93 tuits después: Julia Mengolini y un caso testigo para la libertad de prensa en Argentina
1 de Junio de 2021
¿Qué revela el caso Julia Mengolini sobre los límites del poder y la libertad de prensa en Argentina? 93 tuits, una denuncia y un precedente inquietante en la era digital.
En las últimas semanas, el caso de la periodista Julia Mengolini volvió a colocar en el centro del debate argentino la relación entre el poder político y el ejercicio de la libertad de expresión. El disparador: una serie de 93 publicaciones realizadas o compartidas por el presidente Javier Milei en X (ex Twitter), entre el 28 y el 30 de junio, en las que se dirigió de forma reiterada a Mengolini, replicando contenidos ofensivos, burlas y un video manipulado con inteligencia artificial.
Aunque los señalamientos públicos a periodistas no son una novedad en el actual gobierno argentino, el volumen, el tono y el tipo de contenido involucrado en este episodio marcaron un punto de inflexión. Lo que comenzó como una respuesta del presidente a una crítica, devino en una cadena de hostigamiento digital sin precedentes recientes desde una cuenta oficial.
Este caso, que derivó en denuncias cruzadas entre Mengolini y Milei, plantea interrogantes relevantes no solo desde lo político y mediático, sino también desde el enfoque jurídico y de derechos humanos. ¿Dónde se traza el límite entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el uso del poder para perseguir a voces críticas? ¿Qué ocurre cuando se combinan desinformación, discursos estigmatizantes y recursos estatales?
El conflicto escaló cuando cuentas afines al oficialismo comenzaron a difundir un video generado con inteligencia artificial que aludía a una supuesta relación incestuosa entre Mengolini y su hermano. Ese material fue luego amplificado por el presidente. En sus declaraciones, ella afirmó: “No era solo para hacerme sufrir, era para torturarme.”
El 1° de julio, Milei denunció penalmente a Mengolini por injurias en el Juzgado Federal N.º 7, invocando expresiones suyas de 2023 en las que, según la presentación, habría hecho alusiones ofensivas hacia el mandatario.
Pocos días después, la periodista presentó una denuncia penal contra el presidente, funcionarios de su entorno y usuarios de redes sociales, con el patrocinio legal de Juan Grabois y el respaldo de la organización Argentina Humana. La denuncia es por «amenazas, intimidación pública e incitación al odio, malversación de fondos públicos y asociación ilícita destinada a combatir ideologías e imponer sus ideas por la fuerza». En este marco, el juzgado interviniente ordenó medidas de protección para Mengolini, incluyendo custodia policial y botón antipánico, al considerar que existe un “riesgo cierto” para su integridad física y psíquica.
Además de la vía judicial, el caso también fue expuesto públicamente en distintos espacios institucionales. El 15 de julio se realizó una clase magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sobre el vínculo entre inteligencia artificial y violencia estatal, donde Julia Mengolini y su abogado Juan Grabois alertaron sobre nuevas formas de hostigamiento digital desde el poder.
En paralelo, Grabois advirtió en una entrevista con Crónica TV sobre el uso de deep fakes como herramienta de “terrorismo psicológico con fines políticos”. Por su parte, Mengolini también presentó su testimonio en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, en el marco de una convocatoria sobre violencia política contra mujeres y disidencias.
Estas dos intervenciones públicas —una académica, otra parlamentaria— mostraron no solo la dimensión institucional del caso, sino también su relevancia en los debates actuales sobre libertad de expresión, violencia política, tecnología y género.
Este no es un caso aislado. Según datos de FOPEA, en el primer año de gestión del actual gobierno se registraron al menos 173 ataques a la prensa, de los cuales el 32% provinieron directamente del presidente. Además, La Nación contabilizó más de 410 menciones despectivas hacia periodistas y medios en discursos oficiales.
