8 de Marzo del 2023

Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia

Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia
Foto. Dan Dimmock en Unsplash.

En ocasión del 8M, Agenda Estado de Derecho me invitó a analizar la participación de las mujeres en la academia y los desafíos y barreras que enfrentamos en ese ámbito. La (des)igualdad de género, los modos de ‘vivir una vida feminista’ y la creación de un espacio laboral inclusivo son temas que definen esta época y que no son fáciles de tratar en un texto corto. Propongo entonces abordar esta pregunta en tres pasos: ¿es la participación de las mujeres lo que importa? ¿Tiene sentido concentrarse en los desafíos que enfrentan las mujeres? La pregunta de especial interés para las/os abogadas/os quedará relegada para el final: ¿cuál es el rol que el derecho juega en esto?

Superar la idea de ‘participación’

Articular la problemática de la (des)igualdad de género en la academia alrededor de la ‘participación’ de mujeres puede arrojar una mirada incompleta sobre la inclusión de género o la promoción de diversidad en una determinada institución o comunidad académica. Es cierto que la presencia de mujeres puede ser un reflejo acertado de los efectos excluyentes (o, en casos excepcionales, incluyentes) de una comunidad o disciplina: en efecto, la cantidad de mujeres profesoras a tiempo completo en institutos de alta educación, mujeres candidatas a doctoras, textos académicos escritos por mujeres, etc., son buenos indicadores sobre quiénes son (y quiénes no son) aquellas/os con autoridad epistémica y capacidad de influencia. Incluso si excavamos más allá de esta primera capa, podemos encontrar más información susceptible de ser cuantificada y exhibida en forma de estadística: mujeres que logran publicar en los journals más prestigiosos, mujeres que participan en conferencias, mujeres que envían sus trabajos para publicación, mujeres cuyos trabajos son citados, etc.

Por más reveladores (y frecuentemente desalentadores) que sean los números, estos indicadores son insuficientes para tener una conversación profunda sobre el espacio que ocupan las mujeres en comunidades académicas. La presencia cuantificable de mujeres no necesariamente ilustra el modo en el que ellas experimentan el ejercicio de la profesión o la pertenencia a determinada comunidad. Las formas de opresión y subyugación toman las formas más variadas, muchas de las cuales son sutiles y permanecen debajo del radar. Los avances sexuales no consentidos abundan, pero los modos de exclusión también pueden darse hasta en las actividades más mundanas de la academia, como en los adjetivos empleados para describir mujeres en cartas de recomendación, documentado en el ámbito del derecho internacional (acá). La exclusión y el sentido de disminución cotidianos pueden acumularse hasta hacer sentir a una que la academia es un espacio al que nunca perteneció ni podrá pertenecer jamás. En su extraordinario libro de ensayos The Right to Sex (recientemente traducido al español por Anagrama), la filósofa Amia Srinivasan nos hace pensar no solo en las ‘mujeres que dejan de ir a clase, que se convencen de que no están hechas para la vida académica, que abandonan sus estudios de grado o posgrado’, sino también en ‘aquellas que quedan con un sentido disminuido de sus capacidades intelectuales, escépticas cuando otros profesores hombres muestran interés en su trabajo y ansiosas de que, en caso de triunfar, su éxito sea atribuido a otra persona u otra cosa’. Es a este tipo de experiencias a las que deberíamos prestar atención.

Repensar el potencial de la categoría de ‘mujeres’

Rearticular la conversación para abordar tanto el modo en el que las mujeres experimentan su vida como investigadoras como las desigualdades sutiles y anidadas en las instituciones académicas es solo el primer paso. También es importante indagar en la categoría de ‘mujeres’, a fin de desagregar qué clase de desigualdad estamos remediando cuando se piensa en su inclusión. Ello implica plantear una pregunta contraintuitiva: ¿tiene sentido pensar en la discriminación solo en contra de esa categoría o grupo? Aunque más infrecuente, el papel del victimario no solo está limitado a los hombres — la reciente estrenada película de Todd Field, Tár, propone un ejemplo ficticio, pero probablemente reconocible. Más allá de este contrapunto casi anecdótico, lo esencial es recuperar lo que el feminismo interseccional viene señalando hace décadas: que la desigualdad de género está atravesada por otras clases de opresiones: poder económico, clase social, raza, orientación sexual, etc.

El modo en el que se manifiestan estas matrices de poder — esto es, qué forma concreta toma la opresión y exclusión en una determinada comunidad o institución — no necesariamente tiene el mismo aspecto en todos los contextos. En el ámbito que me resulta más cercano, que es la academia del derecho internacional (experimentada desde Europa como no europea), las dinámicas suelen estar significativamente marcadas por factores como la clase, el poder adquisitivo y la proveniencia geográfica. Pensar únicamente sobre la base de la categoría de ‘mujeres’, en mi experiencia, no siempre ha sido suficiente. Muchas veces he encontrado que, al pensar sobre mi sentido de pertenencia a la academia, comparto más obstáculos con mis colegas del sur global que con colegas mujeres del norte. Reflexionar acerca de la participación e inclusión implica cuestionar la categoría de mujeres como un grupo homogéneo, y asumir que no en todos los contextos es la lente más relevante a través de la cual analizar una situación de exclusión.

El rol del derecho

¿Qué rol juega el derecho en esta discusión? Los análisis jurídicos sobre este tema suelen concentrarse en una pregunta normativa: por qué las mujeres deberían ocupar determinado lugar, o por qué determinada composición institucional debería ser remediada. El impulso profesional de las/os abogadas/os suele dirigirlas/os a buscar una respuesta en el derecho existente. Una respuesta estándar podría hacer referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer u otro instrumento de derechos humanos. El problema es que esta referencia nos diría poco acerca de por qué queremos una academia, una comunidad de investigación, más diversa. ¿Queremos construir espacios inclusivos solo porque lo manda un artículo constitucional o de un tratado internacional?

La insuficiencia de la invocación de derechos no quiere decir que el derecho no sea importante. El derecho es crucial para entender cómo una institución, o conjunto de instituciones, producen determinado estado de cosas. ¿Ha facilitado el derecho a que las mujeres (o todas/os aquellas/os que no son hombres blancos) se encuentren en una situación de desventaja? En el derecho internacional, ¿qué dispositivos jurídicos han permitido la predominancia de la producción académica de hombres blancos del norte global (y, con el pasar del tiempo, quizá la de mujeres blancas de la misma proveniencia)? Además de ayudarnos a responder esta clase de preguntas, el derecho también puede ser decisivo para remediar estas situaciones. No obstante, hay que tener cautela y no sobre prometer el potencial del derecho, entendiendo que este no tiene la capacidad de resolver todo. Invocando a Srinivasan una vez más: ‘la pregunta para las feministas es para qué formas de desigualdad usaremos la ley y qué formas son susceptibles solo a las fuerzas del cambio social’.

Promover una conversación constructiva sobre la pertenencia de mujeres a espacios académicos, que aborde la raíz del problema, conlleva plantear preguntas difíciles, y muchas veces incómodas. En este 8 de marzo, mis reflexiones son tres: pensar más allá de la idea de participación, entender que la categoría de mujeres no es homogénea, y abrazar la idea de que el derecho no siempre es suficiente.

Citación académica sugerida: Uriburu, Justina. Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/repensar-la-participacion-de-las-mujeres-en-la-academia/

Palabras claves: participación femenina, participación en la academia, agendas de inclusión y diversidad, interseccionalidad, potencial del derecho.

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ACERCA DE LA AUTORA
Justina Uriburu

Investigadora doctoral en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID) de Ginebra, Suiza.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.