Control judicial de la reforma, lecciones aprendidas de experiencias similares y elementos a tomar en cuenta para una reforma integral a la justicia
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Directora general de la Fundación para la Justicia @FJEDD. Fue coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Es Doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – México), Maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York (NYU), y Licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris). Sus líneas de investigación son independencia judicial, gobierno judicial, carrera judicial, transparencia y combate a la corrupción en el Poder Judicial, poderes judiciales estatales y justicia digital. Coordinator of Mexico Evalua’s Justice Transparency Program. She has a PhD in Political Science from the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO – Mexico), a master’s degree in Journalism from the New York University (NYU), and a bachelor’s degree in Communications from the Institute of Political Studies in Paris (Sciences Po Paris). Her areas of research are judicial independence, judicial government, the judicial career, transparency and the fight against corruption in the Judiciary, as well as state judicial powers and digital justice.
Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en teoría del derecho por la Universidad de Nueva York (Hauser Global Scholar). Especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de obras colectivas. Entre los que destacan: Diez sentencias emblemáticas de la Suprema Corte junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso; La justicia constitucional de la democracia deliberativa; Teorías críticas y derecho mexicano, coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández; así como La argumentación constitucional de la Suprema Corte. A diez años de la reforma de derechos humanos.
Defensora de derechos humanos. Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José Ma. Luis Mora. Ha colaborado en proyectos de observación electoral, participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad civil, transparencia, rendición de cuentas, género y derechos humanos en las organizaciones Presencia Ciudadana Mexicana, Colectivo Feminista Mercedes Olivera (de San Cristóbal de las Casas, Chiapas) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Fue Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante concurso abierto, y presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) de abril de 2019 a mayo de 2021. Co-coordina el grupo Eval Derechos Humanos dentro de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe (ReLAC). Actualmente, es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Abogado, académico y consultor internacional. Es Máster en Derecho del Trabajo por la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), en derecho electoral por la Universidad de Castilla La Mancha y en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por el Campus Global de Derechos Humanos de la Unión Europea y el CIEP UNSAM de Argentina. Además, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es coordinador regional para México, Centroamérica y Caribe de Agenda Estado de Derecho, y estudiante del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León
Roberto Niembro: La pregunta nos plantea una reflexión más general de la Suprema Corte y de por qué hemos llegado acá. Adelanto mi respuesta directa sobre la pregunta. Yo creo que no. La solución en este momento, desafortunadamente, no es el control de reformas constitucionales. Desde mi punto de vista, tiene muchos problemas también de la legitimidad democrática llevar a cabo un ejercicio de esos. Pero también porque, como bien dice la propia pregunta y lo enuncia, es un cambio de criterio que no se podría generar en el momento en el que estamos y que sería para el beneficio propio.
La Corte tuvo muchas oportunidades de haber generado esta doctrina en el pasado. Hace pocos años se le preguntó si podía llevar a cabo ese control. Y ahí la Corte no generó esa doctrina. Esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer hacia el futuro. ¿Qué fue lo que nos trajo acá también desde el punto de vista del Poder Judicial?
Evidentemente no comparto esta reforma. Me parece que es muy regresiva en el contexto mexicano. Pero creo que también de alguna medida hubo oportunidades perdidas. Una oportunidad perdida fue generar esa doctrina en su momento para estar en condiciones actuales para llevar a cabo ese ejercicio. Oportunidades perdidas para crear legitimidad social. Oportunidades perdidas para reformar el procedimiento del 135 constitucional, etc. Digamos que también hubo instancias previas que se desaprovecharon.
Alfonso Herrera: Quisiera plantear una posición diferenciada a la que ha comentado Roberto. Es verdad que hay que coincidir que la Suprema Corte ha tenido y tiene una jurisprudencia muy consolidada en torno a la imposibilidad jurídica de controlar la constitucionalidad de reformas constitucionales en un sentido material, como lo conocemos. Sin embargo, tampoco ha tenido ante sí una reforma con contenidos que podemos objetivamente considerar que están trastocando los principios básicos de un Estado republicano y democrático en sentido constitucional del Estado mexicano.
Lo que quiero decir es que, si bien en efecto se ha tenido distintas oportunidades en distintos momentos y épocas a partir de su transformación en la Corte Constitucional de pronunciarse en un sentido diferente, esta materia de la que se trata ahora tampoco la tuvo enfrente en esos años. Tuvo cuestionamientos relacionados con una reforma electoral, tuvo cuestionamientos relacionados con cuestiones de derechos políticos, pero ahora está trastocándose uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano y lo único malo, voy a decirlo así, es que el momento en el que llega esa oportunidad, el momento en el que tendría que hacerlo está proponiéndose una destitución masiva de jueces y magistrados, lo cual en términos prácticos significa suprimir a un poder del Estado que tiene el mismo nivel que el poder ejecutivo y el poder legislativo.
