Justicia Ambiental en el Archipiélago de San Andrés y Providencia: Derecho, territorio y resistencia
16 de Diciembre de 2025
El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es mucho más que un territorio insular: es un espacio de memoria, biodiversidad y resistencia. En medio de las presiones ambientales, jurídicas y sociales que enfrenta, también florecen prácticas de defensa comunitaria, liderazgo joven y acción jurídica transformadora.
Este especial que cierra el 2025 de Agenda Estado de Derecho reúne cuatro artículos que exploran cómo el derecho se convierte en una herramienta viva para proteger el ambiente y fortalecer el vínculo entre las comunidades y sus territorios. A través del litigio estratégico, la pedagogía legal desde las aulas universitarias y la defensa de derechos colectivos, estas experiencias reflejan formas concretas de construir justicia ambiental desde lo local.
La publicación es resultado de una colaboración entre el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, el Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y nuestro equipo editorial. Esta alianza busca visibilizar iniciativas que conectan el trabajo jurídico con los desafíos ambientales más apremiantes de América Latina.
Este artículo se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y Grupo de Acciones Públicas (GAP).
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) es una clínica jurídica de interés público, adscrita al Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y el interés público en Colombia. El GAP trabaja en casos que representan realidades sociales complejas, de vulneración de derechos humanos y afectación al interés público, y en los que los estudiantes que hacen parte de la clínica asumen el rol de abogados con la guía de abogados expertos en diferentes áreas de los derechos humanos, materializando así sus conocimientos y experiencia adquirida durante la carrera.
El GAP tiene dos objetivos. Uno de carácter pedagógico, que procura la formación de estudiantes, a partir del modelo de enseñanza-aprendizaje llamado educación legal clínica; este modelo busca brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para aplicar y potenciar las competencias, habilidades y destrezas propias del abogado, necesarias para el ejercicio del derecho y que no suelen enseñarse en las aulas de clase. El otro objetivo, de carácter social, pretende brindar asesoría y acompañamiento legal a comunidades vulnerables para la defensa de sus derechos, a través de un litigio de alto impacto, que combina estrategias legales, sociales, de comunicación y de incidencia.
Al visibilizar estos procesos, y a partir de esta alianza, buscamos también abrir un espacio de reflexión sobre la importancia de integrar lo jurídico, lo pedagógico y lo comunitario en la defensa del ambiente. En un contexto donde los territorios insulares enfrentan amenazas crecientes, estas experiencias nos muestran que la resistencia puede organizarse desde el derecho, pero solo es efectiva cuando se construye con las comunidades.
Invitamos a nuestras lectoras y lectores a sumergirse en estas historias, que no solo narran disputas legales, sino también procesos de empoderamiento ciudadano y de articulación entre derecho y territorio. Porque defender el Archipiélago es también fortalecer el Estado de Derecho y apostar por un futuro justo y sostenible para todas las comunidades que lo habitan.
¿Cómo pueden las clínicas jurídicas cerrar la brecha entre el derecho escrito y la vida real? El GAP muestra cómo la educación legal y el litigio estratégico transforman el acceso a la justicia en Colombia y América Latina.
En Colombia y América Latina, el acceso a la justicia y la enseñanza del derecho se encuentran en una intersección crítica. Por un lado, las comunidades enfrentan una desprotección estructural que les impide acceder a derechos básicos como la salud, la vivienda, la educación o el trabajo; por el otro, el derecho se enseña y se practica desde una teoría garantista que, en el papel, parece preverlo todo. Esta tensión entre lo que promete el marco normativo y lo que ocurre en la vida cotidiana configura una serie de necesidades legales y sociales que no solo revelan las fallas e inasistencia del aparato estatal, sino que interpela profundamente a quienes estudian y ejercen el derecho. Por esto, las clínicas jurídicas buscan explorar ese espacio de intersección: el lugar donde las necesidades de las comunidades se encuentran con una formación jurídica que, muchas veces, desconoce esas realidades. Porque si bien todos somos sujetos de derechos, y deberíamos tener conocimiento y confianza en ellos, lo cierto es que muchas personas desconfían de su reconocimiento, dudan de su aplicabilidad y, en muchos casos, ni siquiera saben que existen.
