El derecho a la educación en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe: retos y visiones de futuro
América Latina y el Caribe es la región más afectada por el cierre de escuelas como consecuencia de la Covid-19. Las implicaciones para el derecho a la educación de niños y jóvenes de la región son graves.
La pandemia por la Covid-19 ha afectado de forma significativa prácticamente todos los aspectos de la vida, y la educación no es la excepción. Entre confinamientos y restricciones impuestas por los Estados, el derecho a la educación se ha resentido: como consecuencia del cierre de escuelas y de la falta de acceso en igualdad de condiciones a las clases remotas, muchos/as niños/as y jóvenes han dejado de gozar de un derecho humano fundamental, reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y habilitante para el disfrute de otros derechos.
Para entender el impacto de la pandemia en el derecho a la educación en la región, en Agenda Estado de Derecho entrevistamos a Margarete Sachs-Israel, quien fue asesora de Educación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF hasta junio de 2021.
Fue la Asesora de Educación para la Oficina Regional de UNICEF en Ciudad de Panamá, Panamá, desde noviembre de 2018 hasta junio de 2021. Actualmente es la Jefa de Educación Inclusiva y de Calidad en la Oficina Regional para la Educación de la UNESCO para Asia y el Pacífico, en Bangkok, Tailandia. Cuenta con más de 30 años de experiencia en puestos relacionados con la educación y desarrollo internacional, tanto en UNICEF como en UNESCO. Tiene dos posgrados en Psicología de la Universidad de París VII y la Universidad de París V, así como una Licenciatura en Artes Liberales, con Especialización en Educación, de la Universidad del estado de Nueva York
América Latina y el Caribe es la región del mundo que más se ha visto afectada por los cierres de escuelas durante la crisis de la Covid-19, por encima del Sur de Asia y África Oriental y Meridional, según datos de UNICEF. A finales de junio de 2021, a más de un año de la declaración oficial de la pandemia, 4 países de la región todavía tienen sus escuelas completamente cerradas y 18 de ellos las han abierto de forma parcial, lo que está afectando a más de 100 millones de niños/as y jóvenes.
Desde UNICEF han destacado en varias ocasiones que “esta es la peor crisis educativa que ha enfrentado la región en la historia moderna”, y Margarete Sachs-Israel señala que uno de los retos más grandes es, precisamente, que el cierre de las escuelas ha sido muy prolongado. La excepción es Nicaragua, el único país de la región que ha mantenido sus escuelas abiertas, con asistencia voluntaria de los/as estudiantes. “Lo que pasa es que, en muchos casos, los padres decidieron no enviar a los niños”, apunta Sachs-Israel. En el resto de los países ha habido cierres completos y parciales. Panamá y El Salvador son los que han tenido más días con las escuelas completamente cerradas, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021.
La ausencia de clases presenciales es crítica si se considera que no todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la educación remota, especialmente a través de plataformas digitales. De acuerdo con datos de CEPAL de 2016, correspondientes a 14 países de la región, 42% de las personas de áreas urbanas tenían acceso a Internet, mientras que solo 14% de quienes viven en zonas rurales podían acceder a este servicio. De los/as estudiantes de 15 años que participaron en las pruebas PISA en 2018, 20% no tenía acceso a Internet, y 61% podía acceder a computadoras. Países como Chile, Uruguay y Argentina tienen mayores porcentajes de estudiantes con acceso a Internet y computadoras, en comparación con otros como Perú y México. Durante una época en la que la educación presencial ha estado limitada, estas diferencias han influido en la igualdad de acceso al derecho a la educación.
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1/3 de los niños de la región no ha recibido educación de manera remota
Margarete Sachs-Israel señala que, durante los primeros momentos de la pandemia, nadie estaba preparado para afrontar la crisis: “Los gobiernos, los docentes, las escuelas, los estudiantes y los padres no estaban preparados para lo que sucedió. Hubo que pasar de un día para otro a una educación remota, y muchos países no tenían plataformas ni habían avanzado en su educación digital”.
El cierre de las escuelas se decidió para evitar el aumento de los contagios, y en esos primeros momentos empezaron los planes para garantizar el acceso a la educación de forma remota. La mayoría de los programas que se desarrollaron en la región fueron en línea, seguidos por la difusión de material impreso en papel, y clases por televisión y radio. En muchos países, como Brasil, también se han utilizado otras plataformas como WhatsApp y SMS.
