El desafío más importante para la especie humana es acabar con la pandemia en dos años. No obstante, tal y como ha empezado el proceso de vacunación más grande de la historia, es altamente probable que esa meta no se pueda alcanzar dado que asistimos a una rapiña global para adquirir las primeras dosis. Al cierre de enero del 2021, los cálculos no superaron los cien millones de personas inmunizadas frente a una población global cercana a los 8000 millones, de la cual —según los cálculos epidemiológicos fijados para 2023— se requiere inmunizar alrededor del 70%.
Una breve vista a los datos demuestra que estamos lejos, lejos de llegar a la meta del 2023 de seguir al paso que vamos. Aunque en parte las limitaciones son técnicas, como la capacidad de los laboratorios para cumplir con la demanda, la principal barrera no es física o técnica, sino “ficticia”. Estamos frenados por poderosas ficciones jurídicas y políticas que nos impiden ver y entender el momento en el que nos encontramos.
Se denominan “patentes” los derechos exclusivos que los Estados conceden a una empresa o persona para que pueda explotar de forma exclusiva un invento o producto; y es así, porque es un incentivo para que existan inversiones y esfuerzos para investigar sobre ciertos temas o productos. Tal y como aconteció con la búsqueda “global” de la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Covid-19), que activó la destinación de miles de millones de euros, dólares, yenes y otras monedas tanto de entidades públicas como privadas para encontrar en tiempo récord las vacunas.
A la fecha, corporaciones provenientes de Alemania, China, Estados Unidos de América, Reino Unido, Rusia y Suecia tienen en circulación para uso de emergencia nueve vacunas cuya efectividad oscila entre 50% y 95%. Como ciudadano, entiendo que hay muchos intereses en juego (económicos, geopolíticos y sociales, entre otros). También, soy consciente de que cuentan con una protección legal de orden nacional, regional e internacional que garantiza, por ejemplo, el derecho de una empresa como Coca Cola a no compartir su fórmula mágica, así como el de cualquier farmacéutica de no hacer pública la información técnica sobre sus productos por un lapso determinado. En el caso de Coca Cola, es coherente que se proteja el secreto de una compañía para producir un líquido no esencial. Pero surge la duda de si debe ser así para el líquido de una vacuna que precisamente durante una pandemia es urgente ya que de ello dependen la vida y la salud de miles de millones de personas.
Sobre la base de estas premisas, las ficciones jurídicas denominadas “patentes”, “derecho de autor”, “secreto empresarial” —creadas por el derecho— corresponden a una barrera sólida que deja a la voluntad de un laboratorio la posibilidad de compartir la información técnica para que otros laboratorios puedan o no reproducirla, así como bloquear su uso incluso en caso de que se obtenga la información técnica. La vía para lograr esta remota pero no imposible posibilidad, desde una perspectiva internacional, depende principalmente del interés y la voluntad empresariales de un lado y del otro de las maniobras que las organizaciones internacionales y regionales puedan articular en favor de la vida y la salud por encima de otra ficción: el dinero.
Hasta el momento, poca efectividad ha tenido la excelente propuesta de India y Sudáfrica (apoyada por 99 países más) ante la Organización Mundial del Comercio para que se suspendiera temporalmente la propiedad intelectual sobre tecnologías, medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus mientras la duración de la pandemia. ¿La razón del poco éxito?: la resistencia de poderosos países y de la industria farmacéutica proveniente del denominado Norte global. En consecuencia, de seguir todo como va, la salud y la vida de millones a escala global dependerán de una cuestión ética o de misericordia por parte de las pocas personas que poseen empresas farmacéuticas. Infortunadamente, en el campo de la ética y la misericordia, la reputación de las farmacéuticas no es la mejor y asistimos a un arrodillamiento mundial que pasará a la historia.
El inicio del siglo XXI se ha caracterizado por las persistentes críticas a la globalización desde distintos frentes: filosóficos, políticos, económicos, distributivos y de otra índole. Sobre el fenómeno desglobalizante abundan ejemplos ya no solo en el discurso, sino también directamente en la praxis política. Desde hace años, varios países clave del mundo están siendo gobernados por personas y grupos de poder que no tienen interés de actuar con base en valores globales, sino nacionales. Como síntomas de este problema es posible citar ejemplos conocidos en cada continente.
