El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador

30 de Noviembre de 2021
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador
CPCCS

¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuáles son las polémicas en torno a su funcionamiento? ¿Habría que eliminarlo?

Cuando se redactó la Constitución del Ecuador de 2008 se instituyeron cambios importantes en su estructura dogmática y orgánica si la comparamos con las constituciones pretéritas. En el primer caso, existe un avance notable en materia de derechos y garantías, eso es indiscutible. Sin embargo, en el segundo caso, el constituyente decidió crear un modelo de Estado alternativo al democrático-liberal, dejando por fuera características básicas como la representación y la división tripartita del poder y, más bien, creó dos funciones adicionales: la Electoral y la de Transparencia y Control Social, en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el jugador estrella de esta última.

Al ver la serie de Netflix El juego del calamar y el rol del participante 001, protagonizado por el actor surcoreano Oh Young Soo, podemos observar que ese jugador infiltrado pudo inclinar la balanza o acomodar las reglas según sus afectos o desafectos para favorecer al jugador 456, quien finalmente ganó los más de 45.000 millones de wones.

El CPCCS ha fungido como ese infiltrado en el juego político y democrático del Estado ecuatoriano para favorecer a determinados sectores políticos y cuyos grandes perdedores han sido siempre los ciudadanos. Para el efecto, voy a citar varios hechos que lo ratificarán.

Primero, el CPCCS fue concebido en su origen como una instancia que estaría conformada por ciudadanos elegidos a través de concursos de méritos y oposición, cuya función principal sería la de designar a las principales autoridades de control, como Superintendentes, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, entre otros. De esta forma se procuraba despartidizar y despolitizar estas entidades que muchas veces fueron cooptadas por el Legislativo. No obstante, ya en el ejercicio del cargo, sus integrantes terminaron      aplicando las mismas prácticas perniciosas, al nombrar funcionarios que tenían una línea política y económica de intereses bastante marcadas, como fue el caso del ex Contralor General del Estado Carlos Pólit, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por el presunto cometimiento de actos de corrupción mientras ejercía la función pública.

Segundo, debido a esas actuaciones, varios sectores políticos y ciudadanos impulsaron una reforma estructural del CPCCS para que no fuera un centro de operaciones de componenda y reparto político, por lo que se propusieron tres acciones en el año 2018 a través de consulta popular: cesar anticipadamente a los integrantes del CPCCS, nombrar un CPCCS transitorio que evaluara las designaciones hechas con anterioridad, y reformar la Constitución para que la integración de este ente fuese a través del voto popular.

A primera vista, resultaba un cambio interesante, que eventualmente iba a retornar la confianza ciudadana a esta institución y garantizaba su legitimidad a través de las urnas; no obstante, eso no fue así. El CPCCS transitorio terminó cesando anticipadamente todos los cargos que había nombrado el CPCCS antes de 2018, con procesos irregulares y cuestionados que rebasaron las competencias que le dio el pueblo en la consulta popular. Tal es así, que se arrogó funciones e hizo “nombramientos a dedo” hasta que se llevaran a cabo los concursos definitivos para designar a las autoridades de control, es decir, pasamos de concursos de méritos y oposición simulados a encargos con agenda política propia.

Tercero, una vez que culminó el periodo de “transitocracia” del CPCCS, en el año 2019 se eligieron en las urnas a los consejeros definitivos de este cuerpo colegiado. Los ecuatorianos expectantes de este cambio nos desilusionamos pronto, ya que cometieron los mismos errores de los CPCCS anteriores, toda vez que intentaron realizar procesos administrativos para revocar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y tomarse por asalto con argucias jurídicas esta instancia jurisdiccional, lo que ocasionó que el CPCCS del “Cura Tuárez” fuera censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

Cuarto, actualmente tenemos un CPCCS conformado por quienes sobrevivieron al control político de la Asamblea Nacional y otros que se titularizaron a partir de esta destitución, pero hasta la fecha no han cumplido con su trabajo a cabalidad, principalmente en la consecución de los concursos para elegir a las nuevas autoridades de la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, ya se escuchan voces que apuntan a la necesidad de eliminar este organismo de la Constitución, siendo anecdótico que los principales impulsadores son aquellos que formaron parte del CPCCS transitorio que harto daño hicieron a la institucionalidad del país.

¿Eliminar el CPCCS?

En el debate público, al menos en los primeros tres meses de Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, que fue posesionado el 24 de mayo de 2021, se ha propuesto la supresión de este organismo a través de consulta popular, cuestión que no es muy sencilla. La Corte Constitucional, mediante Dictamen No. 4-19-RC/19 de 21 de agosto de 2019, ha señalado que la vía adecuada es la de reforma parcial a la Constitución. Es decir, que no puede pasar a la decisión del pueblo en las urnas sin que medie el trámite, debate y aprobación en la Asamblea Nacional, conforme lo establece el artículo 442 de la Constitución del Ecuador

En definitiva, el CPCCS desde su creación en 2008 ha sido ese infiltrado que se ha colado en el juego democrático del Estado y que ha fichado para el equipo del gobernante de turno, dando la espalda al pueblo ecuatoriano y desestabilizando el sistema de pesos y contrapesos, creando muchas veces escenarios de impunidad y arbitrariedad.

Creo que la salida ortodoxa sería regresar al sistema anterior al 2008, en el cual el Legislativo nombraba a las autoridades a través de la ternas que eran remitidas por el Ejecutivo u otras Funciones del Estado, tal como ocurre en otros Estados que tienen esta fórmula, principalmente aquellos con regímenes presidencialistas. No obstante, esta propuesta debe ser considerada con beneficio de inventario para no cometer los mismos errores de los años 90 y 2000,  garantizando –ante todo­– la participación real de la ciudadanía, para que no se convierta en un proceso cerrado de determinada clase o grupo político.

El fortalecimiento de las instituciones no solo dependerá del sistema de designación, sino de la debida imparcialidad e independencia por parte de las autoridades al momento de ser posesionadas. Es lo que denomina el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny como “el deber de ingratitud”, es decir, la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos sobre los intereses de los grupos o círculos políticos nominadores, caso contrario, se desnaturaliza la esencia de un verdadero régimen democrático.

Citación académica sugerida: Benavides, André El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador, Agenda Estado de Derecho, 2021/11/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-consejo-de-participacion-ciudadana-y-control-social-un-infiltrado-en-el-juego-politico-y-democratico-de-ecuador/

Palabras clave: Ecuador, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consulta popular, reforma constitucional

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ACERCA DEL AUTOR
André Mauricio Benavides Mejía

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista Superior y Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional del Ecuador. Autor de varios libros y artículos en Derecho Público.