Armas, tráfico ilícito y derechos humanos en la Opinión Consultiva OC-30/25 de la Corte Interamericana
26 de Marzo de 2026
A partir de la OC 30/25 de la Corte Interamericana, el texto sostiene que el tráfico ilícito de armas implica responsabilidad estatal y exige prevención, regulación y sanción
El tráfico ilícito de armas de fuego no es solo un problema de seguridad pública, sino una cuestión central de derechos humanos. Así lo afirma con claridad la Opinión Consultiva OC-30/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por México, que sitúa la circulación descontrolada de armas en el corazón de la obligación estatal de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal. El mensaje es directo: cuando el Estado no controla de forma efectiva el mercado de armas, asume responsabilidad por las violencias que esas armas hacen posibles.
En dicha Opinión, la Corte responde a una pregunta clave que durante años ha quedado diluida en el debate público: ¿qué deben hacer los Estados frente al tráfico ilícito de armas y hasta dónde alcanza su responsabilidad cuando la violencia armada se vuelve estructural? La respuesta se articula en torno a una noción exigente de debida diligencia. No basta con reaccionar ante los homicidios o los enfrentamientos armados; los Estados deben prevenirlos mediante regulación, supervisión, sanción y cooperación internacional.
En términos concretos, la Opinión exige normas claras sobre la marcación y la trazabilidad de las armas desde su fabricación, el mantenimiento de registros completos y conservados durante plazos suficientes para permitir el rastreo, y controles estrictos de importación y exportación basados en evaluaciones objetivas de riesgo y en la exigencia de certificados de usuario final. También impone la regulación del corretaje y de toda la cadena comercial, un eslabón frecuentemente ignorado pese a su papel clave en los desvíos hacia el mercado ilícito.
La Corte subraya, además, la necesidad de tipificar penalmente la fabricación y el tráfico ilícitos de armas y de adoptar medidas eficaces contra la corrupción que facilita estos desvíos. Este punto resulta especialmente relevante en contextos donde la connivencia entre actores públicos y redes criminales permite que armas legales terminen en manos de organizaciones armadas ilegales. La corrupción pasa a ser un factor central de responsabilidad estatal.
Un elemento novedoso de la Opinión es la incorporación explícita de los principios internacionales sobre empresas y derechos humanos. La Corte reconoce que fabricantes, distribuidores y comerciantes de armas deben aplicar procesos de debida diligencia y sistemas de compliance para evitar contribuir a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, deja claro que estas obligaciones privadas no sustituyen el deber del Estado de regular, supervisar y sancionar. Cuando el daño era previsible, la responsabilidad estatal no se diluye por la intervención de actores privados.
La gestión de arsenales estatales y de armas decomisadas ocupa un lugar en la Opinión. La Corte advierte que la falta de protocolos seguros de custodia, inventario y destrucción constituye una de las principales fuentes de desvío hacia el mercado ilícito. Este aspecto rara vez ocupa titulares, pero tiene un impacto directo en la violencia armada. Cuando armas incautadas o pertenecientes al propio Estado reaparecen en escenas del crimen, la responsabilidad institucional resulta difícil de eludir.
La Opinión insiste también en el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de la violencia armada. No pueden existir inmunidades, obstáculos procesales ni costos desproporcionados que impidan investigar, sancionar y reparar. La violencia armada no es un daño inevitable ni un efecto colateral aceptable de la criminalidad organizada; es una violación de derechos humanos que exige respuestas judiciales reales y eficaces.
El tráfico de armas afecta de forma desproporcionada a niñas, niños y adolescentes, a mujeres y a comunidades empobrecidas o racializadas. La alta disponibilidad de armas incrementa la letalidad de la violencia, agrava la violencia de género y golpea especialmente a jóvenes en contextos de exclusión. La Corte exige, por ello, políticas públicas que integren de manera transversal las perspectivas de género y de infancia, algo todavía ausente en muchas estrategias de seguridad en América Latina.
La dimensión socioeconómica de la violencia armada ocupa también un lugar destacado. La Corte recuerda que los costos no se limitan a las cifras de homicidios. La violencia armada sobrecarga los sistemas de salud, interrumpe trayectorias educativas, debilita la cohesión comunitaria y erosiona la confianza en las instituciones. Prevenir el tráfico ilícito de armas es también una política de salud pública y de desarrollo.
La relevancia de la Opinión Consultiva OC-30/25 resulta especialmente evidente en el contexto latinoamericano actual. El narcotráfico, los conflictos armados internos y el pandillerismo se sostienen en un flujo constante de armas que, en muchos casos, provienen de mercados legales mal regulados. En Colombia, la persistencia de guerrillas, disidencias y grupos criminales armados muestra cómo la falta de control efectivo de armas prolonga la violencia incluso en escenarios de posconflicto. En México y Centroamérica, el poder territorial de las organizaciones criminales sería impensable sin un acceso continuo a armas de fuego.
La Corte deja claro que combatir estas violencias no puede limitarse a la militarización o a la represión policial. Sin control del mercado de armas, estas estrategias tienden a reproducir el problema que dicen combatir. La Opinión introduce así un cambio de enfoque que consiste en que la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales pasa también por cerrar los canales legales e institucionales que alimentan su capacidad de fuego.
El derecho comparado ofrece referencias útiles para avanzar en esta dirección. La Unión Europea ha desarrollado un marco normativo orientado a reducir la disponibilidad ilícita de armas mediante regulación y cooperación. Destacan la Directiva (UE) 2021/555 sobre el control de la adquisición y posesión de armas de fuego, los sistemas europeos de trazabilidad y registros, y el Plan de Acción de la Unión Europea contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego 2020-2025. Estas herramientas combinan armonización normativa, intercambio de información y sanciones disuasorias.
En los primeros meses de 2026, la Comisión Europea presentó la propuesta de Directiva (COM/2026/102 final) con el objetivo de armonizar la tipificación penal relativa a la fabricación y el tráfico ilícito de armas. La propuesta contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas y establece medidas específicas para evitar que las armas incautadas vuelvan al mercado ilegal. Estas iniciativas muestran que el control de armas puede abordarse desde una lógica preventiva y estructural, sin renunciar al respeto de los derechos fundamentales.
La Opinión Consultiva OC-30/25 obliga, en definitiva, a repensar la política de armas en América Latina. No bastan leyes formales ni discursos de mano dura. Se exige una debida diligencia activa que combine regulación efectiva, control institucional, sanción, reparación y cooperación internacional. En una región marcada por la violencia armada, esta Opinión ofrece una hoja de ruta jurídica para transformar el control de armas en una verdadera política de protección de derechos humanos.
Citación académica sugerida: Alonso Sandoval, Tomás Cristóbal. Armas, tráfico ilícito y derechos humanos en la Opinión Consultiva OC-30/25 de la Corte Interamericana. Agenda Estado de Derecho. 2026/03/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/armas-trafico-ilicito-y-derechos-humanos/
Palabras clave sugeridas: Tráfico de armas; violencia; Corte Interamericana.
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Profesor doctor en Derechos Humanos y jurista, con trayectoria académica internacional y experiencia en el análisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho constitucional y los desafíos contemporáneos del Estado de derecho.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
