La situación actual de las personas jubiladas en Argentina refleja tensiones entre el marco legal vigente y su implementación práctica. A nivel federal, el país le otorga una importancia elemental a la seguridad social, consagrando una amplia protección en diversas fuentes, algunas de corte nacional y otras de carácter internacional. Entre tantas otras, se destaca el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, cuyo tercer párrafo inicia aludiendo que «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable»; ese artículo cimero es fiel reflejo del rol central que se ha entendido debe cumplimentar el Estado, como principal, pero no único, garante de los derechos de la seguridad social.

Por otra parte, existen en Argentina  numerosos institutos jurídicos que se vinculan con el reconocimiento de derechos para personas jubiladas y pensionadas. Entre los de más reciente creación, menciono la vigencia a nivel nacional del sistema de prestación anticipada (creado en 2021, y que, en resumen, permite a personas de edad madura –mujeres a partir de los 55 años, y hombres a partir de los 60-, sin ingresos previsionales ni empleo, tramitar el otorgamiento de un haber antes de cumplir la edad jubilatoria, siempre que hayan acreditado los años de servicios con aportes), el beneficio jubilatorio para mujeres o personas gestantes y adoptantes (también sancionado en el 2021, figura que, sintetizando, facilita el acceso a la prestación básica universal -componente elemental de las jubilaciones en Argentina-, a través de la consideración como ficticiamente trabajados de ciertos años dependiendo de la cantidad de hijos biológicos o adoptivos que se tenga), la sanción en el 2022 de un sistema que otorga beneficios jubilatorios especiales para las personas con VIH o hepatitis B o C, y el sistema de moratoria previsional de la ley 27.705, sancionado en el año 2023, que permitió el acceso a una prestación de jubilación a muchas personas (remito a los datos que surgen del informe de ANSES que refiero más abajo). 

Sin embargo, considero que más allá de los anteriores institutos la situación de los jubilados y pensionados en Argentina dista de ser ejemplar, no bastando aquellas figuras en este tiempo en el que, dentro del escenario público nacional, existen varios factores o causales que inciden negativamente en la situación de un numeroso grupo de personas en situación de vulnerabilidad.     

En este terreno, uno de los máximos defectos del sistema radica en la bajísima cuantía que asumen gran parte de los ingresos previsionales de las personas jubiladas en Argentina.

El monto de la jubilación mínima (en agosto del 2025) asciende a $314.305,37 mensuales (equivalente, de forma aproximada, a 230 dólares estadounidenses). Según información publicada por ANSES (siglas de Administración Nacional de Seguridad Social, organismo descentralizado creado en 1991, que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la previsión), del total de beneficiarios de la seguridad social al mes de septiembre del      2024 (7.836.722), el 47% de las personas percibe un haber menor o igual al mínimo. Dato que se agrava si se tiene en cuenta que, siguiendo la línea del informe arriba referido, el 17% de las personas beneficiarias del SIPA (siglas de Sistema Integrado Previsional Argentino, es decir, el sistema previsional nacional vigente en el país, coexistente con numerosos regímenes provinciales), percibe un haber que ronda entre uno y dos haberes mínimos, y el 36% restante haberes iguales o mayores a dos jubilaciones mínimas.

En ese escenario, aun destacando el valor derivado de la notoria y actual reducción de la inflación a nivel nacional, lo cierto es que millones de personas jubiladas en Argentina perciben un crédito de seguridad social extremadamente bajo, en comparación con los ingresos que se necesitan por mes para costear gastos que, lejos de exceder los requerimientos ordinarios, forman parte de las necesidades elementales de vivienda, comida, vestido, medicamentos, entre otras, que tiene una persona. Remarco que el problema anotado excede la consideración del carácter contributivo o no del beneficio (ya que, conforme la información de ANSES, buena parte de los señalados más de siete millones de jubilados cobran un haber contributivo), constituyendo a su vez un problema estructural del país, alcanzando no solamente a la actual gestión de gobierno federal, sino también a las anteriores. 

