¿Independencia judicial?: avances y retos desde la perspectiva del Relator de las Naciones Unidas Diego García Sayán
Entrevistamos al relator para la Independencia judicial de las Naciones Unidas sobre su importante función en el mundo y con énfasis en esta primera entrega sobre América Latina.
Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados desde 2016. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos; representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Acuerdos de Paz en El Salvador; Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; miembro del Grupo de Reforma del Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala durante las elecciones generales de 2007. En su país de origen (Perú), fue Ministro de Justicia, Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente de la Comisión de Alto Nivel para diseñar y construir el Museo de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su Relatoría?
Creo que son muchos; pero me atrevería a resaltar dos que creo que son particularmente relevantes ahora. Primero, hay corrientes autoritarias en marcha en todas las regiones del mundo. Es un fenómeno que no sólo está en el sur, sino también en el norte, incluso en la Europa democrática. Segundo, hay nuevos retos que implican tener una administración de justicia que incorpore la globalización como un aspecto esencial frente a temas fundamentales como la lucha contra la corrupción.
Defender la independencia judicial no es un concepto abstracto que atañe a jueces y abogados o a potenciales litigantes, sino que es un componente esencial del proceso democrático. Siempre lo fue, pero ahora es evidente de manera que todo lo que afecte la independencia judicial ya empieza a ser y ya debe ser materia de observación y de especial sospecha como el primer paso a un proceso autoritario.
Así empezó la cuestión en Polonia, reformando la edad de jubilación a los miembros de la Corte Suprema para deshacerse de la presidenta de este Tribunal que era demasiado independiente. En ese momento mucha gente no se sorprendió y no se escandalizó. En mi visita a Polonia manifesté: “la justicia está bajo ataque” y, justo, ese fue el titular que sacaron los periódicos. De manera que seguir el curso de los procesos políticos es hoy en día muy importante para entender cada amenaza y cada acto que afecta la independencia judicial como una señal de alarma que debe motivar de inmediato la reacción de la sociedad civil, de la comunidad democrática y no solamente de los especialistas del derecho.
Entender la corrupción en la actualidad no es un asunto que puede ser visto como una competencia estricta de los tribunales penales nacionales, aun cuando por supuesto tienen la competencia para adelantar procesos y, eventualmente, condenar. Pero la corrupción adquiere características internacionales y transnacionales —porque suelen estar involucradas grandes corporaciones o por el flujo de los recursos que se utilizan para la gran corrupción—.
Las respuestas en consecuencia tienen que ser también globales y la Convención contra la Corrupción —uno de los mejores tratados que ha promovido las Naciones Unidas en las últimas décadas— insta a adelantar una lucha contra la corrupción, que no se quede en una abstracción en manos de los diplomáticos, sino para que sea una herramienta de trabajo en mano de los sistemas judiciales. Y en eso estamos todavía un poco “en pañales”. Creo que no hay suficiente conciencia de que los sistemas judiciales tienen hoy en día la facultad de articularse. Por ejemplo, el Fiscal General de Colombia puede pedirle al Fiscal General de Brasil la extradición de una persona sin pasar por las cancillerías o por los vericuetos diplomáticos, porque la Convención lo permite y lo faculta, pero no hay suficiente conciencia de ello.
Yo creo que se ha avanzado en América latina en los últimos tiempos. Es decir, el hecho de que prácticamente en todos lados con pocas excepciones haya expresidentes que están siendo objeto de investigación por delitos de corrupción, es algo que no ocurría hace 25 o 30 años. Y que no ocurre mucho en Europa ¿no? Entonces, creo que hay una mayor sensibilidad en espacios judiciales y de las fiscalías que da cuenta de cierta independencia frente al poder político y de la superación de silencios o de complicidades avaladas por la administración de justicia.
Sigo viendo como un tema grave en el mundo y en América Latina, el involucramiento del poder político en los procesos de designación y de promoción de jueces y fiscales. Creo que eso es un tema al que hay que ponerle atención y pienso que entre más lejos esté el poder político, ejecutivo o legislativo de los procesos de designación y ascenso, mejor. Reconozco que en varios países democráticos, el gobierno, el parlamento o el senado (cuando existe) se involucra en tales procesos y eso no necesariamente invalida los nombramientos. Pero yo sí creo que puede y debe avanzarse en un proceso de autonomización frente al poder político, para que cada vez sea menor el grado de decisión final que tienen quienes ocupan esos espacios y que haya más participación de la sociedad a través de consejos de la judicatura, y de amplias convocatorias que cierren el camino a las arbitrariedades.
No existe un modelo perfecto, pero creo, por un lado, que los Consejos de la Judicatura –respecto de los cuales publiqué un informe hace dos años–, son una línea de acción interesante, aunque tampoco representan una fórmula infalible. En Chile se está empezando a pensar en un Consejo de la Judicatura que reemplace el actual sistema endogámico de nombramiento de jueces y juezas que hay en ese país. De manera que yo creo que ahí hay un tema muy importante que debe ser reforzado.
