Desde América Latina, la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos, no solo respondió a una consulta jurídica de Colombia y Chile, sino que ha lanzado un mensaje con alcance global. En esencia, el mensaje de la Corte es que el derecho a un clima sano no es un ideal retórico, sino un derecho fundamental exigible y de carácter convencional.

Este pronunciamiento es histórico porque reconoce la lucha contra el cambio climático y, en particular, la prevención, mitigación y reparación de sus efectos como obligaciones jurídicas para los Estados parte de la Convención Americana.  A su vez, destaca la prohibición de causar daños irreversibles al sistema climático como una norma de jus cogens o de derecho imperativo. En este marco, la Corte estableció que la inacción de los países de la región es incompatible con el respeto y la garantía de los derechos y los deberes de la ciudadanía latinoamericana. Y lo determinó apoyándose en la ciencia del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que evidencia que, aunque el cambio climático es un hecho natural y cíclico, los cambios se están acelerando por las acciones humanas, lo que genera impactos adversos en la vida, la salud y otros derechos fundamentales de las personas, animales y la naturaleza.

Esta Opinión Consultiva, a juicio de Agenda Estado de Derecho, es una brújula jurídica y ética que deberá orientar a los poderes públicos y privados de la región. Impone deberes concretos de mitigación, adaptación, información, consulta y reparación. No es un texto para operadores de justicia solamente; es un instrumento para diseñar políticas públicas, regular industrias y exigir transparencia. América Latina, con esta consulta, demuestra que no solo sufre los impactos del cambio climático, sino que propone soluciones normativas que desafían el statu quo internacional.

Uno de los aspectos más transformadores de la OC-32/25 es la confirmación del giro ecocéntrico. La Corte reconoce que la naturaleza no puede seguir siendo vista como un objeto o una cosa al servicio del ser humano, sino como un sujeto titular de derechos. Este cambio no es solo filosófico, ya que redefine el contrato social y ambiental. En otras palabras, el planeta no es una fábrica que puede seguir produciendo sin límites; es un organismo vivo.

El debate climático suele estar atrapado entre dos extremos: los negacionistas, que se aferran a la idea de que todo son ciclos naturales, y ambientalistas dogmáticos, que buscan imponer prohibiciones absolutas sin evaluar realidades sociales o económicas. Ambos extremos son peligrosos. Negar la crisis es como ver una casa incendiada y culpar al sol del atardecer; pero un ecologismo sin contexto ni límites también puede ser destructivo. La Corte propone un camino intermedio: ciencia, derechos y justicia como base de acción.

Este pronunciamiento no es una conversación entre tribunales. Es un diálogo con toda la sociedad: con gobiernos, parlamentos, empresas y ciudadanía en general. Marca un lenguaje común para repensar el desarrollo desde la equidad, la justicia intergeneracional y la participación pública.

El verdadero reto comienza ahora. Implementar la OC-32/25 implica que los poderes públicos  y privados nacionales integren sus principios en sus fallos, que los ministerios rediseñen políticas y que los presupuestos incluyan la transición justa como prioridad. Requiere decisiones difíciles, como regular industrias contaminantes, fortalecer mecanismos de consulta y garantizar la protección de defensores ambientales.

Este hito demuestra que el Sur Global no espera ser salvado. Con esta Opinión, América Latina continúa una agenda global de derechos ambientales y justicia climática. Es una señal clara a las potencias y a las instituciones internacionales: aquí se están desarrollando nuevos estándares y desde América Latina se contribuye al dialogo global sobre el futuro del planeta.

En el presente especial, en primer lugar, presentaremos un análisis general de la Opinión Consultiva OC-32/25 como un hito jurídico que consolida el derecho a un clima saludable dentro del Sistema Interamericano. El texto de Salvador Herencia-Carrasco y Danielle Anne Pamplona examina cómo la Corte IDH reconoce este derecho como autónomo, colectivo e intergeneracional, y detalla las obligaciones reforzadas que recaen sobre los Estados para mitigar los efectos del cambio climático mediante la regulación efectiva de las actividades empresariales, la promoción de la transparencia y la garantía del acceso a la justicia ambiental. Asimismo, destaca el rol de las empresas en la protección del medio ambiente y los derechos humanos, así como la relevancia de los acuerdos internacionales de inversión, subrayando que estos no pueden obstaculizar las medidas estatales destinadas a salvaguardar el clima y los derechos fundamentales.

