6 de Febrero de 2024
El tiempo pasa, la jurisprudencia queda. Las sentencias de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El artículo ofrece un recorrido por las decisiones destacadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, explorando su impacto y relevancia en la protección de los derechos fundamentales en la región.
La Corte Interamericana notificó diecinueve sentencias de fondo durante el año 2023. En ellas alterna el tratamiento de una gran mayoría de temas clásicos y de otros novedosos. A continuación, una breve reseña:
En lo central, la Corte IDH aborda en el caso Córdoba vs. Paraguay la debida diligencia que debe guiar a los procesos de restitución internacional de niños y niñas.
Si bien existen múltiples aristas controvertidas en este asunto (ej. definición de sustracción y retención, alcance de las excepciones, interacción entre el Convenio de la Haya y la Convención sobre los Derechos del Niño, etc.), el análisis se detuvo en la afectación del plazo razonable que signó el proceso local evaluado.
La Corte recordó la especial celeridad que debe imprimirse a estos trámites, dado su impacto en los niños y en la situación jurídica debatida. Por esa misma razón, la Corte también fue muy crítica con la CIDH por el tiempo que demoró el proceso ante ese organismo, así como por la adopción de decisiones relevantes sin ofrecer al menor involucrado la posibilidad de ser oído respecto del reclamo de su padre.
Esta omisión fue suplida por la propia Corte y derivó en la exclusión del niño –ya adulto- del caso internacional, lo que sin dudas condicionó el abordaje realizado y privó al tribunal de realizar consideraciones más novedosas sobre un asunto que no había sido tratado hasta entonces.
El caso Rodríguez Pacheco y otra vs. Venezuela, aborda una situación de violencia obstétrica en el ámbito sanitario y la Corte se detuvo, en especial, en la debida diligencia que debe regir la investigación y la sanción de estas violaciones de derechos.
La “violencia obstétrica” ya había asomado en la jurisprudencia interamericana en el caso I.V vs. Bolivia (2016) -aunque no caracterizada como tal- y, luego, en el caso Britez Arce vs. Argentina (2022), donde ya fue llamada por su nombre.
La temática indígena también fue parte de la jurisprudencia 2023. La Corte resolvió el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras. Allí trató el derecho a la propiedad indígena colectiva y el derecho a la consulta respecto de intervenciones sobre ella.
En sentido similar en el caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente vs. Guatemala, aportó como dato novedoso un interesante análisis sobre la representación de las comunidades indígenas en sede internacional cuando existen diferentes liderazgos a nivel interno y, consecuentemente, diversos posicionamientos sobre el reclamo de derechos, la responsabilidad estatal y las formas de reparación.
La Corte IDH resolvió el caso Guzmán Medina vs. Colombia, donde recordó los elementos que deben concurrir para la configuración de esta grave violación de derechos humanos: a. la privación de la libertad, b. la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos y c. la negativa a reconocer la detención o la falta de información sobre la suerte o el paradero de la persona.
También señaló las obligaciones de debida diligencia que rigen para su esclarecimiento y su relación con el derecho a la verdad, aspecto que hace parte de su jurisprudencia más temprana en la materia. En la misma línea se pronunció en los casos Núñez Naranjo vs. Ecuador y Tabares Toro vs. Colombia.
Como no puede ser de otra manera, dado el alcance del derecho y su incidencia en los trámites locales, el repaso también incluye diferentes decisiones relativas al debido proceso y a las garantías judiciales.
Estas salvaguardas, como ha sostenido la Corte y surge del propio articulado de la Convención (art. 8.1, CADH), se aplican a muy diversos tipos de procesos en los que se dirime el alcance de derechos y de obligaciones estatales.
Un caso relevante es el de María y otros vs. Argentina, sobre un proceso de adopción irregular (véase Fornerón e hija vs. Argentina) donde la Corte resaltó la amplia gama de derechos que fueron afectados en perjuicio del infante y de su madre, quien también era una niña al momento de los hechos.
La Corte detalló las garantías del debido proceso en favor de niños y niñas, en especial el derecho a ser oídos y a contar con una defensa técnica adecuada, aspectos que brillaron por su ausencia en las actuaciones locales.
También declaró afectaciones al plazo razonable, dado el especial impacto que el paso del tiempo posee en los niños y en la protección de derechos como el de la identidad, sobre todo frente a situaciones donde confluyen diferentes vectores de vulnerabilidad.
