Aprendizajes y reflexiones del proceso constitucional chileno (2019-2023)
Entre 2019 y 2023 Chile vivió dos procesos constitucionales que culminaron con el rechazo, por parte de la ciudadanía, de dos proyectos de Constitución. ¿Cuáles son las enseñanzas y aprendizajes que pueden obtenerse de este proceso?
El proceso constituyente en Chile, desplegado entre 2019 y 2023, representó un esfuerzo por reconfigurar el marco legal y político establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Originado por las masivas protestas que estallaron en octubre de 2019, un acuerdo entre diversos partidos políticos se gestó para redactar una nueva Constitución. El plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020 marcó un hito crucial, permitiendo a la ciudadanía decidir sobre el inicio del proceso constituyente y el mecanismo para su desarrollo, optando (con un 78% de apoyo) por una Convención Constitucional compuesta exclusivamente por ciudadanos electos, y estableciendo un estándar global al garantizar la paridad de género en este órgano.
Sin embargo, el camino hacia una nueva Carta Magna no estuvo exento de obstáculos. Tras la redacción del nuevo texto constitucional por la Convención Constitucional en mayo de 2021, un plebiscito ratificatorio realizado el 4 de septiembre de 2022 sorprendió al rechazar la propuesta, manteniendo así la Constitución vigente. Ante este revés, a principios de 2023 se instituyó un Consejo Constitucional, mediado por una Comisión Experta de juristas, para elaborar una nueva Propuesta de Constitución Política de la República. A pesar de los esfuerzos adicionales, esta propuesta también fue rechazada en un plebiscito constitucional posterior.
En esta entrevista especial para Agenda Estado Derecho, exploramos con dos personas expertas las complejidades y aprendizajes que esta situación constitucional y sociopolítica presenta para el futuro del país y para Latinoamérica.
Abogado y Magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile. Socio fundador del estudio jurídico Boys & Compañía Abogados.
Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene estudios posdoctorales en el equipo de estudios de género SAGESSE, perteneciente a la Universidad Toulouse II. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de pregrado y posgrado sobre derechos humanos y sobre género.
Pienso que ha favorecido la participación, pero ha empeorado la percepción de los ciudadanos sobre el desempeño de la clase política. Después de dos intentos por cambiar la Constitución vigente y de un despilfarro enorme de recursos públicos, Chile hoy mantiene la misma Constitución escrita durante el régimen militar y reformada luego en innumerables ocasiones por gobiernos civiles de diferentes signos. Eso sí, con un cambio: vivimos en un país más pobre, más injusto y más inseguro. Eso es responsabilidad exclusiva de los políticos y la gente lo reciente.
Diría que, al menos, ha impactado en dos dimensiones. En primer lugar, una dimensión sociopolítica, donde se ponen de relieve las tensiones que pueden existir entre los mecanismos de un constitucionalismo participativo y los mecanismos clásicos de la democracia representativa. Me parece que los dos procesos chilenos ilustraron esas tensiones y creo que, en parte, los resultados de ambos dan cuenta de que no necesariamente esas dos dimensiones están siempre en sintonía. En segundo lugar, una dimensión académica. Creo que hay un impacto en los estudios constitucionales. Los procesos chilenos alimentaron expectativas, sobre todo de un constitucionalismo progresista, las que tenían que ver con la capacidad de que procesos participativos mejoraran, tanto respecto a la legitimidad de la toma de decisiones en los procesos constituyentes como en el aumento de la densidad de protección, sintonizando de mejor manera con la ciudadanía. Así, tales expectativas que alimentaron los procesos chilenos se vieron defraudadas, lo que ha obligado a la academia a revisar tales hipótesis.
El desafío principal es comprender que un buen texto constitucional no se redacta o modifica en procedimientos originarios, refundacionales. Que tampoco es posible hacerlo en un país polarizado, con un debate público de mala calidad y con las pasiones desbocadas. Y que menos aún es viable redactar una Constitución coherente, acudiendo a los mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Le guste a quién le guste, le desagrade a quién le desagrade: los dos procesos constituyentes chilenos demuestran que el Derecho constitucional es una ciencia que requiere de expertos, y que la operatividad de sus normas depende más de la calidad jurídica de las mismas, que del apoyo que éstas susciten en la población. Dios nos libre de futuras iniciativas constitucionales fracasadas como las que acabamos de sortear.
Creo que los mayores desafíos encontrados durante el proceso, en sus dos etapas, se refieren a la capacidad de que los mecanismos previstos para canalizar tensiones políticas, en estos procesos constituyentes que emergen como resultado de crisis políticas y que buscan ser la solución a tales, logren sintonizar bien con las expectativas ciudadanas, con las causas de esas crisis y, de esta forma, canalizar de alguna manera ese proceso político. En el caso chileno, eso apareció como un desafío que no logró resolverse bien en ninguna de las dos etapas, con ofertas constitucionales sustantivas muy distintas. De esta manera, la cuestión de cómo se diseñan, cuál es el rol de los actores que participan en esos procesos y cuál es la alineación temporal entre los momentos de crisis y el desarrollo del proceso constitucional, son preguntas que van a tener que ser resueltas desde la perspectiva de obstáculos o desafíos que no se respondieron ni solucionaron satisfactoriamente.
