La lectura de que “solo” ochenta países respaldaron la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles parte de un supuesto equivocado: que en las COP la voluntad mayoritaria es vinculante. No lo es. El régimen internacional del clima opera bajo una regla de unanimidad, que convierte el consenso en un requisito procedimental y, al mismo tiempo, en un instrumento de bloqueo. En un sistema diseñado para evitar la confrontación abierta, una minoría cohesionada puede neutralizar a una mayoría dispersa, reproduciendo —a escala global— la lógica central del poder rentista: ampliar la capacidad de veto de quienes se benefician de la permanencia del orden fósil.

Ese bloque, integrado en gran medida por regímenes autoritarios o por democracias profundamente erosionadas, preserva su estabilidad política, su legitimidad interna y su capacidad distributiva mediante la captura y gestión de las rentas fósiles. Para estos Estados, la descarbonización no es una reforma técnica ni sectorial: implica desmontar las bases materiales y simbólicas de su arquitectura de poder. En consecuencia, la resistencia a los acuerdos climáticos no debe entenderse como un debate sobre el ritmo o la modalidad de la transición, sino como una defensa estructural del régimen político sostenido y reproducido por la renta fósil.

Aun así, este diagnóstico no implica abandonar el espacio multilateral. Las COP han sido, durante tres décadas, un escenario indispensable para posicionar la agenda climática, construir marcos normativos globales y limitar, aunque sea parcialmente, la influencia del poder fósil. Ese espacio se ha ganado y consolidado con años de trabajo diplomático, técnico y ciudadano, y no debe perderse. Pero Belém también nos dejó una lección importante: las COP continúan siendo un espacio esencial para el diálogo global, aunque requieren complementarse con iniciativas paralelas que permitan avanzar allí donde el proceso multilateral encuentra sus límites. Por sí solas, no pueden cargar con todo el peso de la transformación. El desafío exige integrar nuevas coaliciones, iniciativas y espacios de acción que avancen donde el multilateralismo se estanca. No se trata de reemplazar las COP, sino de fortalecerlas desde fuera y desde dentro, ampliando su alcance para que el veto fósil no defina los límites de lo posible.

Lo ocurrido en Belém reafirma un consenso creciente en la literatura especializada: los límites fundamentales de la transición energética no radican en la tecnología, sino en la política. Allí donde las instituciones están capturadas por las rentas extractivas, la transición energética queda subordinada, cuando no directamente bloqueada, a una transición política capaz de desmontar las bases del autoritarismo rentista.