Quienes estudian derecho en Colombia, habitan en un Estado Social de Derecho con lo que ello implica desde la perspectiva del ciudadano y se enfrentan a la paradoja de aprender una teoría que parece abstracta y desconectada de la realidad, que describe un andamiaje institucional robusto, diseñado para proteger y garantizar esos derechos, pero que en la práctica se revela como insuficiente, lejano o incluso inaccesible. Esta contradicción entre la letra y la realidad no solo genera frustración, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿cómo puede el derecho responder a las necesidades estructurales de quienes han sido históricamente excluidos? Es en este contexto que el Grupo de Acciones Públicas (GAP), como clínica jurídica, se posiciona no para sustituir las obligaciones del Estado, sino para tejer puentes desde el ejercicio del derecho. Su labor parte del reconocimiento de que hay comunidades que no conocen sus derechos, que no tienen herramientas para exigirlos y que enfrentan vacíos institucionales que perpetúan su exclusión. Ante esto, el GAP propone una forma de intervención jurídica que parte de la empatía, la pedagogía y el litigio estratégico.
Tradicionalmente, el derecho se ha pensado[1] en términos de juez y litigio. Sin embargo, en el GAP se busca que la protección de los derechos humanos vaya mucho más allá del aparato judicial. En escenarios donde el Estado se convierte en una barrera —ya sea por burocracia, negligencia o falta de voluntad—, es necesario activar otras formas de intervención que permitan acercar el derecho a quienes más lo necesitan. Estas estrategias incluyen el uso de vías administrativas, la incidencia en políticas públicas y legislativas, la comunicación masiva y la pedagogía en derechos. Todas estas acciones permiten ampliar el campo de acción del derecho, que ya no se limita a la defensa de casos en tribunales, sino que se convierte en una herramienta de transformación social y a quienes lo ejercen, en agentes de cambio. Esta visión del derecho como herramienta multidimensional permite atender las necesidades de las comunidades desde perspectivas creativas, interdisciplinarias y profundamente humanas.[2]
[1] Kalantry, S. & Hancock, R. “Transnational law as a framework for law clinics,” Jindal Global Law Review, vol. 11 (2020): 251–270.
[2] Educación legal clínica y litigio estratégico en Iberoamérica — Beatriz Londoño Toro, Educación legal clínica y litigio estratégico en Iberoamérica (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2015)
Pero esta transformación no puede darse sin una revisión profunda de cómo se forma a las futuras generaciones de abogados/as. No basta con enseñarles normas, procedimientos y jurisprudencia; es necesario formarlos como ciudadano, como ser humano que también habita los vacíos del sistema y las necesidades del contexto, y que debe desarrollar habilidades para enfrentar escenarios complejos, inciertos y emocionalmente exigentes. La educación legal clínica[1], en este sentido, se convierte en una apuesta por la integralidad, una formación que combina saberes técnicos con habilidades blandas, que promueve el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad y que reconoce que el derecho no se ejerce en abstracto, sino en escenarios concretos, con personas reales, que tienen historias, dolores y esperanzas. Esta pedagogía no solo enriquece el perfil profesional del estudiante, sino que también fortalece su rol como actor social. Al llevar el derecho a lugares donde el Estado no llega, el estudiante se convierte en puente, en canal, en herramienta viva para la búsqueda de la dignificación de vidas que han sido históricamente marginadas.
[1] Zuluaga Hoyos, C., Sánchez Quintero, A. M., Pérez Amaya, N., Muñoz Ávila, L. M., Senior Serrano, S., Barón González, N., Yepes García, D., Rodríguez Morales, A., Márquez Velásquez, M. M., & Iregui Parra, P. M. (2022). Educación legal clínica: una mirada a la experiencia comparada como modelo de formación basado en la justicia social. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario — Fundación Hanns Seidel.
Es así como el Grupo de Acciones Públicas ha logrado, desde esta visión y conscientes de que los procesos de transformación no se alcanzan de manera independiente sino en red, fortalecer su modelo clínico a través del intercambio y la articulación con otras clínicas jurídicas de la región que trabajan estos temas[1]. Este trabajo colaborativo, sustentado en el aprendizaje conjunto y la incidencia compartida, ha permitido al GAP intervenir en escenarios de alta complejidad y profundo impacto. Uno de ellos es el trabajo con la comunidad raizal, que ha enfrentado una desatención estatal sistemática. Otro ejemplo es el reconocimiento de una nueva categoría de desplazamiento[2] en Colombia, más allá del conflicto armado, que permitió visibilizar a una comunidad afectada por causas ambientales, pero igualmente devastadoras. Estos casos no solo evidencian la necesidad de una justicia más cercana, más humana y más creativa, sino que también muestran cómo la educación legal clínica puede convertirse en una herramienta de alto impacto. Porque cuando el derecho se enseña desde la realidad, y se practica desde una visión que se convierte en un vehículo de cambio y en una apuesta por la dignidad, cumple con su función social y transformadora.
