'La justicia no es un ideal abstracto, sino una realidad concreta que debe alcanzarse con esfuerzos colectivos
¿Cómo fortalecer la independencia judicial en un mundo donde las presiones políticas y económicas son cada vez mayores? Margaret Satterthwaite explora soluciones innovadoras y los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia en América Latina y más allá.
Académica y profesional de los derechos humanos con décadas de experiencia internacional en el campo. Desde octubre de 2022, se desempeña como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Empoderamiento Jurídico e Independencia Judicial y es directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.
Su labor académica se ha centrado en el acceso a la justicia, el empoderamiento legal y la innovación metodológica en derechos humanos, con numerosas publicaciones en estos ámbitos. Ha trabajado con comunidades en países como Guyana, Haití, Kenia, Nigeria, Irlanda del Norte, Uganda, Estados Unidos y Yemen, y ha litigado en foros internacionales y nacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Graduada magna cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha colaborado con diversas organizaciones de derechos humanos y ha servido como consultora para la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y relatores especiales de la ONU.
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, es una voz clave en la defensa de la justicia y el estado de derecho a nivel mundial. Con un enfoque centrado en la autonomía judicial y el acceso equitativo a la justicia, Satterthwaite aborda problemáticas que afectan a regiones tan diversas como América Latina y otras partes del mundo, donde las estructuras judiciales enfrentan presiones políticas y económicas cada vez mayores.
En esta entrevista exclusiva, realizada por el equipo de Agenda Estado de Derecho en colaboración con el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Satterthwaite reflexiona sobre la importancia del empoderamiento legal como herramienta transformadora, el papel crucial de la diversidad en los sistemas judiciales y los retos que enfrentan países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Desde su experiencia, comparte ejemplos de innovación, como el de los trabajadores de justicia comunitaria, y analiza el impacto de las reformas judiciales en México y Chile, subrayando la necesidad de garantizar que la independencia judicial sea un principio irrenunciable en cualquier democracia.
Sus reflexiones no solo destacan los desafíos, sino también las oportunidades para consolidar sistemas judiciales inclusivos y transparentes. En sus palabras, “la justicia no es un ideal abstracto, sino una realidad concreta que debe alcanzarse mediante esfuerzos colectivos y sostenidos”.
AED: Agenda Estado de Derecho
MS: Margaret Satterthwaite
MS: En mi primer informe ante la Asamblea General, examiné cómo el empoderamiento legal puede expandir el acceso a la justicia de una manera rápida, relativamente económica y concreta. Esto es crucial en un mundo donde se estima que 5.1 millones de personas no tienen un acceso significativo a la justicia.
El empoderamiento legal implica dotar a los individuos y las comunidades de los conocimientos, recursos y herramientas necesarios para entender, usar y dar forma a la ley. Sus objetivos van más allá de ayudar a los individuos a acceder a la justicia: al equipar a las comunidades con conocimientos y habilidades, el empoderamiento legal les permite transformar leyes injustas y perjudiciales. Y al situar a las personas y comunidades en el centro del debate, mejorando su capacidad para hacerse escuchar, la justicia centrada en las personas respeta la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana, como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
MS: El empoderamiento legal tiene una resonancia particular en el contexto de América Latina, la región con la mayor desigualdad del mundo. El acceso desigual a la justicia es impactante, se alimenta de desigualdades estructurales persistentes, altos niveles de pobreza, altos costos de asistencia legal y barreras sistémicas que enfrentan los grupos marginados, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las mujeres, las personas LGBTQ+ y las personas con discapacidad.
El empoderamiento legal puede ser transformador en este contexto. Por ejemplo, en Guatemala, donde una proporción significativa de las familias indígenas vive en la pobreza y el país enfrenta una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres a nivel mundial, la Iniciativa de Justicia para Mujeres apoya a las mujeres mayas educando a otras mujeres sobre sus derechos y proporcionando habilidades y recursos para combatir el matrimonio infantil y la violencia de género en comunidades rurales. Al hacerlo, esta iniciativa dota a las mujeres y niñas mayas con herramientas para mejorar el acceso a la justicia y transformar las normas sociales que perpetúan la violencia.
