Un balance de la protección a los defensores de derechos humanos en Colombia
A casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional, el Estado colombiano se enfrenta a importantes desafíos relacionados, no sólo con la implementación de los compromisos contemplados entre las partes en el marco de las negociaciones, sino también frente a la superación de escenarios de discriminación estructural, ciclos de violencia que persisten e incluso se intensifican en el país y quiebres institucionales que afectan la salvaguarda de los principios del Estado de Derecho y la correspondiente protección de los derechos humanos. Escenarios que fueron la causa de la ola de protesta social en los últimos meses.
En recientes informes, la CIDH, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas han advertido la necesidad de orientar los esfuerzos del Estado, en particular, para: (i) garantizar la presencia estatal en los territorios; (ii) contener las manifestaciones de violencia por grupos armados emergentes; (iii) desmantelar organizaciones criminales; (iv) salvaguardar la vida e integridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz; (v) fortalecer el sistema judicial y las investigaciones penales surtidas en la jurisdicción ordinaria, (vi) preservar la autonomía de los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y (vii) adoptar, de manera plena, los estándares de derechos humanos y DIH por parte de los integrantes de la fuerza pública, entre otros aspectos.
Dada la complejidad del contexto colombiano y con el propósito de conmemorar el día nacional de los derechos humanos, Agenda Estado de Derecho publica la entrevista realizada en marzo a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la Organización, a fin de conocer su perspectiva frente a los principales retos que enfrenta Colombia en la protección de líderes y lideresas sociales –presupuesto necesario para la salvaguarda de los derechos humanos en la región–. Lo anterior, teniendo presente que al inicio de este año, Human Rights Watch publicó el informe denominado “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”
Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, es un experto en América Latina. Antes de unirse a Human Rights Watch, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.
Según José Miguel Vivanco, el Acuerdo de Paz, en sí mismo, ha representado un importante avance en materia de protección a los derechos humanos en Colombia. En particular, resalta que, por un lado, aquel supuso una oportunidad para los colombianos de revisar sus políticas públicas y repensar las vías para fortalecer la institucionalidad democrática, principalmente, en los sectores rurales y, por el otro lado, señala que tras su firma, al menos en un primer momento disminuyeron los casos de violaciones a los derechos humanos asociadas al conflicto armado. Bajo tal contexto, Vivanco insiste en la necesidad de preservar y salvaguardar el Acuerdo de Paz y, en consecuencia, el camino recorrido.
Ahora bien, a pesar de que en el Acuerdo de Paz se contemplaron compromisos relacionados con la protección de los defensores de derechos humanos y la promoción del trabajo que adelantan en el país, órganos como la CIDH y HRW han alertado sobre la magnitud de hechos victimizantes perpetrados en su contra que no sólo desconocen el contenido del Acuerdo sino que, dado su propósito silenciador, representa una amenaza latente a la vigencia y salvaguarda de los derechos humanos en Colombia.
De acuerdo con José Miguel Vivanco, el fenómeno de victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos, aun cuando tiene patrones comunes, se ha materializado con dinámicas regionales diferenciadas. En el marco de las investigaciones surtidas por la organización, los presuntos responsables de estos hechos son “grupos irregulares armados, especialmente aquellos que han llenado el vacío de las FARC tras su desmovilización en el 2016. Estos grupos, por la ausencia de la presencia del Estado en las regiones, ejercen presión frente a la población civil, se inmiscuyen en el narcotráfico, ilegalmente representan la ley en los territorios y operan con altos grado de violencia y casi plena impunidad.”
Para Vivanco, la victimización masiva a los defensores de derechos humanos en Colombia ha encontrado espacio en la (i) falta de presencia institucional integral del Estado en los territorios, (ii) la insuficiencia en la garantía de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población, (iii) los altos niveles de impunidad y (iv) la incipiente o casi nula política del Estado orientada a desmantelar los grupos armados irregulares o de delincuencia organizada.
Vivanco destaca el importante papel de la Unidad Nacional de Protección y su eficacia en la implementación de esquemas de seguridad frente a la población que, de acuerdo a su valoración, se encuentra en una situación de riesgo.
En particular, también resalta que “si uno examina el trabajo de la Unidad, encuentra que el número de personas asesinadas, que contaban con un esquema de protección, es muy pequeño. Es decir, todos los años, lamentablemente asesinan a tres o cuatro personas que contaban con seguridad. Lo que esta estadística demuestra es que, en general, el sistema no es perfecto, no está totalmente blindado, pero tiene un rendimiento, yo diría, más que aceptable.”
