Si a este análisis de Goldin le sumamos la frecuencia del abandono parental, donde en muchos casos cuando las parejas se rompen los padres se desligan del cuidado y del pago de las pensiones de alimentos encontramos que el impacto explica los alarmantes datos de feminización e infantilización de las mujeres madres y sus hijas e hijos.

En este sentido el Informe “Incumplimiento de la Obligación Alimentaria en la Provincia de Buenos Aires” producido por el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha sido pionero en estudiar esta temática en América Latina como un problema de interés público.

Los resultados que arroja son impactantes. Más de la mitad de las mujeres (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos y un 15,3% señala que los recibe de manera irregular. Es decir que el 66,5% no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente.

Este estudio nos permitió indagar en las razones que posibilitan un nivel tan elevado de incumplimiento. El primer obstáculo es cultural y está dado por un lado por la división sexual del trabajo en nuestra sociedad, y por el otro lado, existe una comprensión de la obligación alimentaria como una multa o un tributo que recae sobre los varones, pero no como una cuestión central en la corresponsabilidad de los cuidados.

Esto explica la falta de relevancia pública del tema y la tolerancia social existente. A su vez posibilita que el incumplimiento sea un fenómeno tan extendido.

Frente al no pago, cuando las personas no pueden resolver el conflicto existente, la respuesta institucional que se da es la vía judicial. Sin embargo, el diseño del proceso está repleto de obstáculos que hacen que los tiempos sean largos, los costos elevados y las respuestas muy deficientes, promoviéndose de esa manera el incumplimiento al no existir una respuesta rápida, certera y favorable para las mujeres y sus hijos por parte de las instituciones.

Esto genera condiciones que permiten que las estrategias dilatorias y obstaculizadoras de los padres sean muy difundidas frente a la impotencia del poder judicial para contrarrestarlas, configurándose un caso donde no existe tutela efectiva del derecho alimentario y nos encontramos frente a discriminación sistemática en el acceso a la justicia por parte de una población vulnerabilizada. 

A su vez la falta de determinación y pago de la obligación alimentaria es vértice de violencias, obstáculos para la inserción laboral formal y educativa de las mujeres, endeudamiento para sostener la vida cotidiana, discriminación en el acceso a los recursos, empobrecimiento de las infancias y de las madres y falta de tiempo para el descanso y el desarrollo personal.