En algunos casos, además, se han elaborado planes para atender a las poblaciones vulnerables. Sachs-Israel destaca el ejemplo de Perú, que hizo esfuerzos para garantizar los servicios educativos a aproximadamente 850.000 niños/as indígenas. Como parte de la estrategia nacional de aprendizaje en el hogar, se ofrecieron clases por radio en 9 de las 48 lenguas indígenas del país.
En una segunda fase, las medidas estuvieron orientadas a la reapertura segura de las escuelas. Si se toman en cuenta datos globales, en 73% de los países se aplicaron medidas para atender a los grupos vulnerables en este periodo, entre las que se incluye la priorización de reapertura de escuelas en zonas con mayores necesidades, la entrega de incentivos económicos para cubrir gastos educativos, la garantía de medidas de higiene adecuadas y, entre otras, el ofrecimiento de servicios y materiales para estudiantes con discapacidad.
Pese a los esfuerzos, la especialista señala que es muy difícil encontrar un país en el que se hayan aplicado todas las acciones necesarias para llegar a todas las comunidades y garantizar en su totalidad el derecho a la educación. En este sentido, los retos siguen pendientes.
La dificultad para acceder a la educación en tiempos de pandemia, sumada a las consecuencias económicas y de salud por la Covid-19, tendrán un efecto importante en los logros de aprendizaje de los/as niños/as y jóvenes de la región. Margarete Sachs-Israel destaca que se agravarán los problemas ya existentes en muchos países de América Latina y el Caribe. Un ejemplo: de acuerdo con datos de UNICEF, 35 millones de niños/as y adolescentes en la región no alcanzaban los niveles mínimos de competencias de lectura antes de la pandemia El Banco Mundial estima que la pobreza de aprendizaje puede aumentar en 20% como consecuencia de los problemas para acceder a las clases durante la pandemia.
Sachs-Israel también destaca el impacto sobre los niveles de deserción escolar, que se sabrá con más certeza en el futuro. De todos modos, si se consideran los retos que ya existían para la continuidad escolar en la región, sobre todo en la educación secundaria media, no es de extrañar que las dificultades que ha impuesto la pandemia agudicen la situación.
Como señala la especialista, se trata de consecuencias que no solo afectarán de manera negativa a los/as niños/as y jóvenes —el Banco Mundial estima que podrían llegar a perder hasta 16.000 dólares de ingresos durante toda su vida laboral, como efecto de las fallas educativas que están experimentando—, sino también al desarrollo global de los países. “Estamos hablando de la posibilidad de una generación perdida”, afirma la experta.
Más de 3 millones de estudiantes de la región están en riesgo de abandonar definitivamente las clases, de acuerdo con proyecciones de la UNESCO
Pero los problemas no solo se evidencian en el derecho a la educación propiamente, sino también en otros derechos como a la salud y a la alimentación. “Sabemos que la escuela no solo es un lugar de aprendizaje, sino que también hay programas de alimentación, salud y protección. Algunos países han ofrecido paquetes de comida durante esta crisis, pero los servicios de protección de salud se han afectado”, explica Sachs-Israel.
La especialista agrega que se proyecta un aumento del embarazo adolescente, la malnutrición y el trabajo infantil. Sobre este último aspecto, explica: “Esto tiene que ver con la situación general. Los padres están perdiendo sus trabajos. Si en algunos hogares vulnerables muchas veces ir a la escuela ya se consideraba un lujo, en la situación actual, con escuelas cerradas y menos ingresos, hay un riesgo de que aumente el trabajo infantil”. También se ha reportado que durante los confinamientos en varios países se incrementó la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
El panorama se hace aún más complejo si consideramos que la pandemia no ha afectado a todos de la misma manera. Como destaca Sachs-Israel, el grupo más vulnerable es el que está conformado por quienes hacen parte de hogares en situación de pobreza, la niñez con discapacidad, los/as migrantes y las poblaciones indígenas. “Los países más afectados son los que tienen una mayor cantidad de población rural, muy aislada, en situación de pobreza y con dificultades para acceder a Internet”, señala. En Bolivia, por ejemplo, solo 18% de la población rural tiene acceso a computadoras, y apenas 3% cuenta con conexión permanente a Internet. Además, en algunos lugares de la región hay problemas con la electricidad, lo que incluso dificulta el acceso de los/as estudiantes a los programas educativos desarrollados por radio y televisión.
