En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2014 hasta la actualidad. No se trata de una afirmación hecha a la ligera, sino de la conclusión de un informe de más de 400 páginas, elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida en la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en septiembre de 2019.
Durante varios meses, la Misión se dedicó a investigar casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En total, se estudiaron 223 casos en profundidad y se revisaron otros 2.891 para entender los patrones de las violaciones, que constituyeron ataques sistemáticos y generalizados contra ciertos sectores de la población. Si bien los integrantes de la Misión no pudieron viajar a Venezuela —porque el Gobierno no respondió a las solicitudes y por las restricciones de la pandemia—, el equipo realizó virtualmente 274 entrevistas a víctimas, abogados, familiares, representantes de la sociedad civil y exfuncionarios gubernamentales.
Para entender mejor el contenido y las implicaciones de este informe, en Agenda Estado de Derecho entrevistamos a Carlos Ayala Corao, abogado venezolano especialista en Derechos Humanos y Derecho Público.
Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1988, y relator sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Américas, desde 1996 hasta 1999. También ocupó los cargos de primer y segundo Vicepresidente de la CIDH. Desde 2018 es presidente de la Comisión Internacional de Juristas, con sede el Suiza. Es profesor de derecho constitucional y derechos humanos, de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, y también ha ejercido la docencia en las universidades de Oxford, Georgetown, Iberoamericana entre otras... entre ellas la American University Washington of College of Law. Fue asesor de derechos humanos en la UNESCO y es autor de varios libros y artículos sobre derechos humanos y derecho constitucional.
En este video, Carlos Ayala Corao explica brevemente el contenido del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado en agosto de 2020.
La debilidad institucional y la falta de independencia de los poderes públicos en Venezuela ha sido terreno fértil para las violaciones a los derechos humanos. El informe de la Misión señala algunos ejemplos. Desde el año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia neutralizó todas las leyes y demás actos dictados por la Asamblea Nacional y asumió algunas funciones de ésta, cuando a partir de las elecciones de diciembre de 2015 pasó a estar integrada con mayoría opositora. Más tarde, en 2017, el Gobierno creó la Asamblea Nacional Constituyente, considerada inconstitucional e ilegítima por una buena parte de la comunidad internacional y varios expertos. Ayala Corao explica que hubo irregularidades en su conformación y elección. “La denominamos el Leviatán de la democracia porque se fue tragando a la Constitución y a la Asamblea Nacional, y empezó a funcionar como un poder legislativo paralelo. Destituyó a la Fiscal General y nombró a un nuevo Fiscal sin seguir los procedimientos. La promesa era que se elaboraría una nueva Constitución, pero hasta ahora no se conoce el primer artículo”, apunta el especialista.
En medio de este escenario, el poder Ejecutivo se ha ido consolidando con la declaración de más de 20 estados de excepción entre 2016 y 2020. Como explica el informe de la Misión, se trata de instrumentos que permiten limitar algunos derechos y que, además, se aprobaron sin seguir los procedimientos establecidos en la Constitución.
A eso habría que sumar las debilidades en el sistema de justicia. La elección de los magistrados del Tribunal Supremo ha estado sujeta a los vaivenes políticos, la mayoría de los jueces se nombran con carácter provisional, y se ha reportado que más de la mitad de los jueces están inscritos en el partido del gobierno. También hay jueces que son perseguidos por sus decisiones o que son objeto de presiones políticas. Pero, además, la Misión documentó casos en los que los integrantes del poder judicial también estuvieron involucrados directamente en las violaciones a los derechos humanos.
“Tenemos un poder judicial que es ineficiente frente al delito común, pero que además garantiza la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Se utilizan determinados fiscales y jueces en la persecución políticamente motivada contra campesinos, sindicalistas, estudiantes, políticos, empresarios, etc. Además, el informe documenta cómo las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y de falta de acceso a la justicia no se procesan adecuadamente”, explica Ayala Corao. Y agrega que otros informes y documentos de organismos internacionales han llegado a la misma conclusión: no existe un sistema de justicia independiente e imparcial en Venezuela.
