Control de convencionalidad en los parlamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

27 de Octubre del 2021
Control de convencionalidad en los parlamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Crédito foto: Cuarto de hora

¿El control de convencionalidad es un asunto exclusivo del poder judicial?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho e IberICONnect.blog

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Para garantizar un sistema normativo interamericano más consolidado, coherente y con una mejor implementación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y demás tratados concebidos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), resulta fundamental pensar más allá del poder judicial y enfocarse en el rol esencial que juega —y podría jugar— el poder legislativo y político.

Orientados por este fin, el 09 de julio del 2021 tuvo lugar ICON-S Mundo, un espacio para discusión, debate e intercambio de ideas entre académicos y operadores jurídicos de diferentes países, sobre diversos temas de actualidad. En el marco de este evento, presentamos el Policy Brief titulado:

Disponible para descarga gratuita: aquí.

Se trata de un documento divulgativo, dirigido a un público general, con especial énfasis en los parlamentarios/as y sus equipos de la región, sobre la importancia de que los Estados parte del SIDH legislen de conformidad con la CADH, los demás instrumentos que han sido concebidos en el Sistema y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como ha sido reconocido por el propio Tribunal.

Presentado el informe por los autores, el panel contó con la participación del Dr. Humberto Sierra, Magistrado de la Corte IDH y la Dra. Cecilia Mora, Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La necesidad de un control de convencionalidad en la etapa preventiva

El principal objetivo con la divulgación de este Policy Brief es que los parlamentos de la región y la ciudadanía cuenten con una herramienta de fácil comprensión para que la —convencionalización— de la normativa regional ocupe un especial lugar desde el kilómetro cero del proceso legislativo.

En estricto sentido, la idea es, entre otras, resaltar la importancia de aplicar el control de convencionalidad en la fase preventiva –esto es, desde que una iniciativa legislativa es presentada para ser debatida–, y no solo en la etapa curativa cuando una ley –después del complejo trámite surtido en los parlamentos– ha sido sometida al escrutinio de un Tribunal o cuando el Estado ha sido condenado internacionalmente por violar derechos humanos.

Resulta fundamental dejar en el pasado la tendencia de los poderes legislativos y ejecutivos de la región a esperar hasta que los poderes judiciales nacionales retiran una ley en control abstracto por vía de inconstitucionalidad o del control de convencionalidad por parte de la Corte IDH. En la era de la —convencionalización—, los proyectos de ley deben ser revisados a la luz de la CADH y otras normas del SIDH durante todo su proceso de tramitación legislativa y controles de los demás poderes.

Un diagnóstico al control de convencionalidad de los parlamentos en Latinoamérica

Para la investigación previa a la publicación de este documento, partimos de un análisis cuantitativo de los países que han ratificado la CADH. Para ello, usamos encuestas hechas en español latinoamericano, portugués brasileño e inglés estadounidense, e invitamos a participar a parlamentarios/as, sus equipos  y académicos de 22 países de todas las Américas y el Caribe.

En términos generales el estudio revela que existe todavía desconocimiento sobre la teoría del control de convencionalidad en los países estudiados y, principalmente, que en los parlamentos de la región su materialización e implementación no está consolidada. Se resalta, en particular, la ausencia en gran parte de los Estados de mecanismos, metodologías de trabajo y herramientas que permitan una lectura de las iniciativas tramitadas en los parlamentos desde la perspectiva de los principios y garantías que subyacen a la CADH y demás instrumentos del SIDH.

¿Cómo revertir la tendencia en Latinoamérica?

Dado este contexto en Latinoamérica, nos permitimos brindar varias recomendaciones y razones sobre las ventajas de incluir la Convención en el lenguaje diario de los poderes legislativos tanto en el orden nacional, como municipal o federal según sea el sistema político.  

Para alcanzar dicho propósito, sugerimos, primero, consolidar los centros ya existentes en los parlamentos o crear unidades independientes especializadas que brinden soporte y asesoría a los parlamentarios en asuntos relacionados con el SIDH. Aquellas unidades técnicas ayudarían al trabajo parlamentario, la búsqueda bibliográfica, presentación de novedades literarias a los parlamentarios, infografías, documentos divulgativos e informes breves.

Segundo, la inclusión, dentro de la normativa de trámite legislativo, de un check de convencionalidad, como exigencia formal previa a la presentación de una propuesta legislativa. Finalmente, la capacitación del personal técnico de los parlamentos, que contemple como eje transversal el diseño de leyes con una perspectiva del SIDH.

Consideramos que la implementación de estas recomendaciones podría traer múltiples ventajas para los países interamericanos, por ejemplo: (i) introducir el lenguaje de los derechos humanos y de la convencionalidad al proceso legislativo; (ii) materializar el compromiso de los Estados Parte frente a la CADH; (iii) mejorar la calidad del debate parlamentario; (iv) brindar la posibilidad de que los poderes legislativos tengan mayor influencia en la esfera supranacional; y (v) disminuir la posibilidad de declaratorias de inconstitucionalidad, futuros pleitos y sanciones internacionales, entre otras cinco que invitamos a leer en la publicación.