Sachs-Israel también señala que en las poblaciones indígenas y afrodescendientes se suma un elemento adicional: además de la conectividad, no todos los programas de educación han estado disponibles en los idiomas de estas comunidades, lo que puede incrementar aún más la situación de desigualdad en el acceso a la educación. Los/as estudiantes con discapacidad también se vieron afectados de forma particular. Con el cierre de las escuelas, que también incluyó a la educación especial, muchos padres y madres afrontaron los retos de atender a sus hijos/as en casa, lo que ha agravado una situación que ya era difícil antes de la pandemia. En comparación con los/as estudiantes sin discapacidad, la tasa de asistencia escolar era 10 puntos más baja para los/as jóvenes con discapacidad de 12 a 17 años, de acuerdo con datos de 2010-2011.
En el análisis de las dificultades de acceso a la educación durante la pandemia también se debe incluir la perspectiva de género. De acuerdo con datos de UNICEF, el cierre de las escuelas ha afectado de forma prácticamente igual a niños y niñas en la educación primaria y secundaria. Pero Sachs-Israel destaca que, aunque habrá que esperar para tener más información en el futuro, la pandemia podrá influir especialmente en el aumento de la deserción escolar de las adolescentes, como consecuencia del aumento de los embarazos en este grupo de población.
Antes de la crisis por la Covid-19, 36% de las niñas y adolescentes abandonaban los estudios por embarazo o cuidado de niños. Si se toman en cuenta todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la universidad, la UNESCO estima que 23,8 millones de niños/as y jóvenes de todo el mundo están en riesgo de abandono escolar a raíz de la pandemia. De ese total, 11,2 millones son niñas y adolescentes. También se espera que haya una reducción en la matriculación, que afectará a las niñas y jóvenes especialmente en los niveles de preescolar y los últimos grados de secundaria.
Las labores del hogar y el cuidado de niños y familiares están entre las razones por las que es probable que las niñas y jóvenes no regresen a las instituciones educativas. “Es muy importante que haya medidas para encontrar a estas niñas y adolescentes, y darles incentivos para que vuelvan. Por ejemplo, que puedan cuidar a sus niños al tiempo que van a la escuela. Es fundamental que las comunidades y las escuelas hagan una planificación para que las niñas que están en esta situación puedan regresar”, explica Sachs-Israel.
Además de la priorización de la reapertura segura de las escuelas, Margarete Sachs-Israel destaca otras medidas que deben tomar los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia en el derecho a la educación en el futuro. Entre ellas, trabajar para reducir la brecha digital, incluir a las poblaciones más vulnerables y aumentar la equidad, ampliar las medidas de protección social, proteger los presupuestos para la educación pública, y aprovechar la oportunidad para repensar la educación.
En esta misma línea, el ambicioso proyecto Reimagine Education de UNICEF propone acciones para trabajar en soluciones digitales que mejoren el aprendizaje y preparen al estudiantado para los retos del mundo digital, garantizar la conectividad a Internet para todos, promover el acceso a los dispositivos, garantizar el acceso a los datos y al contenido digital, y fomentar la participación de la juventud. Se estima que llevar a la práctica esta propuesta en todo el mundo representará una inversión de 474 millones de dólares para 2030, lo que equivale a 26 dólares anuales por cada estudiante para ese mismo año. La organización destaca que de esta forma se evitarán las pérdidas globales que se proyectan si no se atiende la emergencia educativa en este momento, y que solo será posible a través de la colaboración entre múltiples actores.
Diseño y diagramación: Paulo A. Cañón Clavijo
Citación académica sugerida: Guevara Gómez, Ariana. El derecho a la educación en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe: retos y visiones de futuro. Agenda Estado de Derecho, 2021/08/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-a-la-educacion-en-tiempos-de-pandemia-en-america-latina-y-el-caribe-retos-y-visiones-de-futuro/
Palabras clave: América Latina, derecho a la educación, pandemia
Comunicadora Social de la Universidad Central de Venezuela. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, y Máster en Democracia y Gobierno, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como periodista en varios medios venezolanos e internacionales, y en el área de comunicación de Transparencia Internacional España. Investigadora predoctoral e integrante del Lab Grupo de Investigación Tecnología, Innovación y Gestión Pública (IT_GesPub) de la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga sobre género, administración pública y tecnología.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
