7 de Marzo de 2023
Perú 2023: ¿Una crisis anunciada?
Tres voces expertas dan su punto de vista sobre las causas, consecuencias y posibles salidas de larga crisis que afronta el Perú.
El 7 de diciembre de 2022, el entonces Presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció el cierre del parlamento. Este mismo día, el Congreso aprobó la vacancia —que derivó en su destitución—, la Policía adelantó el arresto de Castillo y Dina Boluarte, quien fungía como vicepresidenta, asumió la presidencia.
A tres meses de estos hechos, se han adelantado importantes movilizaciones sociales, se ha denunciado la existencia de un uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas, se ha registrado un escrutinio por parte de órganos internacionales y se reclama la adopción de medidas estructurales que permitan al Estado superar su historia cíclica marcada por tensiones constantes entre el ejecutivo y el legislativo y que ha implicado que, desde el 2000, el país haya contado con 11 presidentes diferentes. Para Agenda Estado de Derecho, es esencial poder ofrecer a la opinión pública latinoamericana elementos de juicio sobre lo que está pasando en la región.
El Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un gobierno que lleva ya bajo su mando decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas, etc. Todo esto bajo un aura de impunidad que no parece vaya a cambiar y que tiene el apoyo de las élites y la clase política del país. Esta es la principal amenaza. Es además preocupante cómo el discurso del “manodurismo” ha calado en ciertos sectores de la población, sobre todo en Lima.
Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que el propio intento de golpe del ex Presidente Castillo también ha contribuido a la degradación de la democracia, no sólo a nivel doméstico sino regional también. Un porcentaje considerable de la población aún apoya sus medidas autoritarias y ciertos gobiernos de la región han incluso decidido defenderlas diplomáticamente. Eso refleja, primero, lo deslegitimado que está el sistema político peruano –que, incluso, la ciudadanía está dispuesta a aceptar propuestas autoritarias para cambiarlo– y, segundo, lo precario que es el sistema de protección democrática a nivel regional.
Considero que las tres principales alertas son: Primero, la concentración de poder del Congreso de la República. La cual está mellando el balance entre poderes, fundamental en una democracia. En los últimos años, el poder legislativo ha logrado fortalecer sus capacidades institucionales y ha limitado las del Ejecutivo. Segundo, la normalización de los asesinatos a las personas que protestan, por parte de la élite política y mediática. Con preocupación se puede observar cómo algunos parlamentarios solicitan mayor represión contra los protestantes y no se realiza un control político contra el Ministro del Defensa o el Presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, se está limitando el derecho a protesta, bloqueando la posibilidad de movilizarse hacia la capital. Es importante también señalar el racismo contra quienes protestan. Por último, el incremento de la polarización en la élite política y en parte de la sociedad, acompañado del esparcimiento de las fake news. La alta concentración de medios de comunicación y su parcialización, limita el acceso a la información veraz y plural a la ciudadanía.
Las principales alertas que se pueden identificar en relación a la protección de derechos humanos tienen que ver con la represión de las protestas sociales, que ciertamente se ha salido del cauce constitucional y ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos que deben ser investigadas de forma independiente y deben dirigirse a sancionar tanto a los autores mediatos como inmediatos. En la libertad de expresión no ha habido un estrechamiento del espacio cívico, pero sí se ha presentado una “demonización” de algunas organizaciones sociales. Si bien el poder judicial ha mantenido una cierta independencia y el Ministerio Público mantiene cierta autonomía, surge la preocupación de que la Fiscal de la Nación está envuelta cada vez más en un escándalo de corrupción que favorece a su hermana que es jueza y que ha sido muy bien investigado por IDL reporteros.
