Reforma a la justicia en México. Primera parte Contexto de la reforma, su legitimidad y principales riesgos
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Directora general de la Fundación para la Justicia @FJEDD. Fue coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Es Doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – México), Maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York (NYU), y Licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris). Sus líneas de investigación son independencia judicial, gobierno judicial, carrera judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial, poderes judiciales estatales y justicia digital. Coordinator of Mexico Evalua’s Justice Transparency Program. She has a PhD in Political Science from the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO – Mexico), a master’s degree in Journalism from the New York University (NYU), and a bachelor’s degree in Communications from the Institute of Political Studies in Paris (Sciences Po Paris). Her areas of research are judicial independence, judicial government, the judicial career, transparency and the fight against corruption in the Judiciary, as well as state judicial powers and digital justice.
Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en teoría del derecho por la Universidad de Nueva York (Hauser Global Scholar). Especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de obras colectivas. Entre los que destacan: Diez sentencias emblemáticas de la Suprema Corte junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso; La justicia constitucional de la democracia deliberativa; Teorías críticas y derecho mexicano, coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández; así como La argumentación constitucional de la Suprema Corte. A diez años de la reforma de derechos humanos.
Defensora de derechos humanos. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José Ma. Luis Mora. Ha colaborado en proyectos de observación electoral, participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia, rendición de cuentas, género y derechos humanos en las organizaciones Presencia Ciudadana Mexicana, Colectivo Feminista Mercedes Olivera (de San Cristóbal de las Casas, Chiapas) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Fue Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante concurso abierto, y presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) de abril de 2019 a mayo de 2021. Co-coordina el grupo Eval Derechos Humanos dentro de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (ReLAC). Actualmente, es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Abogado, académico y consultor internacional. Es Máster en Derecho del Trabajo por la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), en derecho electoral por la Universidad de Castilla La Mancha y en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por el Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea y el CIEP UNSAM de Argentina. Además, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es coordinador regional para México, Centroamérica y Caribe de Agenda Estado de Derecho, y estudiante del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León
Itizel Checa: El antecedente se remonta al 5 de febrero de este año, cuando el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados un conjunto de iniciativas constitucionales. Una de ellas presenta distintas propuestas de reforma al Poder Judicial. La esencia de esta reforma es la propuesta de que las personas juzgadoras se elijan mediante el voto popular. Hay algunas otras disposiciones en esta propuesta que tienen que ver con la estructura propia de la Corte: se reduce el número de ministras y ministros, también se eliminan algunas de las dos salas bajo las cuales se reparte el trabajo; la duración de las ministras y los ministros pasa de 15 a 12 años; se elimina la facultad de que se elabore su presupuesto, etc. Hace también un conjunto de modificaciones a los requisitos para acceder a la judicatura. De alguna forma esto elimina la carrera judicial que se ha venido construyendo.
Alfonso Herrera: Hay un contexto que no se puede dejar de tomar en cuenta, que es el de las resoluciones de la propia Suprema Corte frente a la actividad del gobierno. Creo que ha sido un punto de detonación de esta confrontación que ha existido desde entonces, y que sin lugar a duda apuntalaron el ánimo del gobierno y ahora también del Congreso en torno a esta reforma. Se trata de un conjunto de sentencias que tienen que ver con políticas públicas y con decisiones legislativas que tomó el partido oficialista en el Congreso como la adscripción de la Guardia Nacional a un mando militar. La Suprema Corte determinó que eso era inconstitucional. También se invalidó una reforma electoral que pretendía justamente cambiar algunos lineamientos y reglas del juego electoral.
Estas decisiones no fueron bien recibidas, y esto provocó un proceso y una gestión de una necesidad de reformar al Poder Judicial y por eso creo que ya podemos adelantar esta parte indudable de inflexión que provocó el conjunto de acciones para reformar a la Justicia Constitucional, la Justicia Federal y la Justicia de Amparo, parte de un diagnóstico que algunos hemos considerado errado porque no solamente se pretende sustituir a todos los miembros de la Corte a través de su elección popular, sino que además extendió a todo el Poder Judicial de la Federación, que por cierto también tuvo decisiones a partir de jueces de distritos, de tribunales colegiados, que no fueron del agrado del gobierno.
Laurence Pantin: Para complementar, creo que es importante decir que, como parte de este contexto en que se dio esta reforma, y a raíz de esas decisiones que no le han gustado al partido en el gobierno, desde el inicio del sexenio, pero de manera más sistemática, desde hace año y medio, ha habido una política de ataques al poder judicial y a la independencia judicial, con señalamientos reiterados en la mañanera del presidente, en contra de jueces; señalamientos por corrupción, por liberar a presuntos delincuentes, recortes presupuestales, incluso amenazas de juicio político, detención de algunas personas juzgadoras, la captura política de algunos cargos a nivel estatal. Entonces, hay un ambiente que es importante señalar, que existe desde hace varios años, muy hostil hacia el poder judicial, y creo que es importante tomarlo en cuenta para entender muy bien esta reforma, para entender qué es lo que el grupo en el poder realmente está buscando con esta reforma desde mi perspectiva.
