El 2020 de la Corte IDH, balance y proyecciones
Desde el año 2004 Pablo Saavedra es Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órgano del que también fue Secretario Adjunto entre los años 2001 y 2003. Por su experiencia y formación, es uno de los más importantes referentes regionales en materia de Derechos Humanos y, en particular, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En esta entrevista, conversamos con él sobre las principales lecciones y desafíos que enfrentó el tribunal interamericano para desarrollar su labor de justicia durante el 2020, un año marcado por la emergencia sanitaria internacional COVID-19 que ocasionó un confinamiento sin precedentes y afectó también los sistemas de justicia en el mundo, no siendo Latinoamérica una excepción. También conversamos con él sobre los casos hitos de la Corte IDH en 2020.
Pablo Saavedra: De un minuto para otro llegó la pandemia, ¿cuáles fueron las medidas desde el punto de vista de seguridad del personal y de funcionamiento del tribunal que fuimos tomando y que fue lo que nos ayudó para que no nos quedáramos paralizados? Lo primero fue tomar las medidas necesarias para el resguardo de la salud de todo el personal. Desde finales de marzo nos encontramos todos trabajando a la distancia. Uno. Creo que nos facilitó mucho tener todos los expedientes digitalizados, esto ayudó mucho a los jueces, el área legal del Tribunal y para las partes en el proceso; es decir, no hubo un cambio traumático ya que desde hace un buen tiempo veníamos trabajando en formato digital. Dos. El gran desafío que se nos vino era cómo hacer sesiones totalmente virtuales. Esto sí era completamente nuevo para nosotros. Cuando empezarón las restricciones en América Latina y en el mundo, estábamos en medio de un periodo de sesiones y tuvimos que suspenderlo porque se estaban cerrando las fronteras. Por otro lado, suspendimos por aproximadamente 2 meses los plazos en los casos contenciosos, supervisión de cumplimiento de sentencias y opiniones consultivas. No hubo suspensión de plazos en materia de medidas provisionales debido a la naturaleza de éstas. En junio empezó la Corte a funcionar virtualmente como órgano colegiado, a deliberar, a dictar sentencias y celebrar audiencias, y a partir de entonces ya hemos celebrado 15 semanas de sesiones completamente de manera virtual. Haciendo un balance general del año 2020, podemos decir que la Corte supo y pudo responder adecuadamente a los diversos desafíos que se originaron a partir de la pandemia y el trabajo jurisdiccional no se vio afectado para nosotros.
En este video, Pablo Saavedra explica brevemente algunos antecedentes que facilitaron a la Corte IDH dar el salto hacia la virtualidad.
Pablo Saavedra: Estoy convencido de que se deben rescatar algunos de los beneficios que conlleva la virtualidad. La Corte Interamericana es un tribunal que no es de funcionamiento permanente; esto nos puede llevar a un cambio de paradigma total. De ahora en adelante podríamos empezar a trabajar como una Corte híbrida así: seguir trabajando presencialmente en San José, Costa Rica, o haciendo sesiones itinerantes (es esencial mantener esto), pero también creo que es posible hacer trabajo virtual después de los resultados que hemos visto en el año 2020. Esto nos puede llevar a un modelo de trabajo y gestión judicial completamente diferente, es pensar en una Corte con jueces de dedicación exclusiva que trabajen tanto de manera presencial y virtual. Esto es una decisión de la Corte y creo que podría ser una ruta interesante para explorar.
En este punto me gustaría agregar, que un desafío importante en esto llamado virtualidad es el desarrollo de un expediente digital con acceso a todas las partes, creo que esto sería un gran aporte. Hoy en día tenemos prácticamente todo digitalizado y la tramitación la hacemos por medios electrónicos. Pero diferente es la creación de una plataforma que contenga un expediente digital, toda la tramitación se haga en ésta y como decía todas las partes tengan acceso al mismo expediente. Espero que en los próximos años podamos contar con esto.
