8 de Marzo del 2024

Claudia Goldin y la brecha de género: un Nobel de economía a su contribución vanguardista

Claudia Goldin y la brecha de género: un Nobel de economía a su contribución vanguardista
Foto. Pxhere

En el marco de nuestro especial sobre el día de la mujer y en homenaje a Claudia Goldin, Nobel de Economía 2023, la autora reflexiona sobre las causas de la desigualdad salarial de género y las restantes oportunidades para cerrar esta brecha en América Latina.

Claudia Goldin es experta en historia económica y profesora de la Universidad Harvard. Fue destacada por sus investigaciones relacionadas con la economía del trabajo y cuestiones de género con el Premio Nobel de Economía 2023.

En el artículo The Quiet Revolution That Transformed Women’s Employment, Education, and Family (2006), identificó cuatro fases que, desde finales del siglo XIX, han definido el papel de las mujeres en la economía estadounidense.

-“trabajadora independiente” hasta 1920;

-“disminución de las restricciones a las mujeres casadas en la fuerza laboral”, 1930–50,

-“raíces de la revolución”, 1950–70 y

-“revolución silenciosa”, a fines de 1970.

Las primeras tres fases registraron avances significativos, aunque las mujeres consideraban su vida laboral como algo intermitente y un medio para sostener a sus familias; además, no tenían control sobre las decisiones que afectan su empleo.

Las mujeres de la última fase sí consideran que su carrera es importante y toman decisiones basadas en esto. Según Goldin, esta última fase es consecuencia del avance de los derechos reproductivos (anticonceptivos, aborto, etc) y el aumento de los divorcios, pero esto no representó un cierre de la brecha salarial de género.

En “A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter” (2014), señala que reducir esta brecha es uno de los últimos retos para alcanzar la igualdad de género en el trabajo.

Brecha salarial de género. Desentrañando sus causas

Sus estudios respecto a las causas y consecuencias de la brecha salarial de género han aportado luz a la realidad en la que vivimos.

Esta se explica por la dificultad para encontrar trabajos con tiempos flexibles que permitan compatibilizar el trabajo con los cuidados y las implicancias que esto tiene en la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado.

Para transmitirse fácilmente: llega un momento en la vida laboral de las mujeres en los que su carrera se estanca o disminuye y en la mayoría de los casos no repunta, quedando rezagadas frente a los varones.

Ese momento coincide con la maternidad, ya que culturalmente en las sociedades se continúa sosteniendo una división sexual del trabajo muy tajante donde los cuidados son considerados responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Esto genera que, para cumplir, las mujeres trabajen en horario reducido o busquen propuestas laborales flexibles, como, por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial o el trabajo en casas particulares, porque les es imposible sostener jornadas laborales completas ya que tienen que cuidar a sus familias.

Por otra parte, aunque en menor medida porque las mujeres suelen buscar opciones flexibles, los empleadores son reacios a contratarlas en edad reproductiva, embarazadas o con responsabilidades de cuidado porque esto representa un costo más elevado en licencias parentales.

Trayectorias laborales desiguales tras el nacimiento del primer hijo

En este sentido es interesante compartir datos empíricos aportados por Chile al respecto, que confirman que luego del nacimiento del primer hijo las probabilidades de conseguir un empleo decrece dramáticamente para las mujeres hasta un 25%.

Estas posibilidades aumentan cuando los hijos alcanzan los 10 años y ganan autonomía personal, permitiendo que las mujeres madres cuenten con algo de tiempo libre, o como crece la probabilidad de conseguir solo empleo informal hasta un 60%.

Gráfico 1

Probabilidad de empleo, variación respecto al año previo al nacimiento del primer hijo

Fuente Berniel 2021, Berniel 2023

Por otro lado, este mismo estudio revela que las probabilidades para obtener un empleo informal aumentan para las mujeres a partir del primer hijo, lo que se profundiza en la medida en que las mujeres tienen mayor número de hijos.

Gráfico 2

Probabilidades de tener trabajo informal, variación respecto al año previo al nacimiento del primer hijo

Fuente Berniel 2021, Berniel 2023.

Estos datos son importantes, incluso, a la hora de entender el fenómeno global de la baja de la natalidad. Situación que debe afrontarse con una mejora sustancial en las condiciones en las cuales se lleva adelante la maternidad y los cuidados, poniendo el foco sobre el impacto creciente de la pobreza infantil.

Estamos frente a un problema de máxima relevancia pública porque el futuro de nuestras sociedades y sus principales cuidadoras están en una situación crítica.

En Argentina, por citar un ejemplo, más del 52% de los niñas y niños son pobres. El 68% de las personas pobres son mujeres madres con niños a cargo. Estos números se repiten en toda la región. Un cambio radical de mentalidad y el apoyo a las madres y sus hijos por medio de políticas públicas es un mandato urgente.

Otros elementos que profundizan esta desigualdad

Si a este análisis de Goldin le sumamos la frecuencia del abandono parental, donde en muchos casos cuando las parejas se rompen los padres se desligan del cuidado y del pago de las pensiones de alimentos encontramos que el impacto explica los alarmantes datos de feminización e infantilización de las mujeres madres y sus hijas e hijos.

En este sentido el Informe “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires” producido por el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido pionero en estudiar esta temática en América Latina como un problema de interés público.

Los resultados que arroja son impactantes. Más de la mitad de las mujeres (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos y un 15,3% señala que los recibe de manera irregular. Es decir que el 66,5% no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente.