Este enfoque nos invita a pensar el derecho desde el humanismo. No como un conjunto de normas escritas, sino como un acto de esperanza, como una posibilidad de transformación. El GAP, al formar estudiantes que entienden el derecho como herramienta social y al intervenir en territorios donde el Estado ha fallado o faltado, encarna esa esperanza. Estos escenarios y brechas de acceso en Colombia y América Latina no se cerrarán solo con reformas normativas, se cerrarán cuando el derecho se enseñe y se practique desde la realidad, cuando los estudiantes se formen como ciudadanos éticos y comprometidos y cuando las comunidades puedan confiar en que sus derechos no son solo palabras en un papel, sino garantías reales que permiten el desarrollo de una vida digna.
[1] Katz, L., Domínguez, A. M., Brenninkmeijer, M., Bourgeois, O., Yücel, N., Blas Rodríguez, N. A., Pebe Muñoz, L. A., Riquero, G. M. L., Arbelaez, C. & Cohen, I. (2025). Transnational Legal Clinic Collaboration: A Force in Global Climate Litigation. Transnational Environmental Law, 14(2), 266–284.
[2] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-123 de 2024. M. P. Natalia Ángel Cabo.
Palabras clave: Clínicas jurídicas, Acceso a la justicia, Educación legal clínica.
Citación académica sugerida: MARÍA ALEJANDRA VARGAS CORREDOR. El Grupo de Acciones Públicas (GAP) y su impacto en Colombia y América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2025/12/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-en-el-archipielago-de-san-andres-y-providencia-derecho-territorio-y-resistencia/
Abogada especializada en derechos humanos e internacionales por la Universidad del Rosario, con formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Acciones Públicas (GAP), adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia, donde lidera proyectos de incidencia social, formación estudiantil y litigio estratégico. Cuenta con experiencia en incidencia legislativa y en el diseño y ejecución de iniciativas de investigación en derechos humanos, promoviendo el acceso a la justicia y el fortalecimiento de capacidades legales en contextos vulnerables.
¿Cómo pueden las aulas impulsar la justicia ambiental? El trabajo del GAP en Colombia demuestra que el litigio, la incidencia y la pedagogía desde la academia generan cambios reales en las comunidades.
Las aulas y la enseñanza del Derecho pueden parecen ser un espacio estéril, alejado del activismo y de escenarios usualmente asociados con las luchas ambientales. No obstante, la experiencia del Grupo de Acciones Públicas (GAP) parece ser otra; el uso de estrategias jurídicas litigiosas combinadas con otras como la incidencia, la pedagogía y el trabajo en territorio, demuestran que la Academia es una potente aliada en la defensa del ambiente.
El GAP es una clínica jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. En sus más de 25 años de experiencia, ha acompañado diversos casos en materia ambiental que han acercado a sus estudiantes a las problemáticas que enfrenta el país en este tema y que son una oportunidad de fomentar el liderazgo ambiental en futuros abogados, desde su pregrado, y por eso que el aula también tiene el potencial de ser un lugar para la acción.[1] Cuando las discusiones de carácter jurídico se relacionan con la realidad ambiental del país, el aprendizaje se vuelve transformador y práctico. Los alumnos comprenden desde el GAP que el ejercicio del derecho no se restringe a los tribunales, sino que también se aplica en el trabajo conjunto con las comunidades, desde los territorios y las decisiones diarias que salvaguardan el ambiente.
