5 de Abril de 2024
SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES
Lo bueno, lo malo, el ensamblaje: ITT, IBM y Chile
¿De qué manera las corporaciones transnacionales moldearon la política y desafiaron lo jurídico en el gobierno de Allende?
El presente artículo es parte del especial titulado “Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile” en alianza con Centre for International Law (CIL) Dialogues. Véase la versión en inglés aquí.
En diciembre de 1972, menos de un año antes de su muerte durante el golpe militar, Salvador Allende dirigió una lastimera (y profética) súplica a la Asamblea General de la ONU: “Distinguidos representantes, ante la conciencia del mundo, acuso a la ITT de intentar provocar una guerra civil en mi país, el estado supremo de desintegración para una nación. Esto es lo que llamamos intervención imperialista”.
Allende se refería a la International Telephone & Telegraph (ITT), el conglomerado transnacional que, entre un sinnúmero de intereses, controlaba la red de telecomunicaciones de Chile. Dada la importancia política de esa red, el gobierno socialista de Allende había destinado desde su inauguración el 70% de las acciones de la Compañía de Teléfonos de Chile para su nacionalización. Hasta marzo de ese año, los chilenos habían estado en negociaciones con ITT sobre la cantidad de compensación a pagar. Pero memorandos internos de ITT, filtrados por el periodista de investigación Jack Anderson, confirmaron lo que se sospechaba desde hacía tiempo: ITT había conspirado activamente contra Allende y su gobierno.
En un memorando, la ITT estableció un plan de 18 puntos para derribar al gobierno, concluyendo que “todo debería hacerse de manera discreta, pero efectiva, para asegurarse de que Allende no sobreviva los próximos seis meses críticos” (United States Congress, Senate Committee on Foreign Relations (Subcommittee on Multinational Corporations), ‘The International Telephone and Telegraph Company and Chile, 1970-1971’, 43). En respuesta a los memorandos filtrados, Allende canceló las negociaciones. La nacionalización seguiría adelante sin compensación alguna.
En su discurso ante la ONU, Allende extrajo una lección más amplia para la comunidad internacional a partir del caso de la ITT. Los intentos de la ITT de evitar que Allende fuera investido y los afanes posteriores de desestabilizar su gobierno, representaban, dijo, “una confrontación directa entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados”. Esas corporaciones, dijo Allende, “son organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y cuyas actividades no están controladas ni son responsables ante ningún parlamento o cualquier otra institución representativa del interés colectivo. En resumen, toda la estructura política mundial está siendo socavada”.
De hecho, las revelaciones sobre la ITT impulsaron al Consejo Económico y Social de la ONU a convocar a un grupo de estudio de “personas eminentes” para “estudiar el papel de las corporaciones multinacionales y su impacto en el proceso de desarrollo”. El grupo de estudio luego recomendaría la creación de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Corporaciones Transnacionales, un lugar clave de batalla entre el Tercer y el Primer Mundo sobre el derecho internacional de las corporaciones (ver aquí y aquí). Pero todo eso llegaría demasiado tarde para Allende y su gobierno: la desintegración civil de la que advirtió Allende se materializó en el golpe militar de septiembre de 1973.
Así es la historia de la ITT en Chile. Y como cualquier buena historia, hay innumerables direcciones en las que se puede tomar. Una dirección -quizás la más obvia- es tomarla como arquetipo de lo que podríamos llamar la “mala corporación”. La mala corporación es aquella que tiene que ser disciplinada por la ley.
Entonces, ¿qué exactamente hacía que la ITT fuera una corporación mala? Allende, en su discurso, enfatizó el tamaño y el poder financiero de la ITT (“una enorme corporación cuyo capital es mayor que el presupuesto de varias naciones latinoamericanas juntas”), su trascendencia de jurisdicción (“el poder de estas corporaciones es tan grande que va más allá de todas las fronteras”) y su falta de responsabilidad ante cualquier Estado. Se podría decir, entonces, que la corporación mala es aquella que emerge como rival del Estado, capaz, a través de su tamaño, poder y ubicación transnacional, de interferir con la soberanía estatal. Es a través de tal interferencia, después de todo, que la corporación socava, en palabras de Allende, el sistema político mundial.