MS: Pero el empoderamiento legal va más allá de las campañas de “conozca sus derechos” y la educación legal comunitaria. Incluye enfoques innovadores para avanzar en el acceso a la justicia, como la ampliación del ecosistema legal para incorporar trabajadores de justicia comunitaria (“Community Justice Workers” o CJWs, por sus siglas en inglés). Estas personas, que no son abogados profesionales, reciben capacitación especializada de organizaciones de la sociedad civil, abogados o agencias gubernamentales en áreas como negociación, defensa y procesos legales. Ellos generan conciencia sobre los derechos y las leyes, ayudan a navegar los sistemas legales y apoyan la participación comunitaria en reformas. Por ejemplo, en Colombia, los trabajadores de justicia comunitaria ayudan a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas desplazadas internamente con el apoyo en sus casos.
Para ser claros: los CJWs y otros defensores del empoderamiento legal no reemplazan ni pueden reemplazar a los abogados. Los abogados son esenciales para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho. En cambio, los CJWs actúan como multiplicadores de fuerza, proporcionando primeros auxilios legales cruciales a personas que de otro modo carecerían de acceso a apoyo legal. Al igual que la relación entre médicos y profesionales de la salud, los abogados y los CJWs tienen roles esenciales y complementarios. Juntos, garantizan que el acceso a la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad tangible. Aliento encarecidamente a participar en un diálogo abierto sobre cómo expandir efectivamente el ecosistema legal para abordar la brecha significativa de justicia, mientras se preserva la independencia, competencia y ética de todos los profesionales de la justicia.
MS: Según la información recibida por mi mandato y los casos que he seguido de cerca, un problema crítico en estos países, y en el mundo en general, son los intentos de actores políticos o económicos poderosos de debilitar la independencia e imparcialidad de jueces y otros funcionarios del sistema de justicia, cuyo trabajo implica controlar los excesos de otros poderes gubernamentales y económicos.
En mi informe de 2024 al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/56/62), destaqué tendencias que ilustran cómo los gobiernos autocráticos debilitan estratégicamente los sistemas de justicia independientes. Estas estrategias incluyen la captura o limitación de las instituciones judiciales mediante el nombramiento de jueces alineados políticamente, la restricción de las competencias del poder judicial o la reducción de sus recursos.
Un ejemplo notable es la falta de transparencia en los nombramientos judiciales y la exclusión de la sociedad civil de estos procesos, lo que genera oportunidades para influencias indebidas y oscurece las razones detrás de tales decisiones. En Guatemala, por ejemplo, a pesar de numerosas recomendaciones de este mandato y otros organismos nacionales e internacionales, la selección de jueces para la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones sigue siendo opaca, con una participación pública limitada. En México, una reforma reciente que introduce la elección popular de jueces plantea preocupaciones adicionales sobre la adecuación de las medidas para garantizar que los nombramientos judiciales sean transparentes, basados en méritos y libres de influencias indebidas. Tales prácticas corren el riesgo de priorizar la lealtad política o la alineación con intereses partidistas sobre la competencia e imparcialidad, en contravención de los estándares mínimos establecidos por el derecho internacional.
Otra preocupante tendencia regional ha surgido en la utilización del sistema judicial como herramienta para silenciar o tomar represalias contra jueces, fiscales y abogados. En Nicaragua, por ejemplo, las represalias contra abogados de derechos humanos han escalado, con el gobierno utilizando medidas como la descalificación y la desnaturalización como herramientas de represalia por sus actividades profesionales. De manera similar, en Guatemala, la criminalización y el acoso sistémicos a jueces, fiscales y abogados que trabajan en casos relacionados con la corrupción reflejan un esfuerzo deliberado por castigar a los actores de justicia independientes. En El Salvador, los abogados y defensores de derechos humanos enfrentan hostigamientos y amenazas por parte de las autoridades, una preocupación exacerbada por el estado de emergencia en curso y las recientes reformas legales que eliminan las garantías de debido proceso y sobrecargan a los abogados defensores y al poder judicial. En varios países hemos visto el peligroso etiquetado por parte de funcionarios de jueces y abogados independientes como “traidores de la patria” o “enemigos” del estado.
