31 de Octubre de 2022
Reacciones legislativas al populismo digital en Brasil, tercera entrega
Presentación del especial para AED sobre las reacciones estatales y de la iniciativa privada para contener las negativas consecuencias del populismo digital en Brasil.
0.En la última década, el debate político en Brasil cambió considerablemente con la inserción de nuevas tecnologías de información y comunicación. Según los datos del Directorio de Análisis de Políticas Públicas de la Fundación Getúlio Vargas (DAPP/FGV), desde las elecciones generales de 2014 en Brasil hubo un aumento considerable en la utilización de cuentas falsas en las redes sociales. Ello posibilitó que «la manipulación y diseminación de mentiras y difamaciones pudiesen ganar una dimensión aún más grande en las redes sociales» [1: Em português] (Traducción propia, p. 25). Igualmente, las elecciones de 2018 estuvieron marcadas por denuncias relacionadas con la utilización de disparos masivos de mensajes por medio de aplicaciones de mensajería con la inversión de empresarios y sin declaración oficial al Tribunal Superior Electoral. Irregularidad que puede resultar en la casación de una candidatura en Brasil, es decir la pérdida de la investidura de una autoridad electa popularmente. Con la utilización de nuevas tecnologías en la discusión pública -no siempre de manera positiva- era inevitable que el tema se haya convertido en una agenda importante para el poder legislativo nacional.
En esta tercera y última parte del especial «Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas» se presenta un mapeo de la actuación del Congreso Nacional brasileño frente a la utilización maliciosa de los medios de comunicación digitales, como las redes sociales, en contra de agentes públicos e instituciones públicas. Aunque hasta ahora no se aprobó ninguna ley que haga cambios significativos en la regulación digital en Brasil, la legislatura que fue electa en 2018 -equivalente a la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado Federal- demostró un interés particular en esa materia. Actualmente, el proyecto de ley más robusto es el conocido popularmente como «Ley de las Fake News» (No. 2630/2020), el cual recoge más de 80 proyectos de ley propuestos desde 2015. Las fechas en las que fueron propuestos estos proyectos denotan un aumento en el interés por una acción legislativa de aprobación de una ley que regule las redes sociales:
Sin embargo, el deseo de establecer reglas para la responsabilidad de las empresas de Internet y la moderación de contenido en el espacio digital, no ha sido de iniciativa exclusiva del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo también presentó un proyecto de ley, que pretendía dificultar la moderación de contenido y el bloqueo o suspensión de cuentas y publicaciones en las redes sociales. Especialmente después de tener sus publicaciones consideradas como “engañosas” y la suspensión de la cuenta de Twitter del ex presidente de EE.UU. Donald Trump, el presidente brasileño ha sido un gran crítico de la manera en cómo las redes sociales hacen la moderación de contenido actualmente. El año pasado, Bolsonaro señaló que “Excluirme de las redes sociales es salir de las reglas de nuestra Constitución. Nosotros no podemos aceptar una decisión así” [2: En portugués] (Traducción Propia) y que “la decisión de Facebook de excluir de la plataforma social a mí o a alguien de la población es increíble”. [3: En Portugués] (Traducción propia) Las críticas vinieron acompañadas de la propuesta de un proyecto de ley que regulase el tema (Proyecto de Ley 3227/2021) ante el Congreso Nacional.
Actualmente, la principal regulación en Brasil para los temas relacionados al ambiente digital es la Ley 12.965/2014, conocida como Marco Civil da Internet.
El Marco Civil de Internet sigue siendo -ocho años después de su aprobación- la legislación más importante en regulación digital y la principal herramienta disponible para combatir el populismo digital en Brasil. Pero es necesario hacer hincapié no sólo en lo que regula la ley, sino también en las lagunas regulatorias que pueden ser encontradas. El Marco Civil no dispone reglas sobre la moderación de contenido, disparos masivos de mensajes y publicidad política. El avance del populismo digital en Brasil en los últimos años -permitido por un ambiente de escasa reglamentación- impulsó la actuación legislativa hacia la búsqueda de soluciones.
De las medidas propuestas, la única aprobada en Brasil fue la Ley 14.192/2021. Aunque la temática general sea la prohibición y punición de la violencia política contra las mujeres, la nueva legislación añadió un dispositivo al Código Electoral brasileño que criminaliza la divulgación intencional de informaciones que se sabe que no son verdaderas en la campaña electoral o en la propaganda electoral. La norma se aplica a todos los medios incluyendo las redes sociales.
Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado: (Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021)
Pena – detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei nº 14.192, de 2021)
I – é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real; (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
II – envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. (Incluído pela Lei nº 14.192, de 2021)
Art. 323. Revelar, en la propaganda electoral o durante el período de campaña electoral, hechos que se sabe que son falsos en relación con los partidos o candidatos y que son capaces de ejercer influencia ante el electorado: ( Ley Nº 14192 de 2021)
Pena – Detención de dos meses a un año, o pago de 120 a 150 días de multa.
Párrafo único. Revocada. (Ley nº 14192 de 2021)
I – se comete a través de la prensa, la radio o la televisión, o a través de Internet o de las redes sociales, o se difunde en tiempo real; (Incluido por la Ley nº 14.192, de 2021)
II – implica el desprecio o la discriminación de la condición de la mujer o de su color, raza o etnia. (Incluido por la Ley nº 14.192, de 2021)
Además de este cambio aprobado en 2021 lo que existen son proyectos de ley para mayor moderación del contenido en línea y para frenar la desinformación.
El proyecto de ley 2630/2020, popularmente llamado «Ley de las Fake news» pero oficialmente conocido como Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en la Internet, es la principal movilización del poder legislativo para frenar la propagación de la desinformación en Brasil. De ser aprobado este proyecto de ley por el Congreso Nacional, estos son algunos cambios que tendrían que darse en la regulación digital brasileña:
Las tentativas de aprobación rápida de la propuesta fueron acompañadas de estrictas críticas al proyecto. Particularmente por los más afectados por la regulación: las empresas de tecnología. En febrero de 2022, empresas como Google, Meta y Twitter divulgaron una manifestación pública llamada «El proyecto de ley 2630/2020 (Ley de las Fake News) dejó de estar dirigida a combatir las Fake News». Las críticas se enfocan en la obligación de hacer compensaciones económicas a las empresas periodísticas, argumentando que no hay criterios transparentes para eso y las consecuencias jurídicas para las plataformas que hagan la moderación de contenido de manera errónea, lo que desalentaría la acción autónoma de la empresa, por tener temer cualquier sanción.
Por otro lado, el proyecto alternativo presentado por el gobierno brasileño tampoco procura facilitar la moderación de contenido autónomo por parte de las empresas. Todo por el contrario, lo que se pretende es restringir la autorregulación de las empresas y dificultar la posibilidad de responsabilidad de las empresas en el entorno digital. El proyecto de ley 3227/2021 desea alterar las disposiciones del Marco Civil de Internet en la siguiente manera:
Así como ocurre en el ámbito global, en Brasil el tema de la utilización de la estructura de Internet para propagar discursos antidemocráticos, desinformación y discurso de odio -con clara afectaciones a la garantía de los valores democráticos y la protección de los derechos individuales- ha ganado un espacio fundamental en la agenda legislativa.
Propuestas con distintas visiones han surgido en el debate público y pocos consensos son observados en las discusiones legislativas. Lo que sí es evidente es el llamado de la sociedad civil a una discusión seria, deliberativa e inclusiva de todos los proyectos en discusión. Todos los intentos – tanto del gobierno nacional como del congreso nacional – de una aprobación rápida y poco participativa de cualquier regulación en Internet ha sufrido un rechazo social contundente.
En abril de 2022 una vez más el pedido de tramitación con urgencia del proyecto de ley de las «Fake News» fue rechazado por la Cámara de Diputados. Por ahora va ganando la necesidad de un diálogo social profundo y la necesidad de que todas las voces afectadas puedan encontrar un espacio donde manifestar sus desacuerdos y/o consensos.
1: O surgimento de contas automatizadas permitiu que estratégias de manipulação, disseminação de boatos e difamação, comumente usadas em disputas políticas, ganhassem uma dimensão ainda maior nas redes sociais.
2: Versão original: «“Me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas [sic]. A gente não pode admitir o jogo baixo dessa natureza….»
3: «Agora o Facebook bloquear a mim e a população é inacreditável»
Diagramación y producción de gráficas:
Palabras clave: Populismo digital, Brasil, Populismo
Citación académica sugerida: Walter de Santana, Anna Luisa & Archegas, João Gabriel. Reacciones legislativas al populismo digital en Brasil - Tercera Entrega Agenda Estado de Derecho, 2022/10/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reacciones-legislativas-al-populismo-digital-en-brasil/
Consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, con estancia doctoral en la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Derecho del Estado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas.
Estudiante de la graduación en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. Investigador en la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, donde investiga las relaciones entre democracia, empresas y derechos humanos.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
