La Corte Interamericana además señaló que el derecho a un ambiente sano es el principal derecho afectado por el cambio climático, junto con derechos sustantivos como el derecho a la vida, integridad personal, salud, y propiedad. De esta manera, el impulso de concepciones jurídicas y mecanismos de protección, promovidos a nivel nacional e internacional, que van más allá del enfoque antropocéntrico tradicional y reconocen a la Naturaleza y a sus componentes como titulares de protección jurídica autónoma, robustecen la respuesta de los Estados frente a los desafíos que plantea la emergencia climática. Sin embargo, al tratarse de una corriente novedosa, aparecen inquietudes en torno a la efectividad de la aplicación de este concepto en la práctica. Como lo señala la Corte IDH, en el continente americano podemos encontrar experiencias de países como Canadá, Ecuador, algunos estados de Estados Unidos de América, Bolivia, Brasil, México, Panamá y Perú.

Si bien resulta complejo medir con exactitud su eficacia, lo cierto es que el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza ha contribuido, en numerosos casos, a frenar formas de extractivismo violento. Esto ha sido posible gracias a estrategias jurídicas efectivas impulsadas por personas defensoras de los derechos humanos y de la Naturaleza, quienes salvaguardan territorios y ecosistemas amenazados. En este contexto, las luchas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunidades pesqueras ha sido de especial relevancia. El conocimiento y la conexión particular de estos grupos con sus territorios han hecho que sus reivindicaciones sean cercanas a la corriente del reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. De hecho, dentro de la cosmovisión de algunos pueblos indígenas, la Naturaleza personificada como la madre tierra o la Pachamama es vista como un ser con agencia propia, que merece respeto y cuidado.

Uno de los desafíos adicionales que enfrenta la Opinión Consultiva OC-32/25 es la incorporación del derecho internacional en los ordenamientos jurídicos internos, especialmente cuando se presentan tensiones o conflictos entre ambas esferas normativas. Puesto que, a diferencia de las sentencias, donde el cumplimiento de las obligaciones está determinado para un Estado, las opiniones consultivas se emiten con carácter general y sin un plazo de implementación definido. No obstante, ello no impide que, en el marco del control de convencionalidad, las autoridades -no únicamente judiciales- estén llamadas a realizar ex officio todos los esfuerzos posibles para cumplir con los estándares de derechos humanos indispensables en la lucha contra el cambio climático. De esta forma, la esencia preventiva del control de convencionalidad brinda a los Estados un margen para armonizar su normativa interna con las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza pasa por la comprensión de que la humanidad es una expresión más de la red interdependiente de la vida, y que la degradación de los ecosistemas afecta tanto al ser humano como a las demás especies que allí habitan. La interdependencia entre estabilidad climática y equilibrio ecológico refuerza la necesidad de una aproximación jurídica integradora, capaz de articular la protección de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza, como se ha señalado en la OC-32/25. En palabras de la presidenta de la Corte Interamericana, jueza Nancy Hernández López: “No hay margen para la indiferencia”. Con esta declaración se cerró el acto de notificación de la OC-32/25, el pasado 3 de julio de 2025 en San José, Costa Rica, y se lanzó una señal inequívoca del compromiso para enfrentar la emergencia climática. La región y el mundo necesitaban una voz clara desde el máximo órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hoy la tenemos.