La reelección de Nayib Bukele y el futuro democrático de El Salvador
La reelección del presidente salvadoreño Nayib Bukele, considerada por muchos como inconstitucional, y el deterioro del sistema democrático durante su primer mandato plantean serias incertidumbres y preocupaciones sobre el devenir democrático del país.
El 04 de febrero de 2024 marcó un hito histórico en El Salvador con las elecciones en las que el presidente Nayib Bukele buscó y obtuvo la reelección con más del 80 por ciento del respaldo popular. Este proceso, sin embargo, no ha estado exento de controversias, ya que la reelección presidencial inmediata está explícitamente prohibida en el art. 152 de la Constitución salvadoreña.
Muchas personas cuestionan que durante el primer mandato de Nayib Bukele se produjo una erosión democrática y un desmantelamiento del Estado de derecho que creó condiciones para la remoción de los obstáculos constitucionales a su candidatura. Además, cuestionan el Estado de excepción y la política de mano dura contra las pandillas que ha provocado daño emergente en personas inocentes no vinculadas con la delincuencia organizada en el país. Su modelo de seguridad incluso goza de popularidad fuera de El Salvador y amenaza con extenderse a otros países.
En su discurso de reelección el mandatario ha dicho que El Salvador se ha convertido en el único sistema democrático en el mundo con un partido único, tras informar que su fuerza política, Nuevas Ideas, también obtuvo 58 de 60 diputaciones en la Asamblea Legislativa. Este escenario plantea interrogantes sobre la legalidad y la salud democrática en El Salvador. En esta entrevista especial para Agenda Estado Derecho, exploramos con cuatro personas expertas las complejidades y desafíos que esta situación política presenta para el futuro del país.
Ruth Eleonora López: Bukele accede a una candidatura inconstitucional para una reelección inmediata a partir de la destitución inconstitucional e ilegítima de magistrados que habían sido electos para el periodo 2018 hasta el 2027 y que fueron destituidos y sustituidos por personas que no cumplen con los requisitos para el cargo, constituyéndose una sala de lo constitucional ilegítima.
Cuatro meses después de haber asumido, la sala impuesta emite una resolución en un proceso de pérdida de derechos que se seguía contra una persona que andaba promoviendo la reelección. A partir de esta resolución, Bukele un año después anuncia que se va a postular como candidato para la siguiente elección en el 2024. Así, siguió su proceso interno dentro de su partido político y posteriormente presentó su candidatura que fue aceptada sin reparos por el Tribunal Supremo Electoral.
Jonathan Sisco: Existe un apoyo importante al Presidente, pero también hay que analizar otros elementos. Además de una política de seguridad que a la población le ha parecido eficiente, hay pactos con líderes de pandillas. También se han utilizado fondos públicos para mantener una estrategia de propaganda política. Esto, desde luego, es ilegal. No se puede hacer propaganda con fondos públicos.
Hay acuerdos entre el Presidente y algunas entidades económicas: han modificado el sistema de compras públicas y existen evidencias sobre muchos casos de corrupción. Todo esto se debe analizar cuando vemos estos resultados, porque estamos ante compras de voluntades. Se han ido estructuras de partidos de oposición para el nuevo partido político, entonces hay una correlación política muy favorable para el Presidente y se refleja en las elecciones.
Apoyo del cuerpo diplomático, control de los tres poderes del Estado y otras instituciones, incluyendo la Fiscalía. Además, algo muy importante, es que se ha amenazado a personas que habían ejercido cargos para que ya no se presentaran como candidatos. Esto no se ve en el plano público, pero también es una medida para favorecer en la elección. La elección no es equitativa desde el momento en que no le dan la deuda política (financiamiento público) a los partidos de oposición. Pero cuando estamos hablando que hay un clima de persecución política contra líderes opositores, esto desde luego desalienta el ejercicio de los derechos políticos y se ve reflejado también en la votación, en los resultados.
