1. Primera situación remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la Fiscalía de la CPI

La situación de Darfur marcó un precedente en el derecho penal internacional, al ser la primera remisión del Consejo de Seguridad a la Fiscalía de la CPI, mediante la Resolución 1593 (2005). Amparado en el artículo 13.b) del Estatuto de Roma y en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad consideró que los hechos constituían una amenaza a la paz internacional y decidió habilitar la jurisdicción de la CPI pese a que Sudán no era Estado parte.

La resolución fue aprobada con once votos a favor y cuatro abstenciones (Argelia, Brasil, China y Estados Unidos), y abrió un debate sobre la legitimidad y selectividad de este tipo de decisiones, dado que algunos miembros permanentes del propio Consejo no han ratificado el Estatuto de Roma, pero pueden activar la jurisdicción de la CPI sobre otros países.

El caso Darfur expuso tanto el potencial transformador como las limitaciones estructurales de la justicia internacional. Por un lado, la intervención de la CPI representó un avance histórico frente a la impunidad de un Estado que no solo no podía, sino que no quería juzgar sus propios crímenes, perpetrados con apoyo gubernamental.

Al mismo tiempo, evidenció la asimetría política que atraviesa el sistema internacional al permitir que las potencias no sometidas a la jurisdicción de la CPI decidan sobre la suerte de otros Estados; lo que nos invita a repensar el equilibrio entre justicia y poder dentro del orden internacional contemporáneo.

1. La persecución por motivos de género como nuevo paradigma en la justicia internacional

Nos encontramos frente a la primera condena de la CPI por persecución por motivos de género, conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma. La fiscalía demostró que las mujeres y niñas de las comunidades fur, masalit y zaghawa fueron perseguidas, abusadas sexualmente, esclavizadas y sometidas a diferentes violencias de manera sistemática por su identidad de género y étnica, en el marco de una campaña de dominación y terror.

La CPI consideró que las violaciones -tipificadas como crímenes de lesa humanidad (art. 7.1.g) y crímenes de guerra (art. 8.2.e).vi)- fueron cometidas en un entorno coercitivo y como parte de un ataque generalizado contra la población civil. En los párrafos 785 a 787 de la sentencia, el tribunal sostuvo que la persecución puede basarse en uno o varios motivos simultáneamente –políticos, étnicos, culturales o de género–, lo que introduce una lectura interseccional inédita en la jurisprudencia penal internacional.

Esta formulación consolida lo que Kelly Askin anticipó respecto a que la violencia sexual debía reconocerse como un crimen internacional autónomo y estructural, no como un daño colateral del conflicto. A su vez, recupera la idea de Catharine MacKinnon, quien sostuvo que la violación en la guerra no es un exceso de deseo, sino una afirmación del poder político sobre los cuerpos.

A diferencia de las decisiones en Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y Kunarac, Kovac y Vuković del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que fueron pioneras pero todavía ancladas en una noción física y heteronormativa de la violación, la sentencia contra Ali Kushayb desplaza el enfoque hacia una comprensión estructural e interseccional del género. La violencia sexual se entiende aquí como una tecnología de poder y disciplinamiento social, y el cuerpo como territorio político de control y disputa.

En esta línea, la sentencia materializa la “guerra sobre los cuerpos” de la que habla Silvia Federici, una violencia que no busca solo destruir físicamente, sino también desarticular la capacidad simbólica y política de las víctimas. Desde mi perspectiva, la decisión demuestra que el derecho internacional no solo castiga la violencia, sino que produce nuevas formas de memoria y justicia, al reconocer que las guerras también se libran sobre los cuerpos y las subjetividades.