8 de Marzo del 2023
Seis retos que tiene América Latina para ser una región más justa con las mujeres
¿Cuáles son los retos que actualmente enfrentan las mujeres en América Latina?
Es el 2023 y las mujeres en toda su diversidad seguimos sufriendo las consecuencias del patriarcado, este sistema que permanece arraigado en nuestras culturas y sociedades, y del cual se derivan múltiples formas de violencias y discriminación.
Si bien es cierto que, en los últimos 50 años, hemos visto importantes avances institucionales y normativos a favor de los derechos de las mujeres, también lo es que persisten desafíos para lograr una efectiva igualdad de género y, consecuentemente, una mayor protección a nuestros derechos. A continuación, me referiré a algunos de esos desafíos desde una perspectiva latinoamericana.
Aún sigue siendo el mayor desafío para lograr una efectiva protección de las mujeres, y constituye el origen de muchos de los problemas que enfrentamos. Si las sociedades continúan funcionando sobre la base de una supremacía de los hombres por encima de las mujeres, seguirá siendo muy difícil combatir y eliminar las violencias y discriminación que cotidianamente nos afectan. Derribar el patriarcado, es una prioridad.
Lamentablemente, en América Latina cada vez hay una mayor influencia de grupos fundamentalistas o religiosos que tienen fuertes alianzas con sectores políticos y económicos poderosos, lo que ha incidido en la aparición de propuestas que buscan perpetuar el patriarcado y reforzar los estereotipos que lo alimentan.
Algunos de estos grupos se presentan como “provida”, pero su trabajo va más allá de luchar contra el derecho al aborto. En la práctica, sus propuestas buscan mantener el statu quo y que las mujeres sigamos subordinadas en los espacios públicos y privados.
Un ejemplo reciente y simbólico se observó en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Perú en el 2022, cuando varias delegaciones estatales (por ejemplo, Paraguay y Guatemala) abogaron por eliminar todo lenguaje sobre igualdad de género y la interseccionalidad, lo cual no es un hecho aislado sino una estrategia sistemática desde hace varios años. En Costa Rica, hace tan solo unos días, el Consejo de Educación ordenó modificar todo documento interno del Ministerio de Educación para que no se use el lenguaje inclusivo, sino solamente el masculino, con el argumento de que así lo ordena la Real Academia Española.
La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo primero que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, en el caso de una gran mayoría de mujeres y personas con capacidad de gestar, el derecho a la igualdad y el reconocimiento a nuestra dignidad se violenta ante la negativa a prestar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y acorde con nuestras necesidades, en particular el acceso al aborto, libre, seguro y gratuito.
En América Latina, ocho países permiten el aborto hasta cierto plazo, diez en al menos en una causal, y cinco lo prohíben totalmente. Esto quiere decir que millones de mujeres y personas con capacidad de gestar, tienen el riesgo de morir si llegan a necesitar un aborto y les es negado.
Además del acceso al aborto, también subsisten desafíos como el acceso a anticonceptivos de calidad. Venezuela es uno de los ejemplos más preocupantes. En este país, un estudio reciente señaló que solo el 26% de mujeres en edad reproductiva usan anticonceptivos. Adicionalmente, en Chile, en el 2020 se distribuyeron anticonceptivos defectuosos en el sistema público de salud y farmacias, generando que, al menos 111 mujeres empobrecidas, quedaron embarazadas sin desearlo.
Por otra parte, la educación sexual integral también permanece como un pendiente en varios países de la región. Un dato curioso es que los mismos grupos fundamentalistas que se manifiestan contra el aborto, también se oponen a la educación sexual, que sería una política idónea para evitar embarazos no deseados. En Costa Rica, en el año 2018, cientos de padres impidieron el inicio del curso educativo por estar en desacuerdo con la educación sexual integral que se daría a estudiantes de secundaria. En Colombia el tema tampoco avanza.
La falta de satisfacción de necesidades básicas como acceso a alimentación, vivienda y empleo digno, es otro de los grandes pendientes que enfrentamos, en un gran porcentaje, las mujeres.
La feminización de la pobreza es un fenómeno poco honroso y da cuenta de la discriminación histórica que persiste. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIGALC) afirma que “los esfuerzos de reducción de la pobreza en la región no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres, ni ha tenido el mismo ritmo, y que finalmente los hogares pobres concentran una mayor proporción de mujeres en edades de mayor demanda productiva y reproductiva. En 2019, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, habían 112,7 mujeres en similar situación”.