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Pablo Saavedra: Muchos de estos resultados que han sido fructíferos, han sido gracias al espíritu de colaboración y comprensión de los diferentes actores, especialmente víctimas, Estados y la Comisión Interamericana. Se ha trabajado con flexibilidad para buscar soluciones cuando en situaciones concretas nos encontramos con algún obstáculo.
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Pablo Saavedra: Creo que una de las grandes brechas que está creando la pandemia es el acceso a las comunicaciones y, especialmente, la conectividad a internet. Esto es lo que algunos denominan la brecha digital. En lo que respecta al funcionamiento actual de la Corte creo que esta brecha digital no produce una afectación al acceso al tribunal interamericano. Hoy en día tenemos 48 casos en agenda. Dándole tiempo suficiente a las partes y especialmente a las víctimas, ellos pueden, creo, lograr los mecanismos para poder tener conectividad suficiente, y si no la tuviesen, la Corte tiene la flexibilidad para buscar soluciones de conectividad o tomar otras medidas para compensar cualquier desigualdad que pueda crear la falta de acceso a internet. Como lo decía anteriormente, a mi modo de ver, cuando volvamos a la normalidad tenemos que retomar una de las buenas prácticas de la Corte que es escuchar especialmente a las víctimas de manera presencial. Recordemos que para muchas víctimas el simple hecho que los jueces de la Corte las escuchen ya es una forma de reparación en sí.
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Pablo Saavedra: Ojalá nos lleguen más opiniones consultivas. Creo que es uno de los mecanismos que estuvo por un largo tiempo olvidado y en los últimos años se ha activado. Recordemos por ejemplo que las últimas OC han tenido un gran impacto en la región. El 2019 llegaron 4 opiniones consultivas a conocimiento de la Corte, desde mi perspectiva es sano y bueno porque se está dando respuesta a problemáticas reales que hay en la región. La OC lo que tiene es una participación muy democrática en la construcción del derecho, porque es una participación abierta para todos los Estados miembros de la OEA, organizaciones Internacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia, entre otros. No creo que vaya de modo alguno en detrimento de ver los casos contenciosos que lleguen a conocimiento del tribunal más opiniones consultivas, por el contrario se fortalece el trabajo de la Corte IDH. Por eso la Corte estará sesionando más días a partir del próximo año 2021, y este año 2020 sesionamos más días que el 2019. Si ustedes observan con cuidado, podrán ver que la Corte ha ido aumentando constantemente los días de sesiones por año, esto ha permitido dar respuesta oportuna a los casos contenciosos. Por ejemplo: un caso promedio dura en el Tribunal 21,7 meses y a la vez se responden de manera oportuna las opiniones consultivas, las medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias.
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En este audio Pablo Saavedra explica la importancia de las OC y señala que el desarrollo de la función consultiva no va en detrimento de la función contenciosa.
Pablo Saavedra: Creo que una de las políticas judiciales importantes que ha desarrollado la Corte Interamericana desde hace años, es el diálogo judicial con los tribunales internacionales y especialmente con nuestros tribunales hermanos como son la Corte Africana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dentro de este diálogo que hemos venido construyendo con el tiempo, un hito fundamental fue la Declaración de San José, con motivo de los 40 años de la Corte Interamericana, en donde las tres Cortes suscribieron el documento del inicio de lo que podríamos llamar un “diálogo permanente”. Dentro de este marco, se hizo también la Declaración de Kampala y este año [2021] está previsto también un tercer encuentro cuyo anfitrión será la Corte Europea en marzo próximo.
Es importante destacar que el año 2020 las tres Corte representadas por sus Presidentes organizaron un conversatorio virtual sobre Derechos Humanos y Covid. Otro ejemplo de este importante diálogo fue el hecho que el 2020 iniciamos la publicación conjunta que da cuenta de los desarrollos jurisprudenciales más importantes de cada Corte regional. Cada año iremos produciendo este tipo de publicación.
Los invitó a ver el micro sitio que tenemos en nuestra página web que da cuenta de las diversas actividades conjuntas entre las tres Cortes.
Quiero destacar que también existe un interesante diálogo jurisprudencial entre las Corte regionales. Sobre el particular, hay interesantes artículos sobre la materia.