ITT, sin lugar a dudas, encajaba en este aspecto. Como dijo Jack Anderson: “ITT opera su propia unidad de política exterior mundial, maquinaria de inteligencia extranjera, aparato de contrainteligencia, red de comunicaciones, sistema de clasificación y flota de aviones comerciales”. Incluso contaba con un ex director de la CIA, John McCone, como uno de sus miembros de la junta directiva.
Pero aunque la simplicidad de la imagen de la “corporación mala” tiene atracción política y narrativa, deja algo que desear en términos de análisis legal. Porque en esta versión de la historia, la corporación parece crecer y desplazarse exógenamente al Estado; su inmenso poder económico se desarrolla en algún lugar allá afuera, más allá de la ley. La corporación mala solo se convierte en un problema para el Estado cuando ese poder comienza a rivalizar con el del Estado; solo entonces el Estado intenta hacer que la ley se aplique sobre ella.
La imagen de la “corporación mala” puede complicarse al pensar en su corolario: la “corporación buena”. En el caso de ITT y Chile, esta imagen se proporciona mediante otra corporación transnacional de alta tecnología con sede en Estados Unidos: International Business Machines, o IBM. En contraste con el desarrollo exógeno de la “corporación mala”, la historia de IBM en Chile está entrelazada con el Estado (ver aquí).
Esa historia comienza en la década de 1920, cuando IBM comenzó a exportar máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas a entidades gubernamentales que deseaban mecanizar el cálculo de estadísticas, incluidas la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile, la Aduana y la Oficina de Presupuesto Estatal. Como lo expresó la historiadora Eden Medina, “la adopción de máquinas tabuladoras IBM, fue parte de un cambio más amplio hacia una mayor burocracia estatal y la recopilación aumentada de datos estadísticos por parte del Estado, utilizando métodos científicos occidentales”. Esta dinámica fue más pronunciada en la Oficina de Estadísticas de Chile, cuyo censo de población de 1930 fue tabulado utilizando maquinaria IBM.
El desarrollo entrelazado del negocio de IBM, la innovación tecnológica y la política chilena continuó hasta mediados del siglo XX. Por ejemplo, el desarrollo de las computadoras mainframe por parte de IBM coincidió con la elección del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva como Presidente de Chile, con una plataforma que incluía un aumento del gasto público en educación, vivienda y atención médica, entre otras cosas. Con la creciente importancia de la planificación económica centralizada, los sistemas informáticos mainframe de IBM estaban en alta demanda. Un ejemplo destacado es el establecimiento, en 1968, de la Empresa de Servicios Computacionales del Estado, un nuevo centro nacional de procesamiento de datos, cuya primera máquina fue un IBM 360/40.
A lo largo de este período de crecimiento mutuo para IBM Chile y la burocracia estatal, IBM mantuvo cuidadosamente su imagen de la “buena corporación”. Una forma en que lo hizo fue proporcionando una gran cantidad de capacitación y beneficios para sus empleados, tanto es así que esos trabajadores a menudo se referían cariñosamente a la empresa como “La Mamá IBM”. Otra forma en que IBM cultivó su “bondad” fue a través de su postura declaradamente “apolítica”, lo que significaba que, en marcado contraste con ITT, la empresa nunca se alineó públicamente con una ideología política particular.
Por supuesto, al examinar más de cerca, la imagen de la “buena corporación” resulta ser bastante ambigua. La postura “apolítica” de IBM significaba, en la práctica, que era una de las pocas empresas en Chile en ese momento que evitaba tratar con una fuerza laboral sindicalizada. Para contrarrestar el ascenso del trabajo organizado en Chile en la década de 1960, la dirección de IBM se aseguró de referirse a sí mismos como “La Mamá”, enfatizando su llamada “política de puertas abiertas”, lo que significaba, según decían, “que los trabajadores no necesitaban sindicalizarse para ser escuchados”.
La idea de una “familia” IBM también era ambigua, ya que los vínculos de lealtad que constituían la “familia” eran transnacionales o multinacionales. Es decir, se alentaba a los empleados de IBM a pensar en sí mismos primero como “IBMers” y en segundo lugar como chilenos (o brasileños, o estadounidenses). Este sentido de pertenencia primaria a la corporación global fue cultivado por una cultura corporativa global, de modo que cuando los “IBMers” de diferentes países se reunían en conferencias, descubrían que hablaban el mismo idioma. Como dijo un ex trabajador de Chile a Medina,
“No había diferencia. La cultura del país era diferente, pero la cultura de IBM era la misma. IBM era como una familia o un país aparte. Éramos un país dentro de otros países”.