En segundo lugar, presentamos el aporte de Edward Pérez y Par Engstrom, quienes se preguntan cómo evaluar el impacto de la Opinión Consultiva OC-32/25 más allá de su innegable trascendencia jurídica. Su análisis parte de reconocer la legitimidad de la Corte IDH para pronunciarse sobre la emergencia climática, dada su trayectoria jurisprudencial y la amplia participación estatal y social en el proceso. Los autores proponen una lectura estratégica del impacto de la Opinión, observando su potencial para transformar la gobernanza climática, habilitar nuevos litigios de derechos humanos, consolidar obligaciones diferenciadas hacia grupos en situación de vulnerabilidad y exigir mayor rendición de cuentas tanto a Estados como a empresas.

En tercer lugar, incluimos el aporte de Alba Gabriela Alencastro, quien examina el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos en la OC-32/25 como uno de los desarrollos más transformadores de la jurisprudencia interamericana reciente. El texto destaca cómo este paradigma ecocéntrico, compatible con el principio de progresividad y con el corpus iuris del Sistema Interamericano, permite superar una visión meramente utilitaria de la Naturaleza y refuerza la protección jurídica de los ecosistemas en el marco de la emergencia climática. La autora aborda tanto el valor simbólico como los desafíos prácticos de esta concepción, señalando su potencial para fortalecer la acción preventiva del control de convencionalidad, impulsar el reconocimiento normativo a nivel interno y consolidar estrategias jurídicas articuladas con las cosmovisiones de pueblos indígenas y comunidades que defienden sus territorios frente al extractivismo.

En cuarto lugar, el artículo de Miguel Barboza López y Humberto Cantú Rivera aborda uno de los temas más complejos y urgentes que emergen de la OC-32/25: la debida diligencia empresarial en el contexto de los minerales esenciales para la transición energética. A partir del reconocimiento por parte de la Corte IDH de un estándar reforzado de debida diligencia estatal, los autores proponen extender este enfoque a las empresas cuyas actividades impactan territorios indígenas, bienes naturales comunes y ecosistemas frágiles. El texto analiza el carácter transfronterizo de la extracción de minerales críticos como el litio, el cobalto o el níquel, y subraya los riesgos que plantea su explotación sin garantías adecuadas para los derechos humanos y ambientales. A partir de este marco, se plantea la necesidad de procesos corporativos más exigentes y coherentes con el derecho a la ciencia, el acceso a la información y la participación pública, especialmente en relación con comunidades indígenas y pueblos en situación de aislamiento.

En quinto lugar, Mariana Campos ofrece una lectura profundamente innovadora de la OC-32/25 al destacar su aporte en la construcción de una comunidad jurídica que incluye a las generaciones futuras. Su análisis se centra en el desarrollo del principio de equidad intergeneracional como fundamento del derecho a un clima sano, posicionando a la humanidad como sujeto colectivo de protección jurídica. La autora muestra cómo la Corte IDH vincula de forma directa la habitabilidad del planeta con la vigencia efectiva de todos los derechos humanos, y cómo esta visión impone deberes presentes con una clara proyección futura. Al examinar el vínculo entre justicia intergeneracional, obligaciones de prevención y prohibición de daños irreversibles, el texto plantea que los litigios climáticos no solo rinden cuentas a los tribunales, sino también interpelan el horizonte moral y político de nuestras sociedades.

Este especial es, en todo caso, un espacio abierto y vivo. Creemos firmemente que el 2025 es el año de la justicia climática y, por eso, esperamos seguir nutriéndolo con nuevos análisis que dialoguen no solo con esta histórica Opinión Consultiva de la Corte Interamericana, sino también con desarrollos recientes como la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la concreción práctica de estos pronunciamientos en América Latina y el Caribe, y, por supuesto, con las réplicas, reflexiones y aportes de nuestros lectores. Este especial es una invitación a pensar juntos, a construir colectivamente caminos jurídicos hacia un futuro más justo, sostenible e intergeneracional.