Roberto Niembro. Esta pregunta pareciera ser simple, pero en realidad plantea una enorme complejidad, porque lo que está planteando es un tema sobre legitimidad para tomar una decisión de esta envergadura. Lo primero que hay que tener en cuenta, es que la reforma judicial que se está planteando implica un cambio muy profundo en nuestro sistema constitucional, aun cuando no se trate de una reforma total -no es una sustitución de la Constitución-, sí estamos hablando de que vamos a entrar a un sistema jurídico muy diferente. Entonces, viendo esta relevancia, amplitud y envergadura de la reforma judicial, nos tendríamos que preguntar qué tipo de legitimidad te da el voto popular. El voto popular en una democracia es una de las manifestaciones más fuertes de la legitimidad, porque en principio respeta la igualdad de los votantes, es decir, respeta nuestra igualdad política, y en esa medida le da una legitimidad de origen muy fuerte a cualquier decisión que se tome.
Ahora, la legitimidad no se agota ahí, es decir, una concepción más compleja, en principio también tendría que ir a los procedimientos, y me refiero a los procedimientos legislativos que se están llevando a cabo. No basta que se cuenten con los votos para aprobar una reforma de este tipo, sino que tendría que haber también una delegación robusta que le dé legitimidad a una decisión en la que sean escuchadas las voces minoritarias, entre ellas las personas más afectadas por la decisión, por ejemplo, los jueces y magistrados que se van a quedar sin trabajo, pero también en general nos vamos a ver afectados toda la población mexicana. En este sentido tendremos que evaluar si los ejercicios que se han hecho de diálogos, en realidad han sido o no muestras genuinas de delegación democrática, o si no lo son, pues eso debilitaría fuertemente su legitimidad. Una cosa es la legitimidad de origen que viene del voto y otra es la legitimidad procedimental, y por lo que hemos visto hasta el momento, el diálogo ha sido muy limitado.
El otro punto de la legitimidad es el resultado de las decisiones. El resultado de las decisiones, en este caso, ponen en jaque la legitimidad de una decisión como esta, porque lo que vamos a ver es que se pone en jaque el sistema de pesos y contrapesos en México. Y alguien que nos escucha podría decir, ¿por qué? si al final va a haber jueces que van a tener la misma función de control constitucional, etc. El tema es que, si atendemos al contexto que ya se nos relató, es muy probable que estos jueces, que en principio siguen siendo constitucionales, no van a llevar a cabo ese tipo de control. Entonces, por sus resultados, que todavía no los podemos ver, es probable que no haya un contrapeso a los poderes políticos y por tanto su legitimidad de resultado también es muy intensa.
Itzel Checa: Creo que es importante saltarnos esta discusión de la legitimidad de la mayoría, porque al final, estamos en un régimen democrático aún con todos los cuestionamientos, ahí están los resultados, que cabe la pena decir, son muy abrumadores en términos del histórico de número de votos. Me parece importante ir a la parte de la legitimidad de gestión, y también incluso siguiendo varios principios, dentro de los que tendrían que actuar las autoridades. Uno es el principio de pluralidad, y otro es un principio de derechos humanos. Este marco obliga a las autoridades de que estas decisiones sean progresivas y que en ellas se garantice también una participación activa, libre, significativa. Para esta deliberación amplia de decisiones tan profundas que aplican este cambio de régimen y de los equilibrios, también es importante el acceso a la información.
En la iniciativa como tal no hubo un proceso profundo de socialización de manera accesible a toda la población, sino más bien se ha planteado una narrativa que reduce estas implicaciones con falsa información, y que incluso cuando se quiere presentar otra información. Entonces, lo que hemos visto es que estos ejercicios abiertos de deliberación que se plantearon no han sido efectivos, sino más bien estamos hablando de procesos de simulación que pretendían darle una legitimación a esta discusión, cuando en realidad no están cubriendo los mínimos, porque una regla también de la participación tiene que ver con escuchar a todas las voces, las que están a favor y las que están en contra, hacer un equilibrio entre opiniones técnicas y el saber que aporta la experiencia de la mayoría de participantes y poner en el centro, a las víctimas, a las personas usuarias de este sistema de justicia que al final son quienes tienen una consecuencia de estas acciones, a las propias personas operadoras que tienen esta obligación y que ambién se verán afectadas. Lo malo es cuando estos proyectos no están acordes, con este marco de derechos y al final se procesan bajo esquemas no democráticos o no plurales y más bien sesgados o simulados.
