Reflexiones sobre los procesos de nominación y selección de personas candidatas al SIDH a la luz del trabajo del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH

17 de Febrero de 2025​
Reflexiones sobre los procesos de nominación y selección de personas candidatas al SIDH a la luz del trabajo del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH

¿Cuál es el rol y contribución del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH?

Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y Panel Independiente.

Alianza

Establecido en 2015 en respuesta a las exigencias expresadas por la sociedad civil, el Panel Independiente tenía la tarea de garantizar la transparencia y visibilidad de los procesos de nominación y elección de los jueces y comisionados regionales de derechos humanos. A lo largo de los años, ha supervisado meticulosamente seis procesos distintos, que culminaron con la emisión de informes finales en 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2023. Durante los últimos años, la Facultad de Derecho de Washington de la Universidad Americana ha trabajado diligentemente como Secretaría del Panel, obteniendo el apoyo de numerosas ONG, universidades y colegios de abogados de toda la región. Estas entidades colaboradoras están unidas por su inquebrantable dedicación a fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, defender los principios de equidad, transparencia e inclusión en los procesos de nominación y elección, y abogar por la nominación de candidatos que se distingan por sus calificaciones e independencia.

PANEL INDEPENDIENTE

El Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Panel SIDH o Panel) tiene por objetivo valorar la independencia, imparcialidad e idoneidad de las personas candidatas a la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El primer Panel fue constituido en el 2015 por iniciativa de tres organizaciones de la sociedad civil, la Open Justice Initiative, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación para el Debido Proceso Legal, para fortalecer la transparencia y ampliar la participación de personas interesadas en los procedimientos de nominación y selección de personas candidatas a estos órganos. Desde entonces hasta la fecha, el Panel-SIDH ha adelantado siete procesos de evaluación, incluido el más reciente en el que se evaluaron a cinco personas candidatas para ocupar tres cargos de jueces/zas en la Corte IDH durante el periodo 2025-2030.

El Panel SIDH volverá a constituirse en 2025 para adelantar la evaluación de personas candidatas para ocupar posiciones en la CIDH durante 2026-2029. En este marco. expertos y expertas que han contribuido al trabajo del Panel presentan sus opiniones sobre temas relativos a la nominación y selección de personas candidatas al SIDH a fin de reflexionar sobre la necesidad de refinar prácticas nacionales e internacionales que favorezcan la elección de personas idóneas, independientes e imparciales en las futuras composiciones de la CIDH y la Corte IDH.

Historia y práctica del Panel

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no estableció procedimientos de nominación de personas candidatas a nivel interno, ni tampoco un proceso detallado para la selección por los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) de quienes ocuparán los cargos de Comisionados/as y Jueces/zas de la Corte IDH. Solo estableció que el Secretario General de la OEA seis meses antes de la celebración de la Asamblea General (AG) solicitaría a los Estados que presenten por escrito dentro de un plazo de 90 días un listado de candidatos/as para ocupar los cargos de aquellas personas cuyos mandatos se cumplen. Asimismo, se determinó que la elección se adelantaría en la AG de la OEA a través del voto secreto por mayoría de los Estados miembros de la OEA, en el caso de la primera, y de Estados parte de la CADH en el caso del Tribunal.

Por otro lado, la CADH y los Estatutos de los órganos establecen reglas mínimas de calificación que deben cumplirse para ser electo/a para ocupar esos cargos. En el caso de la CIDH se requiere que la persona candidata tenga alta autoridad moral y reconocida versación en derechos humanos, mientras que en el caso de la Corte IDH se requiere además de estos requisitos que la persona candidata “reúna las condiciones [necesarias] para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales” en el país que la postula.  

La ausencia de reglas específicas sobre nominación y selección ha generado falta de transparencia y opacidad en la nominación de personas candidatas a nivel interno y en los mecanismos de selección a nivel internacional que se basan principalmente en el intercambio de votos que en general no tienen en consideración la idoneidad de quienes han sido postulados/as para los cargos. De igual manera la composición de los órganos del SIDH se ha caracterizado en general por una falta de diversidad y representatividad, inter alia, de mujeres y de otros grupos étnicos o raciales de la región.

La creación del Panel SIDH, por lo tanto, viene a llenar un vacío institucional importante. A ello se suma que para garantizar la legitimidad de las evaluaciones que adelanta el Panel, este mecanismo ha estado siempre integrado por reconocidos/as profesionales en el derecho internacional de los derechos humanos, que actúan en forma independiente de la sociedad civil, de los Estados y de otras instituciones relevantes. Además, para blindar la independencia e imparcialidad del Panel, desde 2018 American University Washington College of Law provee los servicios de Secretaría técnica a este mecanismo.