Un elemento que subyace a estos problemas institucionales, de acuerdo con el informe, es la corrupción. Si bien el trabajo de la Misión no profundiza en este tema, sí menciona que “un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas en el informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad”. Ayala Corao destaca que la corrupción, en sí misma, es una violación de los derechos humanos, porque se desvían recursos que pudieran dedicarse a la atención de las necesidades de la sociedad.
Y, además, puede ser un catalizador de la comisión de delitos y un factor que incide en la falta de control de las instituciones, como también argumentan otros especialistas.
En definitiva, la configuración institucional de la democracia y del Estado de Derecho, señala Ayala Corao, son indispensables para garantizar los límites al poder público, con base en el derecho nacional y en los estándares internacionales. Justamente, eso es algo que no ocurre en Venezuela. En este audio, el experto explica la importancia de estos elementos para evitar las violaciones a los derechos humanos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela utilizó los estándares del Derecho Internacional de los derechos humanos y del Derecho Penal Internacional para analizar los datos. La ventaja de este enfoque es que, además de evaluar el cumplimiento de las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos, también se identificaron las cadenas de mando y las posibles responsabilidades penales individuales de los crímenes cometidos.
En este video, Carlos Ayala Corao explica los criterios que usó la Misión para analizar los casos, y cuáles son las responsabilidades del Estado y de los individuos que participaron en las violaciones a los derechos humanos.
La Misión ofrece varias recomendaciones al final del informe. Entre ellas, tal como explica Ayala Corao, que el Estado venezolano investigue los hechos y que sancione a los responsables de acuerdo con el derecho nacional e internacional. “Aunque no tenga las condiciones, el Estado es el primer obligado de realizar estas investigaciones”, apunta el experto.
Pero, además, la Misión hace un llamado a la comunidad internacional. Primero, señala que los Estados deben considerar el inicio de acciones legales contra los responsables de estas violaciones. Ayala Corao explica que “existe una obligación internacional de todos los Estados para colaborar en la lucha contra los delitos internacionales”. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, para que ocurra un delito internacional basta con un solo hecho: es decir, no necesariamente debe haber un ataque generalizado y sistemático, sino que un solo acto de tortura, por ejemplo, bastaría para recurrir a la justicia universal.
En este caso, hay varias alternativas. Si el autor de los crímenes se encuentra en otro país, y no hay posibilidades de extradición, ese país debe juzgarlo. Hay países, como España, que pueden juzgar este tipo de delitos si el autor o las víctimas tienen nacionalidad española, como ocurrió recientemente con el caso de los cinco jesuitas españoles asesinados en El Salvador.
La Misión también recomienda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que tenga en cuenta la información contenida en el informe sobre los delitos que son de su competencia. Ya existen dos exámenes preliminares en marcha ante la CPI sobre el caso venezolano.
Como señala Carlos Ayala Corao, “estos son delitos que no solamente ofendieron la conciencia individual de sus víctimas y de la sociedad venezolana, sino de la humanidad”. En este video, el experto explica los mecanismos de justicia y reparación que se deben adelantar en Venezuela, y reflexiona sobre la importancia del Estado de Derecho, la democracia y la justicia.
Citación académica sugerida: Espitia Murcia, Cindy: Acceso equitativo a las vacunas: los retos para Latinoamérica, 2021/03/26, https://agendaestadodederecho.com/el-2020-de-la-corte-idh-balance-y-proyecciones/
Comunicadora Social de la Universidad Central de Venezuela. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, y Máster en Democracia y Gobierno, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como periodista en varios medios venezolanos e internacionales, y en el área de comunicación de Transparencia Internacional España. Investigadora predoctoral e integrante del Lab Grupo de Investigación Tecnología, Innovación y Gestión Pública (IT_GesPub) de la Universidad Autónoma de Madrid. Investiga sobre género, administración pública y tecnología. En paralelo a la docencia e investigación, se dedica a la consultoría con entidades públicas y privadas sobre derecho público y asuntos latinoamericanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