Jonathan Sisco: El Salvador ya no es un país democrático. En eso creo que todos los analistas están de acuerdo, pero hay una diferencia en cómo catalogarlo. Ahora bien, está cayendo la democracia. ¿Qué es lo que teníamos antes? Una democracia deficiente, pero que había conseguido una considerable legitimidad, incluso a nivel internacional.
¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se establece un nuevo régimen. Hay un cambio. Es un régimen autoritario que, para retomar a Juan José Linz, se basa en una alineación de las fuerzas sociales y la exclusión de los actores políticos importantes del régimen democrático anterior. Pero no se están creando instituciones políticas nuevas y tampoco hay movilización de masas en apoyo al nuevo gobierno. Esta es la diferencia que no ha sucedido lo que en Italia o lo que en Alemania ocurrió con el fascismo, por ejemplo. Entonces estamos en un gravísimo declive democrático. La democracia ya ha finalizado y lo que está sucediendo es que se está creando un régimen dictatorial pleno, una dictadura abierta, a eso va El Salvador.
Jonathan Sisco: El papel de la comunidad internacional debe ir encaminado a evitar que se consolide una dictadura plena, en equilibrar las fuerzas del sistema democrático, restaurar, instaurar nuevamente la democracia. Y en esto tiene mucha responsabilidad la comunidad internacional, en el financiamiento, por ejemplo, de algunas políticas que seguramente van a venir desde el gobierno.
Es preocupante, por ejemplo, que se esté hablando de reformas constitucionales. Es preocupante que los gobiernos hayan dado el reconocimiento a un gobierno de facto, autoridades de facto, sin esperar que el Tribunal Supremo Electoral haya oficializado el resultado. Allí ya hay un problema de la comunidad internacional porque se ve un apoyo político a un líder autoritario que ha violado la Constitución. Entonces, la primera función de la comunidad internacional es no dar legitimidad a actos que van contra la Constitución, no financiar actos que vayan a socavar aún más el sistema democrático.
El próximo paso sería instituir una nueva Constitución, crear una constituyente o reformas constitucionales que van a trastocar todo el sistema de frenos, pesos y contrapesos. Esa debe ser la primera misión de la comunidad internacional, no ayudar a que se vaya a instaurar una dictadura plena, no apoyar a estos esfuerzos antidemocráticos. Asimismo, el reequilibramiento de las fuerzas democráticas y para esto la sociedad civil va a cumplir un papel muy importante. Se debe garantizar que se proteja los pocos espacios que tenemos de sociedad civil.
Katya Salazar: La respuesta del Estado salvadoreño frente a la violencia me recuerda mucho a la respuesta del Estado peruano frente a la violencia terrorista de los años 90. Efectivamente, el gobierno Alberto Fujimori, para responder a esta violencia terrorista, aprobó una legislación muy dura que no respetaba las reglas mínimas del debido proceso. Los principales elementos de esta legislación eran muy parecidos a los elementos de la legislación de emergencia en El Salvador que se usa para combatir la criminalidad de las pandillas.
¿Qué pasó en Perú? En un primer momento hubo una detención masiva de personas, muchas de ellas responsables de actos terroristas, pero muchas de ellas también inocentes. El fenómeno de las personas inocentes condenadas por terrorismo o traición a la patria fue tan evidente que el propio presidente de la república tuvo que reconocerlo. El propio presidente Fujimori tuvo que reconocer esa realidad y creó una comisión estatal para revisar los casos de personas inocentes condenadas por terrorismo y traición a la patria.
Esta Comisión revisó y logró el indulto de por lo menos 500 personas. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por esta legislación y lo obligó a reformarla y a volver a juzgar a las personas condenadas en el marco de una nueva legislación que sí respete y esté alineada con los principios y reglas del debido proceso. Eso tuvo que hacerlo el Estado peruano con el dinero de todos los contribuyentes.
