En una región sacudida por la crisis climática y las desigualdades arraigadas, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado su Plan de Trabajo 2024-2026, proponiendo una estrategia hemisférica que aspira a establecer las prioridades y trazar una hoja de ruta para la acción regional. Este documento, surgido de debates en el contexto de un intenso proceso de participación y consulta, no solo renueva el compromiso de la CIDH con estos derechos, sino que también propone una serie de acciones concretas frente a los desafíos identificados.
El proceso detrás de la Agenda Hemisférica para los DESCA se ha caracterizado por un enfoque técnico y colaborativo. Esta iniciativa contó con una notable participación, involucrando a 21 Estados de la OEA, así como Estados observadores, y más de 400 entidades y personas. Mediante consultas y la distribución de cuestionarios, se consolidaron las contribuciones que además incluyeron aportes de instituciones nacionales de derechos humanos, entidades de la sociedad civil, personas activistas, de la academia y, significativamente, niños, niñas y adolescentes. Este enfoque permitió profundizar en temas específicos y asegurar que las estrategias desarrolladas sean más pertinentes y capaces de adaptarse a los desafíos futuros.
Además, el Plan de Trabajo prevé el establecimiento de mecanismos de diálogo y cooperación continua y permanente con los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Este foro de consulta facilitará no solo reuniones periódicas y consultas temáticas sobre cuestiones relevantes, sino que también fortalecerá los procesos de interacción y colaboración, permitiendo que las estrategias y acciones de REDESCA se ajusten a las realidades cambiantes de la región.
Las líneas temáticas priorizadas en la Agenda son el resultado de de un diagnóstico exhaustivo y de la sistematización de los insumos recolectados en la consulta pública antes referida. Esos procesos han permitido mapear los desafíos más apremiantes de la región. Este ejercicio de análisis y diálogo ha sido crucial para identificar áreas clave donde la acción es más urgente. De esa forma, fueron identificados cuatros grandes desafíos regionales de los cuales se derivan las cuatro áreas temáticas prioritarias y los cuatro enfoques transversales.
El Plan de Trabajo pone la emergencia climática y la protección del medio ambiente en el centro de sus prioridades, abordando el impacto del cambio climático en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Se prioriza el acceso al agua potable y el saneamiento, así como la seguridad alimentaria, sin dejar de considerar otros derechos como el derecho al trabajo y a la salud, entre otros que resultan impactados por el cambio climático.
La justicia ambiental se consolida como otro de los aspectos clave, enfocando las políticas públicas en atenuar los efectos del cambio climático, especialmente en comunidades vulnerables. El plan destaca la necesidad de una transición energética hacia fuentes renovables, subrayando la importancia de un desarrollo económico que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos. Se enfatiza que la mitigación del cambio climático y la adaptación deben avanzar de manera equitativa, evitando la reproducción de desigualdades existentes y promoviendo la justicia climática y social.
La interacción entre las actividades empresariales y los derechos humanos constituye otra de las prioridades para la REDESCA. La atención se centra en las industrias extractivas y su impacto en el medio ambiente, especialmente en áreas habitadas por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La expansión agroindustrial, con el crecimiento de monocultivos y prácticas extractivas, también amenaza la biodiversidad y los modos de vida tradicionales, subrayando la urgencia de promover prácticas agrícolas responsables. El desafío se agrava por la deforestación y el uso indebido de agroquímicos, lo que requiere una acción concertada para la conservación de recursos naturales y la biodiversidad.
Además, la innovación y el desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito de las plataformas digitales y la inteligencia artificial, plantea dilemas éticos y legales significativos. La Relatoría Especial subraya la necesidad de una gobernanza tecnológica que respete los derechos humanos, abordando el impacto de la digitalización en el empleo, la educación, la salud y los derechos culturales, para prevenir la intensificación de desigualdades y asegurar una inclusión efectiva en la era digital.
El combate a la pobreza y las desigualdades se ha presentado reiteradamente como un imperativo urgente en la región. Desde la perspectiva de la Relatoría Especial es esencial alinear las políticas económicas y fiscales con los principios de derechos humanos para avanzar en términos de combate de la pobreza y la desigualdad. Este enfoque busca impulsar la equidad y una participación inclusiva en el desarrollo, resaltando la necesidad de políticas fiscales y económicas que fortalezcan los procesos democráticos y financien adecuadamente los DESCA.
