26 de Septiembre de 2024

Construyendo la justicia azul: Una decisión histórica del Tribunal Internacional de Derecho del Mar para la protección de los mares y océanos en un contexto de emergencia climática

Construyendo la justicia azul: Una decisión histórica del Tribunal Internacional de Derecho del Mar para la protección de los mares y océanos en un contexto de emergencia climática
Foto de Karl Callwood en Unsplash.

Una decisión histórica del Tribunal Internacional del Derecho del Mar marca un precedente crucial al reconocer el cambio climático como una forma de contaminación marina, y reafirma la obligación de los Estados de adoptar medidas firmes para proteger los océanos.

“El cambio climático es una forma de contaminación marina y los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar tal contaminación causada por gases efecto invernadero de gases de efecto invernadero (GEI) y sus efectos adversos en el medio marino”. Así se ha pronunciado, unánimemente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), con sede en Hamburgo, en una opinión consultiva histórica, publicada el 21 de mayo de 2024. Si bien esta opinión/dictamen no es jurídicamente vinculante y no evalúa la responsabilidad de ningún Estado en concreto, determina, por primera vez, cuál es el alcance de las obligaciones climáticas, que, de acuerdo con el Derecho internacional, tienen los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, 1982).

Según las Naciones Unidas, los mares y los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta y constituyen el mayor sumidero de carbono de este, absorbiendo el 90% de las emisiones de GEI y liberando oxígeno. Sin embargo, soportan los efectos del cambio climático con el aumento del nivel del mar, olas de calor marinas y acidificación del océano. Estos cambios también tienen una afectación muy grave sobre la biodiversidad marina y sobre las comunidades humanas, que habitan en zonas costeras bajas (UNU, 2019) y sobre aquellas que dependen de la pesca para obtener sus nutrientes proteicos, lo que incluye a unas 3300 millones (casi la mitad de la población mundial), y a casi 60 millones de personas que trabajan en la industria pesquera y el sector acuícola en todo el mundo (FAO, 2022). 

En este contexto, no es de extrañar que la opinión fuera solicitada inicialmente por la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS), en diciembre del 2022, un grupo de nueve naciones insulares del Caribe y el Pacífico, liderado por Antigua y Barbuda y Tuvalu. Estos pequeños Estados insulares, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) son los primeros y más afectados por el cambio climático, cuando contribuyen en menos del 1% a las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En un escenario de aumento de las emisiones de GEI, se espera un incremento medio de la temperatura mundial de entre 2,6 y 4,8ºC para 2100, según el escenario de emisiones más elevado, exponiendo a un riesgo muy elevado su supervivencia.

Esta petición se diseñó con dos objetivos principales. En primer lugar, establecer que los efectos nocivos sobre los océanos que se derivan, o pueden derivarse, del cambio climático debido a las emisiones antropogénicas de GEI a la atmósfera, equivalen a “contaminación marina” con arreglo a la Parte XII de la CNUDM. En segundo lugar, aclarar las obligaciones jurídicas específicas de los Estados parte, en virtud de la CNUDM, a la hora de abordar los efectos del cambio climático en el medio marino. Más de 50 Estados, organizaciones intergubernamentales y otros grupos presentaron alegaciones orales y escritas ante el Tribunal para expresar sus opiniones sobre estas cuestiones. En muchas de ellas se afirmaba la necesidad de adaptar las obligaciones de los Estados parte, derivadas de la Parte XII de la CNUDM, a los conocimientos científicos actuales y las amenazas que pesan sobre el medio marino.