[1] Montoya, J. M., Guerrero, E., y Cruz Galindo, M. L., “La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un análisis del caso ‘viche del Pacífico’,” en Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: retos desde los derechos humanos, eds. Torres-Villarreal, M., e Iregui-Parra, P. M. (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019)
El GAP ha respaldado varios procesos que han permitido lograr significativos progresos en el país en términos ambientales[1]. Uno de esos casos fue en el departamento de Arauca, donde una pareja de adultos mayores campesinos se vio obligada a desplazarse después de que un río se desbordara, llevándose todo a su paso. El GAP logró que la Corte Constitucional reconociera por primera vez la existencia del desplazamiento forzado interno por causas distintas al conflicto armado; en este caso, debido a factores ambientales.[2]
En particular, la sentencia T-123 del año 2024 los reconoció como desplazados forzados internos y ordenó la articulación de entidades para atender la situación y proteger sus derechos. El fallo tuvo efectos inter comunis, orientados a salvaguardar no solo a esta pareja, sino también a todas las personas que se vieron afectadas por este desbordamiento. Esta experiencia evidencia que la actuación legal desde las aulas puede impactar de manera directa en la protección de derechos y en el diseño de políticas públicas relacionadas con la protección del ambiente y los derechos que dependen de este.
[1] Montoya, J. M., E. Guerrero y M. L. Cruz Galindo, “La contribución del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un análisis del caso ‘viche del Pacífico’,” en Colombia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: retos desde los derechos humanos, eds. M. Torres-Villarreal y P. M. Iregui-Parra (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2019).
[2] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-123 de 2024. M. P. Natalia Ángel Cabo.
Otro escenario en que la Clínica ha trabajado en este tipo de causas, se encuentra el caso de una comunidad ubicada en el barrio Los Alpes en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en donde una familia estaba expuesta constantemente al peligro debido a los deslizamientos de tierra. Frente a la ausencia de respuesta por parte de las instituciones, el GAP acompañó a esta familia en la construcción y presentación de una acción de tutela que resultó en la Sentencia T-122 del año 2024.
En ésta, la Corte Constitucional ordenó un concepto técnico que permitiera determinar el riesgo en el que se encontraba la familia. El concepto emitido por la autoridad competente amparó no solamente a los accionantes, sino también a otras 132 familias del mismo barrio. Además del litigio, como estrategias alternas, se desarrollaron actividades de visibilidad para incidir desde diferentes frentes en el proceso. Los dos ejemplos muestran la manera en que el trabajo jurídico universitario puede resultar en cambios tangibles ante la crisis ecológica y en el aumento del acceso a la justicia ambiental para las comunidades más desprotegidas ante escenarios desfavorables.
El GAP, a su vez, promueve procesos educativos y de incidencia en el ámbito ambiental.[1] El caso «Democracia Ambiental», que reúne varias tácticas para fomentar e implementar el Acuerdo de Escazú y fortalecer la participación de los ciudadanos en asuntos ambientales, es un ejemplo.[2] Desde este espacio, el Grupo ha trabajado en alianza con organizaciones como Dejusticia, WWF y la Asociación Ambiente y Sociedad, para visibilizar los avances del Acuerdo y apoyar el funcionamiento de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia.[3] Este caso pone de manifiesto que la defensa del ambiente no se realiza únicamente en las instancias judiciales, sino también a través de la educación, el diálogo y el establecimiento de redes y alianzas con el objetivo de fomentar la democracia ambiental a nivel nacional y regional.
[1] Muñoz Ávila et al., Democracia Ambiental, 5.
[2] Muñoz Ávila et al., Democracia Ambiental, 8.
[3] GAP (usuario @gapurosario), “Acceso a la justicia en materia ambiental, Acuerdo de Escazú,” Instagram, 26 de julio de 2025, https://www.instagram.com/p/DMlnxKmx5HJ/?igsh=MXFjaGZ5bTF6ZnQ2NQ==
Cada caso del GAP ofrece a los alumnos una oportunidad de aprender de manera práctica. Trabajar en litigio, incidencia y pedagogía ambiental no solo les permite adquirir más conocimientos jurídicos, sino que también los acerca a los retos concretos que afrontan las comunidades. Los alumnos, por medio de la educación legal clínica, participan en la redacción de acciones, el seguimiento de sentencias, la creación de conceptos y la elaboración de instrumentos pedagógicos. Esta metodología permite entender el derecho ambiental como una disciplina que mantiene un diálogo permanente con la sociedad.[1] Se estudian los principios en el aula; sin embargo, se validan en el territorio. El contacto con comunidades, organizaciones e individuos de la política transforma el aprendizaje en una experiencia transformadora, en la que el saber jurídico se convierte en actividades específicas de defensa del ambiente y en la formación de profesionales dedicados a la justicia climática y social.