Me llamó positivamente la atención los avances respecto de la constitucionalización del derecho humano al agua, que en Chile se encuentra sólo regulado a nivel legal. Sería muy bueno que ello se integrara ahora a la Constitución vigente. Eché en falta el derecho humano a portar armas o a la defensa personal privilegiada, un tema urgente en el complejo escenario de terrorismo e inusual violencia, por la que atraviesa Chile hoy. Ciertamente la redacción imprecisa y maximalista que caracterizó, tanto a la primera como a la segunda propuesta en este punto, amenazaba con radicar la vigencia de los derechos humanos en el siempre cambiante criterio de la judicatura. Esa es una lección urgente: en Derecho constitucional, menos es más. Cualquier modificación constitucional futura debe mejorar su calidad de redacción jurídica para producir los efectos esperados. De lo contrario, la Constitución se convierte en una mera declaración de deseos políticamente populares, o en una lista de supermercado impagable.
Me parece que la dinámica de la discusión, con independencia de que no fue capaz de transformarse luego—en ninguna de las dos últimas etapas—en un texto constitucional, sí fue capaz de capturar la discusión sociopolítica en torno a pretensiones ciudadanas que están madurando y, de la misma manera, anticipando eventuales futuros procesos de constitucionalización. En ese sentido, es evidente que hay un movimiento y discusión sobre nuevos contenidos que adquieren ese estatus en la discusión sociopolítica. Creo que destacaría, en los dos procesos, la densidad que adquiere la protección de contenidos medioambientales, lo que se demuestra en preocupaciones ecológicas como un contenido constitucional importante. Además, creo también necesario recalcar, en la primera etapa de discusión constitucional, el desarrollo de un constitucionalismo feminista, marcado por una mayor densidad de cláusulas de género.
Los chilenos aprendieron mucho Derecho Constitucional en estos 4 largos años y eso será muy bien aprovechado. Comprenden hoy que una Constitución no es una “varita mágica” y que tiene muy poco que ver con los problemas cotidianos que les afectan. Una nueva Constitución no mejora las pensiones, ni hace caer la delincuencia, ni aumenta los sueldos. Una Constitución tiene por única finalidad controlar el poder político, para evitar su corrupción, el desenfreno y aquella tendencia a efectuar promesas irreales para hacerse con el dominio absoluto de la población. Los chilenos aprendieron a distinguir esos cantos de sirena. En síntesis, creo que este periplo nos regaló madurez política como país… ¡y vaya que nos hacía falta!
En este punto hay que adoptar una postura lo más honesta posible para identificar esas lecciones. Creo que parte de la evaluación de los dos procesos constituyentes, en la medida que estuvieron cruzadas por dos ofertas políticas muy distintas y contrapuestas, suele estar todavía atravesada por visiones sesgadas respecto de cuáles son las lecciones e interpretaciones que arrojan los procesos. De esta manera, cultivar una visión desprejuiciada y objetiva, puede contribuir a que seamos capaces de mejorar los estándares de legitimidad y la capacidad que tiene el Derecho constitucional para fortalecer la democracia, sin sacrificar la protección de libertades y de contenidos relacionados con aquellos derechos que siempre sintonizan con esas decisiones mayoritarias.
América Latina tiene una inquietante tendencia a los procesos constituyentes de tipo originario, por lo menos desde la década de 1990. Pienso que esta experiencia será un útil ejemplo para descartar de plano dicha alternativa cuando algún demagogo vuelva a proponerla. Es como una especie de Brexit… pero a la chilena.
Los principales aprendizajes del proceso constitucional chileno obligan a refinar y complejizar nociones clásicas del constitucionalismo que reaparecen con fuerza en estos procesos, como la clásica figura del “pueblo”. Estas nociones muchas veces son utilizadas, por los actores y por quienes estudian estos procesos, como si fueran continentes de visiones unificadas. Me parece que lo que demuestra este proceso es que aquello que llamamos “pueblo”, como categoría política, es el continente de sociedades crecientemente complejas. Esto explica que las visiones de las personas sean muy diversas, a veces fragmentarias e incluso contrapuestas.
Lo anterior, exige que los procesos constituyentes sean capaces de sintetizar visiones que no siempre son fáciles de sintetizar. Además de generar desafíos, desde el punto de vista de la articulación política, en el plano del debate constitucional. Hay soluciones que no son siempre obvias y los procesos constituyentes deben ser completamente transparentes, se deben dejar zonas a la negociación política, que permitan acuerdos genuinos o que incentiven la transacción entre posiciones diversas para lograr acuerdos aceptables. Esto es algo que el proceso constituyente chileno demostró que son ecuaciones compuestas de muchos elementos respecto de los cuales no siempre es fácil lograr un equilibrio. A lo anterior, se suman elementos idiosincráticos o de tradición socio constitucional que son importantes tener a la vista.
Por ello, es relevante que los procesos constituyentes reflexionen y elaboren aprendizajes refinados y con información objetiva, porque me parece que la capacidad que tiene el constitucionalismo para transformarse en una válvula para conflictos políticos es frágil, compitiendo con otras ofertas políticas, como las del populismo, que pueden ser más sencillas, atractivas y entendibles para la ciudadanía, pero también está muy claro que son más peligrosas y dañinas para la democracia.
Palabras clave: Chile – Proyecto de Constitución Política – Poblaciones vulnerables – Democracia.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Aprendizajes y reflexiones del proceso constitucional chileno (2019-2023). Agenda Estado de Derecho. 2024/04/30. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proceso-constitucional-chileno/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