Katya Salazar: El principal mensaje que sale de los resultados de ayer en El Salvador y de las propias palabras del presidente Bukele es que los valores democráticos son un obstáculo para gobernar y sobre todo son un obstáculo para combatir la violencia. Estas afirmaciones son por lo menos debatibles.
En primer lugar, hay fuertes evidencias de que la violencia en El Salvador se ha reducido principalmente por negociaciones entre agentes estatales y líderes de las pandillas. En segundo lugar, no hay que olvidar que la violencia en El Salvador está muy centrada en las pandillas. Es un fenómeno muy particular, totalmente distinto a las violencias en plural que se viven en otros países de la región con otras características.
La violencia relacionada con el narcotráfico, con las organizaciones criminales transnacionales o con aquellas redes de corrupción integradas por actores públicos, actores estatales y actores privados, sicariatos, en fin, el fenómeno o los fenómenos de la violencia en América Latina son muy distintos al que se vive en El Salvador y las medidas que aquí, entre comillas, han funcionado por el momento no necesariamente van a funcionar en otros países de la región.
Ruth Eleonora López: El Salvador no tiene un sistema de frenos y contrapesos que funcione. Por supuesto, continuará siendo igual si mantiene el control de la Asamblea. Es previsible que utilice la Asamblea legislativa para una reforma constitucional y para perpetuarse en el poder, o alguna otra institución como la misma sala de lo constitucional que ya le concedió una vez la reelección inmediata, siguiendo el modelo de otros presidentes latinoamericanos que han utilizado el mismo mecanismo.
Ursula Indacochea: El discurso es dirigido a la comunidad internacional, pero no solo a sus críticos, también a sus admiradores. Hay un cuestionamiento directo a la idea de democracia tal como la entendemos, como un sistema en el que existe alternancia del poder, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, y lo mira como algo impuesto desde afuera, que no sólo no ha cumplido sus promesas, sino que no es respetado en otros países, y que sobre todo ha causado muerte y dolor en El Salvador.
A partir de allí, empieza a construir su propia idea de democracia, de partido único, donde los derechos humanos no son universales, sino sólo de la gente honrada, pero sobre todo como un sistema donde la voluntad del pueblo,de la mayoría, no tiene ningún límite.
Esta es una narrativa muy peligrosa, porque ya expresamente se busca sentar las bases para perpetuarse en el poder ilimitadamente, y lo que podría justificarse en el futuro como “el pueblo lo quiere”. Para reforzar esa estrategia, menciona claramente que El Salvador está haciendo historia, historia mundial, y cuestiona incluso los acuerdos de paz, clasificándolos como una farsa. Lo que hay detrás es una idea mesiánica, y es que la historia en El Salvador empieza con él, con Nayib Bukele.
Ursula Indacochea: Identifico dos factores esenciales en mediano plazo y dos en el largo plazo. En el mediano, la preservación del espacio cívico: hay que hacer esfuerzos activos para preservar cualquier forma de organización de la sociedad civil, ya sea a través de asociaciones, fundaciones, comités, espacios comunitarios, incluso si no son formales; porque esos espacios son vitales para que la idea del ciudadano con derechos, propia de la democracia, no se diluya en un concepto difuso como el pueblo.
Luego, por otro lado, está el derecho a la protesta, que es una manifestación de otros derechos, como la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Si pensamos en una idea de democracia que no sea puramente electoral, ocupar la calle y el espacio público es una forma de expresar el disenso.
A largo plazo, dos factores. Necesariamente se debe restablecer la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía y se deben restablecer las reformas que le han quitado la inamovibilidad a los jueces fiscales. Y segundo, hay que restablecer un amplio y libre acceso a la información pública, porque hay que acabar con esas larguísimas listas de información reservada y restablecer una cultura y una política de la transparencia y de la rendición de cuenta.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. La reelección de Nayib Bukele y el futuro democrático de El Salvador. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-reeleccion-de-nayib-bukele-y-el-futuro-democratico-de-el-salvador/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