La defensa del ambiente desde las aulas posibilita que los alumnos tomen un papel activo en la búsqueda de respuestas a los retos sociales y climáticos del país. Cada proyecto educativo, cada acción legal y cada espacio de incidencia se vuelven una ocasión para confirmar que el derecho tiene la capacidad de ser un instrumento de transformación social.
En un contexto de crisis ambiental global, experiencias como la del GAP reafirman el papel de la academia como un agente social en la construcción de un futuro sostenible. Proteger el medio ambiente desde las aulas es, en última instancia, una manera de practicar la ciudadanía, de consolidar la democracia y de educar generaciones listas para cuidar y salvaguardar el territorio que habitamos.
[1] Zuluaga Hoyos, C., Sánchez Quintero, A. M., Pérez Amaya, N., Muñoz Ávila, L. M., Senior Serrano, S., Barón González, N., Yepes García, D., Rodríguez Morales, A., Márquez Velásquez, M. M., & Iregui Parra, P. M. (2022). Educación legal clínica: una mirada a la experiencia comparada como modelo de formación basado en la justicia social. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario — Fundación Hanns Seidel.
Palabras clave: Justicia ambiental, Educación legal clínica, Litigio estratégico
Citación académica sugerida: Jaramillo Arenas, Martín; Soto García, Juan David. La defensa y promoción de asuntos ambientales desde las aulas. Agenda Estado de Derecho. 2025/12/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-en-el-archipielago-de-san-andres-y-providencia-derecho-territorio-y-resistencia/
Estudiante de décimo semestre de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia), miembro del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la misma institución. Máster 1 en Derecho de los Negocios y actualmente paralegal de la firma CMS Rodríguez-Azuero en el área de derecho financiero regulatorio.
Estudiante de décimo semestre de Jurisprudencia con profundización en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia), miembro del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la misma institución. Actualmente se desempeña como Law Clerk en Dentons Cardenas & Cardenas en el área de Proyectos e Infraestructura.
Los arrecifes coralinos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son esenciales para el turismo, la pesca y la identidad cultural. Su deterioro exige políticas de economía azul y conservación urgente.
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ubicado en el Caribe Colombiano, Reserva de la Biosfera Seaflower según la UNESCO, los arrecifes coralinos son un ecosistema esencial para la economía y seguridad alimentaria. Soportan el turismo, la principal fuente de ingresos, al evitar la erosión de las playas de arena blanca y al proporcionar el escenario para la mayoría de las actividades turísticas, como el buceo, el esnórquel y los paseos en bote. Son el refugio de vida y reproducción para la mayoría de las especies comerciales que consumen los lugareños y visitantes y forman parte de la identidad cultural del territorio
A pesar de su gran importancia ecológica y socioeconómica, los arrecifes de coral de todo el mundo enfrentan amenazas globales que han causado su pérdida y el Archipiélago no es la excepción. Los estudios de los años 90 muestran un promedio de cobertura de coral vivo del 26 %, mientras que datos recientes reportan 10% de cobertura de coral vivo y un alarmante 46 % de cobertura de macroalgas en los sitios estudiados.
Según el World Resources Institute (WRI), los arrecifes de coral del Caribe pueden llegar a generar entre US $ 3.1 mil millones y US $ 4.6 mil millones anuales en servicios como pesca, turismo de buceo y protección costera. El valor de la recreación y el turismo derivado de los arrecifes coralinos es bien conocido, al igual que la importancia de los programas de restauración coralina como herramienta para mitigar el daño causado y como estrategia de conservación articulada al turismo y la pesca. Sin embargo, en el Archipiélago el valor del capital natural azul brindado por los arrecifes de coral ha sido integrado de una manera muy generalista en el modelo de desarrollo local y no implementa un mecanismo de retorno robusto para su conservación, poniendo en riesgo su sobrevivencia y la vida digna de las comunidades que allí habitan. Se han desarrollado varias iniciativas de restauración lideradas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como el caso de Blue Indigo Foundation, organización de base local que durante los últimos 5 años le apuesta a una estrategia colaborativa entre comunidad, instituciones, aliados nacionales e internacionales para crear y mantener un centro de ciencia enfocado en la restauración coralina, la investigación aplicada y el fortalecimiento de capacidades locales, con la intención de ser el eslabón entre el desarrollo territorial y la conservación de los arrecifes.