Ahora bien, hay una alerta más estructural que debemos considerar: el excesivo uso del estado de emergencia en el Perú. Pasada la pandemia se declaró un estado de emergencia en varias ciudades incluyendo Lima, para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Luego vinieron las protestas sociales y de nuevo se volvió a declarar. Esto ocurre porque, en el caso del Perú, a diferencia de otros ordenamientos constitucionales latinoamericanos, no hay un control parlamentario para las prórrogas de los estados de emergencia. Simplemente, el artículo 137.1 de la Constitución señala que el ejecutivo una vez declara o prórroga, tiene que informar al congreso y nada más.
No es novedad que la Policía Nacional del Perú es una institución en crisis, que requiere ser reformada de forma estructural y radical. Es una institución que no cumple su función. Está mal capacitada, no tiene presupuesto, es corrupta y funciona en un ambiente de impunidad, donde simplemente no hay rendición de cuentas.
Es importante cambiar la cultura organizacional de la Policía Nacional, de una donde su rol es el mantenimiento del orden interno, concebido desde la represión del “desordenado” a una donde su rol sea garantizar la seguridad pública, proteger al ciudadano. Es decir, incluso, cuando se enfrenta una protesta violenta, la función policial debe enfocarse desde la protección de quienes están en riesgo por esas acciones violentas y la detención de quienes las causan, no el retorno a un orden idealizado, donde todo el que está en la calle, sea violento o no, es culpable por asociación y merece ser reprimido por cualquier medio.
En el Perú, de hecho, se ha popularizado un discurso según el cual hay “dos bandos”, la policía y los “ciudadanos de bien”, versus los “vándalos” (i.e. todo aquél que protesta). Ese es un discurso muy peligroso, pues resquebraja el tejido social. La Policía no puede concebir su labor desde un “bando”, sino desde el servicio al ciudadano.
La necesidad de contar con una reforma policial, ya que no se están cumpliendo con los protocolos de manejo a la protesta. Miembros de la policía están mostrando que la forma en cómo controlan las protestas no está funcionando. Asimismo, existe una falta de capacidad de diálogo por parte del Ejecutivo. Ello se debe a, por un lado, su falta de legitimidad y, por otro, cómo perciben a quienes protestan. Se les ha catalogado como extranjeros, terroristas, azuzados, etc. En este sentido, se limita la capacidad de agencia de quienes protestan y no se logra entender la complejidad de la misma.
Sin duda, sí ha habido un exceso en el uso de la fuerza por parte de la Fuerza Armada, el Ejército y la Policía Nacional, que se ha traducido en alrededor de 50 fallecimientos –de los cuales solo uno, ha sido en la ciudad de Lima, donde han habido también varias protestas sociales–. Lo cual es una prueba de que la policía con el apoyo del ejército pueden manejar y controlar las protestas sociales, sin un saldo tan trágico, ni tan numeroso como ocurrió en otras ciudades, como Ayacucho, Puno y Arequipa. Esto es la mejor muestra de que la policía nacional del Perú, pese a sus precariedades, con voluntad, equipamiento y órdenes muy claras, pudo haber tenido otro manejo de la conflictividad. Lo anterior sin que deje de ser muy lamentable la muerte de un manifestante en la ciudad de Lima.
Ahora bien, considero que las investigaciones periodísticas de IDL Reporteros han dejado claro que seis de los diez fallecimientos en la reprensión de las protestas sociales en diciembre pasado en Ayacucho murieron por parte de disparos de fusil y por parte de miembros del ejército. Hay pruebas en video de esto y además uno de los seis fallecidos conservaba el proyectil de un armamento que oficialmente el ejército reconoció que usó en ese operativo. Entonces pienso que hay que investigar claramente y en su momento sancionar a los responsables.
Los organismos de derechos humanos tienen un rol fundamental, pues permiten mecanismos indispensables para la protección de la protesta y otros derechos fundamentales, como por ejemplo vía las medidas provisionales de la Corte IDH o los comunicados de la CIDH. Sí creo que es importante trabajar en la planificación de las visitas de observación que realizan organismos como la CIDH. Son muy valiosas, sin duda, pero hay poco que puede hacerse en visitas de dos o tres días. La CIDH, por ejemplo, vino al Perú del 11 al 13 de enero. A pesar de la gran calidad profesional de estas misiones, me parece un tiempo bastante limitado para un contexto tan complejo.