El Tribunal entendió que las emisiones de GEI constituyen contaminación del medio marino en el sentido del artículo 1(1)(4) de la CNUDM. Así, la Parte XII de la CNUDM establece una obligación afirmativa y general de “proteger y preservar” el medio marino (art. 192) y, de acuerdo con el artículo 194, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, incluidas las emisiones de GEI. El Tribunal aclaró, además, que los Estados tienen la obligación de proteger el ambiente marino de los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos. Éstas incluyen el diseño de medidas de mitigación para minimizar, en la medida de lo posible, la liberación de sustancias tóxicas en el ambiente marino y la adopción de leyes y reglamentos para contener y rebajar la contaminación marina causada, tanto por la emisión de gases de fuentes terrestres y la atmósfera o a través de ella, como la provocada por buques. Todas estas medidas deben basarse en los mejores conocimientos científicos disponibles y en normas internacionales sobre el cambio climático, incluidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de 1992 y el Acuerdo de París de 2015, sin que sea necesario una absoluta certeza científica, de acuerdo con el principio de precaución.

El Tribunal ha subrayado que esta obligación incluye la necesidad de que los Estados garanticen que las contaminaciones por las emisiones generadas bajo su jurisdicción o control, no se trasladen a otras áreas fuera de su soberanía, en virtud del artículo 194(2). Así, se trata de una obligación de diligencia debida, debiendo además asistir a los países más vulnerables con el fin de contener y reducir su impacto, mediante la asistencia financiera y técnica. Debido a la naturaleza de la contaminación transfronteriza, la norma de diligencia debida puede ser más estricta que la norma de diligencia debida en virtud del artículo 194(1). En todo caso, si un país incumple esta obligación, puede enfrentar “responsabilidades internacionales”. Además, es importante recalcar que cuando el medio marino se haya degradado, los Estados tienen la obligación de poner en marcha medidas para restaurar los hábitats y ecosistemas marinos.

En este sentido, si bien el Tribunal sólo aborda la responsabilidad potencial de los Estados, extiende el ejercicio de una diligencia debida estricta para garantizar que los actores no estatales cumplan las medidas de mitigación.

Esta opinión del Tribunal es especialmente relevante para fomentar nuevos esfuerzos y así hacer frente a los efectos del cambio climático, en consonancia con la obligación general de la CNUDM de proteger el medio marino de todas las fuentes de contaminación marina. Así, el Tribunal enfatiza que, en el contexto de las obligaciones de los Estados de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambientales y socioeconómicas de cualquier actividad que pueda causar contaminación marina relacionada con el cambio climático.

Si bien no se sabe si esta aportación va a ser un revulsivo para la realización de la “justicia azul”, sí constituye un avance significativo hacia la salvaguardia de la integridad ecológica de mares y océanos, a la vez que contribuye a la aplicación del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible.

Finalmente, es necesario apuntar que este es el primer tribunal internacional que emite una opinión consultiva sobre el cambio climático y las obligaciones estatales, lo que puede ser de gran influencia para las opiniones consultivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) están también preparando sobre la determinación de las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.

Citación académica sugerida: Borràs-Pentinat, Susana. Construyendo la justicia azul: Una decisión histórica del Tribunal Internacional de Derecho del Mar para la protección de los mares y océanos en un contexto de emergencia climática. 2024/09/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-azul/

Palabras clave: Tribunal Internacional de Derecho del Mar, cambio climático, emergencia climática, océanos y derechos humanos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Susana Borràs-Pentinat

Licenciada en Derecho por la Universitat Rovira i Virgili (URV), donde también obtuvo el Máster en Derecho Ambiental (2004) y el Doctorado Europeo, con Premio Extraordinario de Tesis Doctoral en 2007.

Profesora Agregada de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Rovira i Virgili (URV) (desde 2012 acreditada como Profesora Titular y desde 2018 (Recerca avançada) y Profesora Ayudante en la Universitat Oberta de Catalunya desde 2010. Desde 2008 hasta la actualidad es coordinadora del Master Universitario de Derecho Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili. 

En 2022-23 ha sido investigadora postdoctoral Marie Curie (MSCA-IF) en la Universidad de Macerata (Italia), con el proyecto de investigación “Gender Climate Migration: innovative European Union socio-legal avenues (CLIMOVE)” (2022-23).

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.