En cuanto al empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó en el 2022 que, de los 23,6 millones de puestos de trabajo de las mujeres que se perdieron en el peor momento de la crisis por COVID-19, aún faltaban por recuperar unos 4,2 millones a finales de 2021. Sin embargo, en el caso de los hombres ya se habían recuperado prácticamente por completo los 26 millones de puestos perdidos. En palabras de la OIT “la pandemia agudizó desigualdades estructurales existentes. Las mujeres rurales, las jefas de hogar con niñas y niños pequeños, aquellas de menos formación y educación, mujeres indígenas y afrodescendientes han sido más afectadas. Las brechas de género, tanto en la participación como en los ingresos, son persistentes en las mujeres con menores ingresos y menor nivel educativo”.
Cada vez más los movimientos feministas reclaman políticas públicas integrales que permitan redistribuir la responsabilidad de los cuidados. Históricamente, el cuidado de los hijos e hijas, de los padres y familiares con alguna enfermedad o condición que genere dependencia, ha estado a cargo de las mujeres en las familias. Como consecuencia, este grupo tiene dobles o triples jornadas laborales, muchas veces sin remuneración alguna.
En la práctica, mantener la responsabilidad de los cuidados en las mujeres implica que tengan más barreras para acceder a educación y empleo de calidad, o que se sometan a jornadas extenuantes para cumplir con todas las tareas.
Redistribuir los cuidados es un pendiente indispensable para que las mujeres puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad. Oxfam señala que, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OIT, las mujeres dedican tres veces más tiempo al sostenimiento del cuidado de la vida en América Latina y el Caribe.
Redistribuir supone que otras personas también tienen que hacerse cargo, y esto implica que los hombres deben asumir tareas domésticas o de cuidado, renunciando a algunos de los privilegios que por siglos han ostentado. Además, el Estado debe promover las reformas legales y las políticas públicas necesarias para que esta redistribución sea efectiva.
Las mujeres seguimos enfrentando diversas formas de violencia. Si bien en la mayoría de los países se han creado instituciones específicas para combatir este flagelo, y tipos penales como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia doméstica, entre otras, estos avances no han significado menos violencia. En el año 2021, el citado OIGALC señaló que 4473 mujeres fueron asesinadas en América Latina y el Caribe, es decir, 12 muertes violentas por razones de género cada día.
La violencia sexual en algunos países latinoamericanos es alarmante. En 2021, en Honduras se presentaron ocho denuncias diarias de violencia sexual contra niñas y mujeres, mientras que ese mismo año en El Salvador hubo un aumento del 5% en embarazos forzados en niñas y adolescentes de 10 a 14 años.
Además de la violencia en espacios físicos, también enfrentamos violencia y acoso en el espacio digital. Un informe elaborado por ONU Mujeres señala que “la violencia de género en línea está silenciando voces”.
Frente a los problemas señalados, hay que analizar el rol de los poderes judiciales latinoamericanos en garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. En el año 2022, fuimos receptoras de una decisión histórica que reconoció nuestro derecho a decidir sobre nuestros proyectos de vida y nuestros cuerpos: la sentencia de la Corte Constitucional en Colombia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 (Causa Justa), y que es un caso emblemático que debe inspirar a otros tribunales nacionales.
Si bien es cierto que es posible encontrar ejemplos positivos de acceso a la justicia para las mujeres, también es importante destacar que, en muchos países latinoamericanos, los sistemas de justicia no están a la altura de nuestras necesidades. Esto es así porque se carece de un enfoque de género e interseccional en la aplicación de la justicia, y también porque no hay suficientes garantías de independencia, lo que hace que muchos jueces y juezas respondan a las presiones de grupos fundamentalistas y mantengan barreras para el acceso a numerosos derechos.
Los citados desafíos no son exhaustivos de los múltiples problemas que todavía enfrentan las mujeres en Latinoamérica. Constituyen un breve repaso que tiene como objetivo recordar la importancia de continuar reivindicando los derechos, aunque ello signifique incomodar a quienes sostienen el statu quo. Nuestras luchas nunca han sido fáciles y tampoco nos han dado derechos de manera gratuita. Aunque las amenazas persisten, son latentes y, en algunos casos muy graves, en la actualidad existen movimientos feministas vibrantes que en cada país están transformando sus realidades. Al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, vale la pena honrar las luchas de las antecesoras que lograron abrirnos camino, así como las luchas de quienes hoy, día a día, entregan sus vidas y levantan sus voces para decir que nunca más aceptaremos un mundo que no sea igualitario y justo. A ellas y elles, todo el honor y la gloria.
Citación académica sugerida: Aguiluz Soto, Marcia. Seis retos que tiene América Latina para ser una región más justa con las mujeres. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/08. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/seis-retos-que-tiene-america-latina-para-ser-una-region-mas-justa-con-las-mujeres/
Palabras claves: derechos de las mujeres, América Latina, acceso al aborto, discriminación, desigualdad
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