Esto además considerando que hay estándares constitucionales muy claros en el sentido de que el despido masivo de jueces, incluso el producido, a partir de una reforma jurídico-constitucional, que está escondiendo en realidad el sentido de cooptación, se ha señalado por nuestra Corte Interamericana, por ejemplo, que este tipo de movimientos en un sentido de reformas o en un sentido de modificaciones pretendidas por el poder político y que en realidad son ataques directos al poder judicial, son incompatibles precisamente con una democracia representativa y con el derecho de los ciudadanos de acceder a un tribunal independiente e imparcial.
Por lo tanto, digamos que tenemos estas dos tesis, y sí quiero desde luego coincidir con Roberto de que en el caso de que la Corte se animara a hacerlo, se provocaría un problema muy serio desde el punto de vista institucional, eso sí hay que decirlo. Es un riesgo considerar un cambio de doctrina, aunque este cambio de doctrina, como lo comento, es precisamente uno que está apuntalando necesariamente la idea de analizar justamente con profundidad si hay que revertir una doctrina que en la Corte no ha sido favorable al control judicial de reformas constitucionales.
Laurence Pantin: Sobre este tema, creo que es importante decir que en el mundo son una excepción los países donde se designan a las personas juzgadoras por voto popular. Podemos mencionar Suiza, Estados Unidos y Bolivia. Cada uno es para niveles distintos.
En Suiza se trata de nombrar a los jueces de paz en algunos cantones y estos en realidad más que jueces que toman resoluciones judiciales, son personas que tienen un papel de mediación y conciliación. Entonces, la experiencia es un poco distinta de lo que se está planteando en México. En cuanto a Estados Unidos, los jueces que son electos son algunos jueces estatales, pero de hecho en los últimos años ha habido cada vez menos estados que tienen este método, porque algunos consideran que no les ha funcionado. En Bolivia, los jueces que se nombran por voto popular son los de las más altas cortes.
¿Y qué resultados ha dado? Es interesante, en Estados Unidos algunos estudios han demostrado que el método de selección por voto popular puede influir en las decisiones de los jueces. Es decir, cuando los jueces tienen que buscar una elección, podrían en sus compañías prometer tener mano dura contra la delincuencia o tener cierta postura sobre el aborto, porque saben que sus electores tienen esas posturas y que les van a dar votos. Y en el caso donde se da la posibilidad de una reelección, en realidad muchas veces las personas juzgadoras toman ciertas decisiones justo antes de la elección en función de las preferencias del electorado. Esto afecta la percepción de legitimidad de los juzgadores, porque se percibe que los jueces no actúan de manera verdaderamente independiente, sino que tienen que adoptar ciertas prácticas propias de los políticos y esto no necesariamente abona a la confianza ciudadana en ellos.
En el caso de Bolivia también ha habido algunos temas problemáticos, como el carácter muy político del proceso, porque en realidad hay una Comisión de Selección que realmente se le ha reprochado su carácter demasiado político. Se ha intentado incluir en esa Comisión, aparte de personas legisladoras, participación de universidades públicas, pero en realidad se ha criticado que se manipuló políticamente también esa Comisión de Selección en el segundo proceso donde se utilizó este método. Esto ha dejado mucho que desear. También es importante recordar que en Bolivia la mayoría de los sufragios emitidos han sido votos nulos o blancos, no votos para ciertos candidatos. Esto se debe a que precisamente las personas consideran que no conocen a los candidatos y es muy difícil para ellos decidirse por uno. Todo ello ha demostrado que no necesariamente es un método idóneo para seleccionar a las personas juzgadoras.
Itzel Checa: Como bien lo mencionaba Laurence, en el caso de Estados Unidos, solamente son 20 los estados que tienen esta elección. Pero algunas de las cosas que se han encontrado es la intervención no solo de los partidos, sino de distintos grupos de interés. Por ejemplo, dinero de grandes empresas que buscan sentencias favorables a sus proyectos. Ese es un riesgo que vemos aquí también latente con este mecanismo, que no es el que más se utiliza en el mundo. El riesgo de que pueda ser patrocinado, aunque están prohibidas en el dictamen las campañas. En el caso de Bolivia, solamente como dato, la Comisión Interamericana hizo una visita después de estos procesos. Entre las recomendaciones que hacía es que toda la preselección de estas personas aspirantes tendría que estar bajo estándares interamericanos de mayor publicidad, participación, transparencia, para tener mayor certeza y no tener los resultados de los que hablaba Laurence. Estamos hablando de que casi dos terceras partes de los votos emitidos son entre blancos y nulos.
Alfonso Herrera: Lo que se está reformando o pretendiendo modificar es justamente lo que sí funciona en el sistema. Es decir, al Poder Judicial de la Federación, que son los jueces de amparo. Los jueces que tienen por encargo, por competencia, analizar si se violan o no los derechos humanos de las personas y si se incurre por las autoridades a todos los niveles precisamente en estas violaciones. Lo que en los últimos 30 años se ha perfeccionado en el sistema de justicia es precisamente lo que se pretende diluir. Todo lo demás exige una revisión y un diagnóstico puntual, desde las prácticas de la policía, desde la investigación de los delitos, desde las instituciones que se encargan precisamente de investigar y perseguir las conductas delictivas. Todo eso que no se está tocando precisamente es lo que exige en México una revisión absoluta y extraordinariamente puntual para modificarse, para establecer incentivos económicos presupuestarios que permitan su perfeccionamiento.
