La judicatura en su esencia es un poder contramayoritario (lo cual no quiere decir que sea anti-democrático) y de contrapeso al poder político.      Por eso es por lo que controlar la judicatura es una gran tentación para el poder público, y los esfuerzos a lo largo de los años han sido hacia procesos que buscan minimizar la influencia política directa, fortaleciendo así la independencia judicial.

En los últimos años, América Latina ha visto un aumento en regímenes autocráticos o con rasgos autocráticos que buscan consolidar el poder y limitar la independencia de las instituciones. A raíz de la pandemia se dictaron medidas extraordinarias (algunas todavía vigentes) que buscaron poner un límite a los contrapesos. En otros países, hemos visto evidentes interferencias y ataques en la judicatura para controlar las judicaturas.

La erosión democrática que se está viendo en la región se caracteriza por un proceso gradual y sutil, donde los líderes, muchas veces democráticamente electos, debilitan las instituciones democráticas y los valores esenciales como la independencia judicial, la competencia electoral, los derechos de expresión y asociación, la profesionalización institucional y el estado de derecho sin consolidar lo que conocemos como una dictadura en términos clásicos. Además, los efectos de lo que se le ha denominado “constitucionalismo abusivo”, mediante la manipulación de mecanismos constitucionales de manera legal pero engañosa, permite consolidar el poder y debilitar la democracia, por ejemplo, a través de reformas constitucionales que reducen los frenos y contrapesos bajo una apariencia de legalidad y legitimidad democrática.

Hoy, México pone el mal ejemplo a regímenes que no han logrado controlar completamente la judicatura, creando un sistema sin precedentes en Latinoamérica para que jueces de todos los niveles sean electos popularmente en países en los que la narrativa oficial obtiene las mayorías, sumado a un desinterés social amplio por los temas de independencia judicial. La reforma constitucional aprobada, desde el discurso de difamación que se gestó durante los primeros años del sexenio y puso las semillas para que se consolidara una narrativa difamatoria en contra de la judicatura, hasta el proceso de reforma apresurado y lleno de irregularidades pasan a formar parte del manual perfecto para la captura y erosión de la independencia judicial en las Américas.  s

En octubre de 2024, por ejemplo el Presidente de Colombia Gustavo Petro ya mencionó que dadas las relaciones traumáticas entre ejecutivo y judicatura habría que voltear a ver experiencias como las de México. Si bien Colombia ha sido una de las democracias consolidadas en la región, el voltear a ver a México como una opción para la judicatura ya lanza un mensaje de intimidación a la judicatura colombiana.