Estos problemas ilustran un patrón más amplio de socavamiento de la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho en la región, con profundas implicaciones para los derechos humanos y la gobernanza democrática. Espero continuar trabajando con todas las partes interesadas para llamar la atención sobre estos desafíos y espero con interés mi próxima visita a Guatemala en mayo de 2025, que brindará una oportunidad para interactuar directamente con actores relevantes y evaluar más a fondo estas preocupaciones urgentes.
MS: En mi reciente visita a Chile, tuve la oportunidad de observar e interactuar con actores del sistema de justicia del país, que se destaca por sus instituciones sólidas y avances significativos en modernización. Me impresionó particularmente la independencia que experimentan los jueces en su trabajo diario y la inversión del país en tecnología, como su sistema judicial digitalizado, que mejora el acceso a la justicia, especialmente en áreas remotas. La Academia Judicial también desempeña un papel vital en la preparación de candidatos judiciales meritorios para esta importante carrera.
Sin embargo, también fui testigo de desafíos críticos que exigen atención urgente. Los grupos vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, los migrantes y los afrodescendientes, enfrentan barreras sistémicas para acceder a la justicia. Las experiencias desiguales de justicia basadas en la riqueza y el estatus social se destacaron en mis discusiones, con muchos señalando un sistema dual donde los ricos a menudo se benefician de procedimientos más rápidos y benignos, mientras que otros soportan largos retrasos y penas más severas.
Los esfuerzos continuos de Chile por reformar su sistema judicial son prometedores, pero requieren acción y voluntad política para abordar las inequidades estructurales. La concentración de funciones administrativas y jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema, las denuncias de influencia en los nombramientos judiciales y la falta de plena igualdad ante la ley para los pueblos indígenas fueron temas recurrentes durante mi visita.
La resiliencia de las instituciones de Chile y el compromiso de su sociedad civil para abogar por la transparencia y la inclusión me dejaron una impresión muy positiva. Si bien persisten desafíos, el genuino deseo de defender la democracia, la sólida base del sistema judicial de Chile y el compromiso de colaborar con la comunidad internacional –con muchos relatores especiales visitando– me dan confianza en que el país puede llevar a cabo las reformas necesarias si se moviliza la voluntad política.
MS: Se han logrado enormes avances en la extensión de los derechos humanos a las personas LGBTQ+ desde que comencé a trabajar en estos temas en la década de 1990. El derecho fundamental a existir como una persona abiertamente LGBTQ+ sin enfrentar ejecución o encarcelamiento, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y la existencia de protecciones afirmativas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género eran casi inimaginables cuando yo era una joven defensora de los derechos humanos. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para las personas LGBTQ+ , especialmente en términos de representación en altos niveles de cargos electos o designados.
El poder judicial en América Latina ha visto avances significativos en diversificar su composición, particularmente en el aumento de la presencia de mujeres. En las últimas décadas, los movimientos feministas y las leyes de equidad de género han ayudado a las mujeres a acceder a posiciones judiciales en muchos países de la región. En varias naciones, las mujeres incluso superan en número a los hombres en roles judiciales de nivel medio y bajo, reflejando una creciente igualdad en la profesión legal.
Sin embargo, la representación de las mujeres disminuye significativamente en los niveles más altos del poder judicial, de modo que en las cortes superiores de algunos países, las mujeres son una pequeña minoría o no están representadas en absoluto. Esta disparidad muestra que las mujeres aún enfrentan obstáculos para obtener los cargos más altos en el poder judicial. Los estudios muestran que los prejuicios culturales y las expectativas de género a menudo impiden que las mujeres alcancen posiciones de liderazgo.