A su vez, en estas pocas líneas encomendadas, es necesario hacer referencia a otros elementos, puntualizando ahora en la movilidad del haber.

Tanto por mandato constitucional como por la práctica legal, las jubilaciones y pensiones en Argentina son móviles, es decir, cada cierto tiempo se actualiza su cuantía dependiendo de la variación de parámetros consagrados en la ley. Tal carácter denota un elemento positivo. Sin embargo, como situaciones problemáticas vinculadas con el instituto anotado, destaco que el mecanismo federal vigente no considera la variable salarial, sino solo la inflación, yendo a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Federal (remito a los precedentes «Sánchez», «Badaro» y «Blanco»); a su vez, aquel mecanismo fue sancionado a través de un decreto de necesidad y urgencia y no de una ley, como manda la Constitución, al regular en el ya señalado artículo 14 bis, que la «(…), la ley establecerá: (…) jubilaciones y pensiones móviles»; también, como problema estructural de la movilidad federal, destaco la falta de estabilidad y continuidad de los diversos regímenes sancionados desde 1958 (en que se sancionó la primera ley de movilidad), hasta la actualidad; finalmente, agrego la actual práctica de camuflar cierta cuantía del haber al que se le debiera reconocer también el carácter de móvil, a partir del otorgamiento de lo que se nombra como bonos extraordinarios, es decir, una suma de dinero adicional a la jubilación o pensión, entregada con miras a reforzar el ingreso de seguridad social, aunque colocándola por fuera de la incidencia real que la movilidad debiera tener. 

Otro gran flagelo que afecta al campo previsional en Argentina, desde hace décadas, es el elevado número de las relaciones laborales no registradas, que conforme datos oficiales, alcanza a un porcentaje superior al 40%. La falta de registro de las relaciones de trabajo impacta de lleno en el campo previsional al reducir la masa de ingresos por aportes y contribuciones al sistema nacional, colaborando dicho factor para el desfinanciamiento del sistema.

Por su parte, destaco también la decisión del gobierno nacional de no prorrogar el sistema de moratoria previsional que venció en el mes de marzo del corriente año, así como la falta de sanción, en el último tiempo, de nuevos institutos sustanciales que tiendan a mejorar la situación de las personas jubiladas y pensionadas, en un tiempo de difícil tránsito que requiere ineludiblemente la intervención permanente del Estado. Para aclarar, aludo que en Argentina una moratoria es una figura propia del derecho de jubilaciones y pensiones tendiente a que las personas que no han cumplido con el recaudo atinente a los aportes para acceder a un haber, puedan acreditar su efectivo cumplimiento, regularizando su situación a través de la implementación de ciertas facilidades de pago.

Adiciono como colofón las cada vez más usuales respuestas institucionales violentas proferidas a manifestantes jubilados o pensionados, por ejemplo, en ocasión en que el Poder Legislativo debatiera hace algunos meses la insistencia o no de la ley de movilidad 27.756 vetada por el Poder Ejecutivo tras argumentar este último, entre otros motivos, sobre la falta de consideración de fuentes de financiamiento respaldatorias de la nueva norma de movilidad.

En síntesis, ser persona jubilada o pensionada, en la Argentina de hoy, no es tarea fácil.

No obstante la vigencia de importantes institutos de seguridad social, los bajísimos ingresos previsionales y la escasez de nuevas políticas públicas sociales direccionadas a aquel gran universo (entre otros factores), conspiran para lograr que un numeroso grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad reciban la atención adecuada del Estado.

En ese tren, habría que diseñar nuevos mecanismos de protección para las personas jubiladas y pensionadas, o mejorar los existentes, pensando en la imperativa articulación que aquellos deben tener con la existencia de suficientes fuentes de financiamiento, problema estructural en las sociedades actuales. Desde ese mirador, se debe dejar de analizar a los créditos de seguridad social con una lupa puramente gerencialista que presuma a aquellos como un costo que hay que limitar, haciendo prevalecer en el campo una actitud proactiva del Estado en la defensa y promoción de los derechos constitucionales de la seguridad social.