Las expresiones utilizadas —“ensobrados”, “farsantes”, “basuras humanas”, “torturadores seriales”— se han reiterado en distintas plataformas. Además del caso Mengolini, en mayo de 2025, Milei denunció penalmente a otros tres periodistas: Carlos Pagni (La Nación), Viviana Canosa (Canal 13) y Ari Lijalad (El Destape) por alegadas calumnias e injurias, acusándolos de ser “prostitutos políticos”. Estos episodios se suman a decisiones estructurales que afectan el ecosistema informativo y el acceso a información plural: el cierre de la agencia estatal Télam, la eliminación de la pauta oficial y la reducción de espacios en medios públicos.
Este contexto ha tenido repercusiones internacionales. En su último informe (de 2025), Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió sobre un “retroceso alarmante” en la libertad de prensa en Argentina y ubicó al país en el puesto 66 del ranking mundial, marcando una caída de 21 lugares respecto al año anterior. Entre los principales motivos, RSF señala el discurso estigmatizante desde el poder, el debilitamiento de medios públicos y el aumento de agresiones en entornos digitales.
A este clima contribuyen también ciertos códigos simbólicos difundidos desde las propias redes del presidente. Entre ellos, la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” fue compartida y viralizada desde su cuenta personal, en respuesta a críticas de la prensa. En algunos espacios digitales afines al oficialismo, esa expresión incluso comenzó a circular bajo forma de sigla (NOSALP), como consigna irónica o de validación. Aunque aparentemente banal, este tipo de gestos refuerza una narrativa de confrontación sostenida y organizada desde el poder.
Desde el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión de los funcionarios públicos goza de protección, pero también exige responsabilidad. La Corte Interamericana ha sostenido en reiteradas ocasiones que los altos funcionarios están sujetos a un deber reforzado de tolerancia frente a la crítica, y que el poder estatal no puede ser utilizado para intimidar, perseguir o silenciar voces disidentes.
La utilización de tecnologías como la inteligencia artificial para replicar contenido falso con intenciones difamatorias plantea desafíos jurídicos emergentes reconocidos ya por organismos internacionales de derechos humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión han alertado sobre los riesgos de los deep fakes como potenciales instrumentos de desinformación y violencia simbólica cuando provienen del Estado o son amplificados desde el poder, y han instado a los Estados a desarrollar políticas regulatorias y preventivas al respecto.
En el ámbito regional, el Informe Anual 2024 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH enfatiza en que la desinformación generada o replicada por autoridades públicas no solo socava la confianza en el ecosistema informativo, sino que también viola el derecho de la sociedad a recibir información plural y veraz. La RELE recuerda que “las autoridades públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y a la libertad de expresión” y que deben “abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes o intencionadamente falsas, que puedan incrementar el riesgo de violencia contra periodistas, opositores u otros actores sociales”.
Por tanto, en este caso, la participación del presidente en la amplificación de contenido falso generado con IA trasciende lo simbólico: representa un precedente que tensiona los estándares interamericanos y exige medidas institucionales para evitar que el discurso estatal se convierta en plataforma de desinformación dañina.
Sin pluralismo, no hay democracia sustantiva. Y sin garantías para que los periodistas puedan expresar ideas sin temor a represalias, no hay libertad de expresión plena. ¿Qué pasa cuando el poder, en lugar de tolerar la crítica, la convierte en blanco? Lo que debería generar debate, termina activando mecanismos de disciplinamiento. El caso Mengolini puede ser el síntoma más visible de un clima hostil que se naturaliza en redes y se legitima desde el Estado. Defender a una periodista que fue blanco de hostigamiento no es un gesto individual: es defender el derecho colectivo a disentir sin miedo.
Citación académica sugerida: Rubio Argüello, María Luz. 93 tuits después: Julia Mengolini y un caso testigo para la libertad de prensa en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2025/08/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/julia-mengolini-libertad-de-prensa-en-argentina/
Palabras clave: Argentina, libertad de prensa, Javier Milei, inteligencia artificial, derechos humanos, Julia Mengolini.
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Semblanza: Comunicadora y periodista argentina con más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica, periodismo de investigación y derechos humanos, con un enfoque actual en género y tecnología.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
