La ofensiva contra la democracia en Guatemala y lo que anticipan las elecciones de 2027
25 de Julio de 2025
Guatemala vive una ofensiva autoritaria que debilita su sistema electoral y amenaza las elecciones de 2027, con persecución judicial y creciente desmovilización ciudadana.
Guatemala vive una ofensiva autoritaria que debilita su sistema electoral y amenaza las elecciones de 2027, con persecución judicial y creciente desmovilización ciudadana.
La ofensiva contra el sistema electoral avanza en dos fases conectadas. Primero, durante el proceso electoral de 2023, se intentó excluir a candidaturas incómodas para el oficialismo. Luego, al no lograr el resultado deseado, el Ministerio Público emprendió una campaña para desacreditar el resultado electoral. Intentó frenar la segunda vuelta y, tras la derrota del bloque gobernante, activó una estrategia judicial para invalidar las elecciones. Este patrón augura una regresión autoritaria, con efectos corrosivos hacia 2026 y 2027.
Uno de los avances más significativos de la transición a la democracia fue la instauración de un modelo de administración electoral conducido por ciudadanos voluntarios, tras décadas marcadas por fraudes. Este marco se articuló a partir de tres decretos fundamentales: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto 30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos (Decreto 31-83) y la Ley de Organizaciones Políticas (Decreto 32-83). Luego, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, se promulgó la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional, que consolidó dicho modelo.
La LEPP define una estructura descentralizada, integrada por órganos temporales conformados por ciudadanos voluntarios: las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos (art. 153). El proceso se realiza íntegramente en papel. Las juntas receptoras son responsables de la recepción, escrutinio y cómputo de los votos (arts. 180 y 186); elaboran actas, sellan documentación y entregan los sacos electorales a la junta municipal correspondiente (art. 186, lit. l), que totaliza los resultados y los remite a la junta departamental (art. 178, lits. h y k). Esta última, con presencia de fiscales de los partidos, revisa el escrutinio, verifica la documentación y declara la validez de la elección (arts. 177, 238 y 243).
Todo el procedimiento se apoya en documentos físicos como actas, papeletas y sacos cuidadosamente custodiados en cada etapa. El diseño legal garantiza (y ha garantizado en estas cuatro décadas) trazabilidad, control ciudadano y fiscalización política en cada etapa del proceso. En 2023, más de 100,000 ciudadanos integraron las juntas receptoras de votos.
Aunque el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) no tiene valor legal, en 2023 se incorporó la herramienta Simple Proof, basada en el protocolo OpenTimestamps y anclada en la blockchain de Bitcoin. Cada conjunto de actas escaneadas generó una huella digital (hash raíz) que quedó registrada de forma pública e inalterable.
Esto permitió que cualquier ciudadano pudiera verificar en línea la existencia y la integridad de cada acta digitalizada, incluso durante la fase preliminar. Aunque los resultados legales siguen siendo los del conteo en papel, esta capa técnica reforzó la trazabilidad del proceso y permitió detectar manipulaciones. Aun así, fue blanco de ataques infundados por parte del Ministerio Público.
En julio de 2023, nueve partidos políticos acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se repitieran las audiencias de revisión de escrutinios, alegando discrepancias entre actas físicas y datos preliminares del TREP. La CC accedió, aunque la LEPP no contempla tal medida y el tribunal carecía de competencia para resolverlo.
Las audiencias se repitieron. Se cotejaron las actas. Las variaciones fueron mínimas: no superaron el 0.5%, atribuibles a errores humanos en la transcripción. Pero eso fue solo el comienzo.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y el Ministerio Público (MP), bajo la fiscal general Consuelo Porras, ambos sancionados por Estados Unidos y 41 países más, abrieron una investigación penal orientada a desacreditar el proceso electoral mediante supuestos indicios de fraude, sin presentar pruebas verificables hasta el momento.
El 30 de septiembre de 2023, en un operativo sin precedentes, más de 100 agentes de la Policía Nacional Civil acompañaron a la FECI en un allanamiento a la sede del TSE. La intervención duró 21 horas. Se confiscaron 125 mil documentos originales, incluidos los resultados oficiales de la primera vuelta. Los magistrados del TSE intentaron impedir físicamente la salida del material. Ofrecieron entregar copias certificadas y denunciaron públicamente que el MP violaba la custodia del voto.
El 8 de diciembre de 2023, en una conferencia de prensa, el jefe de la FECI cuestionó la integridad del sistema blockchain del TREP, al señalar que se detectaron actas con “discrepancias horarias”, es decir, digitalizadas supuestamente antes del cierre oficial de las mesas de votación. A partir de ese argumento, la fiscalía acusó al exdirector de informática del TSE, Jorge Santos Neill, de permitir la carga anticipada de actas y beneficiar así al partido Semilla, actualmente en el gobierno.
