Tensiones entre la transparencia y la participación del proceso de selección de personas candidatas para la CIDH y la Corte IDH, y la práctica de intercambiar apoyos en la elección de candidaturas
18 de Febrero de 2025
El artículo analiza la tensión entre transparencia y acuerdos políticos en la selección de personas para la CIDH y la Corte IDH, destacando el rol del Panel-SIDH y proponiendo mejoras para garantizar independencia e imparcialidad.
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y Panel Independiente.
Establecido en 2015 en respuesta a las exigencias expresadas por la sociedad civil, el Panel Independiente tenía la tarea de garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos de nominación y elección de los jueces y comisionados regionales de derechos humanos. A lo largo de los años, ha supervisado meticulosamente seis procesos distintos, que culminaron con la emisión de informes finales en 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2023. Durante los últimos años, la Facultad de Derecho de Washington de la Universidad Americana ha trabajado diligentemente como Secretaría del Panel, obteniendo el apoyo de numerosas ONG, universidades y colegios de abogados de toda la región. Estas entidades colaboradoras están unidas por su inquebrantable dedicación a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defender los principios de equidad, transparencia e inclusión en los procesos de nominación y elección, y abogar por la nominación de candidatos que se distingan por sus calificaciones e independencia.
El Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Panel-SIDH o Panel) ha venido realizando un extraordinario aporte en materia de observación, veeduría y transparencia del proceso de selección de personas candidatas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los dos órganos principales de promoción y protección de los derechos fundamentales en el hemisferio.
Sin embargo, a nadie se le escapa que en paralelo con la atención y cooperación que los Estados han ofrecido a la labor del Panel, se ha mantenido vigente la práctica de “intercambiar promesas o notas” de apoyo, a través de las cuales las cancillerías llegan a acuerdos y compromisos para que las respectivas candidaturas presentadas a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) alcancen los votos necesarios para convertirse en designaciones.
Frente a esta realidad, los esfuerzos por mantener un proceso participativo y transparente de selección y designación de integrantes para los organismos del SIDH con competencia en materia de derechos humanos, parecen, al menos, insuficientes. De hecho, en distintas oportunidades el resultado del proceso de selección difiere de las observaciones del Panel sobre la independencia, versación y méritos de las personas que se postulan.
Es una práctica histórica de los Estados nacionales que, en el ejercicio de su soberanía, entienden las candidaturas a organismos internacionales como una extensión de sus objetivos de política exterior. El acceso de una persona nacional a un mandato internacional se presenta como un logro para el país y para el propio gobierno de turno. Las campañas para conseguir los votos necesarios para alcanzar la designación, si bien muchas veces se basan en la idoneidad y cualidades de la persona candidata, en otras oportunidades es parte de un intercambio recíproco o relacionado con el apoyo a otra candidatura, que puede no tener que ver siquiera con la protección de los derechos humanos.
En el ámbito de los organismos internacionales de derechos humanos, esta práctica atenta contra el ideal de una justicia internacional independiente y está alejada del propio texto de los tratados de derechos humanos. En efecto, los artículos 52 y 53 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), por ejemplo, a texto expreso indican que los juristas que integren la Corte IDH serán “elegidos a título personal”, y que los Estados podrán impulsar hasta tres candidaturas que cumplan con los requisitos de autoridad moral, competencia en materia de derechos humanos e independencia, incluyendo al menos una de nacionales de otros Estados.
Todo indica que, al acordar el texto del tratado, los negociadores de este instrumento buscaron dotar a estos órganos de una conducción técnica de alto nivel, a cargo de personas independientes de los objetivos de política interna y exterior de cada Estado parte, en vista de la función que están llamados a cumplir y la naturaleza de los mandatos que tienen los respectivos órganos. Por ello los requisitos expresos son los de contar con alta autoridad y versación, capaces de mantener la autonomía e independencia a la hora de adoptar decisiones de la jurisdicción internacional.
El Panel-SIDH funciona desde 2015 para la evaluación de candidaturas a la CIDH y a la Corte IDH. Ha monitoreado 7 procesos de selección, sus instancias de elección y ha emitido igual cantidad de informes. Estos informes, además de la evaluación de las candidaturas de acuerdo a los criterios previamente establecidos, incluyen recomendaciones dirigidas a los Estados, a los efectos de mejorar los procesos internos de selección y ofrecer garantías para una elección guiada por la transparencia y la participación de múltiples actores interesados. También contiene recomendaciones dirigidas a la OEA, cuyos Estados forman parte de alguno o de ambos organismos.
