El MESECVI acierta al iniciar su Recomendación General enfatizando en el deber de los Estados de abordar la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad, desde una perspectiva interseccional. Esta interseccionalidad es entendida como una aproximación que tenga en cuenta los estereotipos y las cargas que afectan desproporcionadamente a las mujeres con discapacidad, las diferentes violencias basadas en el género o la discapacidad, así como “otros factores de vulnerabilidad que confluyen en la vida de las mujeres” (párr. 1). La mención a estos otros factores es de suma importancia, pues abona a que no se dejen de lado asuntos como la raza, el estatus migratorio, la orientación sexual o la clase social (entre otros), en el análisis del impacto de la violencia ejercida en contra de las mujeres con discapacidad.

La Recomendación indica que esta perspectiva interseccional debe ser transversal a la prevención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad. Esto implica que dicho enfoque no sólo debe aplicarse a la interpretación del artículo 1 de la Convención de Belém do Pará, sino que también debe permear: (i) la forma en la que los Estados ejecuten las obligaciones derivadas del deber de debida diligencia; (ii) los apoyos y ajustes que éstos brinden para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad; y, (iii) las medidas de reparación individuales y estructurales que se ordenen dentro de los procesos judiciales, en cuya formulación debe garantizarse la participación de la mujer con discapacidad sobreviviente de violencia.

Aunque el término “interseccionalidad” es cada vez más utilizado en la jurisprudencia de derechos humanos (a nivel interamericano, un buen ejemplo son las sentencias en los casos de González Lluy vs. Ecuador, de los Empleados de la Fábrica de Fuegos vs. Brasil, y de Manuela vs. El Salvador)  aún hace falta acercar a los operadores de justicia, a los tomadores de decisión y a las personas que atienden directamente a las mujeres con discapacidad, al significado concreto de este concepto. Una perspectiva que reconozca las barreras específicas que enfrentan las mujeres con discapacidad continúa estando ausente en debates y en la formulación de políticas públicas, como ha sido el caso de las medidas adoptadas por los gobiernos en el contexto de la pandemia por Covid-19 o de las propuestas para hacer frente al cambio climático. 

De ahí la importancia de que el MESECVI incluya dentro de sus recomendaciones a los Estados: (i) que capaciten a quienes atienden a las mujeres con discapacidad sobrevivientes de violencia de género, para que puedan darles atención de calidad y adaptada a sus necesidades (párr. 27, e.); (ii) que  las normas y políticas públicas dirigidas a combatir la violencia de género se planteen desde un enfoque interseccional (párr. 40); y, (iii) que visibilicen y cierren las brechas que persisten para la participación de mujeres con discapacidad en diferentes ámbitos (párr. 97).