No obstante, especialistas han explicado que esas diferencias horarias se deben a desajustes de zona en los escáneres o equipos, sin que eso implique manipulación de resultados ni afecte la integridad de los datos anclados a la cadena de bloques. Pero aún más importante: como establece la Ley Electoral, el único resultado oficial es el que se establece en papel. Pese a todo, Santos fue continúa procesado y en prisión preventiva en una cárcel de alta peligrosidad y el caso continúa en curso.
La Junta Electoral del Distrito Central, según el diario Prensa Libre, también está bajo investigación por contratar un sistema de monitoreo complementario al TREP. Aunque el contrato fue cancelado tras la primera vuelta, es la primera vez que una junta electoral, formada por ciudadanos voluntarios, enfrenta un proceso penal por hacer su trabajo.
Por si fuera poco, cuatro de los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron suspendidos por una Corte de Apelaciones, aunque no están en prisión preventiva. Desde entonces, el TSE opera con una sola titular y cuatro suplentes, una configuración que debilita su funcionamiento. Según el artículo 124 de la Ley Electoral, solo los titulares tienen prohibido ejercer su profesión, lo que implica dedicación exclusiva.
Esta restricción no aplica a los suplentes, cuyo rol no está diseñado para ser permanente ni de tiempo completo. Un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad calificó la medida de suspender a los magistrados titulares del TSE como “sin fundamento legal” y advirtió que sienta un “precedente peligroso”.
Si bien la falta de estos cuatro titulares no elimina el quórum, pues el pleno puede integrarse con los suplentes, pero sí altera su funcionamiento natural. La presidencia, que debe rotar cada año entre los magistrados propietarios, quedó concentrada en una sola magistrada porque los suplentes no pueden asumir ese rol. Incluso hubo debate interno por la entrega de la presidencia, lo cual dio lugar a amparos presentados por los suplentes. Esta situación distorsiona el carácter colegiado del TSE y, aunque el tribunal sigue sesionando, limita su capacidad de deliberar y planificar con la estabilidad y continuidad que exige su mandato legal de organizar, convocar y garantizar las próximas elecciones.
Según el artículo 123 de la LEPP, el TSE se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, electos por el Congreso a partir de una nómina de 40 candidatos que presenta una Comisión de Postulación. El mandato dura seis años. En consecuencia, el relevo de autoridades del TSE debe realizarse en marzo de 2026, año clave para el futuro del sistema.
Este proceso enfrentará un entorno institucional deteriorado. El acoso judicial ha golpeado el corazón del TSE: magistrados suspendidos, funcionarios en prisión preventiva, procesos penales abiertos. ¿Qué profesional del derecho se atreverá a postularse tras ver el costo personal de ejercer el cargo? El temor y la incertidumbre complican la integración de una nómina creíble de candidatos.
Al mismo tiempo, se anticipa menor disposición ciudadana para integrar juntas electorales en 2027. Quienes participaron en 2023 han sido objeto de ataques judiciales y reputacionales. La destrucción de capacidades institucionales amenaza directamente la preparación de los próximos comicios.
Lo más grave es el silencio. Varios sectores políticos, sociales y económicos guardan distancia, quizá por cálculo, quizá por miedo. Pero esa inacción permite el desmantelamiento de uno de los pocos instrumentos democráticos que aún funcionaban con legitimidad: las elecciones transparentes.
Otros actores no han guardado silencio, sino que han contribuido activamente a socavar el proceso. Sandra Torres, candidata de la UNE, no reconoció su derrota pese a una diferencia de más de 800 mil votos y promovió denuncias penales contra los magistrados del TSE. Por su parte, el excandidato presidencial Manuel Conde (VAMOS) cuestionó públicamente la legitimidad de la observación internacional hace pocos días, sugiriendo que debería restringirse su papel en futuros comicios.
El sistema electoral guatemalteco, diseñado para garantizar independencia y control ciudadano, enfrenta una ofensiva sin precedentes. La próxima batalla será en 2026. Si no se defiende hoy, en 2027 no quedará nada que defender.
Citación académica sugerida: Ortiz Romero, Edgard. La ofensiva contra la democracia en Guatemala: lo que anticipan las elecciones de 2027. Agenda Estado de Derecho. 2025/07/25. Disponible en:
Palabras clave: Guatemala, Estado de Derecho, elecciones
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala; magíster en economía por Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor universitario y director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala. Es miembro del Consejo Editorial de Agenda Estado de Derecho
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