MS: Hay importantes esfuerzos en marcha en este frente. Países como Chile y Colombia han establecido oficinas y políticas enfocadas en el género dentro de sus sistemas judiciales para promover la equidad y la inclusión. Y muchos países en la región han tomado algunos pasos para alentar a los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y aquellos de grupos de bajos ingresos a unirse al poder judicial. Pero lograr una diversidad significativa en el poder judicial requiere más que políticas formales o cuotas. Es necesario desmantelar prejuicios arraigados y crear culturas institucionales que valoren la inclusión. Desde mi perspectiva, este es un ámbito crítico para la colaboración tanto regional como internacional, y debemos continuar trabajando hacia poderes judiciales diversos.
Quisiera señalar que el poder judicial en muchos países continúa careciendo de una representación adecuada de los pueblos indígenas en particular. Esta subrepresentación perpetúa inequidades sistémicas y socava la confianza en las instituciones judiciales entre los pueblos indígenas, que a menudo enfrentan discriminación y marginación en el sistema legal. Sin una inclusión significativa de los pueblos indígenas en el sistema legal y una capacitación sólida de los funcionarios judiciales, temo que esta dinámica continuará.
Promover medidas de paridad de género en todos los niveles del sistema legal es esencial, ya que fortalece la democracia al permitir una distribución equitativa del poder social y las oportunidades. Pero la paridad de género también mejora la calidad de la justicia que un sistema entrega.
La ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, ha dicho que la única forma de garantizar las perspectivas de las mujeres en la administración de justicia, incluyendo los fallos emitidos por tribunales nacionales, es a través de la inclusión de las experiencias de vida de las mujeres mediante el nombramiento de juezas que también representen la diversidad de la sociedad. Vi esto al inicio de mi carrera, cuando trabajé como asistente jurídica para una de las primeras mujeres designadas en un Tribunal Federal de Apelaciones. Tenerla como modelo a seguir fue esencial.
Creo que nuestro trabajo debe abrazar la paridad de género y también ir más allá, asegurándonos de que todos los operadores legales puedan usar una perspectiva de género en su labor. La formación robusta en análisis de género es clave.
MS: Como subrayé en mi comunicación a las autoridades en julio de 2024, las reformas judiciales en México son profundamente preocupantes desde la perspectiva de la independencia e imparcialidad judicial. Si bien la intención de aumentar la participación democrática en los nombramientos judiciales podría parecer positiva, los mecanismos adoptados—como la elección directa de jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)—carecen de salvaguardas críticas necesarias para proteger contra influencias políticas y económicas indebidas en el nombramiento de jueces en todo el país.
La independencia y la imparcialidad son fundamentales para garantizar que el poder judicial pueda funcionar como un árbitro neutral y como un control sobre los otros poderes del gobierno. Lamentablemente, las reformas introducen riesgos significativos. Por ejemplo, la alineación de los términos judiciales con los ciclos electorales políticos y la ausencia de criterios claros y basados en méritos para los nombramientos significan que las dinámicas de las campañas podrían influir en las decisiones judiciales. Esto podría llevar a que los jueces prioricen la aprobación pública o política sobre la imparcialidad y los principios legales.
Quedan numerosas preguntas sin resolver sobre cómo el nuevo sistema gestionará la selección de jueces entre los casi 50,000 solicitantes a posiciones judiciales. Seguiré de cerca los desarrollos en este asunto.
Palabras clave: Independencia judicial, Margaret Satterthwaite, Relatoría
Citación académica sugerida: AED. Margaret Satterthwaite: ‘La justicia no es un ideal abstracto, sino una realidad concreta que debe alcanzarse con esfuerzos colectivos.’ Agenda Estado de Derecho. 2025/01/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/margaret-satterthwaite-la-justicia-no-es-un-ideal-abstracto-sino-una-realidad-concreta-que-debe-alcanzarse-con-esfuerzos-colectivos/
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
