¿Puede Venezuela avanzar hacia la estabilización sin un cambio democrático real? El autor analiza la transición política, la liberación de presos y el papel central del Estado de Derecho.
De la adecuada combinación entre la estabilización y el cambio depende en buena medida la evolución favorable de los acontecimientos en desarrollo en Venezuela. Se ha hablado de una etapa de estabilización, otra de recuperación, ambas con énfasis en lo petrolero, y una tercera de transición y elecciones, aunque admitiendo posibles solapamientos entre lo económico y lo político, particularmente en la segunda fase. Esto ha sido matizado en declaraciones posteriores, sobre todo en relación con la exigencia de liberación de presos políticos.
En todo caso, y al margen de la acción militar norteamericana y del sentido que desde los Estados Unidos se quiera dar a estas supuestas etapas, el país venía reclamando transformaciones profundas. Para Venezuela no hay estabilización plausible que no tenga la perspectiva del cambio político y socioeconómico, impulsado esencialmente por los propios venezolanos.
La liberación de personas detenidas por motivos políticos, que al escribir estas líneas se encuentra en fase inicial, es un paso positivo que debe traducirse en la cesación de toda detención o persecución política. Esta liberación, que debe alcanzar a todos los afectados e implicar libertad plena, no debe ser un hecho aislado que deje incólume el marco que hizo posible aquellas privaciones de libertad. Por otra parte, al aludir a etapas no han de ignorarse los límites temporales constitucionalmente aplicables. La preparación de elecciones libres, incluyendo la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), demanda por sí sola algunos meses.
Los problemas nacionales son variados y complejos y su superación no debe abordarse en compartimientos estancos. Ello no excluye que ciertas medidas económicas se antepongan a reformas político-institucionales, como tampoco que se avance en paralelo en diversas materias, pero sí conviene no perder de vista el horizonte del proceso, sobre el cual hay que ir trabajando. A la vez, hay asuntos sociales que requieren atención urgente. Los venezolanos debemos tener, adicionalmente, el control sobre las decisiones que se tomen y que comprometan los recursos naturales de la nación.
Deben irse articulando posiciones en la agenda de la democratización porque lo que se pueda hacer más adelante dependerá de lo que se prepare desde ahora. Más aún, ojalá se entienda que la democratización no se decreta, sino que es un proceso que debe impulsarse conscientemente, con protagonismo nacional en su construcción.
Resulta esencial crear el clima que facilite, gracias al respeto al pluralismo y a la libertad de opinión y demás derechos humanos, la discusión nacional sobre la estabilización y las reformas institucionales, las cuales implican adoptar cambios dirigidos a recuperar la confiabilidad en los organismos electorales y la independencia del poder judicial, con base en la carrera judicial y las cualificaciones e idoneidad de los aspirantes a jueces; a contar con órganos de investigación e imputación penal respetuosos de los derechos humanos, y con instancias autónomas de control fiscal y defensa del ciudadano, así como a lograr el sometimiento de toda función de gobierno o representación política a la genuina voluntad popular. Ello supone restablecer la separación de poderes en el ámbito nacional y respecto de las entidades estadales y municipales de la República.
Debe empezarse por la observancia de las garantías más elementales de toda persona: nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones; no es admisible persecución alguna por el ejercicio de derechos humanos conforme a la normativa constitucional e internacional. De existir una conducta punible, la investigación y un eventual proceso penal no debe conducir automáticamente a la privación de la libertad de presuntos responsables y, de justificarse, debe permitirse el acceso a un abogado de confianza y preservarse el derecho a comunicación con familiares y a ponerlos en conocimiento de la ocurrencia de la detención y del lugar en que se produzca. Así en cada esfera, han de garantizarse plenamente los derechos humanos. Un componente central del restablecimiento democrático es la vigencia del Estado de Derecho.
Si algún desafío es gigantesco y a la vez imprescindible en la ruta de la recuperación venezolana es instaurar un Estado de Derecho. La idea del gobierno limitado y de los controles efectivos sobre los detentadores del poder es esencial para erigir la institucionalidad democrática. El ejercicio del poder público solo se justifica si se salvaguardan las libertades fundamentales de la persona, si el poder estatal se mantiene en sus fundamentos y en sus límites bajo el control de los ciudadanos y sus derechos, en lugar de ser concebido como un fin en sí mismo o de enajenarse de su función auténtica para subordinarse a corruptelas o intereses de hegemonía ideológica. Este poder juridificado rechaza la mera discrecionalidad política y toda forma de arbitrariedad.
Muestra de esa contención jurídica del poder gubernamental lo hallamos en el desempeño de la jurisdicción constitucional a nivel comparado. Así, en Alemania, Adenauer debió presenciar y aceptar la declaración de la inconstitucionalidad de la ley de radiodifusión que con tanto ahínco había impulsado para crear una televisión pública federal, que ponía en riesgo la libertad de expresión e información y menoscababa competencias de los Estados federados; y, en Colombia, Uribe se sometió sin vacilación a la sentencia de la Corte Constitucional que puso coto a su afán reeleccionista. Más allá de estos ejemplos, de lo que se trata es de que el Estado de Derecho impone contrapesos y controles en el funcionamiento ordinario del gobierno dirigidos a evitar el abuso de poder.
La jurisdicción constitucional, en forma de Tribunal Constitucional o con otro diseño institucional, ha jugado un papel primordial en distintas experiencias de transición a la democracia y deberá cumplirlo también en Venezuela, articulada con el orden internacional y, muy especialmente, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el marco de lo dispuesto en la Constitución y en los tratados ratificados por Venezuela.
Los procesos propios y foráneas del llamado constitucionalismo populista o de regímenes iliberales han sacrificado el Estado de Derecho en pro de una identificación emocional, a veces nacionalista, con un liderazgo personalista que dice conocer o estar en capacidad de lograr el bien de la gente, sin detenerse en consideraciones de legalidad y sin mediación institucional y favoreciendo la concentración de poderes. Al final, la ciudadanía democrática se desvanece y se puede llegar a situaciones autoritarias que resulta casi imposible revertir.
Un poder judicial independiente es insustituible en las democracias y como mecanismo último de protección de los derechos humanos. Todo está perdido si el juez es enemigo de los derechos y está subordinado a intereses gubernamentales, económicos o de partido. Incluso desde la perspectiva de la creación de condiciones para promover la iniciativa privada, la inversión productiva y del capital internacional es clave contar con jueces autónomos. Pero la función del juez se extiende a la protección del conjunto de los derechos y a la finalidad de contribuir a la paz social mediante la justa y legal resolución de las controversias.
Muchos paradigmas deben ser reemplazados en la ruta venezolana de la democratización, con una cultura de la ciudadanía despierta, de la defensa activa de la democracia, del respeto a la libre iniciativa individual y social en los más diversos espacios. Son tareas de largo aliento, pero en el corto y mediano plazo debe irse preparando entre y por los actores nacionales la renovación en distintos ámbitos institucionales, a fin de evitar precipitaciones posteriores o imposiciones que nos aparten de los intereses fundamentales del país.
Palabras clave: Venezuela, Estado de derecho, Transición democrática
Citación académica sugerida: Casal, Jesús María. Estabilización y cambio en Venezuela. Agenda Estado de Derecho. 2026/02/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estabilizacion-y-cambio-en-venezuela/
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Profesor de Derecho Constitucional de la UCAB. Doctor en Derecho
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
