El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador

30 de Noviembre de 2021
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador
CPCCS

¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuáles son las polémicas en torno a su funcionamiento? ¿Habría que eliminarlo?

Cuando se redactó la Constitución del Ecuador de 2008 se instituyeron cambios importantes en su estructura dogmática y orgánica si la comparamos con las constituciones pretéritas. En el primer caso, existe un avance notable en materia de derechos y garantías, eso es indiscutible. Sin embargo, en el segundo caso, el constituyente decidió crear un modelo de Estado alternativo al democrático-liberal, dejando por fuera características básicas como la representación y la división tripartita del poder y, más bien, creó dos funciones adicionales: la Electoral y la de Transparencia y Control Social, en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el jugador estrella de esta última.

Al ver la serie de Netflix El juego del calamar y el rol del participante 001, protagonizado por el actor surcoreano Oh Young Soo, podemos observar que ese jugador infiltrado pudo inclinar la balanza o acomodar las reglas según sus afectos o desafectos para favorecer al jugador 456, quien finalmente ganó los más de 45.000 millones de wones.

El CPCCS ha fungido como ese infiltrado en el juego político y democrático del Estado ecuatoriano para favorecer a determinados sectores políticos y cuyos grandes perdedores han sido siempre los ciudadanos. Para el efecto, voy a citar varios hechos que lo ratificarán.

Primero, el CPCCS fue concebido en su origen como una instancia que estaría conformada por ciudadanos elegidos a través de concursos de méritos y oposición, cuya función principal sería la de designar a las principales autoridades de control, como Superintendentes, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, entre otros. De esta forma se procuraba despartidizar y despolitizar estas entidades que muchas veces fueron cooptadas por el Legislativo. No obstante, ya en el ejercicio del cargo, sus integrantes terminaron      aplicando las mismas prácticas perniciosas, al nombrar funcionarios que tenían una línea política y económica de intereses bastante marcadas, como fue el caso del ex Contralor General del Estado Carlos Pólit, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por el presunto cometimiento de actos de corrupción mientras ejercía la función pública.

Segundo, debido a esas actuaciones, varios sectores políticos y ciudadanos impulsaron una reforma estructural del CPCCS para que no fuera un centro de operaciones de componenda y reparto político, por lo que se propusieron tres acciones en el año 2018 a través de consulta popular: cesar anticipadamente a los integrantes del CPCCS, nombrar un CPCCS transitorio que evaluara las designaciones hechas con anterioridad, y reformar la Constitución para que la integración de este ente fuese a través del voto popular.

A primera vista, resultaba un cambio interesante, que eventualmente iba a retornar la confianza ciudadana a esta institución y garantizaba su legitimidad a través de las urnas; no obstante, eso no fue así. El CPCCS transitorio terminó cesando anticipadamente todos los cargos que había nombrado el CPCCS antes de 2018, con procesos irregulares y cuestionados que rebasaron las competencias que le dio el pueblo en la consulta popular. Tal es así, que se arrogó funciones e hizo “nombramientos a dedo” hasta que se llevaran a cabo los concursos definitivos para designar a las autoridades de control, es decir, pasamos de concursos de méritos y oposición simulados a encargos con agenda política propia.

Tercero, una vez que culminó el periodo de “transitocracia” del CPCCS, en el año 2019 se eligieron en las urnas a los consejeros definitivos de este cuerpo colegiado. Los ecuatorianos expectantes de este cambio nos desilusionamos pronto, ya que cometieron los mismos errores de los CPCCS anteriores, toda vez que intentaron realizar procesos administrativos para revocar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y tomarse por asalto con argucias jurídicas esta instancia jurisdiccional, lo que ocasionó que el CPCCS del “Cura Tuárez” fuera censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

Cuarto, actualmente tenemos un CPCCS conformado por quienes sobrevivieron al control político de la Asamblea Nacional y otros que se titularizaron a partir de esta destitución, pero hasta la fecha no han cumplido con su trabajo a cabalidad, principalmente en la consecución de los concursos para elegir a las nuevas autoridades de la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, ya se escuchan voces que apuntan a la necesidad de eliminar este organismo de la Constitución, siendo anecdótico que los principales impulsadores son aquellos que formaron parte del CPCCS transitorio que harto daño hicieron a la institucionalidad del país.

¿Eliminar el CPCCS?

En el debate público, al menos en los primeros tres meses de Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, que fue posesionado el 24 de mayo de 2021, se ha propuesto la supresión de este organismo a través de consulta popular, cuestión que no es muy sencilla. La Corte Constitucional, mediante Dictamen No. 4-19-RC/19 de 21 de agosto de 2019, ha señalado que la vía adecuada es la de reforma parcial a la Constitución. Es decir, que no puede pasar a la decisión del pueblo en las urnas sin que medie el trámite, debate y aprobación en la Asamblea Nacional, conforme lo establece el artículo 442 de la Constitución del Ecuador

En definitiva, el CPCCS desde su creación en 2008 ha sido ese infiltrado que se ha colado en el juego democrático del Estado y que ha fichado para el equipo del gobernante de turno, dando la espalda al pueblo ecuatoriano y desestabilizando el sistema de pesos y contrapesos, creando muchas veces escenarios de impunidad y arbitrariedad.

Creo que la salida ortodoxa sería regresar al sistema anterior al 2008, en el cual el Legislativo nombraba a las autoridades a través de la ternas que eran remitidas por el Ejecutivo u otras Funciones del Estado, tal como ocurre en otros Estados que tienen esta fórmula, principalmente aquellos con regímenes presidencialistas. No obstante, esta propuesta debe ser considerada con beneficio de inventario para no cometer los mismos errores de los años 90 y 2000,  garantizando –ante todo­– la participación real de la ciudadanía, para que no se convierta en un proceso cerrado de determinada clase o grupo político.

El fortalecimiento de las instituciones no solo dependerá del sistema de designación, sino de la debida imparcialidad e independencia por parte de las autoridades al momento de ser posesionadas. Es lo que denomina el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny como “el deber de ingratitud”, es decir, la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos sobre los intereses de los grupos o círculos políticos nominadores, caso contrario, se desnaturaliza la esencia de un verdadero régimen democrático.

Citación académica sugerida: Benavides, André El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: un infiltrado en el juego político y democrático de Ecuador, Agenda Estado de Derecho, 2021/11/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-consejo-de-participacion-ciudadana-y-control-social-un-infiltrado-en-el-juego-politico-y-democratico-de-ecuador/

Palabras clave: Ecuador, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consulta popular, reforma constitucional

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ACERCA DEL AUTOR
André Mauricio Benavides Mejía

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista Superior y Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Especialista en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional del Ecuador. Autor de varios libros y artículos en Derecho Público.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.