Esta separación culminó en la retirada gradual de IBM de Chile después de la elección de Allende en 1970. Una vez más, en contraste con ITT, no hubo ninguna operación encubierta para derrocar al gobierno. Sin embargo, preocupada por la perspectiva de nacionalización, IBM redujo sus operaciones en Chile al mínimo indispensable, esperando así presentar un objetivo más pequeño. Al hacerlo, IBM se apoyó en su imagen como “La Mamá” para alentar a los trabajadores chilenos de IBM a reubicarse, lo que muestra la fuerza de esos lazos “familiares” de lealtad.
A simple vista, esta retirada gradual parece estar a años luz de la “intervención imperialista” denunciada por Allende en su discurso contra la ITT. Sin embargo, tuvo consecuencias igual de graves para la visión socialista de Allende. Este efecto fue más evidente en la trayectoria del proyecto Cybersyn, el intento del gobierno de Allende de crear una especie de internet socialista que proporcionaría, entre otras cosas, una mayor autonomía a los trabajadores en las fábricas para decidir el ritmo y las condiciones de producción. Aunque el fracaso final de Cybersyn no se puede atribuir a un solo factor, un contribuyente significativo fue la grave falta de maquinaria informática en el país. De hecho, lo que Cybersyn logró fue con un mainframe IBM System 360 que había llegado antes de 1970. Pero este único mainframe estaba en tanta demanda entre las agencias gubernamentales que el proyecto Cybersyn no pudo procesar indicadores recopilados de las fábricas durante 24 o incluso 48 horas, socavando el propósito principal del sistema cibernético, que era proporcionar estadísticas económicas casi en tiempo real tanto al gobierno central como a las fábricas. Las implicaciones de la retirada gradual de IBM pueden comenzar a entenderse a través de un contrafactual: ¿qué pasaría si, en lugar de abandonar prácticamente Chile durante la presidencia de Allende, IBM hubiera cumplido con su ideal apolítico y se hubiera quedado? ¿Y si hubiera proporcionado el poder informático necesario para que Cybersyn funcionara, si no perfectamente, al menos lo suficiente para haber mitigado los problemas económicos causados por ITT y la CIA?
Allende no estaba del todo ajeno a los peligros de la “buena corporación”. En un discurso anterior ante la ONU, había advertido sobre corporaciones “que se arrogan el papel de agentes que promueven el progreso de los países más pobres”. Es decir, mientras las atrocidades de ITT dominaban los titulares del día, otro tipo de amenaza acechaba en segundo plano. Después de todo, fue IBM, la buena corporación, la que tanto como ITT contribuyó a socavar el legado de Allende en la lucha contra la “intervención imperialista” corporativa. Lo hizo regresando a Chile después del golpe y floreciendo bajo la dictadura de Pinochet. De hecho, IBM fue uno de los principales beneficiarios de la economía de la doctrina del shock implementada por los “Chicago Boys”. Específicamente, tras la aprobación de la Ley 1130, que redujo los aranceles para los bienes importados, IBM Chile triplicó su capacidad informática en el país. Al mismo tiempo, figuras importantes de IBM como Jacques Maisonrouge, presidente de la subsidiaria global de IBM, World Trade Corporation, se convirtieron en antagonistas activos de la lucha del Tercer Mundo por regular las corporaciones transnacionales. En particular, Maisonrouge, como presidente de la Comisión de la Cámara de Comercio Internacional sobre multinacionales, fue un opositor vocal del intento del Centro de las Naciones Unidas sobre las Corporaciones Transnacionales (UNCTC) de negociar un Código de Conducta vinculante sobre Corporaciones Transnacionales. Usando a IBM como ejemplo y basándose en la teoría de la firma de transacción de Ronald Coase, argumentó que las corporaciones multinacionales eran un desarrollo natural en respuesta a la internacionalización del comercio, la producción y el trabajo. Después de más de una década de negociaciones tensas, el Código de Conducta finalmente fue abandonado.