A lo largo de los diferentes ciclos, el Panel SIDH ha desarrollado una metodología de trabajo que incluye la recopilación de información de las personas candidatas, en particular a través de sus currículos vitae, las respuestas brindadas por estas al cuestionario que el panel les remite, otras manifestaciones escritas como publicaciones académicas, presentaciones en foros, decisiones emitidas como funcionarios/as, blogs, redes sociales etc. A ello debe sumarse que el Panel entrevista individualmente a cada una de las personas candidatas y toma las respuestas obtenidas como insumo para su evaluación. Por otro lado, también recibe información de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y otros actores relevantes a través de un formulario público que pone a disposición de las personas interesadas. Asimismo, consulta a los Estados que nominan a las personas candidatas sobre los procedimientos internos que han utilizado para seleccionar a quienes aspiran a los cargos. Si es necesario complementar o cotejar la información recibida el Panel puede consultar otra información confiable de sitios públicos y medios de prensa.

El Panel a través de su práctica ha ido afinando y dando contenido a los criterios que utiliza para evaluar a las personas candidatas. Además de los requisitos establecidos en la CADH y los Estatutos de los órganos, el Panel toma en consideración la independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés, el aporte a la integración representativa y balanceada del organismo y si las personas candidatas fueron nominadas a través de un proceso de selección nacional. Para nutrir el alcance de estos parámetros, el Panel ha recurrido a la utilización de estándares internacionales sobre independencia y conducta judicial y se ha guiado por los mandatos y sucesivas recomendaciones de la AG de la OEA a los Estados miembros, incluida la Resolución AG/Res. 3048 (2024), instando a los Estados “a lograr una representación de género equilibrada, una representación geográfica equitativa y de sistemas jurídicos del Hemisferio, así como un equilibrio apropiado de distintos grupos de la población —en particular aquellos en situación de vulnerabilidad e históricamente marginados—, garantizando al mismo tiempo que se cumplan los requisitos de independencia, imparcialidad, autoridad moral y competencia con respecto a los derechos humanos”.   

El informe final que publica el Panel culmina con un grupo de recomendaciones a los Estados, a la OEA y a la CIDH. De estas es importante resaltar la que se refiere al llamado a que los Estados adopten y establezcan un procedimiento transparente, participativo y abierto de nominación de personas candidatas a nivel interno que favorezca la postulación de profesionales que sean idóneos para el cargo al que aspiran a ser seleccionados/as. Además, el Panel señala que es esencial que este procedimiento conduzca a que la composición final del órgano sea diversa, paritaria entre hombres y mujeres y que refleje las comunidades étnicas y raciales de la región. A ello debe sumarse que la composición de la CIDH y la Corte IDH también debe representar las distintas regiones geográficas y los sistemas jurídicos del hemisferio.

De igual manera el Panel recomendó que los Estados se abstengan en el futuro de nominar a personas que ocupen al momento de su postulación puestos de autoridad y responsabilidad en el Poder Ejecutivo o cuerpo diplomático de su país, que pudieran crear “un conflicto de intereses que perjudiquen la real o aparente independencia e imparcialidad que todo órgano judicial o cuasi-judicial debe tener.” Asimismo, el Panel ha recomendado que se evite el intercambio de votos antes de la nominación de las personas candidatas para garantizar la idoneidad de quienes sean finalmente electas.

Otra recomendación que el Panel ha repetido desde su creación es que la OEA debería establecer un Comité Consultivo de expertos independientes al interior de la Organización para cumplir las funciones de evaluación que este ejerce. Para tal efecto, los informes del Panel han recomendado que se tomen como modelo los procedimientos utilizados por el Sistema Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.  No obstante, no parecen existir en la OEA condiciones políticas para avanzar en el establecimiento de un mecanismo de esta naturaleza. Por ello es de esperar que los paneles de expertos y expertas independientes promovidos por la sociedad civil y las instituciones académicas continuarán realizando el trabajo de evaluación de personas candidatas para ocupar posiciones en la CIDH y la Corte IDH en el futuro próximo.

Conclusión

Varias de las recomendaciones señaladas serán discutidas a continuación por expertas y expertos en esta edición especial. Esperamos que estas contribuciones sirvan para alentar un debate más amplio sobre el perfil de candidatas/os que los Estados de la región nominen y seleccionen en el futuro para cumplir la delicada y crucial misión de proteger los derechos humanos de las personas que habitan en un hemisferio marcado por la inestabilidad política, la pobreza y la desigualdad social. En este sentido, el 2025 presentará una nueva oportunidad para testear la voluntad de los Estados de poner en práctica las recomendaciones del Panel a partir de la elección de 3 nuevas personas para ocupar cargos en la CIDH para el periodo 2026-2029.

Citación académica sugerida:

Martin, Claudia y Meza, Mosi. Reflexiones sobre los procesos de nominación y selección de personas candidatas al SIDH a la luz del trabajo del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del SIDH. Agenda Estado de Derecho. 2025/02/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/nominacion-y-seleccion-de-personas-candidatas-al-sidh/

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ACERCA DE LOS AUTORES
Claudia Martin

Codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, American University Washington College of Law.

Mosi Meza

Secretaria del Panel Independiente de Expertas y Expertos para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.