Generar presión ante las autoridades de las instituciones pertinentes, tales como las fuerzas armadas, Ministerio de Defensa y órganos de justicia. Por otro lado, continuar brindando información y apoyo a investigaciones periodísticas y/o académicas sobre las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado el país en dos ocasiones, en diciembre y en enero, y próximamente emitirá su informe, donde va a dar cuenta seguramente de una serie de violaciones de derechos humanos y excesos de los que ya hemos comentado y me imagino que van hacer sugerencias y recomendaciones al Estado peruano. Es importante también destacar que el gobierno ha mencionado que una vez recibido este informe y estas recomendaciones, dará cumplimiento a estas. De pronto esto quede en la parte discursiva, pero es importante que por lo menos públicamente se hayan comprometido a cumplir tales recomendaciones.
Por otro lado también es importante el monitoreo que está haciendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El segundo Alto Comisionado también visitó al Estado en febrero, se reunió con autoridades y seguramente emitirá su informe. También vale resaltar a organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han han adelantado un ejercicio de verificación y documentación que, seguramente, se verá reflejado en un informe sobre la represión de las manifestaciones en ciudades como Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Juliaca.
La crisis peruana es compleja y no se agota en la realidad coyuntural del golpe de Castillo y la reacción violenta de la población, sino que se sustenta en un sistema que ha excluido a una gran cantidad de la población, que no puede depender de su estado para sus necesidades básicas (salud, educación, seguridad, vivienda, etc.).
La única forma de poder encaminar la discusión a un proceso de reforma estructural de nuestro sistema político y social es con la convocatoria a nuevas elecciones lo más pronto posible, que permitan calmar las protestas e iniciar mecanismos de diálogo nacional. Dado que el Congreso no parece dispuesto a asumir esa responsabilidad, la Presidenta Boluarte debería renunciar y asumir su responsabilidad por lo que ha permitido en estos dos meses. Sólo así se podrá empezar a resolver la crisis.
Existen diversas razones por las que debería adelantarse las elecciones. Primero, la gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos (70% según la encuestadora Ipsos Perú) considera que debería adelantarse las elecciones. Segundo, a pesar de la heterogeneidad de las protestas, se puede identificar que una demanda común es el adelanto de elecciones. Tercero, los actuales representantes están generando contra reformas, que perjudican una serie de políticas públicas. Sin embargo, considero que, si bien el adelanto de elecciones podría brindar oxígeno político, no significaría la solución de la crisis política.
Muchos sectores de izquierda y derecha, empresariales y sindicales, de Lima y de otras ciudades del país, la academia e inclusive el partido político fujimorista, consideramos que deben adelantarse las elecciones para este año. Aunque, por supuesto, siguen existiendo visiones encontradas. Los partidos de extrema derecha dicen que a ellos los eligieron hasta el 2026 y no van a ceder al chantaje de las protestas sociales y el lado de la extrema izquierda supedita la realización de las elecciones anticipadadas a la consulta a la ciudadanía sobre una asamblea constituyente.
Pero, francamente, adelantar las elecciones es la única salida institucional y constitucional para esta crisis y para esto hay dos vías: que el congreso lo apruebe en dos votaciones calificadas, en dos sesiones ordinarias o que la Presidenta de la república Dina Boluarte obligue o detone ese adelanto de elecciones con su renuncia.
El artículo 115 contempla que si el Presidente renuncia y ya no hay vicepresidente, que es el caso actual en el Perú, el Presidente del Congreso asume la presidencia transitoriamente y de inmediato llama a elecciones.
