Es preciso destacar que las privaciones de nacionalidad no están, per se, prohibidas por el derecho internacional. No obstante, están limitadas y reguladas por diversas de sus normas. Desde una perspectiva de derechos humanos, en el Caso Habbal y otros Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que ningún acto que prive la nacionalidad es convencional si: i) no se ajusta al principio de legalidad; ii) es discriminatorio; iii) no previene la apatridia; iv) no supera un test de proporcionalidad; y v) no respeta las garantías del debido proceso.

Este criterio se refuerza por la Convención para Reducir Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Parte desde 2013. Los artículos 7 y 8 de este instrumento prohíben la pérdida o privación de nacionalidad si la persona en cuestión se convierte en apátrida, y su artículo 9 prohíbe la privación de nacionalidad por motivos discriminatorios, entre ellos políticos. El artículo 14 le otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solucionar las controversias que surjan sobre la aplicación de dicha Convención, siempre y cuando se cumplan cuestiones de competencia, como es que tanto el Estado demandante como el demandado la hayan ratificado.

Lo anterior permite fundamentar las violaciones del Estado nicaragüense a sus obligaciones en materia de derechos humanos y a aquellas derivadas de la Convención para Reducir Casos de Apatridia. En primer lugar, porque cometió las desnacionalizaciones a través de presuntas sentencias que nunca fueron leídas por las víctimas, quienes tampoco tuvieron un proceso penal para defenderse conforme al ordenamiento jurídico del país, violando así tanto el principio de legalidad como garantías mínimas del debido proceso (ej. el derecho a la defensa).

En segundo lugar, estas decisiones fueron discriminatorias por razones políticas, ya que se utilizaron como una herramienta de persecución contra personas opositoras o percibidas como tal, lo cual hace a su vez insuperable el test de proporcionalidad. A todo ello se suma que, en la mayoría de los casos, las víctimas quedaron en apatridia por carecer de otra nacionalidad, fortaleciendo así la arbitrariedad.

Este análisis concuerda con las conclusiones del GHREN, que, entre otros puntos, ha determinado que el Estado incurrió en una práctica que violó múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la nacionalidad y el derecho de no ser privado arbitrariamente de entrar a su país, lo que incluye permanecer en él. Asimismo, ha considerado que las desnacionalizaciones y los destierros configuraron los crímenes de persecución y deportación como crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho penal internacional, y, en esa línea, incluso identificó la cadena de mando responsable. A su vez, el Grupo de Expertos ha enfatizado que el Estado violó el artículo 9 de la Convención Para Reducir Casos de Apatridia y ha llamado constantemente a la comunidad internacional para que exijan la rendición de cuenta de Nicaragua ante la CIJ.