Las reacciones al Policy Brief

Presentado el esquema general de la investigación a la audiencia, la Dra. Mora inició con las reacciones críticas constructivas al estudio. Su intervención empezó por la contextualización de la posición de México frente a la jurisprudencia del control de convencionalidad, y puntualizó que se trata de un país en el que aún no existe un desarrollo claro sobre la materia. Ello, a pesar de que México reconoce la jurisdicción de la Corte IDH desde 1998 y además ha participado de forma activa tanto en el funcionamiento de la Comisión Interamericana como de magistraturas en el Tribunal de Costa Rica.

La Dra. Mora precisó que el tema abordado en el Policy Brief tiene que ver, en esencia, con la forma en que los países interamericanos están legislando, sobre lo cual anotó que el proceso legislativo mexicano podría ser más técnico y profundo. Señaló la ausencia de un servicio de apoyo técnico parlamentario que contribuya a la revisión de las iniciativas que se presentan y destacó que los apoyos ya no gozan de un rasgo esencial: la permanencia y continuidad de los procesos.

Frente al caso específico de México, la panelista revisó las iniciativas legislativas y expuso que no encontró ninguna categoría dentro de estas que tuviese una referencia a un tratado internacional. Incluso, sostuvo que tras monitorear los proyectos de legislación en curso en el Senado de la República —órgano al que por mandato constitucional corresponde conocer la política exterior— tampoco encontró algún proyecto con referencia a un instrumento internacional. Desde su perspectiva, tal escenario resulta desconcertante.

A su juicio, la clave está en insistir en la forma en que se legisla; por lo que es necesario, por un lado, incluir una especie de test de convencionalidad aplicable durante el proceso legislativo con el fin de que disminuya la presentación de iniciativas notoriamente inconstitucionales por desconocer estándares internacionales. Por otro lado, para fortalecer el apoyo técnico parlamentario.

Por su parte, el juez Sierra Porto señaló que, a su juicio, el trabajo es pionero, toda vez que tradicionalmente se considera que la doctrina del control de convencionalidad está dirigida a tribunales, academia o juristas y no a todos los actores del sistema jurídico de un país, como por ejemplo, aquellos funcionarios que trabajan en el poder legislativo o ejecutivo.

Adicionalmente, el también profesor y director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, se concentró en dos puntos, uno formal y otro material. Sobre el primero, anotó la necesidad de precisar la metodología de investigación utilizada en el estudio preliminar. Sobre el segundo, destacó la importancia del control de convencionalidad sobre la base de los estándares jurisprudenciales fijados por la Corte IDH. No obstante. señaló una serie de aspectos que podrían mejorar para evitar que ciertos grupos de países no se viesen expresamente identificados. Por tanto, sugirió evitar reflexiones sobre las interpretaciones exegéticas o literalistas de las normas, especialmente porque son debates aún no resueltos en nuestros países que podrían desviar la atención de los lectores del punto esencial.

Por último, insistió en que, para que el control de convencionalidad cumpla con los fines anhelados, debe realizarse desde el inicio y durante todo el trámite legislativo. Lo anterior, partiendo del hecho de que los proyectos legislativos están sujetos a cambios, como resultado de los debates a los que son sometidos desde su radicación en los parlamentos hasta su aprobación y promulgación.

Conclusión

La perspectiva del control de convencionalidad en los procesos parlamentarios, sin lugar a duda, es un tema hasta ahora poco estudiado y que atiende a las voces críticas que señalan el exceso –o, incluso, la exclusividad– de atención de la academia contemporánea frente al poder judicial. El Policy Brief presentado representa un primer acercamiento exploratorio y generalista sobre el estado de la cuestión en los países de la región. No obstante, este estudio, a pesar de presentar una primera imagen general y de ahí que resulta fundamental que sobre la materia se produzcan estudios nacionales profundos y detallados de cada uno de los Estados parte del SIDH. En la actualidad estamos trabajando en ello, y quienes estén interesados en aportar a este proceso, no duden en contactarse con nosotros.  

Citación académica sugerida: Fuchs, Marie-Christine & Herrera, Juan Camilo. Control de convencionalidad en los parlamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/control-de-convencionalidad-en-los-parlamentos-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/

Palabras clave: control de convencionalidad, parlamentos, congresos, asambleas, América Latina, Latinoamérica

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ACERCA DE LOS AUTORES
Marie-Christine Fuchs

Abogada alemana (Rechtsanwältin, Berlín) y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura tanto en derecho alemán como en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, así como investigadora y profesora asistente en el Europainstitut. De 2011 a 2015 se desempeñó como abogada en el despacho jurídico internacional Freshfields Bruckhaus Deringer en Berlín. Desde 2016, es directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos.

Juan C. Herrera, Ph.D.
Juan-C.-Herrera

Ha trabajado para la Corte Constitucional de Colombia y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg-Alemania. También como docente e investigador de la Universidad de los Andes (Bogotá) y de la Universitat Pompeu Fabra UPF (Barcelona).

En paralelo a la docencia e investigación, se dedica a la consultoría con entidades públicas y privadas sobre derecho público y asuntos latinoamericanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.