Por otro lado, es importante fortalecer el concepto de carrera judicial: que los jueces y juezas y fiscales sean como el servicio diplomático o la función policial. Que sea una carrera válida dentro del Estado y respecto de la cual se incorporen, dentro de la cultura democrática nacional, conceptos como el de la inamovilidad. No por darle ningún tipo de protección especial a los jueces, sino porque lo que se necesita es que personas de altas calidades estén en el sistema judicial. No puede estarse pensando que, en función de cada cambio de corriente y de opinión política, pueda haber una remoción de los jueces y juezas, porque eso sería afectar la independencia judicial.
Pero creo que se necesita internalizar la independencia judicial como concepto. Lo estoy viendo ahora en la discusión que hay en la constituyente chilena, que están planteando que los jueces tengan una duración máxima de ocho años. Eso me parece equivocado, porque eso genera un principio de precariedad que no ayuda a la independencia judicial.
En el plano de los derechos humanos, creo que se ha avanzado muchísimo en Europa y en América Latina (en otras regiones mucho menos) en entender que hay obligaciones para los tribunales nacionales que se derivan de las decisiones de los tribunales de derechos humanos internacionales. En particular, en el caso latinoamericano, la Corte IDH cuyas sentencias son vinculantes —lo dice el tratado y no es ninguna novedad—.
Pero tiene que enraizarse ese concepto dentro de la judicatura en su conjunto, para que se conviertan todos los jueces y juezas nacionales en seguidores de esa jurisprudencia, porque están obligados a respetarla. Y si la jurisprudencia internacional avanza más allá de una legislación nacional que planeta lo contrario, el juez nacional tiene que preferir aquello que promueve la protección de los derechos humanos, aunque la norma nacional contemple algo diferente.
Y ahí falta un gran trabajo de las escuelas judiciales y de las facultades de Derecho. Desde la Fundación KAS se hace un gran trabajo de difusión y para promover este tipo de reflexiones. En realidad la difusión no es necesaria, la información está hoy día al alcance de todos. Pero promover la reflexión y el análisis es una tarea indispensable en donde espacios como éste son insustituibles. De manera que los felicito por el trabajo que vienen haciendo y los sigo desde hace años.
Yo creo que podrían criticarse más cosas. El hecho de que hay más de cincuenta relatorías, por ejemplo, debilita la capacidad de acción. Pero, además, el hecho de que tienen un apoyo administrativo y profesional a veces casi nulo. Pero sin duda lo que hay que ver es el papel de la Relatoría como parte de un gran sistema. Junto a estas, hay instrumentos vinculantes, tanto a nivel global como regional. Pero incluso tenemos una Corte en América Latina. De manera que hay que verlo como un componente que puede reforzar. Recientemente, la Corte IDH en una sentencia sobre temas judiciales, citó al Relator de Naciones Unidas como un criterio de interpretación y esto resulta muy valioso. No creo que la falta de carácter vinculante en sus decisiones o recomendaciones sea una debilidad fundamental porque hay otros espacios.
Pero también, debe analizarse el rol de las Relatorías a la luz del contexto en el que se concibieron. Por un lado, las relatorías surgen a final de la década de los 80 cuando el mundo era un poco distinto, no había Cortes tan activas como hoy en día las hay a nivel internacional por un lado. Y por otro, hay que evaluar el impacto que por ejemplo genera una visita a un país. La última misión que hice antes de la pandemia fue a Uzbekistán. En Uzbekistán había un sistema político-institucional congelado, 30 años después de la caída del muro y mi visita sirvió para abrir un diálogo y que se produjeran realmente ciertas reformas en el sistema de justicia.
Al final mi conclusión fue que fui invitado tal vez para eso, para que pudiera decirse desde el lado internacional ciertas cosas que estaban siendo buscadas a nivel interno y encontraron ahí una especie de nexo o de aliado para poder hacer ciertos cambios locales. De manera que yo creo que ahí hay algo en donde, el carácter vinculante o no vinculante acaba siendo secundario y de poca relevancia.
Lo que tiene que hacerse es ir apagando esa tentación de crear más relatorías y, en su lugar, eventualmente concentrarlas (aunque resulta un poco difícil) y reforzar el apoyo logístico que las Relatorías requieren. Los relatores no ganan un centavo pero trabajan, a veces, de manera desmedida sin tener en algunos casos el menor apoyo profesional. Entonces yo creo que ahí faltaría un diálogo para que los recursos de Naciones Unidas que van a ser cada vez más limitados puedan ser mejor y más eficientemente aprovechados.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. ¿Independencia judicial?: avances y retos desde la perspectiva del Relator de las Naciones Unidas Diego García Sayán, 2022/06/03 Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/independencia-judicial-avances-y-retos-desde-la-perspectiva-del-relator-de-las-naciones-unidas-diego-garcia-sayan-parte-i/
Palabras clave: independencia judicial, Latinoamérica, ONU
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
