Si bien a nivel global se han utilizado ciertos criterios para priorizar la distribución de vacunas con base en el nivel de riesgo, el acceso a las pocas vacunas disponibles en Venezuela está condicionado a un criterio ilegítimo y sin ninguna relación con la salud: estar registrado en el Sistema Patria y poseer el Carnet de la Patria. Este sistema biométrico y documento con código QR es utilizado para ejercer un control social en la población a través de la tecnología, almacenando información personal y cotejándola con lo recabado en otras bases de datos del Estado. El uso inconstitucional del carné para acceder a las vacunas no es algo novedoso, pues es una política documentada desde al menos el año 2017 en materia de vacunación y se extiende a la distribución de alimentos subsidiados, gasolina y otros bienes indispensables para la supervivencia.

Así, el Carnet de la Patria ha sido un instrumento utilizado para el control social y el monitoreo de la actividad política de los inscritos, como ha denunciado en varias oportunidades el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por ejemplo, Mario D’Andrea, abogado y defensor de derechos humanos, después de estar cinco horas y media en la jornada de vacunación del hospital José Gregorio Hernández, en el sector Los Magallanes de Catia de Caracas, dejó constancia del siguiente testimonio:

“Una miembro del personal del hospital nos dijo ‘ustedes vinieron a hacer la cola porque quisieron, la información de las vacunas llega sólo por el sistema patria y ningún otro lado’. Yo le respondí ‘yo no estoy inscrito en el sistema patria, pero soy venezolano, aquí está mi cédula, yo tengo derecho a la salud’ y ella me dice ‘sí, tú tienes derecho a la salud, pero la información llega por el sistema patria nada más’. 

Otra persona, de mediana edad, que se encontraba en la fila también le dice ‘yo soy venezolana y tengo derecho a la salud’, y esta mujer le responde ‘por qué no te vas a donde tú vives, que por cómo estás vestida tú tienes para pagar la vacuna’ y se dio la vuelta y se fue”.

Este testimonio concuerda con la situación documentada en el estado Bolívar, donde el Gobernador Justo Noguera Pietri declaró: “De acuerdo con la disponibilidad nos toca ir en una fase gradual, a través del carnet de la patria y por necesidades reales, ir vacunando”. Se supo además que se le negó a los trabajadores de la salud el ser vacunados en el Complejo Hospitalario Enrique Tejera París, en el estado Carabobo, por no poseer el Carnet.

Todo esto va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana en su artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, así como en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado. De igual forma, la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados “deben asegurar la distribución a las vacunas, y su acceso equitativo y universal, a través de la elaboración e implementación de un plan nacional de vacunación; y en consecuencia, abstenerse de tratos discriminatorios”. Venezuela, por el contrario, continúa incumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales en esta materia, al negar un efectivo acceso a la salud a la ciudadanía.

La ciudadanía venezolana se encuentra en un estado de desprotección frente al Estado en medio de una pandemia de escala mundial. Es urgente que se permita el ingreso a la cooperación internacional y que se trabaje junto a organismos internacionales para evitar aún más la profundización de la emergencia humanitaria compleja que azota al país. De igual forma, el proceso de vacunación debe ser transparente, siguiendo estándares internacionales e involucrando a la sociedad civil y actores humanitarios.