Ahora bien, advierte sobre la existencia de dos ‘cuellos de botella’ que impactan en la capacidad de prevenir de manera oportuna y eficaz los hechos de victimización en contra de defensores de derechos humanos.
El primer cuello de botella consiste en un déficit presupuestal de 47 millones de dólares en la UNP. Si bien es cierto que el presupuesto, año a año, ha aumentado, Vivanco resalta que “no es lo suficiente”. A su consideración, este déficit genera graves obstáculos en la concreción del mandato de la Unidad:
Un segundo cuello de botella se materializa en el hecho de que los líderes sociales y los defensores de derechos humanos que son asesinados no están bajo el radar de protección. “No pudieron llegar, no alcanzaron a llegar a la Unidad Nacional de Protección. Son personas que pertenecen a comunidades de alto riesgo”, manifestó Vivanco. De conformidad con el informe publicado por HRW “Cuatro de los 53 defensores asesinados entre enero y diciembre de 2020, según ACNUDH, habían recibido esquemas de protección; de esos, 3 no estaban usando el esquema completo cuando fueron asesinados”.
Bajo tal contexto, para Vivanco, debe implementarse, a través de planes piloto, la protección colectiva de ciertas comunidades. No obstante, a la fecha (i) el presupuesto destinado a tales programas es insuficiente y (ii) las actuaciones adelantadas para determinar los escenarios a intervenir han sido incipientes. De hecho, a su consideración, en el actual gobierno parece existir un importante retroceso sobre la materia.
José Miguel Vivanco reconoce la existencia de importantes avances en la identificación de los autores materiales de los asesinatos perpetrados en contra de defensores de derechos humanos. En particular, señala que a pesar de que Colombia tiene un porcentaje de impunidad por encima del 90% en relación con delitos comunes, “en el caso de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el éxito que ha tenido la Fiscalía en la identificación de los autores materiales lo coloca por sobre casi el 60%, lo cual es extraordinariamente positivo. Se ha logrado hasta ahora 59 condenas en casos de defensores.”
Ahora bien identifica tres problemas vigentes: primero, la falta de ejecución de las órdenes de captura; segundo, los vacíos en la persecución de los determinadores o autores intelectuales de los hechos victimizantes y, por último, la insuficiencia de la determinación de los contextos o el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad que subyacen a los fenómenos de victimización.
En virtud de tal contexto, HRW ha recomendado “una reforma al Código de Procedimiento Penal para que, en el marco de los preacuerdos, el autor material deba entregar información de aquellos que estuvieron en posición de determinadores, que pagaron y que ordenaron el asesinato de ese líder”.
Así pues, desde la perspectiva de José Miguel Vivanco, el Estado tiene tres retos muy importantes a fin de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia: primero, fortalecer la Unidad Nacional de Protección; segundo, dar continuidad a la implementación del Acuerdo de Paz y, tercero, el fortalecimiento del proceso penal que permita la investigación, juzgamiento y sanción de los determinadores y favorezca el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad. Esto último no sólo como garantía del acceso a la justicia de las víctimas, sino también como presupuesto necesario para la ‘no repetición’.
Diseño y Diagramación: Paulo A. Cañón Clavijo.
Citación académica sugerida: Vivanco, José M.: Dictaduras, populismos y caudillismos: una amenaza latente para los derechos humanos en la región en 2021, 2021/04/26, https://agendaestadodederecho.com/un-balance-de-la-proteccion-a-los-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/
Abogada alemana (Rechtsanwältin, Berlin) y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de la misma universidad. Cursó estudios de licenciatura tanto en derecho alemán como en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo, así como investigadora y profesora asistente en el Europainstitut. De 2011 a 2015 se desempeñó como abogada en el despacho jurídico internacional Freshfields Bruckhaus Deringer en Berlín. Desde 2016, es directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de derechos humanos.
Abogada y Comunicadora Social y Periodista. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Investigadora de ObservaJEP, profesora de cátedra de los programas de Comunicación y Derecho y coordinadora de la Línea de Paz y Justicia Transicional de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana. Experiencia en litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consultora e investigadora en derechos humanos y justicia transicional.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