Aunque los objetivos de la planificación territorial se fundamenten en mantener y mejorar las condiciones para el aumento de la competitividad de los sectores económicos, los territorios no incluyen el uso responsable de los servicios ecosistémicos. Ni estas herramientas, ni las practicas económicas reflejan la inclusión consciente de los criterios ambientales. Es así como a nivel nacional en el sector turístico, menos del 50% de los prestadores de servicios turísticos atribuye importancia a la implementación de acciones encaminadas a la protección de las áreas naturales, la preservación de la flora y la fauna, la reducción de la contaminación y la participación en programas ambientales.
Haciendo un análisis de la inclusión y el uso sostenible de los bienes comunes y servicios ecosistémicos generados por los arrecifes de coral en las actividades económicas del Archipiélago, cabe preguntarse: ¿Como se ha incorporado el valor generado por los arrecifes de coral en la planeación del territorio? ¿Son compatibles con los intereses gubernamentales y empresariales, de manera que se ponga en práctica principios y herramientas de economía azul, las cuales promueven el uso de estos ecosistemas mediante una planificación integral que garantice una retribución en el cuidado de los mismos? La economía azul propone crear y mantener una dinámica restauradora, regenerativa y resistente al clima en el ámbito económico, ambiental y social, que utilice de manera responsable los recursos de ecosistemas marinos y costeros para el beneficio de las comunidades. Fomentar mediante políticas públicas este modelo y aprovechar el océano como fuente principal para el desarrollo, fortalecerá la sustentabilidad y mejorará el bienestar de la población. América Latina y el Caribe posee un gran potencial para la inclusión de valor agregado a su portafolio, pero las políticas públicas no han sido consistentes en aras de cumplir como motor impulsor de una economía sostenible.
Se estima que más del 50% de la población mundial vive en zonas cercanas a la costa, esto ratifica la presión sobre los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el calentamiento global acelerado. Lo que implica la pérdida del capital natural necesario para continuar con el desarrollo económico de la población con salud y bienestar. Situación en la que se encuentra la sociedad por su incapacidad para hacer uso responsable de los ecosistemas y unirse aportando a la conservación de estos.
En teoría, los modelos a gran escala generados de la producción y el consumo, amenazan la esencia fundamental del sistema socio ecológico. Para cambiar este esquema y apuntarle a un desarrollo sostenible a largo plazo, el modelo de desarrollo económico debe estar alineado con la protección del capital natural (ecosistemas) generando sinergias que permitan alcanzar los objetivos trazados. El reto es propender por la inclusión de la biodiversidad en las políticas, estrategias y prácticas de los actores públicos y privados como herramienta para fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, cobrando importancia para la formulación de políticas públicas en los países de América Latina y el Caribe ya que representa el 18% de su riqueza total, comparado con el promedio mundial del 9%. El establecimiento y mantenimiento de áreas marinas protegidas y estrategias de restauración ecológica a largo plazo son vitales para preservar la biodiversidad, y esa es una tarea en la que todos como sociedad tenemos algo que aportar.
Palabras clave: Arrecifes coralinos, San Andrés y Providencia, Economía azul
Citación académica sugerida: Maya, María Fernanda. Arrecifes coralinos: el mayor activo del Archipiélago. Agenda Estado de Derecho. 2025/12/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-en-el-archipielago-de-san-andres-y-providencia-derecho-territorio-y-resistencia/
Bióloga con énfasis en Marina, Especialista en Gestión Ambiental y Magíster en Gerencia para el Desarrollo. Directora de Blue Indigo Foundation, con amplia experiencia en conservación marina, restauración de ecosistemas y liderazgo de proyectos orientados al desarrollo sostenible y la articulación entre ciencia, comunidad y gestión territorial.
Nota editorial: Este artículo hace parte de una serie de aportes sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia), desarrollados junto con las piezas jurídicas y sociales del Grupo de Acciones Públicas (GAP). A través de una mirada artística y poética, el autor invita a sentir el territorio, reconocer su biodiversidad y reflexionar sobre la relación entre comunidad, naturaleza y derechos. El arte, como herramienta de sensibilidad y memoria, complementa el análisis jurídico y social del especial sobre la región.