No creo que adelantar elecciones resuelva la crisis. Creo que la crisis es más profunda. Se necesita resolver el problema de una sociedad fundada en premisas coloniales, donde las personas racializadas y de menores recursos viven en situaciones de enorme precariedad y discriminación. Y sí, es verdad que las reformas económicas de los 90s redujeron la pobreza y aumentaron el PBI, pero es que no es suficiente decirle a las personas que “no serán pobres”. Esa clase media emergente de la que tanto se habla en el “milagro económico peruano” también necesita de safety nets públicos (salud, educación, vivienda, seguridad) de calidad.
Y las personas que han quedado excluidas de ese proceso, sobre todo pueblos indígenas y comunidades campesinas, tienen derecho a un sistema que los incorpore y valore como componentes constituyentes de la peruanidad. Esta es una cuestión de derechos humanos –de derechos económicos, sociales y culturales– tan frecuentemente dejados de lado, pero tan vitales como sus pares civiles y políticos.
Muchos han planteado como solución a este problema de colonialidad y racismo subyacente la convocatoria a una asamblea constituyente. Yo no estoy de acuerdo. Creo que esta propuesta arriesga, dada la composición actual de la política peruana, una nueva constitución más autoritaria, más antiderechos y más excluyente de la que tenemos hoy. Creo que la experiencia chilena con el proceso constituyente es una advertencia de que no se puede firmar un cheque en blanco.
Necesitamos procesos de diálogo nacional que permitan crear un mandato de cambio legítimo antes de que se active cualquier iniciativa de reforma. Es decir, que la población le diga a su Estado cuáles son los problemas que quiere que se resuelvan y de qué forma. Luego, con esa hoja de ruta, se elige un mecanismo de reforma, que allí ya sí podría ser una asamblea, aunque no necesariamente. En otras palabras, antes de una asamblea constituyente, necesitamos un proceso de cabildos abiertos.
Considero que el camino para superar la crisis es largo y complejo. Por un lado, es urgente fortalecer la capacidad del Estado peruano. Este cuenta con una débil burocracia, alto nivel de corrupción, captura de intereses privados, etc. Por otro lado, es fundamental que se generen profundas reformas, tales como a la educación, salud, justicia, etc. Las cuales requieren tiempo y de una gran disposición por parte de los políticos. Estos dos caminos son imposibles de realizar en medio de una crisis política que no permite la continuidad de las principales autoridades. Ante ello, es necesario realizar una profunda reforma política.
Como lo señalaba, lo ideal sería que el congreso mismo decida adelantar las elecciones, pero si no es así queda la herramienta de la renuncia por parte de la Presidenta. No obstante, así como el Congreso, la presidenta ha anunciado bajo siete voces que no va a renunciar. Entonces hay un entrampamiento político, de cómo se va a resolver eso ahora. Todo ha conspirado para que haya una inmensa calma y el Congreso ya no siente la presión que sentía en diciembre y enero para adelantar las elecciones. Entonces podría estarse calculando mantenerse hasta el 2026. Pero creo con sinceridad que es un medio de evaluación y un balance bastante suicida, porque esta calma es absolutamente transitoria y cualquier chispa va a incendiar la pradera tanto como lo incendió en diciembre o enero y será mucho peor.
Ahora bien, también es importante hablar de cambios estructurales. Creo que, con un nuevo parlamento, debería adelantarse un proceso de reforma integral a la Constitución. No basta a esta altura con un maquillaje o una reforma parcial de la constitución, porque creo que lo que está clamando el sur del país es un nuevo pacto constitucional, un nuevo pacto social, económico, político que incorpore el cuidado del ambiente, garantice un mayor respeto de los derechos de las nacionalidades originarias y una serie de cambios y modificaciones del modelo económico, que no pierdan las buenas cosas que también hay en el modelo económico actual, por ejemplo la autonomía del banco central de reserva, pero que incorpore algunos ajustes que hagan más equitativo el crecimiento económico.
Ahora el gran debate y la gran pugna ideológica en este momento es si la salida es la Asamblea Constituyente. Yo creo que habría que más bien tratar de buscar una salida diferente, como el encargo de una nueva Constitución en la Comisión de Constitución del nuevo parlamento que se elija.