La preocupación ante la existencia de sistemas tributarios regresivos, que, con su baja capacidad de recaudación, socavan la habilidad estatal para financiar los DESCA es central dentro de esta agenda. Así como la estrategia de adoptar una tributación más justa y verde, promoviendo una perspectiva interseccional. También es fundamental explorar la compleja relación entre la gestión de la deuda pública, las políticas de austeridad y las decisiones de política monetaria, y su impacto en los DESCA.
La agenda también destaca la necesidad de combatir la corrupción y la captura del Estado, fenómenos que erosionan la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Además, se reconoce la importancia de las economías solidarias, informales y del cuidado, abogando por el reconocimiento de derechos de las personas trabajadoras de estos sectores de la economía.
La relación entre democracia y garantía de los DESCA es fundamental en la región, especialmente frente a desafíos como la inestabilidad política, el surgimiento de regímenes autoritarios, y las protestas sociales que ocurren periódicamente con el objetivo de reivindicar estos derechos. Una democracia sólida requiere instituciones fuertes, derechos garantizados y participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones. Esto es crucial para abordar problemas como el cambio climático, donde las comunidades en situación de vulnerabilidad deben ser contempladas en el marco de los procesos de toma de decisiones ambientales que los afectan directamente.
La presencia arraigada de discriminación histórica y estructural, como el racismo sistémico, el machismo y la fobia hacia la comunidad LGBTQIA+, entre otras formas, se erige como un obstáculo significativo para el pleno ejercicio de la ciudadanía de una gran parte de la población, al mismo tiempo que socava los cimientos de las democracias en varios países. Es esencial promover la protección social de esos grupos y fomentar políticas públicas aún más inclusivas para avanzar hacia sociedades más igualitarias y democráticas. Además, la salvaguarda de los derechos culturales, la diversidad cultural y la libertad artística se constituyen en elementos clave para el fortalecimiento de la democracia. Promover el respeto por la pluralidad y facilitar la participación de todas las personas en la vida cultural no solo permite la expresión de diversas identidades culturales, sino que también contribuye a construir un espacio público más inclusivo y respetuoso de las diferencias.
En su Plan de Trabajo 2024-2026, la REDESCA busca contribuir a transformaciones significativas, centrando sus esfuerzos en la optimización operativa y la colaboración efectiva. Este enfoque implica no solo mejorar la eficiencia de sus procesos internos sino también fortalecer las alianzas con actores fundamentales, buscando establecer mecanismos más efectivos de gestión de la información y comunicación. Así, se asegura una sinergia robusta con Estados, organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas.
La Relatoría Especial también se propone reforzar su papel asesor para la CIDH, enfocándose especialmente en el análisis y gestión de peticiones, casos y medidas cautelares. Este compromiso está diseñado para incrementar la calidad y efectividad de las respuestas institucionales ante las problemáticas de los DESCA, promoviendo la adhesión y respeto a los estándares interamericanos.
Para potenciar su impacto, la REDESCA se esforzará en expandir su acervo de conocimiento especializado, mejorando sus estrategias de investigación, el análisis y la diseminación de información. Este labor se complementa con actividades de monitoreo riguroso, que incluyen la elaboración de informes documentados y la realización de visitas de campo, lo que permitiría abordar preocupaciones actuales y también anticiparse a futuras tendencias y desafíos.
Adicionalmente, la REDESCA busca desarrollar estrategias concretas para integrar los DESCA en las políticas públicas nacionales, con un especial énfasis en atender las necesidades de grupos y regiones afectados por discriminación histórica, desafíos climáticos y las situaciones de fragilidad institucional. Adoptando un enfoque integral, la REDESCA aplicará enfoques interseccionales e interculturales para combatir la discriminación y promover los derechos humanos, enfocándose en la indivisibilidad y progresividad de estos derechos.
Citación académica sugerida: Palummo Javier: La agenda hemisférica de DESCA 2024-2026: Ambientalista, equitativa y Democrática. Agenda Estado de Derecho, 2024/04/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-agenda-hemisferica-de-desca-2024-2026-ambientalista-equitativa-y-democratica/
Relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH. Es abogado con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay) y doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Argentina). También tiene una maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia, y ha realizado estudios en reconocidas instituciones y universidades de Chile, Italia, Perú, Suecia, y Finlandia. Su trayectoria incluye la pertenencia en calidad de experto independiente en órganos de Naciones Unidas como el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones del Procedimiento de Denuncia ante el Consejo, y ha sido Director de Investigación y Gestión de Información y Coordinador Académico de la Escuela Internacional del Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos del MERCOSUR del 2015 al 2023.
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