El Poder Judicial de la Federación, establecido en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los poderes del Estado, ha tenido un papel relevante en el contexto de la pandemia actual, por su trabajo en la protección de los derechos humanos. En los últimos tiempos, especialmente durante los dos años anteriores que han marcado la historia del mundo entero, la justicia constitucional mexicana ha adquirido un ritmo de desarrollo jurisprudencial destacable, el cual salta a la vista.

Se han presentado en el ámbito jurídico diversos temas de interés nacional, entre éstos, el relativo a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a menores de edad (personas menores de 18 años en el caso de México). Respecto al derecho involucrado (derecho a la salud) nuestra Suprema Corte ha sostenido  que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º. constitucional y que comprende la recepción de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades y el suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios de salud.

La protección a la salud, es un derecho humano vital e indispensable para el ejercicio de otros derechos, el cual debe ser entendido como la posibilidad de las personas de disfrutar de bienes, servicios y de las condiciones necesarias, para alcanzar su más alto nivel de desarrollo psicofísico, individual y social o colectivo, lo que no supone, desde luego, ningún tipo de discriminación por razones de edad —para el caso en reflexión—.

Una de las acciones gubernamentales para la atención de la pandemia, fue el establecimiento del programa denominado Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, cuyos beneficios serían alcanzados por menores de edad con algún tipo de enfermedad que debilite su sistema inmunológico, así como para las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. No obstante, no se contempló a todas las personas que se encontraban en ese rango de edad, quienes, por no presentar algún padecimiento, quedaban excluidos de la citada política gubernamental.

Lo anterior, sin duda, atentaba contra el derecho humano a la salud, en virtud de que, si bien existen grupos de adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad y que requieren una atención prioritaria, también es cierto que aquellos que se consideran médicamente sanos se encuentran en una situación de potencial riesgo de contagiarse del virus, esto es, igualdad de condiciones ante la pandemia y que puede generar graves daños a la salud o, incluso, perder la vida. Circunstancia que ha sido señalada por nuestra SCJN y donde los efectos relativos de la sentencia resuelta se tornan a privilegiar la protección colectiva y no únicamente el interés legítimo del promovente del amparo.