La crisis peruana es una crisis sistémica. Tiene su origen en un Estado que ha sido creado en clave colonial, donde los Andes y el Amazonas son concebidos como áreas ricas en recursos que debe ser explotadas por la élite empresarial limeña para lograr el desarrollo del país, pero donde viven personas que son “obstáculos para el desarrollo” que deben ser, en el más burdo sentido decimonónico, forzosamente “civilizadas”.
Hasta que estas élites no tomen consciencia de las jerarquías y prejuicios raciales que informan este sistema, hasta que no hagan contrición sobre el rol que han jugado en la discriminación de lo indígena del concepto de “peruanidad”, será difícil que el Perú alcance una verdadera paz social, donde todos sean concebidos como ciudadanos con iguales derechos.
Al final, lo que el Perú tiene en este momento es un sistema donde un grupo, por lo general criollo o mestizo, urbano, occidentalizado, y con recursos, puede privatizar sus necesidades básicas para vivir sin ansiedades económicas, mientras que otro grupo, racializado, rural o que vive en la periferia de las ciudades, que vive mes a mes o día a día, o se ve forzado a utilizar servicios públicos de mala calidad, corruptos y mal financiados, o se ve forzado a privatizar sus problemas, pero con alternativas privadas de mala calidad. Es decir, para educación, una universidad “bamba” (de mala calidad, estafadora); para salud, una “chanchita” (una colecta vecinal); para vivienda, un traficante de terrenos; para seguridad, un grupo de matones. Así, es imposible construir un país democrático, donde se respeten los derechos humanos (todos los derechos humanos).
Parte de los problemas estructurales los he abordado previamente. Sin embargo, si solo nos enfocamos en la inestabilidad política que el Perú ha enfrentado desde el 2016, se puede encontrar que la falta de institucionalización de los partidos políticos representa un grave problema. Desde el 2001, se ha intentado fortalecer a los partidos sin éxito, a pesar de algunos importantes avances. Por otro lado, la imposibilidad de reelegirse de manera inmediata (debido al referéndum del 2018), genera que vayan ingresando al poder políticos sin experiencia y con una visión cortoplacista. Lo que imposibilita la generación de políticas públicas a largo plazo.
Por lo tanto, se requiere de una reforma política que logre fortalecer a los partidos políticos y pueda crear políticos profesionales. Ello se puede generar a través de la eliminación de la prohibición de la reelección. Por otro lado, se requiere de cambios en las actuales normativas que rigen la relación ejecutivo-legislativo, que fortalezcan los procesos de cooperación y de un correcto balance entre poderes.
Desde la colonia y desde el inicio de la República, desde el centro hasta el sur andino que es el que, especialmente, se ha levantado en estas protestas, Perú presenta fracturas raciales, sociales, económicas, geográficas, de discriminación del costeño, limeño frente al serrano, derivadas del conflicto armado interno y ahora más recientemente un país que ha crecido en los últimos 20 – 25 años fundamentalmente gracias a la extracción de minerales y metales, donde había un crecimiento económico pero que no ha beneficiado lo suficientemente a esas ciudades del sur anndino, por ejemplo las ciudades de Cusco, Puno y Ayacucho –que no reciben réditosdel gas natural que sale de Camisea que queda en Cusco y por tanto el gas es mucho más caro en esas ciudades que en Lima.
¿Es absurdo, no? hay un enojo y una frustración de postergación legítimas ¿Cómo enfrentarlo? Yo creo, como lo señalaba previamente, desde una perspectiva institucional constitucional. Sin duda, la constitución del año 93 ya no es el pacto social, político y económico que mantuvo una cierta estabilidad por lo menos macroeconómica en los últimos 30 años en el país.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. La lupa en la situación del Perú: ¿Una crisis anunciada? 2023/03/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/peru-2023-una-crisis-anunciada/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