Este estudio nos permitió indagar en las razones que posibilitan un nivel tan elevado de incumplimiento. El primer obstáculo es cultural y está dado por un lado por la división sexual del trabajo en nuestra sociedad, y por el otro lado, existe una comprensión de la obligación alimentaria como una multa o un tributo que recae sobre los varones, pero no como una cuestión central en la corresponsabilidad de los cuidados.

Esto explica la falta de relevancia pública del tema y la tolerancia social existente. A su vez posibilita que el incumplimiento sea un fenómeno tan extendido.

Frente al no pago, cuando las personas no pueden resolver el conflicto existente, la respuesta institucional que se da es la vía judicial. Sin embargo, el diseño del proceso está repleto de obstáculos que hacen que los tiempos sean largos, los costos elevados y las respuestas muy deficientes, promoviéndose de esa manera el incumplimiento al no existir una respuesta rápida, certera y favorable para las mujeres y sus hijos por parte de las instituciones.

Esto genera condiciones que permiten que las estrategias dilatorias y obstaculizadoras de los padres sean muy difundidas frente a la impotencia del poder judicial para contrarrestarlas, configurándose un caso donde no existe tutela efectiva del derecho alimentario y nos encontramos frente a discriminación sistemática en el acceso a la justicia por parte de una población vulnerabilizada. 

A su vez la falta de determinación y pago de la obligación alimentaria es vértice de violencias, obstáculos para la inserción laboral formal y educativa de las mujeres, endeudamiento para sostener la vida cotidiana, discriminación en el acceso a los recursos, empobrecimiento de las infancias y de las madres y falta de tiempo para el descanso y el desarrollo personal.

Cerrando la brecha de género. Retos y oportunidades para América Latina

La plena inclusión de las mujeres al mundo del trabajo trae consigo múltiples beneficios en términos de igualdad y equidad. Pero esta inclusión para ser real requiere que, desde los Estados, las empresas y la sociedad civil se desarrollen estrategias para contrarrestar los efectos que la división sexual del trabajo ha generado en la cultura latinoamericana.

El primer paso para conseguir esto es contar con datos que nos permitan caracterizar adecuadamente la situación. En este sentido el trabajo de Goldin es una puerta de entrada que debemos cruzar en pos de mejorar los indicadores de la Región. Para esto entender el rol central que tiene el cuidado y las políticas públicas en torno a este son fundamentales para combatir la pobreza que actualmente se concentra en los niños y sus madres.

Nota de la autora

Las gráficas 1 y 2 están basadas en los estudios de Berniell, I., Berniell, L., De la Mata, D., Edo, M., & Marchionni, M. (2021). Gender gaps in labor informality: The motherhood effect. Journal of Development Economics, 150, 102599; Berniell, I., Berniell, L., de la Mata, D., Edo, M., & Marchionni, M. (2023). Motherhood and flexible jobs: Evidence from Latin American countries. World Development, 167, 106225; Berniell, I., Berniell, L., De la Mata, D., Edo, M., & Marchionni, M. (2021). Gender gaps in labor informality: The motherhood effect. Journal of Development Economics, 150, 102599 y Berniell, I., Berniell, L., de la Mata, D., Edo, M., & Marchionni, M. (2023). Motherhood and flexible jobs: Evidence from Latin American countries. World Development, 167, 106225.

Citación académica sugerida: Cartabia Groba, Sabrina. Claudia Goldin y la brecha de Género: Un Nobel de economía a su contribución vanguardista. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/claudia-goldin-y-la-brecha-de-genero/

Palabras clave: Claudia Goldín; brecha de género; brecha salarial; igualdad y no discriminación; políticas de género.

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ACERCA DE LA AUTORA
Sabrina Ayelén Cartabia Groba

Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y preside la ONG Red de Mujeres, una Asociación Civil que busca llevar la perspectiva de género a diferentes ámbitos.  

Ha trabajado en el marco de la investigación socio jurídica feminista en temas de salud y relación de las mujeres con la justicia en ELA y CEDES. Se desempeñó como abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la PBA entre los años 2014 y 2015, donde desarrolló políticas de acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Formó parte del Colectivo Ni Una Menos desde octubre de 2016 hasta enero de 2018. Ha escrito diversas publicaciones y dictado capacitaciones sobre género y derecho, así como ha colaborado con defensas legales de mujeres injustamente encarceladas incorporando la perspectiva de género y derechos humanos con énfasis en la movilización legal, social y mediática, así como en el fortalecimiento de víctimas de violencias. Ha trabajado en el armado de redes territoriales que previenen y acompañan a mujeres que transitan violencias. Actualmente trabaja en proyectos donde se busca generar condiciones en los ámbitos laborales que favorezcan a la inclusión de la diversidad e igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y ascenso en el trabajo para mujeres y LGBTI+. Trabajó entre el año 2013 y 2019 como asesora en derechos de mujeres, niñas y adolescentes en la Cámara de Diputados de las PBA. Entre 2018 y 2020 realizó la investigación “El costo humano de las barreras al aborto legal” para la ONG Human Rights Watch. Entre 2018 y 2019 acompañó, como abogada y vocera, la denuncia de Thelma Fardín por abuso sexual.En el año 2018 ha sido la primera persona de argentina en ser reconocida por la revista Time como una de las líderes de la próxima generación. En el año 2019 fue seleccionada por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la Republica de Francia para formar parte del Programa Personalidades del Futuro (PIPA), en la sección dedicada a igualdad de género.Actualmente trabaja como jefa de gabinete en la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la PBA donde desarrolla políticas públicas y es investigadora asociada del PIAF (Programa Integral de Abogacía Feminista de la UTDT).

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.