Por otra parte, la Corte también resolvió el caso Meza vs. Ecuador, donde repasó su jurisprudencia clásica sobre plazo razonable y los cuatro elementos que deben evaluarse para su determinación: a. complejidad de la causa, b. actividad procesal de las partes, c. conducta de las autoridades judiciales y d. impacto del paso del tiempo en la situación jurídica de la persona afectada.
Lo mismo hizo en el caso Boleso vs. Argentina. La Corte además volvió sobre las garantías que rodean ciertas funciones en el caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador, sobre la destitución arbitraria de un integrante del Tribunal Electoral de ese país.
En el ámbito penal también se adoptaron decisiones sobre debido proceso. La Corte IDH hizo consideraciones relevantes sobre el tema en Álvarez vs. Argentina.
Allí destacó diferentes dimensiones del derecho de defensa (posibilidad de elegir defensor de confianza, de contar con los medios y el tiempo apropiado para la preparación de la defensa, posibilidad de interrogar a los testigos), así como de otras garantías correlacionadas, como ser el derecho a recurrir la decisión condenatoria.
Asimismo, se destacó el especial celo que debe tener la satisfacción de estas garantías cuando las personas arriesgan los reproches más gravosos que habilita el sistema jurídico.
Sin embargo, la Corte perdió la posibilidad de realizar apreciaciones convencionales sobre un asunto de alto impacto regional, como es la procedencia y duración de las penas de prisión perpetua. Este aspecto fue abordado sólo en el voto concurrente.
En el caso Olivera Fuentes vs. Perú, el tribunal analizó la responsabilidad estatal por discriminación de agentes particulares; en concreto: una cafetería que solicitó a dos varones que se retiren del establecimiento por besarse y expresar afecto.
La Corte retomó su establecido criterio sobre la especial protección de la orientación sexual (véase Atala Riffo y niñas vs. Chile en adelante), que en su desarrollo incluye la posibilidad de expresiones públicas de afecto sin injerencias arbitrarias.
A la vez, el caso permitió volver sobre consideraciones que el tribunal viene efectuando sobre la relación entre empresas y derechos humanos, ya adelantadas en los precedentes Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares vs. Brasil (2020) y Buzos Mizquitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras (2021).
A esta larga crónica se suma otro puñado de casos, que presento al mero fin de completar el panorama: el caso Caso Baptiste y otros vs. Haití, sobre la obligación estatal de garantía y el derecho a la vida; el caso López Sosa vs. Paraguay, sobre el control judicial de las detenciones y la obligación de investigar el delito de torturas; y el caso García Rodríguez y otro vs. México, sobre la incompatibilidad convencional de las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, que ha avivado complejos debates constitucionales internos.
Sin embargo, no todas fueron derrotas estatales este 2023. En el caso Bendezú Tuncar vs. Perú, la Corte consideró que el Estado no era responsable por un despido presuntamente arbitrario.
Lo mismo hizo en el caso Scot Cochran vs. Costa Rica, donde declaró que no se había visto afectado el derecho a la imparcialidad judicial en un proceso penal.
También en el caso Hendrix vs. Guatemala, donde la Corte señaló que no se vio afectado el derecho a la no discriminación por la exigencia forzosa del requisito de arraigo para ejercer la función de notario público en ese país.
Un nuevo año se fue en la actividad de la Corte y otro recién comienza. Esta actividad no sólo se compone de determinaciones sobre el fondo de los casos sometidos a su conocimiento, sino también abarca la gestión de su trámite, la eventual interpretación de las decisiones adoptadas y su siempre compleja supervisión.
Además, la Corte tiene una importante actividad en la protección de derechos por la vía de las medidas provisionales. Es decir, no se puede medir el trabajo del tribunal sólo por su faceta más visible.
En mi opinión, el desafío para este año que inicia -y para los posteriores- no es tanto el de profundizar aspectos ya tratados por la Corte o el de singularizar cada vez más los estándares vigentes, sino más bien el de abrir la puerta a asuntos más novedosos, en los que la jurisprudencia no abunde.
Ese objetivo no pretende entrar en tensión con el acceso a la justicia de las víctimas en los casos individuales, ni desconocer que la recurrencia de ciertos temas habla mucho más del pronunciado sesgo estatal en la afectación de derechos que de la creatividad de los litigantes. Simplemente, pretende complementar las intervenciones de manera tal de maximizar su efecto tutelar.
Citación académica sugerida: Fernández Valle, Mariano. El tiempo pasa, la jurisprudencia queda. Las sentencias de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/las-sentencias-de-2023-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
Palabras clave: Sistema Interamericano; Corte IDH; jurisprudencia interamericana; derechos humanos.
Miembro del Comité editorial de Agenda Estado de Derecho. Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho – ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