Está claro que ninguna de las dos imágenes de la corporación, ya sea “buena” o “mala”, es adecuada para esta tarea. Al menos, estas imágenes no logran captar la complejidad de las relaciones entre la empresa y el Estado (y la legislación estatal). En la breve historia que hemos esbozado aquí, hemos visto cómo empresas como ITT e IBM crecen con el Estado administrativo y le dan forma, actúan como instrumentos del poder estatal (como cuando ITT y la CIA trabajaron juntas) y presionan para que se hagan leyes y ayudan a hacerlas (como cuando IBM participó en las negociaciones sobre el Código de Conducta). Al mismo tiempo, estas empresas afirmaron su separación de la ley estatal como entidades “naturales” (es decir, económicas), de modo que cuando infringen o ignoran dicha ley, en realidad están reivindicando una forma distinta de autoridad corporativa. En las desafiantes palabras de Ned Gerrity, un alto vicepresidente de ITT que compareció ante una audiencia del Comité del Senado de EE.UU. sobre la interferencia de la corporación en la política chilena: “¿Qué hay de malo en ocuparse del Número Uno?”.
Más allá de la reducción analítica de estas imágenes de la corporación, también existe el riesgo de naturalizar la expansión de estas multinacionales como algo que ocurre de manera previa y exógena a las luchas jurídicas. Por ejemplo, existe el riesgo de que cuando se pregunta cómo “IBM” o “ITT” viajan a Chile, la pregunta presupone la existencia previa de algo llamado IBM o ITT (y por lo tanto, algo llamado Chile) que se desplaza de un lugar a otro como un hecho social, a través de la innovación tecnológica y gerencial o una economía global cambiante (ver aquí, aquí, aquí y aquí). Tales relatos tienen un sesgo teleológico: la innovación y el progreso emanan de Endicott (o Silicon Valley, o Seattle, en los Estados Unidos) y se propagan, inevitablemente, a partes más atrasadas del mundo.
Este problema es particularmente agudo en relación con las corporaciones globales de alta tecnología que han estado en el centro de debates recientes. Los abogados internacionalistas pueden dar fácilmente ejemplos de tales corporaciones, como Google, Microsoft o Amazon. La pregunta, para la mayoría de los académicos del derecho internacional, es cómo debería tratar el derecho internacional a estas entidades ya existentes: ¿debería regular las corporaciones de alta tecnología (cuando aparecen como la “corporación mala”), o debería facilitar que las corporaciones de alta tecnología realicen su trabajo positivo y socialmente beneficioso (cuando aparecen como la “corporación buena”)?
Estas dificultades para definir la “corporación buena” y la “corporación mala” son sintomáticas de una pregunta más fundamental para el derecho internacional: ¿qué es exactamente una corporación? Como ha señalado Fleur Johns, en “la escritura legal internacional, se da más o menos por sentado que todos saben de qué estamos hablando cuando invocamos ‘la corporación’”. Sin embargo, hay poca teorización explícita de las corporaciones por parte de los abogados internacionalistas.
Quizás una forma de avanzar sea recordar que lo que etiquetamos como una corporación no es más que un atajo para un conjunto de actores heterogéneos: una junta directiva, un cuerpo disperso de accionistas, una oficina central, una corporación “matriz”, subsidiarias directas, empresas matrices, socios comerciales, oficinas de sucursales en todo el mundo y los gerentes y trabajadores en ellas, inversiones, laboratorios de investigación y diseñadores y científicos, fábricas y el equipo instalado y producido allí, toda una cadena de suministro, partes interesadas de la comunidad, consumidores y gobierno, abogados, contadores y consultores, y así sucesivamente. Es, como dice Bruno Latour, bastante conveniente usar tal abreviatura en lugar de la “larga y costosa escritura”, pero solo si se recuerda que, al final, es una abreviatura. Lo que queda por hacer hoy, para los abogados internacionalistas, es comprender y mapear los ensamblajes que continúan arrogándose la responsabilidad, y privilegios, del progreso.
Citación académica sugerida: Dao, André. Lo bueno, lo malo, el ensamblaje: ITT, IBM y Chile. Agenda Estado de Derecho. 2024/04/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/lo-bueno-lo-malo-el-ensamblaje-itt-ibm-y-chile/
Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.
Investigador del ARC Laureate Program on Global Corporations and International Law de la Facultad de Derecho de Melbourne. Anteriormente fue doctorando en el Instituto de Derecho Internacional y Humanidades, también en la Facultad de Derecho de Melbourne. Su investigación doctoral se centró en las intersecciones entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las tecnologías de datos digitales.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