Alfonso Herrera: La pregunta que se plantea es si una vez que se han adquirido por voto popular, efectivamente a través de la jornada 2 de junio, por el partido Morena y sus aliados, una mayoría como la que se obtuvo en las Cámaras Federales, se obtiene legitimidad o no. Una vez que se ha resuelto que en efecto se han alcanzado las mayorías calificadas, el artículo 135 de la Constitución legitima jurídicamente, por lo tanto, es válido constitucionalmente, que estas grandes mayorías o súper mayorías puedan emprender reformas constitucionales. Tenemos ahora un gran debate respecto a si pueden hacerlo todo, porque a partir de ahí tendremos que empezar a hablar si existe un núcleo esencial, si existen justamente esferas de lo indecidible, como se ha dicho en la teoría, y ese debate no lo hemos tenido sustanciosamente en la jurisprudencia de la propia Corte, pero quiero decir que esa legitimidad está adquirida desde el punto de vista de que alcanzan las mayorías calificadas. No es un órgano legislativo por lo tanto per se, es decir, no es un órgano constituido el que se está conformando y emprende la iniciativa, es un órgano reformador de la Constitución y por lo tanto hay esa legitimidad en principio de acuerdo con la propia Constitución está.
Alfonso Herrera: Respecto a la elección popular, se ha dicho muchísimo, yo estoy totalmente en contra. Al pretender que las autoridades judiciales tengan la misma legitimidad adquirida por parte de la votación popular, equivoca el sentido de la función judicial, que no es un órgano representativo, no lo es ninguna democracia constitucional del mundo en donde no existe esta metodología. Sabemos que este método de elecciones existe en Bolivia, en los Estados Unidos, pero con muchos problemas y con muchas deficiencias en ambos países, hay que decirlo.
Quisiera destacar solamente un argumento que a mí me inquieta, las mismas mayorías electorales que eligen a los poderes políticos, Presidencia de la República y Congreso, son las mismas mayorías que elegirían a los magistrados, jueces, federales y ministros, esto significa que la connotación institucional de la Corte se va a convertir en un órgano más representativo de esas mayorías, cuando la función judicial históricamente es diametralmente distinta, que es justamente jugar un papel contra mayoritario, al tratar su función de aplicar la Constitución, que es la norma suprema, justamente a todos los órganos constituidos. Esto no se va a poder realizar si tenemos un órgano pro mayoritario a nivel judicial, porque se va a alinear. Es previsible en la práctica que la Corte se conforme con las personas que proponga el poder político. En esa medida la elección popular, entre otras razones, no es un método que pueda garantizar la independencia y la autonomía que es necesaria, que además es exigible desde el punto de vista de los estándares no solamente constitucionales sino también internacionales.
Laurence Pantin: Creo que hay varios problemas con la propuesta de reforma en México. ¿Por qué? Porque se plantea a diferencia de otros países nombrar a todos los jueces, magistrados, ministros a nivel federal, pero también a nivel local. Esto implica remover en un plazo de dos años, como está planteando ahora en el dictamen a 6500 juzgadores en todo el país. Hicimos algunas proyecciones, de cuántos cargos tendría que escoger cada elector en la elección de 2025. Cada elector tendría que votar por 41 cargos de juzgadores federales, sin tomar en cuenta los locales porque esto depende de lo que venga, lo que implica la necesidad a cada elector de conocer a más de 300 personas aspirantes. ¿Cómo podría un elector realmente conocer a tantos candidatos y poder escoger entre ellos de manera informada? Porque de eso se trata cuando uno va a una elección. Con esa cantidad de candidatos y de cargos en el momento de pasar a la casilla a votar, cada elector tendría que pasar un promedio de 30 minutos y si en una casilla tienen que votar 1,000 electores, tendría que quedar abierta durante 50 días a razón de 10 horas por día para que todos los electores puedan votar. Entonces, en términos de viabilidad de esta elección, vemos que presenta serios problemas que no van a abonar, en realidad, ni a la legitimidad ni a la eficiencia del Poder Judicial. Y yo creo que esto es algo de lo cual no se han hecho cargo los legisladores porque se les ha advertido de estos problemas.
Itzel Checa: Este mecanismo de voto popular profundiza mucho el reparto de cuotas, entonces es un mito de que el pueblo vaya a elegir, sino que al final, la legitimidad viene de los poderes públicos y preponderantemente de los partidos que tienen mayor poder, mayor presencia y representación en el escenario legislativo, pero también en el ejecutivo. Al final nos aleja de todos estos estándares donde buscamos que se privilegie el mérito, las capacidades en lugar de definiciones políticas. Incluso, la justicia queda a merced de la popularidad y de alguna forma también es un peligro porque nos puede alejar de derechos humanos importantes y ya garantizados. Me parece que no es el mecanismo adecuado, incluso, en ningún país del mundo se elige a la totalidad de las personas juzgadoras mediante este esquema. Es muy peligroso que queramos innovar en un mecanismo que en las experiencias que hay, como Bolivia o Estados Unidos, no representan las mejores prácticas y al final el fondo, como lo decía, vinculado al contexto, más bien se traduce en depurar y capturar a un poder judicial que con todos sus retos ha representado incomodidad para las decisiones del gobierno.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Reforma a la justicia en México. Primera parte Contexto de la reforma, su legitimidad y principales riesgos Agenda Estado de Derecho. 2024/09/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reforma-a-la-justicia-en-mexico/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