A lo anterior, se suma la ausencia de organizaciones de integración sólidas en América Latina, África y Asia, lo cual ha llevado a que en la escena mundial el Sur global actúe de la forma menos eficiente y más débil: la unilateral. La situación es tan grave que la única organización regional de integración política funcional existente, la Unión Europea, ha sacado (y de la peor manera posible) la bandera del Europe first frente a las vacunas.
La creación de los Estados nacionales y de la división de los poderes precisamente surgió de la necesidad de reprimir instintos primitivos como aquel de que se imponga la fuerza sobre la razón. Precisamente, ante una pandemia es cuando los principios fundantes de los sistemas políticos contemporáneos se ponen a prueba y, a su vez, las instituciones con las que tratamos de dominar esas pasiones primitivas. Los saltos en la prelación de las vacunas por parte de personas con cargos públicos —o simplemente con dinero—, la corrupción que ya ha brotado en la administración de la pandemia y la avaricia de deplorables intereses son señales negativas de un avance distópico del siglo XXI.
El modelo económico tal y como se está dejando operar ante la pandemia, la individualidad y el nacionalismo son las peores vías para tratar de solucionar el problema de la crisis y sus efectos futuros. La esperanza de una salida razonable está en entender que la solución a una problemática de estas características requiere enfrentar las barreras sin olvidar que corresponden a “ficciones” que es posible ductilizar ante una situación tan grave como la actual. Hay cosas que el dinero no puede ni debe comprar.
Lo que propongo, de ninguna manera, plantea desconocer los derechos de las farmacéuticas a lucrarse por sus esfuerzos económicos e investigativos frente a la pandemia. Soy consciente de que la factura hay que pagarla y con creces, con la salvedad de que el “cuándo” es lo que podría cambiarse. ¿Qué va a pasar con la potente financiación de recursos públicos que se invirtieron para alcanzar las vacunas? ¿Cuál será el rol de China ya no en el origen sino en la solución a la pandemia? ¿Los beneficios económicos serán todos para las farmacéuticas? ¿Se justifica la intervención (estatal o internacional) para garantizar la vida y la salud global con el fin de discutir la parte monetaria después?
De seguir al paso actual de producción de vacunas (en manos de unas pocas empresas y respaldadas por intereses chovinistas), la meta del 2023 no se podrá alcanzar. Estamos ante una gran oportunidad para aplicar un cambio estructural en el actual régimen de derecho internacional económico y su relación con los derechos humanos. Por tal razón, creo que la clave frente al caso de la pandemia está en liberar información lo más pronto posible en aras de proteger el derecho a la salud y la vida, con el condicionamiento y seguimiento de protocolos en su producción por terceros países. La iniciativa COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, aunque sin dientes, podría ser una excelente vía de articulación para alcanzar la meta del 2023.
Dado que la solución está en manos de las economías más “avanzadas”, en el evento de que los argumentos basados en los derechos no los convenza, quizá seguro el utilitarismo económico pueda hacerlo. Según cálculos recientes, de no vacunar a las personas por fuera de las fronteras de los países ricos o que vivimos en “el mundo en desarrollo”, el impacto económico les podría costar hasta 9.2 billones de dólares. Sé que lo que señalo y propongo es un disparo al aire y que la propuesta liderada por India y Sudáfrica o similares difícilmente será acogida. A pesar de ello, quería aprovechar esta tribuna para recordar la fuerza y el impacto de las “ficciones” que a pesar de ser intangibles, transforman la realidad. En esta oportunidad, nuevamente, en perjuicio de la gran mayoría de la humanidad.
Citación académica sugerida: Herrera, Juan: ¿Para el 2023 se podrá superar la pandemia?, 2021/02/23, https://agendaestadodederecho.com/para-el-2023-se-podra-superar-la-pandemia/
Ha trabajado para la Corte Constitucional de Colombia y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg-Alemania. También como docente e investigador de la Universidad de los Andes (Bogotá) y de la Universitat Pompeu Fabra UPF (Barcelona).
En paralelo a la docencia e investigación, se dedica a la consultoría con entidades públicas y privadas sobre derecho público y asuntos latinoamericanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
