Regular la forma de emisión de votos por quienes hacen las designaciones es vital, pues  muchos Estados como el costarricense hasta inicios de este año, siguen normas de siglos pasados, anacrónicas frente al avance del principio democrático y de rendición de cuentas, que establecen un tipo de votación secreta y no motivada de las cámaras electoras (Parlamento, Ejecutivo, Judicial) lo que, sin duda alguna, violenta el deber de rendición de cuentas de quienes ostentan puestos públicos.

En Costa Rica las diputaciones (elegidas mediante sufragio universal) designan a quienes ostentan las magistraturas (y estas, a su vez, designan a los altos componentes del órgano electoral y a la judicatura de más alto rango, así como a la Fiscalía General).

El Reglamento y la práctica legislativa optaban por votaciones secretas y sin motivación en todos estos casos. Aunque la Sala Constitucional había declarado inconstitucional algunas de esas normas, el pronunciamiento no había abarcado la totalidad de los artículos reglamentarios y otras acciones planteadas no fueron atendidas con la celeridad requerida.

Así las cosas, un grupo de actores de la sociedad civil presionó por los cambios normativos hasta que, finalmente, se adoptó la obligación del voto público en el seno del Parlamento. De igual manera, aunque la propia Corte Suprema de Justicia inicialmente se negó a utilizar el voto público para la elección interna de sus autoridades, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma legal a la Ley Orgánica del Poder Judicial para propiciar la publicidad en las decisiones de ese órgano, lo que lleva aparejado, implícitamente, la necesidad de motivación del acto y la responsabilidad de quienes adoptan cada decisión inclusive por culpa in eligiendo.   

Empero, en la discusión surgieron una serie de mitos que deben desenmascararse con argumentos jurídicos:

i. El voto público de quienes eligen no es equiparable al voto secreto de la ciudadanía. Para esta el secreto del sufragio es una garantía frente a los abusos del poder y para hacer realidad la democracia participativa sin presiones. El funcionariado público ostenta un puesto de servicio y debe rendir cuentas de sus actos ante la colectividad. Una forma de hacerlo es expresar (y justificar) por quién vota para ciertos puestos y por qué lo hace por esa persona y no por otra.

ii. La existencia de reglas de inferior rango que existan en los países sobre voto secreto no implica que se deban desconocer principios y normas superiores que obligan al voto público: la rendición de cuentas, la publicidad, la transparencia, la idoneidad en el desempeño de los puestos y la razonabilidad de los actos son principios convencionales o constitucionales contenidos en diversos textos de los países de la región. Ante ellos deben ceder las antiguas reglas legales y reglamentarias o, en general, de rango inferior, emitidas en otros contextos históricos y que buscaban esconder en el secretismo y la opacidad los intereses contrapuestos, conflictos de interés, negocios, corrupción, etc.

iii. La publicidad no expone a riesgos al funcionariado público: antes bien, es garantía de salud democrática. El secretismo sí expone a altísimos riesgos los intereses de cada nación, pues por esa vía la institucionalidad puede resultar cooptada por grupos criminales para satisfacer sus intereses particulares que entran en conflicto con los de la colectividad.