Protestas masivas, violencia en las calles y la sensación de descontento social que se venía acumulando por años, sino décadas, se manifiestan como nunca antes, generando una crisis social y política que desencadena en un proceso constituyente que buscaría reemplazar totalmente la Constitución de Pinochet por una adoptada por una asamblea constituyente.  Las demandas por mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, es decir, por el reconocimiento de derechos sociales, parece tomar forma finalmente de cara a un proceso donde sería la ciudadanía la protagonista, y no las elites políticas que habían administrado el modelo neoliberal chileno, llevando al país a una crisis inédita.

Se formó una Convención Constitucional en julio de 2022 y poco más de un año después, tras un tumultuoso proceso deliberativo, su propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por la ciudadanía que, por primera vez en una década, era obligada a votar.  La propuesta, calificada como “la Constitución más progresista del mundo”, avanzaba en muchas materias más de lo que -se dice- el pueblo estaba dispuesto, llevando incluso al presidente Boric a afirmar que “estar adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”.  El Rechazo fue ampliamente capitalizado por la extrema derecha, que eficazmente se planteó como una alternativa ante el desorden institucional y político que se vivía en el país.  Ello culminó en las elecciones de mayo de 2023, donde los chilenos volvieron a elegir a delegados para redactar la nueva Constitución, esta vez impulsada por una comisión de expertos designados por el Congreso: en la elección, la extrema derecha obtuvo la mayoría y el proceso constituyente quedó en manos de quienes no solo siempre fueron opositores a él, sino que además eran declarados defensores del proyecto constitucional de la dictadura.

En este contexto, llegamos a la conmemoración de los cincuenta años del golpe: con intelectuales de derecha revisando la figura de Salvador Allende como no había ocurrido hasta ahora y una izquierda incapaz de articular una respuesta coherente a la arremetida conservadora que se ha materializado en el rechazo a la propuesta constitucional de 2022 y las elecciones de delegados de mayo de 2023.  Más aún, el ambiente en que se conmemoran los cincuenta años da cuenta de una sociedad chilena no solo dividida, sino de una elite con marcada distancia a lo que parecían ser consensos éticos mínimos respecto del valor de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Solo por mostrar algunos ejemplos, un diputado ultraderechista cuestiona a una diputada comunista por llevar una foto de marido ejecutado por la dictadura en su solapa; otra diputada también de ultra derecha se refiere a la violencia sexual durante la dictadura como un “mito urbano”, a pesar de los documentos oficiales y sentencias judiciales que la acreditan; otro diputado señala abiertamente justificar el golpe; en un acto calificado como “provocación”, diputados releen la Declaración de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que declaró la ilegitimidad del gobierno de Salvador Allende y que muchos toman como antecedente justificatorio del golpe de semanas después; y, por último, se recuerda que el líder de la ultra derecha y candidato a la presidencia con altas posibilidades de triunfo, publica una foto de Pinochet el 11 de septiembre, con la frase “Chile escoge libertad”.

Este ambiente choca con el avance que, con dificultades pero de manera persistente, Chile había intentado llevar adelante estos años.  Cuando Allende se dirigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1972, y pronunció un discurso ovacionado durante diez minutos, se refirió a muchos de los temas que hoy siguen vigentes, tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional: los desafíos de los países del mundo en desarrollo, el imperialismo, la desigualdad geopolítico y la necesidad de asegurar un sistema de imperio del derecho, tanto nacional como internacional, que haga posible la realización de los pueblos y las personas. En una época en que ese sistema se ve amenazado por la violación flagrante de las normas de derecho internacional y la imposibilidad de llevar a cabo las promesas que la democracia constitucional hace a la ciudadanía, el ímpetu y compromiso de Allende por asegurar igual dignidad y consideración se hace acaso más urgente.  De lo contrario, no es claro hacia dónde avancemos, especialmente si consideramos la erosión de la democracia y el regreso del autoritarismo.  Algo hemos hecho mal para estar donde estamos; por ello, toca renovar los esfuerzos por asegurar la igual protección que el proyecto de los derechos humanos hace a todas las personas…antes que sea demasiado tarde.