amenaza la democracia participativa. No deben pasarse por alto los riesgos psicológicos y sociales de los videojuegos, en particular aquellos que implican violencia (política). Sin embargo, la influencia de los videojuegos en los valores, actitudes y comportamientos políticos suele ser más sutil.
En Far Cry 6, nomen est omen: Castillo es un caudillo que se inscribe en la tradición militante del “gran hombre”, al estilo de Batista, Pinochet o Trujillo. Se esfuerza por preservar el legado identitario de Bolívar para Yara, pero finalmente fracasa debido a su propia sed de poder. Se ve a sí mismo como el sanador de la nación, solo para quitarse la vida antes de que lo haga la leucemia. En general, el juego retrata una concepción estereotipada de la autocracia poscolonial latinoamericana con un toque orwelliano. Una experiencia de juego semi-auténtica se construye mediante propaganda por altavoces, corrupción, esclavitud y centralización en la capital, todo ello dentro de un Estado económicamente explotado y políticamente frágil, salpicado de enclaves controlados por rebeldes.
Aunque sostengo que Far Cry 6 fomenta cierta noción de democratización, es importante aclarar que el juego presenta una revolución democrática, no una transición real. La caída de la dictadura de Castillo marca el final de la historia. No obstante, el juego representa claramente el cambio de régimen como violento, lo que se ajusta a los patrones de transición de Reemplazo y Ruptura.
Aunque carecemos de datos sobre las orientaciones de los jugadores, ya que no se han realizado entrevistas o declaraciones al respecto, Far Cry 6 sin duda describe la democratización como el resultado de intereses opuestos llevados a cabo por la fuerza. Esto no resulta sorprendente. Sería difícil vender un juego en el que la democracia se establece pacíficamente mediante la redacción de una constitución. Aunque esta representación es parcial, ilustra los riesgos que enfrentan los ciudadanos en las autocracias cuando luchan por el cambio, subrayando que la democracia no es simplemente un subproducto político. Esto puede proporcionar una visión importante, especialmente para los jugadores jóvenes, quienes desarrollan empatía hacia las personas afectadas por el terror estatal.
Los videojuegos políticos han sido discutidos en la intersección entre los estudios culturales, la ciencia política y la ludología, curiosamente ya con un enfoque en América Latina. En cuanto a la percepción política, Far Cry 6 enseña sobre acontecimientos como la Revolución de 1967, liderada por el profesor socialista Santos Espinosa. A primera vista, el problema de este conocimiento político es su inutilidad, ya que ni la revolución ni Espinosa existieron en el mundo real. Al examinarlo más de cerca, estos puntos de contacto proporcionan un marco pseudoempírico para la adquisición de conocimiento. Aprender sobre las revoluciones reales de 1910 en México o de 1930 en Argentina resulta ciertamente más fácil cuando se guía mediante algún tipo de referencia imaginaria. Como el juego hace referencia explícita a Cuba al mostrar “Yank Tanks” y un estilo de vida Resolver, la comunidad en línea debate sus capas ideológicas, lo que demuestra que estos juegos estimulan eficazmente el discurso intelectual.
Dado que el objetivo del jugador es derrocar a un dictador y abrir violentamente el camino hacia elecciones y prosperidad, reconociendo la correlación positiva entre calidad democrática y desarrollo económico, el juego transmite una normatividad política común que los jugadores interiorizan durante más de 40 horas de juego: vale la pena luchar por la democracia, incluso morir por ella. Aunque el videojuego resalta así el valor de la democracia, apenas enseña valores democráticos. Esto no es culpa de Ubisoft, sino que deriva de la naturaleza del colapso autocrático, que generalmente se logra mediante derramamiento de sangre. En la realidad política del cambio de régimen, siempre ha existido una cuestión ética de medios y fines: ¿pueden la democracia y los derechos humanos alcanzarse realmente ejecutando a los responsables de la autocracia y de violaciones de derechos humanos? Evidentemente, las consideraciones éticas no son muy prominentes en el juego, ya que establecer la democracia se asocia aquí con matar soldados más que con el pluralismo y el consenso.
Desde una perspectiva psicológica, esto puede afianzar la idea de una democracia basada en la violencia. Aunque en circunstancias excepcionales los ciudadanos deban protegerla por la fuerza, la práctica democrática cotidiana es no violenta. Mostrar su importancia mediante una insurgencia armada, aunque sea ficción, se asemeja a enseñar a nadar arrojando a los niños al agua profunda.
Por supuesto, desde la destrucción de un culto fundamentalista en Far Cry 5 hasta el asalto al palacio de Saddam Hussein en la última entrega de Call of Duty, Far Cry 6 es solo uno de muchos ejemplos de videojuegos “políticos”. Cabe destacar que Far Cry 6 no solo contiene elementos políticos, sino que gira enteramente en torno a la idea del cambio de régimen. “Lo que los jugadores encontrarán es una historia cuya perspectiva intenta capturar la complejidad política de una revolución moderna y actual”, afirma Khavari. Al final, la adaptación de Ubisoft de la rebelión guerrillera de Castro no es tan compleja: El jugador se une al movimiento clandestino “Libertad” y derroca un régimen autoritario hereditario liderado por Antón Castillo, el adversario definitivo de la democracia, quien se considera a sí mismo el único líder capaz de restaurar una nación sumida en el caos y la desesperación. Con la frase “Yara está ardiendo. Y no se apagan incendios con elecciones libres”, justifica el dictador su régimen riguroso.
El juego introduce nociones de caudillismo, totalitarismo y ruptura institucional desde la lógica del entretenimiento, lo que no exime a sus desarrolladores de cierta responsabilidad formativa. No se trata de sobre analizar los videojuegos políticos, sino de reconocer que millones de jóvenes construyen allí parte de sus valores y actitudes frente a la democracia.
En cuanto a la democratización, el videojuego crea un prototipo caribeño de la Tercera Ola de Huntington en América Latina, que se refiere a la ola de transiciones democráticas que tuvo lugar desde los años setenta hasta los años noventa. Aunque presenta una imagen en general algo cliché, el juego impresiona por su atención al contexto, abarcando una amplia historia política, como la ley marcial en la capital de Yara, Esperanza. Far Cry 6 logra capturar la complejidad de los procesos políticos, especialmente aquellos que implican el reemplazo de regímenes. En definitiva, no pretendo ni condenar ni glorificar el juego. Las investigaciones futuras deberían realizar un análisis de contenido, complementado con entrevistas a jugadores, para comprender más profundamente el impacto del juego en la percepción e interpretación de la democratización.
Citación sugerida:Pires Alves, Tim. “Leveling Up Democracy”: La lucha por el cambio de régimen en los videojuegos y el aprendizaje político.. Agenda Estado de Derecho. 2026/03/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/leveling-up-democracy-la-lucha-por-el-cambio/
Palabras clave sugeridas: Democracia, videojuegos, aprendizaje político.
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Es investigador doctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Justus Liebig de Giessen, Alemania. En su investigación empírica, analiza el desempeño político de los procesos de democratización desde una perspectiva de ingeniería política y con un enfoque regional en las transformaciones democráticas en América Latina y el sur de Europa.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.