En ese sentido, una de las recomendaciones reiteradas por las distintas integraciones del Panel, radica en rechazar las promesas de apoyo político a cambio de apoyo en elecciones en distintos organismos, teniendo en cuenta que estos compromisos muchas veces desconocen las capacidades e idoneidad de todas las personas candidatas.
El Panel también se ha preocupado por acercar a los Estados experiencias comparadas, que permitan observar cómo otros mecanismos de protección de los derechos humanos han avanzado en la limitación de estas prácticas.
Al respecto, en el último informe del Panel se destaca la experiencia de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CPI), una red global conformada por más de 3.000 organizaciones alrededor del mundo, que trabaja para lograr procesos de nominación y selección justos, transparentes y basados en el mérito.
Dicha coalición ha desarrollado campañas específicas en contra del intercambio de votos, al que ha caracterizado como “…una práctica destructiva que se ejerce con naturalidad en otras instituciones internacionales, lo que se opone al funcionamiento justo y efectivo de la justicia internacional y debe evitarse por completo en la CPI”.
“Por este motivo, promovemos elecciones informadas y basadas en los méritos. Este tipo de situaciones, el intercambio de votos u otras formas de politización, no pueden suceder a la hora de elegir a quienes liderarán el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma”, agrega esta coalición.
La Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones, incluida la AG/Res. 3048 (2024), alentando a los Estados miembros a que nominen y elijan a personas que permitan asegurar una integración equilibrada en género, con representación de las diferentes regiones, grupos poblacionales y sistemas jurídicos del hemisferio, garantizando que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Lo que constituye sin duda un paso adelante, pero que no ha logrado cambiar la cultura imperante.
Asimismo, el Panel ha mantenido contactos con mecanismos de observación ya institucionalizados y que considera una buena práctica, como aquellos establecidos para la nominación y selección de personas candidatas para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la CPI.
En el ámbito del TEDH existe el Comité para la elección de jueces/zas ante la Asamblea Parlamentaria que podría funcionar como una referencia. El Comité tiene el mandato de entrevistar a las personas candidatas, evaluar sus currículos, analizar los procedimientos de nominación a nivel nacional según requisitos mínimos de imparcialidad y transparencia, considerar las entrevistas realizadas y la interacción de los Estados con el Panel Consultivo que funciona en la instancia de nominación nacional. El Comité, además, aprueba o rechaza las listas de personas candidatas elevadas por los Estados y, en caso de aprobación, establece un orden de preferencia para comunicar a la Asamblea Parlamentaria.
En el ámbito de la CPI, el artículo 36 4(c) del Estatuto de Roma, establece que la Asamblea de Estados Parte puede establecer un Comité Asesor para las Nominaciones. El Comité fue creado en el año 2011 con el objetivo de contar con una instancia de evaluación justa e independiente de las calificaciones de las personas propuestas. El Comité analiza las calificaciones de las personas nominadas que, posteriormente, son elegidas por votación.
Los desafíos que enfrenta la selección de personas idóneas e imparciales a nivel internacional son similares a los que enfrentan diversos países a la hora de seleccionar a las autoridades de justicia a nivel nacional. Por tanto, dotar al proceso de selección de los dos órganos de derechos humanos regionales, de un consejo honorario asesor internacional que promueva estos principios de manera permanente en el SIDH, con medidas tales como el impulso de varias candidaturas por Estado, la observación de los procesos nacionales, la transparencia y la rendición de cuentas de las candidaturas pueden ser el camino a seguir.
El objetivo final es garantizar integraciones de los órganos de justicia interamericana, cuyas decisiones luego permean a todo el continente, por parte de personas idóneas, con altas calificaciones y capaces de garantizar la autonomía e independencia en el ejercicio del cargo.
Citación académica sugerida: Lanza, Edison. Tensiones entre la transparencia y participación del proceso de selección de personas candidatas para la CIDH y la Corte IDH y la práctica de intercambiar apoyos en la elección de candidaturas. Agenda Estado de Derecho. 2025/02/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/proceso-de-seleccion-de-personas-candidatas-para-la-cidh-y-la-corte-idh/
Palabras clave: sistema interamericano, trasparencia, Corte IDH, CIDH.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2023-2024)
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
