8 de Marzo del 2023

Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia

Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia
Foto. Dan Dimmock en Unsplash.

En ocasión del 8M, Agenda Estado de Derecho me invitó a analizar la participación de las mujeres en la academia y los desafíos y barreras que enfrentamos en ese ámbito. La (des)igualdad de género, los modos de ‘vivir una vida feminista’ y la creación de un espacio laboral inclusivo son temas que definen esta época y que no son fáciles de tratar en un texto corto. Propongo entonces abordar esta pregunta en tres pasos: ¿es la participación de las mujeres lo que importa? ¿Tiene sentido concentrarse en los desafíos que enfrentan las mujeres? La pregunta de especial interés para las/os abogadas/os quedará relegada para el final: ¿cuál es el rol que el derecho juega en esto?

Superar la idea de ‘participación’

Articular la problemática de la (des)igualdad de género en la academia alrededor de la ‘participación’ de mujeres puede arrojar una mirada incompleta sobre la inclusión de género o la promoción de diversidad en una determinada institución o comunidad académica. Es cierto que la presencia de mujeres puede ser un reflejo acertado de los efectos excluyentes (o, en casos excepcionales, incluyentes) de una comunidad o disciplina: en efecto, la cantidad de mujeres profesoras a tiempo completo en institutos de alta educación, mujeres candidatas a doctoras, textos académicos escritos por mujeres, etc., son buenos indicadores sobre quiénes son (y quiénes no son) aquellas/os con autoridad epistémica y capacidad de influencia. Incluso si excavamos más allá de esta primera capa, podemos encontrar más información susceptible de ser cuantificada y exhibida en forma de estadística: mujeres que logran publicar en los journals más prestigiosos, mujeres que participan en conferencias, mujeres que envían sus trabajos para publicación, mujeres cuyos trabajos son citados, etc.

Por más reveladores (y frecuentemente desalentadores) que sean los números, estos indicadores son insuficientes para tener una conversación profunda sobre el espacio que ocupan las mujeres en comunidades académicas. La presencia cuantificable de mujeres no necesariamente ilustra el modo en el que ellas experimentan el ejercicio de la profesión o la pertenencia a determinada comunidad. Las formas de opresión y subyugación toman las formas más variadas, muchas de las cuales son sutiles y permanecen debajo del radar. Los avances sexuales no consentidos abundan, pero los modos de exclusión también pueden darse hasta en las actividades más mundanas de la academia, como en los adjetivos empleados para describir mujeres en cartas de recomendación, documentado en el ámbito del derecho internacional (acá). La exclusión y el sentido de disminución cotidianos pueden acumularse hasta hacer sentir a una que la academia es un espacio al que nunca perteneció ni podrá pertenecer jamás. En su extraordinario libro de ensayos The Right to Sex (recientemente traducido al español por Anagrama), la filósofa Amia Srinivasan nos hace pensar no solo en las ‘mujeres que dejan de ir a clase, que se convencen de que no están hechas para la vida académica, que abandonan sus estudios de grado o posgrado’, sino también en ‘aquellas que quedan con un sentido disminuido de sus capacidades intelectuales, escépticas cuando otros profesores hombres muestran interés en su trabajo y ansiosas de que, en caso de triunfar, su éxito sea atribuido a otra persona u otra cosa’. Es a este tipo de experiencias a las que deberíamos prestar atención.

Repensar el potencial de la categoría de ‘mujeres’

Rearticular la conversación para abordar tanto el modo en el que las mujeres experimentan su vida como investigadoras como las desigualdades sutiles y anidadas en las instituciones académicas es solo el primer paso. También es importante indagar en la categoría de ‘mujeres’, a fin de desagregar qué clase de desigualdad estamos remediando cuando se piensa en su inclusión. Ello implica plantear una pregunta contraintuitiva: ¿tiene sentido pensar en la discriminación solo en contra de esa categoría o grupo? Aunque más infrecuente, el papel del victimario no solo está limitado a los hombres — la reciente estrenada película de Todd Field, Tár, propone un ejemplo ficticio, pero probablemente reconocible. Más allá de este contrapunto casi anecdótico, lo esencial es recuperar lo que el feminismo interseccional viene señalando hace décadas: que la desigualdad de género está atravesada por otras clases de opresiones: poder económico, clase social, raza, orientación sexual, etc.