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Pablo Saavedra: Voy mencionar los 4 casos conteciosos hitos: primero, el caso Azul Marín contra Perú, que es un caso muy importante sobre violencia sexual basada en la orientación sexual de una persona. El segundo es el caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador, un caso de violencia contra una niña en el espacio escolar, es un gran tema en nuestra región. El tercero es el caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares vs Brasil, que desnuda la desigualdad que provoca la pobreza, analiza la responsabilidad del Estado por actos de particulares a la luz de su falta de fiscalización de actividades peligrosas y aborda los DESCA . El cuarto es el caso de la comunidad indígena Lhaka Honhat contra Argentina, donde la Corte aborda temas como el derecho al agua, alimentación, medio ambiente y protección de la propiedad comunal. Estos casos hitos son a mi modo de ver reflejos de grandes problemas en nuestra América. También quisiera destacar como un hito jurisprudencial importante la Opinión Consultiva OC-26, donde se analizan los procedimientos y efectos de la denuncia de la Convención Americana y la Carta de la OEA. Creo que hay análisis muy importantes sobre diversos temas como garantía colectiva, el escrutinio más estricto que debe darse a denuncias que se dan en contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos o erosiones democráticas, entre otros.
Pablo Saavedra: Quiero destacar la resolución que dictó la Corte en el mes de abril “Covid y derechos humanos”. No es normal que un tribunal dicte una resolución de este tipo. Pero, si ustedes lo ven con detalle, cuando el Covid-19 apenas estaba empezando en América Latina, la Corte IDH emite la resolución y hace un llamado para que las diversas medidas que los Estados tomen se enmarquen en el respeto y protección de los derechos humanos y del Estado de derecho. Los temas que fueron abordados por la la Corte en su resolución de abril son los grandes temas que después fueron apareciendo respecto al impacto del COVID en nuestras sociedades y especialmente su afectación a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este punto quiero destacar también una medida provisional que dictó la Corte respecto de Panamá, en el marco de la Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en el caso Vélez Loor, donde le ordenó al Estado que tomara una serie de medidas para asegurar el derecho a la salud, integridad y vida un grupo de más de 200 migrantes que se encontraban en la zona del Darién y que no pudieron seguir su camino al norte, como consecuencia de las medidas de restricción de movimiento y cierre de fronteras. Incluso la Corte hizo una audiencia pública para analizar el tema.
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Citación académica sugerida: Fuch, Marie Christine & Tórrez, Mario Isaías: El 2020 de la Corte IDH, balance y proyecciones, 2020/12/16, https://agendaestadodederecho.com/el-2020-de-la-corte-idh/
Abogada alemana (Rechtsanwältin, Berlin) y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura tanto en derecho alemán como en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, así como investigadora y profesora asistente en el Europainstitut. De 2011 a 2015 se desempeñó como abogada en el despacho jurídico internacional Freshfields Bruckhaus Deringer en Berlín. Desde 2016, es directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos.
Abogado y académico nicaragüense. Profesor titular de la Universidad Politécnica de Nicaragua y maestrando en Derechos Humanos y Democracia por el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, Argentina. Es colaborador internacional del Centro Estratégico en Justicia y Derecho para las Américas. Actualmente se desempeña como director del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos.En paralelo a la docencia e investigación, se dedica a la consultoría con entidades públicas y privadas sobre derecho público y asuntos latinoamericanos.
En este análisis no es razonable desatender, por un lado, la extrema urgencia de los gobiernos por detener las consecuencias de la pandemia, traducida en la necesidad de proteger la salud de la población y en alcanzar un mínimo respiro económico. Por otra parte, debe tenerse presente que los oferentes de las vacunas son escasos y la demanda inconmensurable. El ambiente, en efecto, es apremiante y los vínculos contractuales se desarrollan tensionados por el poder de actores privados y la emergencia en la que viven los Estados.
Citación académica sugerida: Fuch, Marie Christine & Tórrez, Mario Isaías: El 2020 de la Corte IDH, balance y proyecciones, 2020/12/16, https://agendaestadodederecho.com/el-2020-de-la-corte-idh/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