Laurence Pantin: Creo que efectivamente hay una necesidad que no ha sido atendida en mucho tiempo de ampliar el acceso a la justicia y para esto habría muchas propuestas. Se podría pensar en fortalecer, empezar fortaleciendo las defensorías públicas. En 2021 se propuso una reforma y se planteó profesionalizar la defensoría pública a nivel federal. Pero más allá de esto no ha habido ningún esfuerzo para fortalecer las defensorías públicas a nivel estatal y son uno de los eslabones débiles, digamos, del sistema.
Me parece también que sería importante pensar en cómo se puede ampliar la posibilidad de acceder a la justicia sin contar con una representación legal, es decir, sin contar con un abogado. Hay ciertos juicios, ciertos procedimientos donde tener un abogado que cuesta muy caro en México, puede ser un obstáculo para que la gente pueda acceder y no necesariamente es indispensable que haya un abogado. Estas reformas en ese sentido se han implementado en Chile con muy buenos resultados. También ver la manera de democratizar el acceso al hogar en particular o desarrollar todavía más los mecanismos alternativos de solución de controversias que para mí desde mi perspectiva no deberían llamarse mecanismos alternativos sino deberían de ser la primera puerta de entrada, como deberíamos de siempre intentar conciliar y mediar antes de llegar a la judicialización.
Si queremos ampliar el acceso a la justicia se debe fortalecer muchísimo los poderes judiciales locales, que son la puerta de entrada a la justicia para la mayoría de las personas. También otro tema podría ser apostar para la incorporación de mecanismos tecnológicos en la impartición de justicia para hacer la justicia más eficiente, más rápida. En fin, hay muchísimas propuestas que podrían ir en este sentido y que desafortunadamente no fueron contempladas para nada en esta iniciativa de reforma.
Itzel Checa: En la línea de lo que menciona Alfonso y Laurence, parece que esta reforma no es la adecuada, no es la que necesitamos para revertir el 99% de impunidad de los casos que llegan, y como lo han mencionado, deja de lado las fiscalías, que es donde, al menos cada año, se investigan o llegan 2.2 millones de casos, y solamente el 10% de estos llegan al poder judicial. Entonces, es importante reconstruir las fiscalías, no solo el nombre, y eso implicaría, rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar los delitos, de incrementar las capacidades técnicas y la independencia de los servicios periciales, un poco también ampliar el acceso al juicio de amparo, que, también la propuesta va en sentido contrario. Pensaríamos también en mejorar todo el monitoreo patrimonial de las personas juzgadoras, si lo que se busca es combatir la corrupción.
Roberto Niembro: Creo que la reforma tendría que haberse enfocado sobre todo en los tribunales locales, en su independencia, en su fortaleza, en su capacitación, en su formación en relación con temas de derechos humanos, que tanto costó a nivel federal haberlo logrado. Estamos hablando de 15-20 años con mucho esfuerzo y con muchas reticencias. También creo que se podría hacer una reforma al juicio de amparo para facilitarlo y hacerlo más accesible, etc.
Pero, más allá de eso ¿Qué es lo paradójico que es esta reforma? Esta reforma se presenta como un intento de democratizar la justicia. Digamos, alguien podría pensar, bueno, democratizar la justicia no tiene nada de malo. Al contrario, es algo que nos parece valioso, porque en el fondo, como ya decíamos, hay una garantía de igualdad política que está detrás de la democracia y que por eso la consideramos valiosa. Pero lo paradójico de toda esta reforma es que no la democratiza. De hecho al contrario, va a concentrar la toma de decisiones en unos cuantos.
Los ganadores de esta reforma son el poder político dominante, el poder político actual en las cámaras y en la presidencia de la república, y por otro, los poderes fácticos. Entonces, en realidad nos venden una reforma judicial que, en principio, dice ser democratizadora, pero en realidad los que se van a ver fortalecidos son los que ya tienen poder. Lo peor de todo es que vamos a salir con jueces que además van a ostentar una legitimidad democrática directa que va a hacer que sean menos objetables, o que ellos consideren que sean menos objetables sus decisiones. Finalmente, no podemos olvidar, y creo que no se ha defendido en esos términos en la esfera pública, la independencia judicial que se está poniendo en jaque es una garantía también igualitaria. Es decir, que el juez sea independiente es una garantía para que los que no tienen poder puedan defenderse ante los poderosos en los tribunales. Y eso es precisamente lo que vamos a dejar de tener.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Reforma a la justicia en México. Primera parte Contexto de la reforma, su legitimidad y principales riesgos Agenda Estado de Derecho. 2024/09/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/control-judicial-de-la-reforma-parte-2/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