Manglares, corales azules turquesa y una arena que parece tener su propio brillo, son una gran inspiración y motivación para cualquiera. San Andrés, Providencia y Santa Catalina esconden un refugio de gran riqueza natural donde habitan un sinnúmero de especies que con sus colores, formas y particularidades nos invitan a ver las islas con otros ojos, son quizá mensajeros que en silencio hacen más que adornar y con sus colores, formas, tamaños y medio en el que se mueven, nos traen un mensaje oculto sobre lo que deberíamos hacer por ellos.
¿No será acaso que el caracol pala en su andar “lento” y sus formas curvilíneas pretende decirnos algo? Quizá su mensaje será que es refugio para unos y que su propósito es cuidar su hogar, yendo lento, arrastrando con delicadeza su templo calcáreo; de igual forma, el tiburón nodriza, que a primera vista podría hacernos sentir miedo, lleva con él un mensaje poderoso de paciencia y hasta quizá, resiliencia, ya que por sus características, además de contribuir a un equilibrio del lecho marino, demuestra su capacidad de espera para lograr sus objetivos, tiene una gran adaptabilidad y es muy recursivo, principios básicos que como seres humanos podríamos empezar a imitar para contribuir a que este maravilloso territorio perdure y se mantenga en equilibrio.
¿Qué tal si fuéramos como las rayas y los cangrejos?, que con en el batir de las alas y movimientos de pinzas, nos enseñan que cómo grupo y en colaboración todo es más fácil y posible, que la armonía no siempre es perfecta y que el lienzo que es el océano dependerá mucho de nuestra acciones colectivas; que el azul se mantendrá disponible no solo como un tono bello, sino como el refugio de cientos de especies que como nosotros tienen la ilusión de permanecer si depositamos más amor en él.
Visitar el manglar de Old Point es como irse a otro planeta, donde cada diminuta hoja, cada garza en su batir de alas, cada jaiba y víreo se reúnen en un silencio verde como remanso de paz; cada espacio transpira vida, en cada rincón lo único que irrumpe el silencio es el sonido del mar, el cantar del víreo y las sombras proyectadas del manawar; los pinceles entonces son el conjunto de especies que se reúnen en él y los colores no son entonces primarios, sino un pigmento perfecto de armonía donde parece haberse detenido el tiempo, un lienzo en blanco o en este caso en verdes brillantes, lo llevan a uno sentirse casi en un paraíso.
La obra se esculpe o se pinta así misma con el ritmo perfecto de la vida natural, que con su lenguaje mudo grita por mantener su equilibrio, por reconstruirse desde ese silencio y esa paz que contiene pasado, pero también futuro, donde hubo dolor, pero también resistencia y cada acción como pincelada contribuirá a crear una nueva obra, una nueva historia que beneficie un territorio de vida , donde el protagonista sea siempre el amor, la tolerancia , el respeto y el equilibrio.
Abracemos el territorio con lenguajes diversos, con pinceles delicados, con texturas con propósito y con colores donde la armonía del pigmento ilumine el camino para un hogar con mayor equilibrio.
Love is the key!
Citación académica sugerida: Citación sugerida: Villarreal, Carlos. El arte que transforma. Agenda Estado de Derecho. 2025/12/16. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-ambiental-en-el-archipielago-de-san-andres-y-providencia-derecho-territorio-y-resistencia/
Carlos “Jota” Villarreal es un artista plástico autoformado con más de 25 años de trayectoria, nacido en Medellín y criado en San Andrés. Su identidad “Pailander” —paisa e isleño— atraviesa una obra marcada por el realismo, el color y la exaltación de la cultura colombiana, especialmente la del archipiélago. Trabaja técnicas como óleo, acrílico y aerosol, y desarrolla piezas en pequeño, mediano y gran formato, así como murales de campo expandido que transforman espacios en Colombia y en el exterior.
Ha sido reconocido como “Embajador de lo mejor de Colombia” por Marca País, FONTUR y ProColombia, además de recibir distinciones del Club Rotario, el Cuerpo de Bomberos y la Gobernación Departamental. Pese a ello, afirma que su mayor recompensa es la emoción de quienes se ven reflejados en su obra. Vive y crea entre Medellín y San Andrés, inspirado por la cultura, la gente y la belleza natural que han marcado su vida y su arte.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