El modo en el que se manifiestan estas matrices de poder — esto es, qué forma concreta toma la opresión y exclusión en una determinada comunidad o institución — no necesariamente tiene el mismo aspecto en todos los contextos. En el ámbito que me resulta más cercano, que es la academia del derecho internacional (experimentada desde Europa como no europea), las dinámicas suelen estar significativamente marcadas por factores como la clase, el poder adquisitivo y la proveniencia geográfica. Pensar únicamente sobre la base de la categoría de ‘mujeres’, en mi experiencia, no siempre ha sido suficiente. Muchas veces he encontrado que, al pensar sobre mi sentido de pertenencia a la academia, comparto más obstáculos con mis colegas del sur global que con colegas mujeres del norte. Reflexionar acerca de la participación e inclusión implica cuestionar la categoría de mujeres como un grupo homogéneo, y asumir que no en todos los contextos es la lente más relevante a través de la cual analizar una situación de exclusión.

El rol del derecho

¿Qué rol juega el derecho en esta discusión? Los análisis jurídicos sobre este tema suelen concentrarse en una pregunta normativa: por qué las mujeres deberían ocupar determinado lugar, o por qué determinada composición institucional debería ser remediada. El impulso profesional de las/os abogadas/os suele dirigirlas/os a buscar una respuesta en el derecho existente. Una respuesta estándar podría hacer referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer u otro instrumento de derechos humanos. El problema es que esta referencia nos diría poco acerca de por qué queremos una academia, una comunidad de investigación, más diversa. ¿Queremos construir espacios inclusivos solo porque lo manda un artículo constitucional o de un tratado internacional?

La insuficiencia de la invocación de derechos no quiere decir que el derecho no sea importante. El derecho es crucial para entender cómo una institución, o conjunto de instituciones, producen determinado estado de cosas. ¿Ha facilitado el derecho a que las mujeres (o todas/os aquellas/os que no son hombres blancos) se encuentren en una situación de desventaja? En el derecho internacional, ¿qué dispositivos jurídicos han permitido la predominancia de la producción académica de hombres blancos del norte global (y, con el pasar del tiempo, quizá la de mujeres blancas de la misma proveniencia)? Además de ayudarnos a responder esta clase de preguntas, el derecho también puede ser decisivo para remediar estas situaciones. No obstante, hay que tener cautela y no sobre prometer el potencial del derecho, entendiendo que este no tiene la capacidad de resolver todo. Invocando a Srinivasan una vez más: ‘la pregunta para las feministas es para qué formas de desigualdad usaremos la ley y qué formas son susceptibles solo a las fuerzas del cambio social’.

Promover una conversación constructiva sobre la pertenencia de mujeres a espacios académicos, que aborde la raíz del problema, conlleva plantear preguntas difíciles, y muchas veces incómodas. En este 8 de marzo, mis reflexiones son tres: pensar más allá de la idea de participación, entender que la categoría de mujeres no es homogénea, y abrazar la idea de que el derecho no siempre es suficiente.

Citación académica sugerida: Uriburu, Justina. Repensar la ‘participación’ de las mujeres en la academia. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/repensar-la-participacion-de-las-mujeres-en-la-academia/

Palabras claves: participación femenina, participación en la academia, agendas de inclusión y diversidad, interseccionalidad, potencial del derecho.

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ACERCA DE LA AUTORA
Justina Uriburu

Investigadora doctoral en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID) de Ginebra, Suiza.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.