“El cambio climático es una forma de contaminación marina y los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar tal contaminación causada por gases efecto invernadero de gases de efecto invernadero (GEI) y sus efectos adversos en el medio marino”. Así se ha pronunciado, unánimemente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), con sede en Hamburgo, en una opinión consultiva histórica, publicada el 21 de mayo de 2024. Si bien esta opinión/dictamen no es jurídicamente vinculante y no evalúa la responsabilidad de ningún Estado en concreto, determina, por primera vez, cuál es el alcance de las obligaciones climáticas, que, de acuerdo con el Derecho internacional, tienen los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, 1982).

Según las Naciones Unidas, los mares y los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta y constituyen el mayor sumidero de carbono de este, absorbiendo el 90% de las emisiones de GEI y liberando oxígeno. Sin embargo, soportan los efectos del cambio climático con el aumento del nivel del mar, olas de calor marinas y acidificación del océano. Estos cambios también tienen una afectación muy grave sobre la biodiversidad marina y sobre las comunidades humanas, que habitan en zonas costeras bajas (UNU, 2019) y sobre aquellas que dependen de la pesca para obtener sus nutrientes proteicos, lo que incluye a unas 3300 millones (casi la mitad de la población mundial), y a casi 60 millones de personas que trabajan en la industria pesquera y el sector acuícola en todo el mundo (FAO, 2022). 

En este contexto, no es de extrañar que la opinión fuera solicitada inicialmente por la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS), en diciembre del 2022, un grupo de nueve naciones insulares del Caribe y el Pacífico, liderado por Antigua y Barbuda y Tuvalu. Estos pequeños Estados insulares, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) son los primeros y más afectados por el cambio climático, cuando contribuyen en menos del 1% a las emisiones totales de gases de efecto invernadero. En un escenario de aumento de las emisiones de GEI, se espera un incremento medio de la temperatura mundial de entre 2,6 y 4,8ºC para 2100, según el escenario de emisiones más elevado, exponiendo a un riesgo muy elevado su supervivencia.

Esta petición se diseñó con dos objetivos principales. En primer lugar, establecer que los efectos nocivos sobre los océanos que se derivan, o pueden derivarse, del cambio climático debido a las emisiones antropogénicas de GEI a la atmósfera, equivalen a “contaminación marina” con arreglo a la Parte XII de la CNUDM. En segundo lugar, aclarar las obligaciones jurídicas específicas de los Estados parte, en virtud de la CNUDM, a la hora de abordar los efectos del cambio climático en el medio marino. Más de 50 Estados, organizaciones intergubernamentales y otros grupos presentaron alegaciones orales y escritas ante el Tribunal para expresar sus opiniones sobre estas cuestiones. En muchas de ellas se afirmaba la necesidad de adaptar las obligaciones de los Estados parte, derivadas de la Parte XII de la CNUDM, a los conocimientos científicos actuales y las amenazas que pesan sobre el medio marino.

El Tribunal entendió que las emisiones de GEI constituyen contaminación del medio marino en el sentido del artículo 1(1)(4) de la CNUDM. Así, la Parte XII de la CNUDM establece una obligación afirmativa y general de “proteger y preservar” el medio marino (art. 192) y, de acuerdo con el artículo 194, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, incluidas las emisiones de GEI. El Tribunal aclaró, además, que los Estados tienen la obligación de proteger el ambiente marino de los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos. Éstas incluyen el diseño de medidas de mitigación para minimizar, en la medida de lo posible, la liberación de sustancias tóxicas en el ambiente marino y la adopción de leyes y reglamentos para contener y rebajar la contaminación marina causada, tanto por la emisión de gases de fuentes terrestres y la atmósfera o a través de ella, como la provocada por buques. Todas estas medidas deben basarse en los mejores conocimientos científicos disponibles y en normas internacionales sobre el cambio climático, incluidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de 1992 y el Acuerdo de París de 2015, sin que sea necesario una absoluta certeza científica, de acuerdo con el principio de precaución.

El Tribunal ha subrayado que esta obligación incluye la necesidad de que los Estados garanticen que las contaminaciones por las emisiones generadas bajo su jurisdicción o control, no se trasladen a otras áreas fuera de su soberanía, en virtud del artículo 194(2). Así, se trata de una obligación de diligencia debida, debiendo además asistir a los países más vulnerables con el fin de contener y reducir su impacto, mediante la asistencia financiera y técnica. Debido a la naturaleza de la contaminación transfronteriza, la norma de diligencia debida puede ser más estricta que la norma de diligencia debida en virtud del artículo 194(1). En todo caso, si un país incumple esta obligación, puede enfrentar “responsabilidades internacionales”. Además, es importante recalcar que cuando el medio marino se haya degradado, los Estados tienen la obligación de poner en marcha medidas para restaurar los hábitats y ecosistemas marinos.

En este sentido, si bien el Tribunal sólo aborda la responsabilidad potencial de los Estados, extiende el ejercicio de una diligencia debida estricta para garantizar que los actores no estatales cumplan las medidas de mitigación.

Esta opinión del Tribunal es especialmente relevante para fomentar nuevos esfuerzos y así hacer frente a los efectos del cambio climático, en consonancia con la obligación general de la CNUDM de proteger el medio marino de todas las fuentes de contaminación marina. Así, el Tribunal enfatiza que, en el contexto de las obligaciones de los Estados de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambientales y socioeconómicas de cualquier actividad que pueda causar contaminación marina relacionada con el cambio climático.

Si bien no se sabe si esta aportación va a ser un revulsivo para la realización de la “justicia azul”, sí constituye un avance significativo hacia la salvaguardia de la integridad ecológica de mares y océanos, a la vez que contribuye a la aplicación del derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible.

Finalmente, es necesario apuntar que este es el primer tribunal internacional que emite una opinión consultiva sobre el cambio climático y las obligaciones estatales, lo que puede ser de gran influencia para las opiniones consultivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) están también preparando sobre la determinación de las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.